VERSIÓN TAQUIGRAFICA Y LISTADO DE VOTACIÓN NOMINAL  DE LA SESION DE DIPUTADOS DE LA CIUDAD SOBRE EL "MUSEO DELA ESMA"

No sabíamos como "ilustrar", esta nota. Suponemos que  este parte de Guerra Montonero y la foto del edifcio  destruido por los terroristas que se haran cargo de la ESMA, serán los mas adecuados.

Como en toda guerra, la tortura, los fusilamientos, y el horror eran cosas de todos los días. Un museo debería reflejar la verdad, no la manipulación política.  

El viejo sueño se esta cumpliedo: " La Batalla armada la ganaron ustedes" nosotros vamos a ganar la guerra "

- En Buenos Aires, en el recinto de sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, a cinco días de agosto de 2004, a la hora 17 y 29:

iniciación de la sesión

Sr. Presidente (De Estrada).- Queda abierta la sesión, con la presencia de treinta y un señoras y señores diputados.

Izamiento de la Bandera Nacional

Sr. Presidente (De Estrada).- Invito a los diputados Carlos Ameijeiras y Daniel Betti a izar la Bandera Nacional.

- Puestos de pie las diputadas, diputados y público asistente, se procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Preferencia con despacho

Convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad sobre el destino del predio donde funcionara la Escuela de Mecánica de la Armada

Sr. Presidente (De Estrada).- Corresponde considerar el Despacho 512, con solicitud de tratamiento preferencial para la sesión del día de la fecha, que tiene tres observaciones de los diputados Busacca, Borrelli, Godoy y Michetti.

- Insertar.

Sr. Presidente (De Estrada).- En consideración en general la ley.

            Tiene la palabra el diputado Busacca.

Sr. Busacca.- Señor presidente: pensé que tratándose de un despacho y estando involucradas dos comisiones, conforme lo dicta el Reglamento y corresponde, algún otro diputado –a quien no tengo ningún inconveniente en cederle el lugar– haría el uso de la palabra en primer lugar.

Sr. Presidente (De Estrada).- Le di la palabra a usted porque ningún otro diputado o diputada la había pedido. Sin embargo, ahora están solicitando la palabra.

Sr. Busacca.- En todo caso, si usted lo cree conveniente, señor presidente, esperaría mi turno como primer observador para el momento oportuno, luego de que el miembro informante de la comisión justifique el despacho.

Sr. Presidente (De Estrada).- Está bien, señor diputado.

            Tiene la palabra el diputado Herrera Bravo.

Sr. Herrera Bravo.-            Señor presidente: yo no firmado el despacho de comisión. No tengo inconveniente en hacer uso de la palabra en este momento, pero no sé si la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, diputada Oliveto, que ha firmado el despacho, quiere hacer uso de la palabra antes; e inmediatamente después lo haría yo.

Sr. Presidente (De Estrada).- Está bien, señor diputado: en primer lugar le vamos a dar la palabra al diputado Talento, y luego seguiremos con el orden establecido.

Sr. Talento.- Señor presidente: nosotros hemos hecho un despacho planteando la aprobación del convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de un deber histórico de reparación material y simbólica frente a los hechos terribles acontecidos en ese lugar en la etapa del terrorismo de Estado en la Argentina.

            Entendemos que a partir del 25 de mayo de 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación se generaron las condiciones para que luego de una larga lucha del pueblo argentino, encabezada por los organismos de Derechos Humanos y acompañada por una gran parte, enormemente mayoritaria, de la población argentina, se lograra introducir modificaciones sustantivas en la agenda pública de derechos humanos de nuestro país, comenzando por la afirmación del principio de que debíamos producir un reconocimiento sobre nuestra historia a partir de la memoria, de la verdad y de la justicia, y que a los genocidas se los debía juzgar: aquí o afuera, pero debían ser juzgados.

            En esa línea de pensamiento que se expresó en un conjunto de actos, el 24 de marzo de 2004, en un acto emotivo, el Presidente, junto con el Jefe de Gobierno, le entregó simbólicamente las llaves de este lugar a los organismos de derechos humanos.

            Debemos ver aquí no un hecho de revancha, como algunos pretenden verlo, sino de reparación histórica: de reparación simbólica frente a tanto horror, frente a una situación tan desgraciada como la diabólica figura de “los desaparecidos” inventada por el terrorismo de Estado.

            Debemos recordar la debilidad de nuestras instituciones, no solamente políticas sino sociales y religiosas, frente al terror de Estado. Cuando a una persona no la busca ni su partido político, ni la busca su iglesia, ni su club de barrio, ni sus amigos personales, sino que es su madre la que la busca, es que hemos llegado a una sociedad en donde solamente la vinculación biológica más elemental y básica de la vida y de la existencia es lo que se afirmaba frente a esa barbarie y frente a ese terror enseñolado por las estructuras del Estado.

            Esa esta situación histórica, que por su dimensión, por su extensión y su carácter ha sido inédita en la historia argentina y latinoamericana, que se ha querido que el predio de la ESMA, donde funcionara el campo del horror –que se puede comparar a Auschwitz, como alguno ha dicho– fuera dedicado de manera íntegra a ser un espacio de la memoria, para que en el presente y en el futuro nunca más en la convivencia entre los argentinos se llegue a la lucha fraccional y a la puja que rompa la unidad necesaria para alcanzar los objetivos nacionales ni se utilice la violencia y la estructura del Estado para producir un genocidio de esa magnitud.

            Con esa voluntad política y con esa decisión política, que acompaña el sentimiento mayoritario del pueblo argentino, es que se firmó el convenio que hoy está sometido a la consideración del Cuerpo.

