DIARIO LA NACIÓN Archivo
Una guerra mediática fue el eje de la defensa
Moneta negó el lavado de dinero y
acusó a los medios
La
televisión logró lo que todo el Gobierno y cualquier asesor mediático se hubiera
empeñado al extremo por evitar:que el presidente Fernando de la Rúa y Raúl
Moneta, el banquero hoy sospechado por lavado de dinero, se cruzaran bajo un
mismo techo. Asólo un metro de distancia.
Fue
anteanoche, en "Hora clave". Eran las 23.26 cuando De la Rúa,
acompañado por su esposa, Inés Pertiné, abandonaba el centro de la escena del
programa de Mariano Grondona. Ahí apareció Moneta. Serio, engominado,
acomodándose la corbata. Hizo una reverencia al Presidente, que siguió su paso
como si no hubiera habido nadie.
Aunque se
tratara de la TV, no fue ficción. Un estado al que después apelaría Moneta para
negar las sospechas en su contra. "El lavado (de dinero), los bancos off
shore son todo una ficción", intentó Moneta. Y acusó de articular tal
irrealidad "al verdadero cerebro oculto detrás de todo, que se llama
Héctor Magnetto (presidente del Grupo Clarín SA y
vicepresidente de la empresa Arte Gráfico Editorial Argentina)."
Cuando De
la Rúa abandonó el estudio, Moneta seguía allí, parado en el límite entre el
set de filmación y el corredor de la utilería. Eran las 23.30 y desde
Washington aparecía la diputada Elisa Carrió, que disparó acusaciones. Una tras
otra, como si fueran balas apuntadas a Moneta, que las escuchaba siempre serio.
La seriedad
del banquero parecía real. Pero la inmutabilidad fue fingida. Miraba la hora
mientras Carrió acusaba. Eran las 23.35. Escuchaba a la diputada y volvía a
mirar las agujas. Sólo había pasado un minuto. Su hijo Faustino le alcanzó un
maletín.
A las 23.38
Moneta se sentó a una mesa, detrás de la que ocupaba Grondona, y abrió el
maletín negro. La cámara no lo mostraba. Carrió seguía y el banquero armó su
escenografía: acomodó cinco carpetas azules y, con mayor meticulosidad, hizo lo
mismo con una revista Urgente. En la tapa había una foto de primerísimo primer
plano de quien dijo era su victimario: Magnetto.
"El
Federal Bank no es mío ni de mi grupo (CEI)", disparó. Negó también ser
"un oscuro especulador que se llenó de dinero durante el gobierno de
Carlos Menem" y la existencia de los bancos off shore.
"Golpe
de Estado"
Avanzó en
su ataque. "Esto es una guerra entre el CEIy Clarín. Es una
suerte de golpe de Estado mediático", dijo. Siguió:"El Grupo Clarín es un
monopolio nefasto". "La Nación es socia de Clarín",
agregó Moneta. Comenzaba a levantar la voz. "Página/12, La Razón, Los
Andes... son todos de Clarín", siguió. Contó que una vez tuvo una entrevista con
el doctor Julio Saguier, presidente de S.A. La Nación, y que ofreció comprar el
diario, lo que fue rechazado.
Llegó el
corte y Grondona atendió una llamada en su celular. Ya en el aire, el
periodista explicó que un amigo le avisó que DirectTV había interrumpido su
transmisión. "Espero que no haya sido Clarín",
concluyó el banquero. (Clarín es accionista minoritario de DirectTV.)
Con esa
esperanza en tono de especulación, Moneta recordó que en 1996 fue socio, junto
con Telefónica, del Grupo Clarín, pero que "hubo un divorcio" por "manejos
oscuros de dinero". (El CEI y Clarín se
asociaron en Multicanal.) Y que fue luego de aquella separación que él apareció
en los medios. "Página/12 me dedicó 30 tapas", se quejó. Mostró esas
tapas de hace cinco años. Entonces, aparecía sonriente y relajado.
