S. M. de Tucumán, 12/11/04

“Abran juego, señores”:

En Tucumán, poder y juegos de azar son el revés

de la trama de un negociado millonario

Cuando los primeros días de octubre el Poder Ejecutivo provincial anunció que por fin Tucumán podría contar con un Centro de Convenciones (y una escuela pública) en los predios del ex aeropuerto Benjamín Matienzo, los ciudadanos recibieron con alegría la noticia. Lo que la gran mayoría ignoraba es que el Centro de Convenciones:

* Es la plataforma de desembarco en estas tierras de un poderoso holding de juegos de azar (Casino Club SA) que llegó a ser tal gracias esgrimiendo supuestas vinculaciones con las máximas jerarquías del gobierno nacional.

* Que se les está ofreciendo a los tucumanos una inversión $13 millones a cambio de la instalación de un fabuloso negocio que redituará a sus propietarios (y socios vernáculos) facturaciones cercanas a los $400 millones anuales.

* Que implicará mutilar una vez más al Parque 9 de Julio –el único pulmón verde con que cuenta una ciudad desbordada por un crecimiento urbano caótico–, el cual cuenta hoy sólo con 100 ha de las 400 ha que tenía al ser creado.

* Que implicará poner “alfombra roja” a una de las enfermedades sociales más desintegradoras, la ludopatía (adicción al juego), que según el Manual Diagnóstico y Estadística de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association es un problema tan grave como el de las drogas. La ludopatía, como compulsión, desemboca en la desintegración familiar y en la ruina individual del jugador. En Tucumán, notas periodísticas han dado cuenta del creciente número de amas de casa afectadas por esta enfermedad moral y psicosocial. La Iglesia tucumana emitió un duro documento en el que advierte a pueblo y gobierno que el fomento de los juegos de azar supone facilitar el ingreso de toda una red de prostitución, usura y drogadicción.

* Que implicará blanquear la subvención estatal (que la costean todos los ciudadanos) a empresas privadas cuyo desempeño ha sido crónicamente deficitario. La tríada “poder-Estado-mafia del juego de azar” ha montado este escenario para un negociado –que cuenta con reveladores antecedentes a nivel nacional– que, por supuesto, ha obviado hasta ahora el trámite del llamado a licitación pública.

Críticas y pedidos de informes

Legisladores provinciales de la oposición han advertido que la planeada construcción de un Centro de Convenciones en el Parque 9 de Julio profundiza los déficits en espacios verdes que padece esta capital; que en el proyecto no se respeta el Código de Planeamiento Urbano; que hay que ajustarse a un Plan Estratégico Territorial; que en el proyecto enviado por el PE a la Legislatura faltan precisiones técnicas y un estudio de impacto ambiental; que no se ha informado debidamente cuál es la inversión total aproximada; que se ha obviado un llamado a licitación, y finalmente, preguntan si son compatibles “escuela pública/juego de azar”.

El Colegio de Arquitectos de Tucumán, a su vez, difundió un informe (15/10/04) en el que señala la necesidad de buscar emplazamientos alternativos al futuro Centro de Convenciones en el marco de un Plan Estratégico Municipal y de un debate con un equipo técnico interdisciplinario.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la provincia ha emitido un crítico dictamen el 22 de octubre pasado (Acuerdo 1841) en el que advierte que el informe de la Caja Popular de Ahorros referido a la prórroga por 20 años del convenio de colaboración y fomento de la actividad hípica con el Jockey Club se basa en “cálculos optimistas” y contiene un único dato objetivo: el Jockey recibirá $40 mil por mes, desde enero próximo, de parte de la empresa Casino Club SA a la cual autorizó para erigir un centro de entretenimientos en el Hipódromo de Tucumán.

El denominado “esquema exitoso” de este negocio ( La Gaceta 10/10/04) tiene como protagonistas al PE provincial, la Caja Popular de Ahorros, el Jockey Club y Casino Club SA (ver recuadro): el PE autorizó la prórroga por 20 años del contrato de explotación del Hipódromo a favor del Jockey Club (el acuerdo vencía el 11 de enero de 2005) y lo autorizó, además, a instalar en esos predios un centro de entretenimientos cuya construcción estará a cargo de la empresa patagónica (devenida holding nacional) Casino Club SA.