            Más allá de detalles de naturaleza técnica, de razonables dudas o de razonables planteos acerca del destino de algunas actividades que hoy están emplazadas allí, desde ya adelantamos el más firme compromiso personal y de bloque –y esto lo hemos compartido con otros colegas– para buscar y acompañar, en lo que se ha denominado como el Polo Educativo, las soluciones que se traten en la Comisión Bipartita. En el caso de que fueran insuficientes las soluciones planteadas a nivel de dicha comisión, nos comprometemos a intervenir por medio de algún proyecto de ley que permita con los recursos de la Ciudad asignar partidas suficientes –en la medida en que fueran insuficientes las asignadas por la Comisión Bipartita– y destinar edificios, a fin de que se garantice el funcionamiento de los institutos navales que allí funcionan. Me refiero al Liceo y a las escuelas de Náutica, de la Marina Mercante y de Ultramar, y Fluvial. Porque la perspectiva es que no solamente no haya agravios, sino que también las condiciones del traslado y de desocupación del predio sean lo más razonables y racionales posibles, y que las actividades que allí se estaban desplegando desde hace unos pocos años tengan un lugar digno para que sean continuadas y que no pierdan sus acreditaciones internacionales.

            Más allá de las dudas razonables que en algún momento tuvieron los colegas que integran la comisión –entiendo que ellas fueron satisfechas gracias a la intervención de la Escribanía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un exhaustivo estudio de títulos– y a pesar de la preocupación que han manifestado un conjunto de colegas acerca de la especificación de los usos que se le dará a ese predio, que será destinado a ser un espacio para la memoria, con actividades culturales y educativas afines y complementarias de esta perspectiva de utilización del espacio para la memoria, entiendo que razonablemente corresponde que digamos, como un gesto fraterno entre nosotros, como un gesto hacia el horror vivido y como un gesto claro hacia las generaciones que vendrán, que no queremos más en nuestro país la lucha fratricida ni la lucha que desgarre e impida la construcción de una sociedad libre, justa, solidaria, equitativa entre nosotros, y mucho menos la solución violenta encaramada en el Estado, utilizando los instrumentos del Estado para producir el terror y el aniquilamiento de una enorme oposición popular como tenía la dictadura.

            Creo que con este gesto y con esta aprobación estamos mandando una señal precisa para hoy y para los días que vendrán en el sentido de que nunca más en la Argentina existirán ni la violencia ni el terrorismo de Estado.

            Por lo tanto, solicito que se apruebe este convenio en los términos en que ha sido firmado por el presidente de la Nación y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos).

Sra. Oliveto.- Pido la palabra.

            Señor presidente: en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, para nosotros sería muy importante poder celebrar hoy la aprobación de este convenio.

            Realmente, creemos que ha habido una lucha de veintiséis años del pueblo argentino tratando de ver cómo se recuperaba algo que parecía increíble –ya desde la mitología griega con Antígona, y con tantas cosas que han pasado–, que es el terrible tema de los desaparecidos.

            Si bien no se van a recuperar los desaparecidos, el hecho de que el predio de la ESMA pase a manos de los familiares para construir un espacio de la memoria, o lo que los familiares después discutan, me parece que constituye un homenaje a muchísimos de ellos.

            Más allá de eso, no me parece que se pueda discutir la ESMA fragmentada; no se puede fragmentar la ESMA.             Si uno piensa en Auschwitz, por ejemplo, no se puede preguntar cuál fue la manzana de Auschwitz en la que se decidió que se matara a los judíos. Lo mismo pasa por la ESMA.

            Me pregunto lo siguiente: ¿alguien puede decir cuál fue la manzana en donde en la ESMA se decidió que se iba a robar y a expropiar a los bebés de las mujeres embarazadas? ¿Alguien puede decir cuál fue la manzana de la ESMA donde se decidió que se iba a tirar a la gente al mar? ¿Cuál fue la manzana de la ESMA donde se decidió torturar? ¿Cuál fue la manzana de la ESMA donde se decidió asesinar?

            Por eso, creo que la ESMA es una sola; que es una conquista de veintiséis años de lucha de un pueblo y que, en su totalidad, debe ser entregada a los familiares de los desaparecidos. (Aplausos).

Sr. Busacca.- Pido la palabra.

            Señor presidente: en este clima en el que está muy favorecido el disenso, me gustaría, en primer lugar, saludar a todas las personas, organismos y funcionarios que se encuentran presentes con nosotros y también agradecer la presencia de otros que no son muy conocidos, pero a los que quisiera nombrar. Ellos son el doctor Luis Ugarte, presidente del Centro de Graduados del Liceo Naval; el ingeniero Ezequiel Corti, del Centro de Maquinistas Navales de la Marina Mercante; el presidente de la Asociación “Padres” del Liceo Naval, doctor Walter Bonavera; representantes gremiales de los distintos componentes que hoy tiene la Marina Mercante; y también padres y docentes de las escuelas de Náutica y de la Nacional Fluvial, y otros vecinos.

            Señor presidente: después de veinticinco años de lo que aconteció en nuestro país en la década del ‘70, nos ha quedado un triste saldo: miles de hombres y mujeres muertos. Ninguna de estas muertes es justificable; ninguna supresión del otro es buena, y esto hay que resaltarlo por más obvio que parezca porque, de lo contrario, se cae en una práctica en la que algunos quieren sacar ventaja de los caídos basándose, fundamentalmente, en el homenaje a unos y en el regocijo por la muerte de otros. La mirada parcial de una década dolorosa alimentada con odio y rencor no nos conduce a la reconciliación.

