Trabajaba en el área de control pesquero del Estado desde 1985 y dirigía esa repartición desde mayo de 2001. En las últimas semanas denunció irregularidades, posibles actos de corrupción y una paulatina merma en las facultades fiscalizatorias.

Pero apenas unos días después de su último planteo oral, sus superiores en una de las áreas más sensibles del Gobierno -la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía-, en lugar de iniciar investigaciones internas y reforzar los controle decidieron desplazar a la denunciante.

Así surge de las notas, comunicaciones internas e informes cruzados entre la interventora separada de la Dirección Nacional de Pesca, Nélida Videla Sánchez, y sus superiores directos, el santacruceño Gerardo Nieto, subsecretario de Pesca, y Miguel Campos, secretario del área, a cuyas copias accedió LA NACION.

Campos minimizó las acusaciones. "El desplazamiento (de Videla Sánchez) se decidió porque la intervención en la Dirección de Pesca no podía durar toda la vida. Eso es todo. Queremos poner en orden el área", comentó a LA NACION.

Las acusaciones de Videla Sánchez -que cumplía funciones de control de pesca desde 1985 y era interventora desde mayo de 2001- refieren a centenares de millones de dólares generados por la pesca que el Estado no fiscalizaría. En forma oficial, la pesca reporta exportaciones por más de US$ 870 millones al año, US$ 110 millones más que la carne vacuna.

"Hasta fines de septiembre último la Prefectura Naval Argentina me comunicaba directamente todo buque que detectaba operando en la zona de veda de merluza común. Por orden verbal del subsecretario Nieto a la Prefectura, esas comunicaciones dejaron de efectuarse, sólo se lo comunicaban a él", refirió Videla Sánchez en la nota 1009/04, con la que rompió con el ministerio.

La funcionaria desplazada recordó que tras esa orden de Nieto la orden de "regreso a puerto de todo buque que fuera detectado operando sin autorización en zona de veda (...) dejó de cumplirse a partir del mes de octubre, cuando la Prefectura Naval dejó de remitir la información".

Las notas de Videla Sánchez incluyeron recordatorios de pedidos que rechazó Nieto, ex subsecretario de Pesca y ex ministro de Economía en Santa Cruz durante el último gobierno de Kirchner. Entre ellos, "un sistema de control en que concurrieran distintos organismos del Estado, como ser la Prefectura, Aduana, AFIP, Pesca. Nada de ello se hizo", recordó.

Entre las empresas pesqueras cuestionadas en las últimas semanas por la ex interventora, ahora asignada a tareas administrativas en el Palacio de Hacienda, figura Conarpesa, la firma que colaboró en la campaña electoral de Kirchner, según la denuncia de la dirigente de ARI Elisa Carrió.

Conarpesa fue, por ejemplo, la única firma pesquera que para mediados de enero último no había pagado los aranceles "en concepto de derecho único de extracción". Videla Sánchez ordenó entonces "la suspensión del despacho a la pesca o inmediato regreso a puerto" de catorce buques de esa firma, que saldó su deuda cuatro días después.

Conarpesa también protagonizó otro cruce conVidela Sánchez, ya que la interventora desplazada se resistía a transferirle la "cuota de captura" de otro buque, ordenado por la Justicia, al barco Anita Alvarez, que carecía de su respectivo permiso de pesca cuando la senadora Cristina Fernández de Kirchner participó en el acto de botadura de la nave.

Pero por resolución 407/04, del 31 de marzo último, Campos desplazó a Videla Sánchez de la Dirección Nacional de Pesca por razones "de oportunidad, mérito y conveniencia". La reemplazó Carlos Roberto Ospital, un agente de la Jefatura de Gabinete sin experiencia en el área.

Un día después, y sin saber que había sido removida de su cargo, la funcionaria le devolvió a Nieto dos expedientes "con proyectos aprobados por el Consejo Federal Pesquero". En ellos se autorizaba a dos buques extranjeros a pescar en aguas internacionales, y que luego podrían operar en la Zona Económica Exclusiva.

Con el apoyo del Servicio Jurídico del Ministerio, Videla Sánchez los remitió a Nieto, recordándole que "llama la atención que el Consejo no autoriza permiso de pesca de gran altura a los buques de bandera nacional con permiso de pesca vigente que así lo requieren. Al parecer a los buques extranjeros sí".

La funcionaria le informó a Lavagna por nota 1010/04 que "el sistema de control (pesquero) es deficiente", que "falta un plan de manejo sustentable para la merluza común" y que desaparecieron expedientes, entre otros puntos. Hasta ayer no había recibido respuesta.

Videla Sánchez requirió algo más al titular del Palacio de Hacienda: "Un sumario administrativo (...) para aportar soluciones a tantas irregularidades que desde hace años se vienen cometiendo en el sector ya sea por corrupción, por ignorancia o por actitudes rayanas en la irresponsabilidad", deslizó.

"Lo que busco es que se cumplan las funciones de la Dirección de Pesca. Nieto no debería estar allí", dijo la ex interventora desplazada en el área Nélida Videla Sánchez, al ser consultada por LA NACION. "Mi interés es que no se siga con los favoritismos en la explotación pesquera", denunció.

"El Estado es el principal depredador del mar porque no controla a las empresas pesqueras", insistió.

Dos referentes de la explotación defendieron el desempeño de Videla Sánchez en el Estado. "Ella es la única que ha hecho algo importante sobre los permisos irregulares de pesca", comentó a LA NACION un empresario de pesca de altura que opera desde Mar del Plata.

Desde la vereda opuesta, el ex subsecretario de Pesca y actual presidente de Refundar, Luis Jaimes, también reclama la nulidad de los permisos pesqueros irregulares y la efectiva aplicación de la ley federal de pesca, sancionada en 1997 durante la gestión menemista, pero que hasta ahora nunca fue aplicada por las sucesivas administraciones.

"El sistema de control pesquero en general es corrupto, con algunos comportamientos mafiosos", comentó Jaimes a LA NACION.