De los cerebros de los K-Boys:

“Si Picolotti consigue sanear el Riachuelo tenemos presidente para rato”, dicen algunos integrantes del entorno K.

Romina Picolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable

El conflicto con Uruguay por las pasteras de Fray Bentos dejó al descubierto que la Argentina jamás tuvo una política ambiental. El kirchnerismo quiere capitalizar este tema para sumar votos con una mujer que actúe de referente “serio” en temas de medio ambiente. Romina Picolotti asume el cargo con un piso: limpiar el Riachuelo.

“Romina, la Argentina no da para más en cuestiones ambientales, hacé lo que tengas que hacer y nosotros te vamos a apoyar”, le dijo Néstor Kirchner.

Una de las críticas uruguayas más fuertes fue la del escritor Mario Benedetti, quien dejó entrever las sospechas de que las pasteras se instalaron en Uruguay porque en Entre Ríos le habrían pedido coimas. El gobernador de esa provincia, Jorge Busti, es uno de los descubridores de la abogada convertida en la maniobra ecologista de la administración K.

La serie de oportunismos políticos durante el conflicto de las pasteras obligó al Gobierno a designar a una nueva funcionaria que pudiera hablar con propiedad en temas de política ambiental. Así Romina Picolotti se convirtió en la nueva cara del kirchnerismo en política ecológica. La flamante secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable llega a un puesto impregnado por la mentira “de los mil días”, plazo en el que María Julia Alsogaray aseguró que limpiaría el Riachuelo. Pero en la retina sólo quedó una funcionaria vanidosa y corrupta que sólo se preocupaba por cubrir su cuerpo con tapados de piel y joyas. Picolotti es la antítesis: muestra sus canas, no se maquilla ni peina en la peluquería y es abogada experta en derecho internacional. Su background registra un master en Derecho Internacional, en la American University, y una beca para hacer un posgrado en EE.UU. También trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante cuatro años y se relacionó con la International Human Rights Law Group, ONG que defiende los derechos humanos y ambientales de las comunidades indígenas. En 1999 fundó junto a su marido el Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CEDHA) con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por daños ambientales. Como sucede con estas fundaciones, que sobreviven generalmente con el aporte de empresas privadas, el CEDHA está cuestionado por la izquierda cordobesa porque recibe fondos de Ford, Hewlett y la embajada de Gran Bretaña. Pero no se puede estar con Dios y con el Diable: la embajada dejó de “aportar”, debido a la participación de Picolotti como representante legal en el conflicto de las pasteras, según reconoció la funcionaria.

El caso que le dio notoriedad fue, convocada por los asambleístas de Gualeguachú, la lucha contra las papeleras de Fray Bentos. Como integrante de la delegación argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y hace dos, recibió en Osl, Noruega, el Premio Sofía por su compromiso en la defensa del ecosistema en el río Uruguay.

El símbolo de la desidia ambientalista es el alto grado de contaminación que afecta a más de 4 millones de personas en la cuenca Matanza-Riachuelo. El Presidente y el jefe de Gabinete (de quien depende la flamante funcionaria) lo saben y por ese motivo es que ya hay técnicos del Ministerio de Planificación, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Jefatura de Gabinete y también de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires trabajando para aprontar los proyectos necesarios y la legislación adecuada que permitan que en un plazo razonable se pueda limpiar el Riachuelo.

El Riachuelo sigue contaminado por residuos cloacales y desechos químicos que vierten las empresas. Pero esa no es la única asignatura. La Argentina tiene gravísimos problemas ambientales, como el de la provincia de Córdoba. Otra de las prioridades de Picolotti es sanear el lago San Roque. Si algo dejó al descubierto el conflicto con Uruguay es que en la Argentina nadie le hizo frente, con la misma vehemencia de Gualeguaychú, a las once pasteras instaladas en el país que contaminarían los ríos o al impacto ambiental por el desmonte en el norte argentino. Estas razones más la desconfianza y presión de los asambleistas no le pierden pisada al desinterés e incoherencia que demostró el Gobierno en el conflicto.

En contraste con las posiciones argentinas, Uruguay fue más coherente y se anticipó al desenlace: el presidente Tabaré Vázquez pronosticó que después del fallo de La Haya debía desarrollarse una nueva relación con la Argentina, que su país defenderá las inversiones de Botnia y Ence, y que además están en conversaciones con la compañía sueca Stora Enso y con otra canadiense.

El fallo adverso de La Haya sobre las pasteras de Fray Bentos, con toda la carga previa de oportunismo y especulación oficialista, permitió a los argentinos enterarse que para este gobierno el medio ambiente es una “política de Estado”. Ahora no se puede volver atrás: lo dicho por varios funcionarios tendrá que demostrarse en los hechos. Y esto significa que en cuestiones ambientales el Estado argentino tiene una deuda con miles de habitantes que padecen las consecuencias de un cloaca a cielo abierto como el Riachuelo. Según Picolotti, en materias ambientales, la Argentina está “en menos diez”. “No hemos tenido política ambiental en los últimos años”.