Tampoco voy a referirme al tema del Museo de la Memoria. El tema de hoy es la aprobación o no de un convenio para la construcción de un espacio para la memoria, el compromiso y la defensa de los derechos humanos. Creo que la discusión sobre la construcción del Museo, o de todas y cada una de las obras que se quieren hacer, viene en una segunda etapa. Precisamente, esto lo dijeron algunos representantes de organismos de derechos humanos cuando vinieron a la Legislatura el 1º de junio, momento en que se planteó que había dos etapas, con lo que coincidimos. La primera etapa es hoy: la aprobación o no del convenio. La segunda, será la discusión acerca de qué se hace con ese predio.

            Pero, para ser leal, quiero adelantar mi voto de rechazo a este convenio. Intentaré ser claro y preciso –y lamento que algún diputado preopinante se refiriera a "detalles técnicos"–: yo únicamente voy a fundar mi voto en cuestiones jurídicas, para que después no quedemos enfrascados en una discusión ideológica, a la cual no rehuyo ni rechazo, pero creo que no es ni el marco ni el día ni el expediente para hacerla.

En este contexto, quiero hacer dos aclaraciones previas. Me dolió muchísimo que en esta etapa de la Legislatura, en la que venimos pregonando en los barrios la participación de los vecinos, donde los invitamos a que se manifiesten, donde les decimos "queremos conocer su opinión", se firmó un despacho sin escuchar a muchos de ellos y se facilitó, con una celeridad asombrosa, que hoy este expediente llegara al recinto para ser aprobado el convenio que nos ocupa.

Quiero decir que en ese contexto, a mi criterio, se rompieron dos reglas. La primera, escuchar a los vecinos, a los padres, a los directivos, a los gremios y a todos los civiles y miembros del polo educativo hoy en cuestión que, de acuerdo con lo que teníamos planeado, iban a ser escuchados. En efecto, en la reunión del 1º de junio de 2004, el presidente de la comisión anunció –como no podía ser de otra manera–que en reuniones similares a esa íbamos a escuchar a los vecinos de la zona, a urbanistas y a padres y alumnos que estudian en los distintos institutos militares y no militares que funcionan allí; a abogados administrativistas, especialistas, etcétera. Esto consta en la versión taquigráfica de esa reunión. Para ser conciso en lo que voy a decir, simplemente la voy a agregar a la versión taquigráfica de la sesión de hoy.*

            También entre nosotros se rompió la segunda regla, porque creo que habíamos llegado a un consenso, a un acuerdo. No quiero confundir con la terminología, pero la verdad es que creo que todos habíamos llegado a establecer la necesidad de que este despacho, sea cual fuere el resultado y el texto, no iba a salir si no se escuchaba a todos los actores.

            Digo que se rompió una regla porque en forma intempestiva, en forma presurosa, vaya a saber por qué circunstancia, se firmó un despacho y hoy lo tenemos aquí en el recinto. Pero sin problemas, y vamos a hablar de él: a algunos en este recinto no nos hacen falta escribanos, ni tampoco conferencias de prensa en las que con un tono circunspecto, dando cátedras de moral, hablemos de los compromisos que no cumplieron los otros. Nosotros estamos acá; vamos a dar el debate, vamos a ser respetuosos y vamos a tratar de justificar por qué nos estamos oponiendo a la firma de este despacho.

No puedo dejar pasar por alto cuestiones jurídicas que son claras. La ciudad, en el año 1924, cedió con cargo 14 hectáreas y media al entonces Ministerio de Marina. Como digo, en el año 1924, fue aceptado por un decreto, y está perfectamente descripto en la escritura 139 que el objeto era establecer algunas de las escuelas de la Marina.

Más allá de los cambios de nombre de las calles –han cambiado muchas veces–, quiero decirles que en la ordenanza municipal, el decreto de aceptación por parte de la autoridad nacional y en la escritura 139, siempre se dijo que eran 14 hectáreas y media. Estas 14 hectáreas y media son una fracción importante de terreno, que constituye el núcleo central del predio llamado ESMA. Posteriormente, en el año 1944, el Decreto 25.280/44 –que casualmente lo tengo aquí por si alguien lo quiere leer, y que de todas maneras lo voy a agregar a la versión taquigráfica–, el Presidente de la Nación decretó cederle al Ministerio de Marina una hectárea; esto es, dentro de ese predio, otra fracción de terreno, independientemente de la que fue originalmente cedida por la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente el 6 de julio de 1944 nuevamente el Poder Ejecutivo cedió a la Marina unos lotes de terreno ubicados en los fondos de la Escuela de Mecánica de la Armada para ampliar la actividad y la docencia en ese predio, y allí lo que se está cediendo son territorios nacionales a la Marina por una superficie de 2 hectáreas.

Si tenemos que el predio original era de 14 hectáreas y media –tierras no pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires, sino al patrimonio del Estado Nacional–, y le anexamos 3 hectáreas más, estamos precisamente en los límites de la superficie exacta a que hace referencia el convenio, que son nada más y nada menos que las 17 hectáreas y media.