En ese centro de entretenimientos se instalarán aproximadamente 1.000 máquinas tragamonedas, un restaurante, una cadena de bares, un escenario y una playa de estacionamiento. A cambio, la Caja Popular recibirá $4,8 millones en concepto de canon de explotación. Si sumamos esa cifra a los anunciados $13 millones que demandaría la construcción del Centro de Convenciones, estamos ante una “inversión” de casi $18 millones contra los casi $400 millones de facturaciones que el centro de entretenimientos le reportaría a Casino Club SA (se calcula que cada máquina tragamoneda –sobre un total de 1.000 máquinas– reditúa una ganancia diaria de $1.000).

Cifras elocuentes

a)      Bingo: la pérdida total desde el inicio de la explotación es de $2,1 millones (Informe del Tribunal de Cuentas de la provincia del 2/7/04).

b)      Hipódromo: la pérdida total desde el inicio de la explotación es de $7,2 millones (Informe del Tribunal de Cuentas de la provincia del 2/7/04). Pese a que la Caja argumenta que durante la gestión del ex interventor Juan Carlos Veiga se han revertido “las constantes pérdidas del Hipódromo” (Acuerdo 1841 del Honorable Tribunal de Cuentas, del 15 de octubre de 2004) reduciendo el resultado operativo promedio mensual negativo –entre el tercer trimestre del 2003 y el mismo período del 2004–  en casi $60 mil, un informe del contador general del Hipódromo Pedro Correa (30/6/04) permite deducir que la pérdida real del Hipódromo supera los $2 millones (entre julio de 2003 y junio de 2004). Un simple ejercicio de aritmética demuestra que la máxima autoridad de la Caja se “equivocó” en sus cálculos en poco más de $1 millón.

c)      ¿Finalidad social de la Caja ?: “ La Caja no cumple con la finalidad predominantemente social que prevé su Carta Orgánica en los arts. 3º y 4º” . “Hay una subvención permanente a entidades privadas como el Jockey Club que presentan un déficit permanente”. “Se halla comprometido el patrimonio provincial porque los recursos de la Caja provienen del gobierno”  (Informe del Tribunal de Cuentas de la provincia del 2/7/04).

d)      Buen negocio, ¿para quién?: Si, según observa el propio Tribunal de Cuentas, la Caja no cumple con la finalidad predominantemente social para la que fue creada, ¿quién se beneficia con los $2,5 millones anuales que se recaudan en las 715 máquinas tragamonedas registradas legalmente? ¿O con los $15 millones mensuales que recaudan las agencias y subagencias de quiniela? ¿O con los $20 millones que ganaron en 2003 las empresas concesionarias de máquinas de videopoker? Que, a priori, se puede afirmar que es un negocio millonario lo demuestra el hecho de que la empresa Casino Club SA estaría dispuesta a duplicar la cifra ofrecida a la provincia (diario El Siglo, 26/10/04).

Se estrechan los márgenes de maniobra

para Casino Club SA y sus aliados

En un ambiente decididamente crítico, legisladores oficialistas y de la oposición se reunieron el 3 de noviembre pasado con el ex interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Juan Carlos Veiga (quien renunció el 5 de noviembre), cuyas explicaciones sobre el proyecto de construcción de un Centro de Convenciones no conformó ni a propios ni a extraños. La “visita” del ex interventor de la CPA fue aprovechada por los legisladores Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) y José Costanzo (Fuerza Republicana) para exigir la realización de una licitación pública que dé posibilidades a otras empresas, además de Casino Club SA, a formular sus propuestas. Veiga tuvo que admitir que hay otros interesados en el emprendimiento y que el contrato aún no está firmado pero se disculpó ante los legisladores por no haber llevado a la Cámara una copia del convenio.

Durante el encuentro, el Dr. Sangenis precisó que –entre otras- han formulado sus propuestas la firma Boldt SA (de la ciudad de Buenos Aires) que opera más de 1.200 máquinas electrónicas de juegos de azar –propias- y en vinculación con Trilenium SA, propietaria del Casino de El Tigre, otras 1.700 tragamonedas.

En su presentación, la empresa Boldt SA –que ya operó con la Caja Popular – destacó que tomó conocimiento de la propuesta para operar máquinas en el Hipódromo de Tucumán a través de los medios de comunicación. En concreto, Boldt SA ofrece generar un Centro de Entretenimientos en el Parque 9 de Julio “que implique el reciclado del Hipódromo” y solicita la autorización para instalar 400 máquinas.