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Diario
Los andes:
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MÉXICO
Ximena
Ortúzar
Buenos Aires.- En Argentina se lava dinero. Esto,
que durante años fue un rumor generalizado, es ahora una realidad constatada
por el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, presidido por
el demócrata Carl Levin. El informe de este organismo, hecho público el 28 de
febrero, confirma, además, otras verdades no oficiales: que personas del
entorno del expresidente Carlos Menem están implicadas en esa actividad y que
el gobierno siempre supo lo que ocurría. El monto del dinero lavado asciende a
4 mil 500 millones de dólares, provenientes del narcotráfico, en este caso del
cártel de Juárez; de sobornos pagados por empresas multinacionales a
funcionarios argentinos; del tráfico de oro; de la venta ilegal de armas a
Ecuador y a Croacia y —agregan los que saben— del dinero "negro"
obtenido de las numerosas privatizaciones de la primera etapa del menemismo.
Entidades
de fachada, nombres de testaferros y complicidades políticas y judiciales
quedan al descubierto. Opinan los analistas que de no mediar un "pacto de
impunidad" entre el actual gobierno y los integrantes del anterior, todo
lo revelado por el citado informe podría derivar en una operación "manos
limpias" en versión argentina.
El informe del Senado estadunidense, arroja una evidencia
de incalculables consecuencias: que el "menemismo" está implicado en
el lavado de dinero y las "mordidas". Y también se incluye a Menem.
Los
principales implicados son el banquero Raúl Moneta y el financiero Aldo Ducler.
Moneta, nacido en el seno de una familia adinerada, abogado y notario,
incursionó en los negocios con éxito. Pero había en él otra vocación que lo
hacía acercarse al poder.
En
1977 —dictadura de Videla—, Moneta y un tío abrieron la agencia extrabursátil
República, considerada en ámbitos financieros como "marginal". Sin
embargo, en 1984 se transformó en el Banco República, especializado en
compraventa de títulos y acciones. La hiperinflación de los años 89 y 90 —fin
del mandato de Raúl Alfonsín— se tradujo en ganancias extras para Moneta, sobre
todo en 1991.
Con
todo, sorprendió que en 1992, con el menemismo en auge y la convertibilidad en
su apogeo, Moneta comprara 50% de las acciones de Citicorp Equity Investment
(CEI) holding que ya controlaba Telefónica y otras empresas estratégicas
privatizadas.
A
esa altura, la cercana amistad de Moneta con Menem era ampliamente conocida.
Ningún banquero creció tanto como él en el primer mandato de Menem. En 1955,
Moneta compró los dos bancos estatales que puso a la venta el gobierno de Mendoza.
Su entidad era conocida en círculos financieros como "el Menem Bank".
Su
amistad fue tan estrecha que el mandatario lo invitaba a sus reuniones de
gabinete. En retribución, Moneta obsequió a Menem gran parte de la remodelación
de su casa de Anillaco, su pueblo natal.
En
1995, el CEI se dedicó de lleno a la reelección de Menem. En julio de 1999
comenzaron las denuncias en contra del "consentido" del presidente:
el juez Luis Leiva dictó orden de captura en su contra, acusado de subversión
económica por su responsabilidad en la quiebra del Banco Mendoza. Menem salió
en su defensa: "Es un empresario que trabajó intensamente por
Argentina".
Moneta
se fugó y estuvo seis meses en la clandestinidad. Regresó a la luz pública
cuando el juez Carlos Liporaci revocó la medida en su contra. Liporaci está
ahora suspendido del Poder Judicial por enriquecimiento inexplicable.
El
informe revela que, entre noviembre de 1991 y mayo del 2000, el Federal Bank,
que Moneta nunca reconoció como propio y que funcionaba en Bahamas, lavó 4 mil
500 millones de dólares. Ahora deberá responder ante la justicia.
Aldo
Ducler, economista, fue ministro de Hacienda de la última dictadura militar y
asesor económico de Menem en el comienzo de su primer gobierno. Formó parte del
equipo asesor de Ramón Palito Ortega cuando fue gobernador de Tucumán y
activo tesorero de su campaña cuando fue candidato a la Presidencia, intención
que declinó al unirse, como candidato a la vicepresidencia, a Eduardo Duhalde.
Ducler
es dueño y director de la financiera Mercado Abierto y del MA Bank, en las
Islas Caimán.
En su más reciente libro, Ojos Vendados, el
periodista Andrés Oppenheimer señala que, según datos entregados por Interpol
México, el cártel de Juárez aportó en 1999 1 millón de dólares a la campaña
presidencial justicialista, es decir, a la fórmula Duhalde-Ortega.