Ninguna de ellas –porque no es éste el tema en cuestión o en análisis en el día de hoy– son fracciones ganadas al río. Las fracciones ganadas al río constituyen un predio ubicado del otro lado de la Avenida Lugones. Y como esto lo habíamos observado de buena fe, lo dijimos y lo expresé en una reunión en la que estuvo presente la doctora Tadei, a cargo de la Procuración de la Ciudad y el escribano de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Gaitán: les fuimos diciendo cada una de estas observaciones y mostrando la documentación. Pero realmente ese día no pudimos llegar casi a ninguna conclusión, al menos desde el punto de vista jurídico, más allá de algunas afirmaciones que también están en la versión taquigráfica de la reunión, y que por supuesto quisiera agregar al acta de esta sesión. *

Voy a leer dos o tres párrafos que me parecen interesantes. Por ejemplo, el doctor Gaitán expresó: "El convenio sin duda hace referencia a un predio como un todo, independientemente de la situación jurídica notarial o el origen del predio". ¡Ah, bueno: si entonces vamos a hablar de algo que está caracterizado por un todo, independientemente de lo jurídico, me parece que estamos cometiendo algún tipo de descuido! Sin embargo, mi objeto no es citar para criticar a un funcionario que merece el máximo de mi respeto y consideración.

            La doctora Tadei agregaba que “...si ése fuera el problema de fondo, podría designarse un agrimensor; en el terreno, el personal técnico especializado será quien haga las mensuras correspondientes...”.

            Quiero decirle, señor presidente, que los funcionarios vinieron a hacer una exposición técnica. Los funcionarios que fueron invitados, y que gentilmente vinieron a darnos una opinión técnica, basaron la mayoría de sus argumentos en que era decisión política del Presidente y del Jefe de Gobierno el suscribir este convenio, y por lo tanto, la independencia de criterio jurídico debía ser la esencia para analizar este expediente.

            Por supuesto, el doctor Gaitán, a través de su oficina, nos acercó un estudio de título que no digo que sea incorrecto pero, me parece, sigue siendo incompleto, en la medida en que no responde a las inquietudes y dudas que tenemos. Dice: “La correcta redacción del convenio no deja dudas. El Estado restituye a la Ciudad los terrenos que oportunamente la Municipalidad le cediera para destinarlos al funcionamiento de la Escuela. No hemos podido conocer el contenido de los dos decretos, de las dos leyes a que hice referencia y, por lo tanto, dimos por válido lo que dice el convenio”. Me parece que, al menos en mi caso, esto me sigue dejando dudas sobre los aspectos jurídicos, y no quisiera caer en un abuso, pero creo que el señor Presidente de la República no tiene facultades para entregar tierras a ninguna provincia, ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que antes exista una ley, en función de lo normado por el Artículo 75, inciso 5) que establece que estas cuestiones pasan por el Congreso de la Nación. Ésa es la cláusula que dice que el Congreso de la Nación tiene facultades para disponer del uso y enajenación de tierras nacionales.

            Esto lo advertimos, y se lo dijimos, no lo trajimos hoy, de mala fe. Lo seguimos pensando, porque no encontramos un argumento que lo desvirtúe o lo rebata. Lo dijimos en aquel momento para no llegar al momento de la sesión, sacarlo de la manga y hacer un show mediático. Pero tampoco fue despejado. Me asombra que estas cuestiones se tomen tan a la ligera.

Quiero decirle también, señor presidente, que en mi criterio este convenio avasalla la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Vaya redundancia! Avasalla la autonomía legislativa porque se contrapone, reemplaza o, de alguna forma, sustituye lo que este Cuerpo estableció cuando sancionó la Ley 961, en sus artículos 1º, 2º y 3º.

            La Ley 961 creó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Instituto Espacio para la Memoria. Este Instituto, por el Artículo 2º de la ley, tiene específicas misiones y funciones. En su Artículo 3º esta ley hace referencia a las atribuciones del Instituto y, qué casualidad, en el Artículo 4º menciona a sus integrantes. Entre sus integrantes existen representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, cinco miembros del Poder Ejecutivo de la Ciudad, cinco miembros de la Legislatura, seis personalidades destacadas y demás.

Es decir, nosotros tenemos ya un Instituto Espacio para la Memoria. En caso de aprobarse, esto estaría avasallando este convenio, porque lo que precisamente hace el convenio, en su Cláusula Tercera, es crear una comisión bipartita.

            Cambiamos el escenario de quienes tienen que ser los autores y responsables de este espacio para la memoria. Antes eran representantes de las organizaciones de los derechos humanos: cinco miembros del Poder Ejecutivo de la Ciudad y cinco miembros de la Legislatura. Pero, de la noche a la mañana, si esto se aprueba, habría una comisión bipartita representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad.

            Señor presidente: quiero decirle que, más allá de que exista una equivocada superposición, lo lamentable es que estos dos organismos –la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, a cargo del doctor Luis Eduardo Duhalde, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, a cargo de la doctora Alegre– han reemplazado a esta comisión.

            Fíjese, señor presidente, que en la publicación que apareció en los diarios masivos en el mes de junio del corriente año –para la que voy a pedir su incorporación en la versión taquigráfica*– dice que desde esa comisión están convocando a presentar propuestas y proyectos para la utilización de las instalaciones de la ESMA.

            Me pregunto, entonces, qué validez jurídica tiene lo que se vota en este recinto. Y también me pregunto qué necesidad hay de hacer superposiciones –como dije en la comisión– y de no querer hacer bien las cosas, porque todo se puede subsanar y hacer bien. Evidentemente, señor presidente, parecería ser que los vientos políticos son mucho más fuertes que los vientos jurídicos.

Sr. Presidente (De Estrada).- Diputado: le ruego que vaya redondeando, porque se está acabando el tiempo de su exposición.

Sr. Busacca.- Señor presidente: en todo caso, le pido autorización para incorporar en la versión taquigráfica lo que no llegue a decir.*

            Observo que esta ley también se contrapone con lo establecido en el Artículo 3° de la Ley 24.588, la Ley Cafiero, toda vez que no es facultad del Presidente de la República ceder los terrenos –no me refiero a los originales, sino a los que mencionaba en segundo y tercer lugar–, porque son de todos los argentinos.