-“Romina, la Argentina no da para más en cuestiones ambientales, hacé lo que tengas que hacer y nosotros te vamos a apoyar”.

-“Si Picolotti consigue sanear el Riachuelo tenemos presidente para rato”, dicen algunos adulones que nunca faltan cerca del poder.

La conocida decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya era un fallo anunciado: el tribunal no tenía antecedentes en conceder medidas cautelares en casos de peligro de contaminación. El Gobierno lo sabía mucho tiempo antes pero igual recurrió a La Haya. El resultado es por todos conocidos: la expectativa popular ahora frustrada se volvió en su contra. Una salida elegante en medio de la poca seriedad era nombrar a una mujer con un buen curriculum.

A poco de su nombramiento, Picolotti advirtió que en materia de cuidado del ambiente "no hay soluciones mágicas" y que hace falta que "haya continuidad en la política".
Picolotti prometió trabajar transversalmente con los distintos ministerios y subrayó que le entusiasma hacerse cargo de esta responsabilidad porque "por primera vez un Presidente llevará adelante una política de Estado" en esta área. La funcionaria designada agregó que la contaminación del medio ambiente "condiciona el goce efectivo de los derechos humanos".

El tiempo dirá si al Gobierno le interesa cuidar el agua, el aire y la tierra como política de Estado. Por lo pronto necesita mostrar resultados en el menor tiempo posible, ya que así lo prometió el Presidente en medio del conflicto por las papeleras. El cargo actual de Picolotti estaba pensado para otra persona. Fernández, el jefe de Gabinete, le ofreció primero el cargo al dirigente socialista Héctor Polino y pensó que sería una buena dupla ubicar como segunda a la abogada cordobesa. Con esa maniobra el Gobierno quería sumar un referente de la oposición sumando los votos socialistas al kirchnerismo. Pero los socialistas dijeron no, Polino dio un paso al costado y Picolotti quedó como única candidata y responsable de llevar adelante una política en este materia.

La acción jurídica desarrollada por Picolotti, primero como miembro del International Human Rights Law Group y luego como presidenta de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), le permitió llevar a tribunales internacionales casos como el de la comunidad de Awas Tigni, en Nicaragua, país cuyo gobierno terminó expulsando a las empresas multinacionales que venían destruyendo los bosques. En la Argentina, Picolotti luchó por los derechos de las poblaciones afectadas por la instalación de las dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay, poniendo en primer lugar a los habitantes de Fray Bentos, la localidad más próxima a las fábricas. Considera que la única solución admisible es “el traslado de las plantas a lugares distantes de centros poblados y la aplicación de normas estrictas de control ambiental que sólo podrían financiarse con apoyo internacional”. La abogada fundamentó también su criterio de que “en la Unión Europea, la instalación de estas plantas no sería admitida”.

El caso de la comunidad indígena Awas Tigni, en Nicaragua, fue el primero que se ganó ante la CIDH, cuando Picolotti dirigía el departamento América latina del International Human Rights Law Group: “La instalación de grandes obrajes en la selva llevaba a las comunidades a la prostitución y la drogadicción; prostitución, en burdeles para los empleados; y las empresas mismas distribuían droga, sobre todo cocaína, para que los indígenas que contrataban resistieran la cantidad de horas de trabajo”. Por decisión de la CIDH, “el Estado nicaragüense tuvo que reconocerles el derecho a la propiedad de esas tierras ancestrales: se anuló la concesión a aquellas empresas, una coreana y la otra canadiense, y se asesoró a la comunidad para un manejo sustentable del bosque; en pocas décadas, las empresas hubieran dejado, literalmente, un desierto”.
La abogada subraya “la vigencia, en derecho ambiental, del principio de prevención: no es imprescindible una certeza del daño sino que basta con una alta probabilidad de riesgo; este tipo de daños es muy difícil de probar por anticipado”.
El traslado sería factible porque “no hay grandes obras terminadas: una chimenea, tinglados, movimientos de suelo y algunas obras civiles que podrían emplearse para algún otro emprendimiento sustentable”.

La mudanza de las plantas debería ser “a lugares separados entre sí”. Y, allí, “establecer un control ambiental permanente y, de ser posible, bajar su escala de producción. Hoy se plantea una megaescala que nuestros países no están capacitados para monitorear”. Para el monitoreo, “el BM, que va a financiar estos emprendimientos, debiera otorgar fondos no retornables a las instituciones de ambas márgenes a cargo del control”.

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