Intermediario para esa donación habría sido el tesorero de Palito, es
decir, Ducler.
La
Operación Casablanca, en la que participaron agentes especiales de la DEA, de
la Interpol México, de la justicia argentina y un fiscal estadunidense, además
del apoyo del FBI y la CIA, permitió determinar que el cártel de Juárez lavó
más de 13 millones de dólares en este país a partir de 1996, año en que Amado
Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, viajó a Buenos Aires
acompañado de su esposa Sonia, sus hijos y algunos colaboradores. Venía a
"tantear el terreno".
Para
entonces, Carrillo tenía ya orden de aprehensión en México. Ingresó a Argentina
con un pasaporte a nombre de Francisco Mora Guerrero.
Hoy
se sabe que Carrillo, su familia y sus escoltas pasaron la Navidad y la noche
de Año Nuevo en exclusivas suites del Hotel Hyatt, pese a que
anteriormente uno de sus lugartenientes estuvo aquí y compró una casa destinada
a su seguridad.
Durante
enero y febrero de 1977, la familia "Mora" se dedicó al turismo:
visitaron las cataratas del Iguazú, en la frontera con Paraguay, y Mendoza,
cerca de la frontera con Chile. En marzo de ese año Carrillo viajó a Chile
donde, según Interpol México, entró en contacto con el abogado Hernán Felipe
Errázuriz, quien fue canciller de la dictadura de Augusto Pinochet —y parte de
su defensa en Londres—, para pedirle asesoría en materia de negocios. De allí,
agrega Interpol México, Carrillo viajó a Cuba.
Durante
1976 y 1977, los narcotraficantes mexicanos radicados en Argentina por órdenes
de Carrillo, se pusieron en contacto con un operador inmobiliario, Nicolás Di
Tullio, quien a su vez los presentó con Aldo Ducler. Días después, miembros del
cártel depositaron 12 millones de dólares, producto de la venta de cocaína en
Chicago y en Los Ángeles, en el Citibank de Nueva York, en cuentas que Ducler
manejó bajo otros nombres.
Ese
dinero fue cobrado en Argentina por Di Tullio, mediante Mercado Abierto. Dos
miembros del cártel, Jorge Íñiguez y Jaime Martínez Ayrón, solicitan a Di
Tullio asesoría para la compra de ranchos y propiedades en Mar del Plata y
Bahía Blanca. Las operaciones se hicieron con prestanombres.
Según
el fiscal Alejandro Mayorkas, quien presentó en febrero pasado una demanda ante
la Corte Federal de Los Ángeles, California, Íñiguez fue supervisor de la
Policía Judicial Federal mexicana, arrestado en 1991 en California por
introducir mariguana a Estados Unidos.
En
julio de 1977 se anunció la muerte de Carrillo Fuentes en la Ciudad de México,
supuestamente durante una intervención de cirugía plástica.
La
denuncia gubernamental En noviembre de 1999, el gobierno mexicano, mediante la
Procuraduría General de la República (PGR), denunció el ingreso a Argentina de
dinero sucio, producto del narcotráfico del cártel de Juárez. La justicia
argentina inició una investigación, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba
Corral. En diciembre de ese año, el juez embargó propiedades supuestamente compradas
con narcodólares y dictó orden de arraigo contra 12 sospechosos de participar
en el lavado de dinero, incluidos Ducler, Di Tullio y un hermano de éste.
A
comienzos de diciembre de 1999 llegó a Buenos Aires Juan Miguel Ponce Edmonson,
jefe de Interpol México. Declaró a la prensa que existían pruebas de que el
cártel de Juárez había enviado a Argentina 13 mil 700 millones de dólares a
través del Citibank de Nueva York; otros 12 millones de dólares del
narcotráfico mexicano entraron a territorio argentino "mediante bancos
europeos, en maletas con dinero o como cheques de viajero". Así, México
fijó el monto de los narcodólares del cártel de Juárez en 25 millones. Ponce
Edmonson informó que el gobierno mexicano reclamaría la devolución de ese
dinero.