            Voy a referirme a una cuestión menos técnica, pero no por eso menos importante. No quiero ser cómplice de que se desmantele este polo educativo. Hay una mudanza que implica mover cinco mil personas, entre alumnos, docentes y administrativos, y hay un plazo para hacerlo, que hace que esto sea de imposible cumplimiento, porque debería realizarse antes del 31 de diciembre. Hay que tener en cuenta que es necesario construir instalaciones por una superficie cubierta de 52.550 metros e invertir un presupuesto de 200 millones de pesos.

            Recuperar el predio en estas condiciones no me parece atinado. ¿Y cuál era la solución? Ya dijo el doctor Luis Eduardo Duhalde: “Si yo tuviera tres años, en todo ese tiempo esto se podría hacer de manera mucho más organizada, y seguramente el Estado Nacional ahorraría mucha plata.”

            Señor presidente: quiero protestar silenciosamente por el avasallamiento que sufrió este Poder Legislativo, porque todos sabemos que cuando se firma un convenio en la Ciudad de Buenos Aires, siempre es ad referendum de que la Legislatura lo apruebe o no, y también es ad referendum en las universidades. Esto significa que, hasta tanto no quede confirmada la voluntad del otro, nadie puede ejecutar el convenio, es decir, nadie puede dar por iniciado ese acto jurídico.

            Me parecen excesivas y onerosas las partidas que se deban invertir para intentar, al menos, reemplazar lo que está en ese predio. Y esto no se debe exclusivamente a lo que siento como habitante de la Ciudad de Buenos Aires, porque también soy argentino, y me interesa lo que hace el Presidente, especialmente cómo gasta las partidas presupuestarias y cuál es la asignación que les da.

Quiero decir que no es lo mismo tener concentrado en ese predio un gimnasio –para las distintas instituciones que allí se encuentran–, una pileta de natación y una biblioteca. Todas estas instalaciones de uso obligatorio en las carreras, no son sólo para que los jóvenes vayan a la pileta o a la biblioteca a leer libros de ciencia ficción. Pero la triplicación que se va a hacer de la construcción de las instalaciones, me preocupa como argentino, porque son 200 millones los que se deberían invertir para, al menos, intentar reemplazar lo que existe; y de algún lado, seguramente, van a salir.

            Señor presidente: para ir terminando quiero decir que ayer me emocioné cuando leí un proyecto de declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Este proyecto fue aprobado en las comisiones de Defensa Nacional y de Educación, y también en el recinto, en la sesión del 7 de marzo de 2001. Tenía por objeto expresar el beneplácito por la reciente decisión de iniciar una nueva etapa en el Liceo Naval Almirante Brown; un liceo que fue rotando por distintos lugares. Incluso, lo llegaron a cerrar en la desactivada base de Río Santiago.

Fíjese, señor presidente, cómo la Cámara de Diputados, rápidamente, no sólo expresó su preocupación sino su agrado por la solución encontrada, al permitir que el Liceo Naval Almirante Brown se ubicara en el predio de la ESMA.

            No es menos importante –de aquí viene mi emoción–, ver quiénes firmaron este despacho. Entre otros, el diputado Toma, mi amigo el diputado José Fernández Valoni, el diputado Alfredo Allende, la diputada María Rita Drisaldi, el diputado Farizano, el diputado Granados, la diputada Irma Parentella, el diputado Polino y la diputada Cristina Fernández de Kirchner.

            Señor presidente: la verdad es que estoy preocupado porque, aparentemente, hay algunos que no quieren acompañar al Presidente de la República. Mientras algunos quieren firmar hoy el certificado de defunción de la Marina Mercante, en poco menos de 15 horas, el Presidente va a derogar el Decreto 1772/91, por medio del cual se extranjerizó la Marina Mercante. (Aplausos)

            Quiero decir que el Presidente de la República –doctor Kirchner– y el país necesitan de todos y cada uno de los habitantes.

Sr. Presidente (De Estrada).- Señor diputado: le pido que vaya terminando.

Sr. Busacca.- Ya termino, señor presidente.

            El país y el presidente necesitan de todos y cada uno; de todos los instrumentos que permitan y faciliten mejorar el ingresos de divisas para nuestro país.

Y este tema no es menos importante. Por eso, ese polo educativo tiene no solamente importancia sino un valor estratégico que hace a los fines e intereses del país. Tiene un valor para el futuro; tal vez no para el futuro cercano –para que lo veamos nosotros– sino que tiene el valor de poder hacer que el país tenga lo que se merece, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y, en ese sentido, para no extenderme más en mi intervención y habiendo largamente fundado mi observación en ocho carillas, quiero dar al menos alguna idea adicional al tratamiento de este tema.

            Cuando termine el último de los oradores, voy a pedir que la votación se realice en forma nominal.

            Quiero decir que no veo otra forma…

Sra. Suppa.- ¡Que inserte el resumen de lo que le resta de su intervención en la versión taquigráfica!

Sr. Busacca.- ¿Me está pidiendo una interrupción la diputada?

Sr. Presidente (De Estrada).- Pido a los diputados y diputadas que no soliciten interrupciones, dado que hay muchos oradores anotados.

            Adelante, diputado Busacca y le ruego que finalice con su intervención.

Sr. Busacca.- Ya termino, señor presidente.