A Boldt SA se suma la empresa IVISA (Impresora Internacional de Valores) que también presentó el 1 de noviembre pasado su propuesta consistente en la remodelación íntegra del edificio del Casino con la inclusión de un centro gastronómico con dos restaurantes, confitería y centro de espectáculos. El proyecto de IVISA contempla, además, la creación de un centro de convenciones en la zona del estacionamiento del Casino y el mantenimiento de la Plaza Urquiza. Con la difusión acerca de la existencia de otras propuestas, los márgenes de adjudicación directa del negocio a Casino Club SA se van estrechando.

Día a día, se van sumando propuestas, sugerencias y opiniones de ciudadanos comunes que comenzaron a “enterarse” de una información guardada celosamente hasta hace unos meses. La Iglesia tucumana emitió días atrás un duro documento condenando el fomento que, desde el Estado, se está dando a la proliferación de los juegos de azar de cuya mano se instalan en la sociedad la prostitución, la usura y la drogadicción.

El PE y la CPA infringen varias leyes

El proyecto de construcción de un Centro de Convenciones en el Parque 9 de Julio, la omisión del llamado a licitación pública para la adjudicación de la instalación de un centro de entretenimientos y hasta la prórroga de la concesión de explotación del Hipódromo otorgada al Jockey Club colocan al Poder Ejecutivo de la provincia y a las autoridades de la Caja Popular de Ahorros (ahora descabezada por la renuncia del Dr. Juan Carlos Veiga) en una flagrante violación de varias leyes provinciales:

* En lo atinente al Parque 9 de Julio: se desconocen las leyes de creación y funciones del actual Parque que hacían hincapié en el aspecto medio ambiental y social:

La Ley N º 811 : autorizaba la adquisición de hasta 24 hectáreas de terreno para la formación de un parque. El PE, a cargo en 1898 de Lucas Córdoba, pidió autorización a la Legislatura para la declaración de utilidad pública de 36 manzanas con destino a un parque en inmediaciones de la ciudad. Fundamentaba su pedido en que significaría una “excelente medida de saneamiento…, un poderoso medio de educación física, intelectual y moral; la formación de un sitio de recreo”.

La Ley N º 826 : transfería a la Municipalidad de la Capital la propiedad del Parque General Roca. Por iniciativa del entonces gobernador de Tucumán Lucas Córdoba, en marzo de 1902, se pidió autorización a la Legislatura para la transferencia a la Municipalidad de esta propiedad fiscal atendiendo a “su aspecto de higiene y de ornato”. Además, se contemplaba un aspecto educativo pues se preveía la creación allí de una Escuela de Botánica.

Convenio entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad capitalina: la Escritura N º 17 (del 17/2/88) suscrita por el gobernador José Domato y el intendente capitalino Raúl Martínez Araóz (antes de la construcción del ex aeropuerto) establecía que la provincia no “podrá ceder esos  terrenos salvo los ya destinados a la Terminal de Ómnibus”. Por su parte, la Municipalidad “contemplará espacios libres para la ubicación transitoria de parques de diversiones, circos y otras atracciones según la Ley N º 5402” . La Ley N º 6478 convalidó este convenio.

*En referencia a la obligatoriedad de llamar a licitación pública:

Ley Nº 7151 (de ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1859/3 del 24/7/01): establece la obligación de aportar un canon y demás ingresos que se deriven de concesiones autorizadas por el Fondo Permanente de Aporte para el Financiamiento de Sistemas de Salud y Educación (arts. 18-19). Autoriza al PE a otorgar mediante licitación pública la concesión total o parcial por hasta 30 años de operaciones a cargo de la Caja (juegos de azar) (art. 21). El PE deberá reglamentar el proceso licitatorio (art. 22). Las licitaciones deberán establecer la estimación del valor de las explotaciones a concesionar y el canon a pagar por el concesionario (art. 23). Dicho proceso licitatorio deberá ser fiscalizado por una Comisión integrada por tres representantes de la Legislatura y tres del PE (art. 24).

Carta Orgánica de la CPA (Ley Nº 5115 con sus modificatorias hasta 2003): establece que para otorgar concesiones para la explotación del juego de quinielas se debe llamar a concurso público de antecedentes (art. 15, inc. O) y que para otorgar concesiones o representaciones para la venta de loterías (con carácter exclusivo) se debe llamar a licitación pública (art. 15, inc. P).