En
julio del 2000, el juez Canicoba reaccionó molesto contra Ponce Edmonson y sus
agentes. En entrevista con el diario Clarín, dijo que el jefe de
Interpol no le había dado ningún informe: "Yo le presté el expediente de
la causa. Pero ahora resulta que él toma mi información y la convierte en un
informe propio... Los mexicanos no me han aportado nada nuevo... Es probable
que como no pueden juntar las pruebas suficientes en su país, quieran aparecer
impulsando una investigación en una causa donde ni siquiera son parte. No hay
que olvidar que la ley dice que quien participa de la investigación sobre
lavado (de dinero) participa también del reparto del dinero recuperado..."
El informe del subcomité del Senado estadunidense fijó su
atención en lo que se considera el mayor escándalo político- financiero de la
historia argentina: las mordidas que IBM pagó a funcionarios argentinos
involucrados en un contrato de 300 millones de dólares, mediante el cual esa
trasnacional se comprometió a computarizar las sucursales del Banco Nación. El
informe señala que IBM pagó aproximadamente 37 millones a CCR —la
subcontratista que medió en el acuerdo y que resultó inexistente— "con el
propósito de proporcionar retornos a funcionarios argentinos
involucrados en el contrato". Agrega que la mitad de ese dinero
"apareció en cuentas personales de funcionarios argentinos en bancos
suizos" y remata: "Parte de esa coima (mordida) fue movida mediante
el Federal Bank" que, afirma el documento, pertenece a Moneta.
En
1995 se supo del tráfico ilegal de armas desde Argentina hacia Ecuador,
mientras ese país estaba en guerra con Perú. Una investigación del diario Clarín
descubrió que el traficante Diego Palleros depositó 400 mil dólares en una
cuenta bancaria de Daforel, en Nueva York. Palleros declaró ante la justicia
que se trató de "una mordida a un alto empresario argentino altamente
vinculado al máximo poder". La descripción fue entendida como un retrato
hablado del entonces asesor presidencial Emir Yoma. Este negó toda relación con
el caso, pero nunca pudo explicar por qué en ese mismo año su empresa, Yoma
S.A., recibió una inversión de 2 millones de dólares, mediante Daforel, de la
empresa uruguaya Elthan Traiding.
Daforel
era una empresa pantalla de la agencia Multicambio de Buenos Aires, hoy
cerrada, propiedad de Pedro Steir, y estuvo vinculada a movimientos bancarios
de la mafia del oro y a transferencias millonarias del exjefe de Material Naval
de la Armada y exmiembro de la ESMA, vicealmirante Adolfo Arduino, entre otras operaciones
sospechosas.
Todo comenzó con la denuncia de los diputados Elisa
Carrió, de Unión Cívica Radical (UCR), y Gustavo Gutiérrez, del Partido
Demócrata de Mendoza. Ambos recibieron una denuncia por lavado de dinero de
Luis Balaguer, contador mendocino que durante 10 años investigó el tema a
partir de que Moneta compró los dos bancos provinciales y los vació. Su meta
era descubrir qué había tras la fachada del Banco República. Colaboró con él
Gutiérrez y posteriormente se unió Elisa Carrió.
Con
la denuncia fundamentada en mano, los parlamentarios y el contador viajaron en
mayo de 2000 a Washington para entrevistarse con Linda Gustitus, jefa de los
investigadores y autora del capítulo acerca del Federal Bank y del Banco
República del subcomité del Senado. La denuncia estaba tan bien fundamentada
que dio lugar a las investigaciones que terminaron demostrando el lavado de
dinero mediante la triangulación Citibank de Nueva York, Banco República de
Buenos Aires y Federal Bank de Bahamas.
A
la luz del informe, Elisa Carrió afirma: "Es apenas la punta del iceberg.
Esto recién comienza".
En
entrevista con el enviado especial a Washington del semanario Noticias,
la legisladora explicó: "Sabíamos que si presentábamos la denuncia en
Argentina, la investigación abortaría. Luchamos contra la voluntad de dos
gobiernos: el anterior y el actual. Y aquí estamos. El informe superó todas
nuestras expectativas". Pero advirtió: "Obviamente, el aparato de la
impunidad reaccionará fuerte. Aunque están debilitados, tienen poder económico,
político y una gran capacidad de chantaje y destrucción mediática".
Afirmó:
"Menem es el garante político de todo esto... Ninguno de estos negocios se
pudo hacer sin la garantía política de Menem. Se verá después si ha sido rehén,
cómplice o coautor".