            Decía que como un homenaje a esta historia de encuentros y desencuentros, mi última frase va a ser para reseñar algo: el 23 de junio de 2004 –hace menos de dos meses– en la Fragata Sarmiento se llevó a cabo un acto en el que egresaron oficiales de la Marina Mercante con edades de entre 23 y 24 años, hombres y mujeres. Después de culminar sus estudios, dos semanas después, cuando todavía no habían podido poner su diploma en un marco, el oficial maquinista Mariano Alleno falleció tripulando un buque de bandera hondureña, pero con tripulación argentina. Falleció cumpliendo y haciendo honor a su título; falleció trabajando por el país; seguramente, falleció para dar vida a otros.

            Señor presidente: mañana, a las 11 de la mañana, el señor Presidente de la República, en el Salón Blanco, va a derogar el Decreto 1772/91 –como decía anteriormente– para que en nuestros buques haya muchos más "Allenos" y para que nuestros buques no tengan bandería extranjera.

            Por ese motivo y con mucho respeto a todos, quiero hacer una moción para que, puestos de pie, rindamos un homenaje realizando un minuto de silencio. (Aplausos).

- Manifestaciones en la sala.

Sr. Presidente (De Estrada).- Les pido que nos pongamos de pie para rendir el homenaje.

- Puestos de pie los presentes, se realiza un minuto de silencio.

Sr. Presidente (De Estrada).- Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Herrera Bravo.

Sr. Herrera Bravo.- Le cedo mi lugar al diputado Borrelli.

Sr. Borrelli.- Señor presidente: antes de comenzar con mis palabras, le solicito que me indique el tiempo de que dispongo, así trato de ajustar mi discurso.

Sr. Presidente (De Estrada).- Tiene quince minutos.

Sr. Borrelli.- Muchas gracias, señor presidente.

            En primer lugar, quiero celebrar el clima de armonía y respeto en el que estamos sesionando, tan distinto al que imperó en el día de ayer, en el que cometimos tantos actos fallidos, unos y otros, los que estábamos sentados y los que no. En ese sentido, creo que sería una buena medida para que podamos sesionar de ahora en más y por el resto del tiempo.

            En segundo término, lamento que no esté en este momento en su banca la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación para escuchar lo que humildemente es mi observación al dictamen de mayoría; aunque quiero señalar que con la presencia del diputado Miguel Talento me alcanza y me sobra.

            Señor presidente: el convenio que se pone a nuestra consideración en el día de hoy, a través del Despacho 512, conlleva una carga política, ideológica y emotiva imposible de disimular. Con esto no estoy diciendo que yo sea malo en sí mismo. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de las cuestiones que se abordan en cuerpos colegiados como el nuestro están atravesadas por definiciones ideológicas y políticas previas que, en definitiva, constituyen el bagaje cultural que cada uno de nosotros y de nuestros partidos representa.

            Lo que sí sostengo es que no siempre la política, la ideología y las emociones son el mejor consejero a la hora de definir políticas públicas. Digo esto, señor presidente, porque con el tema del predio de 17 hectáreas que hoy ocupa el Polo Educativo Naval y que se pretende desalojar para dar paso al Espacio de la Memoria, podríamos haber llevado adelante desde el Gobierno de la Ciudad y desde esta Legislatura, aún con aquellos diputados que sostenemos posiciones distintas, un curso político que contemplara tanto las expectativas de los organismos de derechos humanos en cuanto a recordar las memorias de las víctimas de la violencia ejercida por el Estado durante la década del ‘70, como las expectativas de otra parte importante de la sociedad que no alcanza a comprender que dicho objetivo sea excluyente o incompatible, por ejemplo, con el funcionamiento de los institutos educativos civiles y militares que allí están radicados.

            Señor presidente: creo que correctamente ése también ha sido el espíritu y la letra del convenio, a pesar de que el despacho 512 elude la cuestión dando por sentado que el destino de la totalidad del predio ya es una decisión tomada. Seguramente, me lloverán las argumentaciones en contra de lo que sostengo, intentando poner en evidencia mi supuesto error. Pero, señor presidente, colegas y público en general, el convenio es claro cuando en su cláusula primera expresa que “se destina el predio o la fracción que de él se delimite”. Lo repito: “el predio o la fracción que de él se delimite para el Espacio de la Memoria”.

            Esto significa, ni más ni menos, que puede tratarse de todo o de una parte del predio. Entonces, en caso de que no sea todo, estamos frente a la posibilidad de efectuar una división que atienda todas las necesidades que hoy, en principio, parecen contradictorias.

            En el marco de un convenio como este, que podríamos definir como un paquete cerrado, dicha cláusula aparece como uno de los pocos cabos sueltos que le otorga a la Legislatura la posibilidad cierta de tomar intervención en el asunto, contrariamente a los que afirman que esto ya es una cuestión saldada.

            Se me hace muy difícil imaginar, señor presidente, que dicho cabo suelto pueda ser el resultado de un mero olvido o de una negligencia de los funcionarios que tomaron intervención en la concepción y en la redacción del convenio antes de ponerlo a la firma del Presidente de la Nación y del Jefe de Gobierno, quienes a su vez seguramente lo deben haber leído antes de firmarlo.

            De ahí que insista en mi argumentación de que esta Legislatura tiene la facultad de realizar una subdivisión del predio, y que debe ejercerla en el marco de este despacho. Porque si dicha facultad no es tal, les pregunto a mis colegas, sobre todo a los que han tenido la posibilidad de redactar el dictamen, ¿cuál es el sentido de que haya sido incluida esa cláusula en el convenio? Y si dicha facultad existe, como yo sostengo, y no la ejerce esta Legislatura, ¿quién podría ejercerla con más legitimidad que el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que está recibiendo las tierras de parte del Estado Nacional? Y si no es ahora, momento en que se pone a consideración el despacho, es decir, en la sesión de hoy, ¿en qué momento lo vamos a hacer?