Ley Nº 6274: prohíbe todos los juegos de azar en Tucumán (art. 1º) excepto (art. 2º) los juegos explotados o administrados o autorizados por la Caja Popular. La Caja “podrá autorizar la realización de juegos de azar siempre que tales autorizaciones no impliquen una significativa competencia en desmedro de juegos oficiales (…) Cuando dichas autorizaciones deban darse en exclusividad, la selección se hará por inscripción pública de interesados de modo tal que aseguren publicidad, igualdad de oportunidades, transparencia del trámite y conveniencia del Estado provincial” (art. 3º).

Ley Nº 3696 (octubre 2004): El PE prorroga la concesión otorgada al Jockey Club para la administración y explotación del Hipódromo fundándose en que: da trabajo a 600 familias, a que el Jockey tiene “ambiciosos planes” de crecimiento y a que al ser una actividad exenta de fines de lucro y deficitaria en lo económico NO HACE FALTA LLAMAR A LICITACION porque “seguramente” no habrá interesados.

Casino Club SA “federaliza”

las ganancias de Cristóbal López

Nadie hubiese sospechado hace 12 años que la modesta sala de juegos de azar instalada en Comodoro Rivadavia (Chubut) sería la plataforma de lanzamiento de un hiperactivo empresario patagónico que en tiempo récord montó un colosal holding (Casino Club SA) que hoy administra 11 casinos, y 11 locales de máquinas tragamonedas –incluyendo el Hipódromo de Palermo–.

Es que, como “pertenecer tiene sus privilegios” según decía el slogan publicitario, Cristóbal Manuel López (47 años) supo usufructuar muy bien sus relaciones y contactos al más alto nivel político: “es un empresario del juego de buena llegada a Kirchner; y su empresa, Casino Club, tiene la concesión de once casinos distribuidos en la Argentina (tres de ellos en Santa Cruz) y varias salas de máquinas tragamonedas. López cuenta, además, con la representación de Scania y Toyota en el sur y empresas de servicios petroleros y de recolección de residuos. El del juego, dice, es un negocio menor para él”. (Revista Noticias, “Cristóbal López, el rey del juego”, 9/7/04) De hecho, Casino Club SA puso –en su momento– a disposición del Presidente y de su esposa un avión para que se movilizara los fines de semana.

Ante quien lo quiera escuchar, López niega su relación con Armando “Bombón” Mercado (ex marido de la ministra Alicia Kirchner) y con Diego Ibáñez (el poderoso sindicalista del gremio petrolero, ya fallecido), y relativiza el peso de su contacto con Waldo Farías (ex ministro de Economía de Santa Cruz, luego titular de Lotería Nacional y Casinos y miembro del directorio del BCRA), con Carlos Maestro (ex gobernador de Chubut, hoy senador nacional por la UCR y presidente de la Fundación “Chubut Produce” de la cual es miembro López) o con José Luis Lizurume (gobernador de Chubut).

Lo cierto es que entre sus múltiples negocios figuran desde la importación (registra operaciones con EEUU, Montevideo y Alemania), pasando por el asesoramiento, dirección y gestión empresarial, hasta la comunicación masiva (es propietario, en Chubut, del 51% de las acciones de un canal de TV de aire, de Radiodifusora del Sur SA y del diario El Patagónico).

Hasta aquí, la descripción asombra sólo por la diversidad y magnitud de sus emprendimientos empresariales –desarrollados, como ya dijimos, en poco más de una década en la que superó rápidamente su humilde origen como vendedor de pollos–, pero hay registros que indican que hay casi 150 cheques firmados por López que han sido rechazados –se trata se cheques pertenecientes a distintas personas jurídicas y empresas vinculadas con él–. Existen también otros antecedentes preocupantes: el vicepresidente de Casino Club SA, Ricardo Oscar Benedicto, figuró en una causa iniciada el 13 de abril de 2002 por la fiscal Daniela Zágari por el presunto pago de coimas –por 1 millón de dólares– que un empresario decía haber pagado para arreglar concesiones de los casinos de Cipolletti, Las Grutas y El Cóndor. (Investigación periodística del diario “Río Negro” titulada “El gran juego de la corrupción”)

Intereses en el puerto

La expansión de Casino Club SA tuvo su momento de gloria con el desembarco en el Hipódromo de Palermo: las 600 máquinas tragamonedas instaladas allí no tributarían a la Ciudad de Buenos Aires porque, entre otros motivos, no hay un sistema on line que permita controlar y calcular con exactitud cuánto facturan… Debido a que Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA) debía cifras millonarias a la ciudad y el negocio del turf venía en picada, Lotería Nacional autorizó en setiembre de 2002 a Casino Club SA a que radicara su negocio de tragamonedas que con Duhalde fueron 600 y se incrementaron en 150 máquinas más con Kirchner.