El
diputado Gutiérrez, declaró: "El informe es rotundo: da 25 páginas de
conclusiones al tema de Mercado Abierto (de Aldo Ducler) y 40 al caso del
Federal Bank (de Moneta)". Al preguntarle si lo descubierto por el
subcomité apunta al menemismo, respondió: "Apunta de lleno a la Argentina
del gobierno de Menem, con un proceso muy poco claro de privatizaciones,
desregulación y crecimiento de la actividad financiera, patrocinando la
actividad política en forma marginal".
La
pregunta general es qué sigue al informe. Según varios analistas, hay dos
escenarios predecibles. En el primero, la investigación del lavado de dinero se
profundiza, dejando al descubierto el circuito de la corrupción. Con ello se
termina con una forma nefasta de financiamiento político. El gobierno demuestra
su superioridad ética frente al menemismo y recupera credibilidad. Como
resultado de lo anterior, la economía se hace transparente y con ello se
estimula la estabilidad de los mercados.
En el segundo escenario, el gobierno siente que
tiene tejado de vidrio, lo cual lo hace frágil: la investigación podría ser un
arma de doble filo. Acepta la teoría de que un país que lava dinero no da garantías
de estabilidad económica. Opta por la "gobernabilidad" del sistema,
lo que implica un tácito pacto de impunidad mediante el cual se controlan los
alcances y efectos políticos del informe. l
Los
Andes:
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Moneta criticó con dureza a Balter y Gutiérrez |
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DIARIO
EL TRIBUNO:
Ratifican que el ministro de la
Corte cobró por el rebalanceo telefónico
Se agrava la situación de Petracchi
El contador Luis Balaguer reiteró ayer ante la justicia que el
ministro de la Corte Suprema de la Nación, Enrique Petracchi, cobró un giro de
580 mil dólares de un banco del exterior, semanas después de que el tribunal
aprobara un rebalanceo telefónico.
Balaguer
declaró como testigo ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con relación
al sumario penal en el que se investiga al ministro Petracchi por el presunto
delito de cohecho pasivo.
Según datos que recibió desde Estados Unidos, el testigo dijo que le consta que
a una cuenta a nombre de Petracchi en el Citibank de Nueva York fueron girados,
el 14 de julio de 1998, 580 mil dólares por parte del Banco Santander.
Balaguer precisó que el 17 de julio de 1998 una suma similar fue transferida a
la cuenta del primo del juez de la Corte, Alberto Federico Petracchi, quien el
día siguiente acreditó otros 580 mil pesos.
El contador, en su testimonio ante la secretaria Olga Chávez, deslizó la
posibilidad de que, aunque figuran a nombre de Alberto Federico Petracchi, las
últimas dos transferencias "hayan podido tener como destinatarias a otras
personas".
Balaguer recordó que el fallo que autorizó el rebalanceo telefónico, con
aumento de tarifas para las llamadas locales y reducción para las de larga
distancia, fue dictado por la Corte en mayo de 1998.
El testigo unió estos datos con una orden de pago por 1.440.000 pesos que en
esa época habría librado la Unión de Bancos Suizos, con sede en Buenos Aires.
"La institución es accionista del CEI y esta de Telefónica de Argentina y
tiene sus oficinas en el edificio República", indicó Balaguer a los
periodistas al término de su audiencia como testigo.
Pago por asesoramiento
Telefónica de la Argentina es una de las dos empresas que impulsaron el
rebalanceo de tarifas en el servicio a los usuarios.
La firma, según Balaguer, le pagó 6 millones de pesos al Banco República en
concepto de honorarios por estudio de las tarifas del rebalanceo y
asesoramiento sobre régimen de propiedad participada.
El testigo comentó que esos pagos fueron observados por el Banco Central y que
son "ficticios" e "ilegales" ya que "en la Argentina
los bancos tiene un objeto único y no pueden desarrolla tareas fuera de lo que
son sus actividades".
Balaguer aportó documentación -un fax donde consta el número de cuenta de
Enrique Petracchi- que le habría remitido Bob Roach, un miembro del Comité del
Senado de Estados Unidos que analiza maniobras de lavado de dinero a través de
entidades financieras.
La causa por cohecho contra Petracchi la inició semanas atrasa el abogado Juan
Carlos Iglesias, minutos antes que el propio magistrado de la Corte pidiera su
propia investigación ante el juez federal Claudio Bonadío.
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