            Señor presidente, señores diputados, público: ninguna de estas cuestiones ha sido atendida por las comisiones despachantes. Lamento, tal vez, tener que ingresar en un terreno o en un campo demasiado técnico. Le pido a mis colegas que me entiendan. Ustedes saben que soy abogado y que, además, soy presidente de la Comisión de Legislación General de esta Casa y, por una cuestión de defecto profesional, además, me veo en la obligación de señalar algunas cuestiones.

            Además, lo voy a hacer porque no todos tienen por qué haber dispuesto del tiempo necesario para haber leído el texto de mi observación –que como ustedes saben, recién se publicó y se difundió en el día de hoy– respecto del Despacho 512.

            En primer lugar, hay que sostener que el dictamen lisa y llanamente se refiere al predio como si fuera un terreno baldío. Cualquier persona que no conociera la situación de la Ciudad de Buenos Aires, que por primera vez llegara a nuestra ciudad en el día de hoy, seguramente creería que estamos hablando de un terreno pelado, sin construcciones, sin nadie que lo esté ocupando. Y yo tengo que decir –debe ser dicho y tiene que quedar asentado en la versión taquigráfica– que allí tiene su sede el Liceo Naval “Almirante Brown”, la Escuela de Suboficiales, la Dirección de Educación Naval, la Escuela de Guerra Naval, la Biblioteca Central de la Armada, el Centro de Estudios Estratégicos, la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano” y la Escuela Nacional Fluvial “Comodoro Somellera”. Todo esto es lo que hoy en día se conoce como Polo Educativo Naval, iniciativa que se viene desplegando en dicho predio desde hace aproximadamente cinco años.

Sr. Presidente (De Estrada).- Perdón, diputado: le informo a una diputada que voy a hacer uso del artículo del Reglamento que me permite no conceder interrupciones –salvo casos de grave alusión personal–, porque hay más de veinte oradores anotados y me parece que debemos tratar de llevar adelante esta discusión.

Sr. Borrelli.- Señor presidente: prometo que voy a tratar de ajustarme lo más posible al tiempo estipulado. Según mis cálculos, me quedan entre nueve y diez minutos de intervención. Le agradezco que haga uso de ese artículo del reglamento.

            Decía que estamos hablando ni más ni menos que de un complejo educativo con todo el sentido de la palabra integrado. Por ello, podría sostenerse que se trata de un verdadero campus –cuyas cuestiones que hacen a su mantenimiento y a su sostenimiento están integradas–, de manera tal que la relación costo-beneficio sea lo más correcta y adecuada posible.

            Pero no son edificios solamente. Allí también hay personas: alrededor de 1.300 ó 1.400 alumnos concurren permanentemente a los institutos que he mencionado, y más de 3.500 lo hacen de manera rotativa, asistiendo a cursos que se llevan adelante en estos institutos y que son abiertos al público. Para dar un resumen de la situación –repito, está expresado en la observación que hoy se publicó–, debo decir que la planta de personal de todo el predio está conformada por, aproximadamente, seis mil personas. A su vez, como todos sabemos, el predio ocupa diecisiete hectáreas y, según cálculos estimativos, los metros cuadrados construidos son 70 mil.

            Me veo obligado a hacer este detalle porque en el dictamen de las comisiones de Asuntos Interjurisdiccionales y de Derechos Humanos no hay una sola línea, ni una sola palabra, ni una sola mención a esta situación, y me parece que esto más que una omisión constituye un error grosero e imperdonable a la hora de considerar técnicamente el proyecto.

            Con respecto al despacho que estamos tratando, quiero manifestar, además, que en él se habla en distintas oportunidades del tema de las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, se dice: “...ya se han efectuado transferencias de partidas desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Defensa para realizar distintas construcciones alternativas que se deben efectuar para los traslados, estableciéndose como fecha límite de esta fase el 31 de octubre del presente año”. Excepto el caso de la Escuela de Suboficiales de la Armada, que desde 1998 está en proceso de traslado a Puerto Belgrano, merced a lo dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1998, los demás institutos están en pleno desarrollo de sus respectivos ciclos lectivos y sin perspectivas ciertas de funcionar en construcciones alternativas, a pesar de lo que se afirma en el Despacho 512. Y esto, señor presidente, es irrefutablemente así, por cuanto la única partida presupuestaria confirmada que se destinó al proceso de desmantelamiento del complejo educativo de la Armada es la que se efectivizó mediante Decisión Administrativa N° 225/04 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial del 28 de mayo de este año, por la cual se incrementó en 6.116.000 pesos el presupuesto del Estado Mayor General de la Armada.

            Dicha partida, señor presidente, tiene como destino específico las obras que faltan para completar la construcción de la Escuela de Suboficiales en Puerto Belgrano, pero no para reinstalar el resto de los institutos. Ello no es una apreciación antojadiza de mi parte. De hecho, se puede leer en los considerandos de la decisión administrativa que antes cité, pues dice “ que resulta necesario adecuar los créditos vigentes de la Jurisdicción 45 –Ministerio de Defensa, Subjurisdicción 22, Estado Mayor General de la Armada– (...) como consecuencia de la necesidad de adelantar el traslado de la Escuela de Suboficiales de la Armada a su nueva sede en la Base Naval Puerto Belgrano, la cual aún se encuentra en construcción”.

            Quiero recordar que cuando decimos “aún se encuentra en construcción”, se está haciendo referencia a que esto viene ocurriendo desde el año 1998 ó 1999, por lo menos. Sacando esta partida que hemos conseguido identificar, en las decisiones de la Jefatura de Gabinete de Ministros no hay ninguna otra asignación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desmantelar el predio, por lo que la afirmación contenida en el despacho 512 acerca de que ya se han efectuado transferencias de partidas, aparece a todas luces como errónea o maliciosa, ya que el objeto de los 6 millones de pesos claramente es completar esta obra que ya tiene principios de ejecución.