Pero López va por más: Felipe Solá presentó el año pasado un proyecto para que se autorice la instalación de máquinas tragamonedas en los hipódromos como el de San Isidro. Sin embargo, el desembarco de López en San Isidro y su expansión a otras provincias argentinas –como en Tucumán– no le será facilitado por poderosos competidores en el millonario negocio del juego como Cirsa (empresa española que administra el casino flotante), Codere, Vázquez Laureda y Samuel Liberman. Es comprensible el recelo si consideramos que en un mercado como el de Buenos Aires se juegan por año casi $2.000 millones…

S. M. de Tucumán, 11/11/04

Carta abierta al Presidente

de la Nación Néstor Kirchner

Excelentísimo Señor Presidente:

En momentos en que los argentinos damos una dura batalla para encontrar caminos alternativos que nos permitan superar un dramático cuadro de exclusión social, me veo en la obligación de alertarlo sobre maniobras financieras y políticas de los oportunistas de siempre que esgrimen supuestos “padrinazgos” del gobierno que Usted preside para obtener ilegítimos réditos en desmedro de la calidad de vida de los tucumanos.

Desde mi banca de legislador provincial, tengo el deber de poner en su conocimiento que un poderoso holding dedicado a los juegos de azar –liderado por el empresario patagónico Cristóbal Manuel López– pretende desembarcar en esta capital obviando elementales mecanismos administrativos y legales con la excusa de que tiene vinculaciones con altas esferas de la conducción política nacional.

Medios periodísticos locales y nacionales han dado cuenta de una presunta trama de “relaciones” que este empresario tendría con un gobierno que viene dando muestras de su constante preocupación por reconstruir la esperanza de los argentinos en que un país distinto es posible: un país libre de corrupción y de prebendas, un país con madurez para reconquistar su soberanía, un país que brinde igualdad de oportunidades para quienes estén dispuestos a recuperar la cultura del trabajo.

En este nuevo país, ya no tienen cabida los “lobbistas” que responden a la lógica de un viejo modo de hacer política y negocios. En esta nueva Argentina, ya no les creemos a quienes pretenden vendernos ilusiones baratas.

Sabemos, Señor Presidente, que la superación de nuestros graves problemas sociales y económicos se dará mediante el trabajo genuino y no a través del fomento de una nefasta enfermedad psicosocial como es la ludopatía, la adicción al juego, que ha sido caracterizada por los Tratados Mundiales de Salud Mental como una compulsión tan devastadora como las drogas, el alcoholismo y otros vicios que terminan por generar el desarraigo familiar, laboral y social. El propio arzobispo de Tucumán advirtió a los gobernantes tucumanos de que por buscar “el bien común no sigan el camino equivocado” facilitando la instalación de la usura, la prostitución y la drogadicción.

Sabemos que la superación de nuestros graves problemas sociales y económicos se dará mediante el respeto irrestricto de las leyes vigentes y la planificación inteligente de nuestro crecimiento urbano. 

En este proyecto de país, no “encajan” empresarios que edificaron fortunas en tiempo récord en rubros tan disímiles como los juegos de azar, las importaciones, los servicios petroleros, la recolección de residuos o los medios de comunicación.

El rumbo adoptado por el gobierno que Usted lidera no es el del facilismo o el del exitismo encarnados por quienes no han entendido que en Tucumán y en el resto del país estamos dispuestos a resistirlos y a cuestionarlos. Por ello, en este recinto, hoy quiero desenmascarar a los que se escudan en falsas recomendaciones para enriquecerse a expensas de la salud de todo un pueblo.

Desde esta banca, me comprometo públicamente a respaldar estas afirmaciones con las publicaciones periodísticas aludidas en la convicción de que estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Copias de mis declaraciones en este recinto –que van a constar en la versión taquigráfica– serán enviadas a la Secretaría y Subsecretaría de la Presidencia y, con ellas, me pongo a su disposición para ampliarlas y fundamentarlas de ser necesario.

Señor Presidente, lo saludo con la distinguida consideración que se merece.

Dr. Alejandro Carlos Sangenis

Legislador provincial

Bloque del Encuentro Popular Progresista

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