            Con esos 6 millones de pesos, señor presidente y diputados, no se puede, ni siquiera remotamente, afrontar los gastos que, según estimaciones oficiales, costarán al Estado Nacional por lo menos 100 millones de pesos para efectuar la construcción de los nuevos edificios que habrán de reemplazar a los que hoy funcionan en óptimo estado en el predio de la Avenida del Libertador.

            A modo de ejemplo, para tener una idea de los costos de estas construcciones, la nueva Escuela de Suboficiales que se está construyendo, como dije al principio, hace cinco años, en Puerto Belgrano, estaría presupuestada en 28 millones de pesos.

            Entonces, señor presidente, si no hay otras partidas presupuestarias asignadas, extremo –tal como dije anteriormente, y se puede apreciar en el Despacho 512–, al no señalarse ninguna de ellas, es forzoso pensar que el desmantelamiento del complejo educativo se torna de imposible cumplimiento, y mucho menos antes del 31 de octubre de 2004.

            Lamentablemente, esta cuestión de los fondos necesarios –tengo que decirlo–, no ha sido eficientemente abordada en el dictamen en cuestión ni por los funcionarios nacionales ni por los funcionarios locales a cargo de esta tarea, a pesar de la participación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires en tal cometido.

            Creo, señor presidente, que es forzoso hablar de la Comisión Bipartita que prevé el convenio. Es otra comisión más, de las que ya están contempladas y que funcionan estrictamente en el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una comisión que está habilitada para elevar sus propuestas y conclusiones antes del 31 de diciembre del año en curso. Está integrada –creo que ya lo dijo el diputado Busacca– por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y tiene, entre otras de sus finalidades, supervisar las tareas de desocupación y traspaso del predio.

            Pero esta situación sobre la Comisión Bipartita adquiere relevancia cuando vinculamos este tema con la facultad que existe de destinarle usos, o destinar una parte del predio solamente a un fin determinado –como dije al principio–, que es la interpretación taxativa de la Cláusula Primera del convenio.

            En el caso de que la Legislatura apruebe el Despacho 512 tal como está redactado, no estará ejerciendo la facultad conferida en la Cláusula Primera del convenio de delimitar el lugar donde funcionará el Museo de la Memoria. Dicha delimitación quedaría a cargo de una comisión creada por un convenio, instrumento que además no define ante quién está obligada la comisión a elevar sus conclusiones. Esta situación anómala, señor presidente, tampoco ha sido abordada por el dictamen en estudio, dejando así abierta una potencial fuente de controversia para el futuro, que puede llevar a un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad.

            Todavía no finalicé. No sólo se puede imaginar o prever la participación de la ciudad en el tema de la Comisión Bipartita, sino también se insinuó en algún momento de boca de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires que este distrito, esta jurisdicción, podía hacerse cargo de la construcción de una sede alternativa para el Liceo Naval en el predio de deportes que funciona del otro lado de la Avenida Lugones. Si esto es así –extremo que parece bastante difícil que pueda ocurrir, al menos hasta el inicio del ciclo lectivo del año que viene, por cuanto sabemos que dicho tipo de obras deben ser sometidas a procesos de licitaciones y auditorías que no llevan precisamente tres meses– esta cuestión podría haber sido abordada en el Despacho 512, porque hubiese sido un instrumento o una herramienta que la Ciudad de Buenos Aires podría haber ofrecido como una salida alternativa a la cuestión que estamos planteando.

Por un lado, no tenemos las partidas presupuestarias asignadas y, por el otro, decimos que la ciudad haría una erogación, pero tampoco es una situación que quedó expresamente clara en el despacho, y entiendo que debería haber sido motivo de análisis de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

            Para finalizar, señor presidente, no es menor el dato de que están involucrados institutos educativos, algunos de carácter militar y otros de carácter civil. Tampoco fue llamada a intervenir en esta situación la Comisión de Educación, más allá de que su presidente expresó su preocupación personal en este tema a través de la presentación de un proyecto y de una observación a este mismo dictamen.

            Señor presidente: las comisiones despachantes se sustrajeron a este análisis, probablemente por la alta emotividad de la que hablé al principio, que prevaleció sobre la razón. Entonces, hoy tenemos un despacho que al no hacer diferenciaciones ratifica la entrega de todo el predio y, lo que es más grave, deja en absoluto estado de indefensión a los miles de alumnos y trabajadores.

            Por eso, señor presidente, atento a que encuentro demasiadas situaciones no contempladas en el dictamen, es que propicio su vuelta a las comisiones intervinientes y su giro adicional a las comisiones de Presupuesto, de Educación y de Planeamiento Urbano.

Nada más, señor presidente. (Aplausos)

Sr. Presidente (De Estrada).- Tiene la palabra el diputado Herrera Bravo.

Sr. Herrera Bravo.- Señor presidente: tenemos hoy la responsabilidad de decidir acerca de un convenio que ratifica la intención de los poderes ejecutivos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires de traspasar a la jurisdicción de la ciudad el predio donde funcionara en los años de la última dictadura militar la Escuela de Mecánica de la Armada.

            Ha sido un trabajo arduo el que la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales llevara a cabo durante los últimos tres meses por la complejidad de las cuestiones que allí se trataron. Trabajo que, de acuerdo con mi humilde juicio, ha quedado incompleto, ya que mucha más gente que la que hemos escuchado hubiera querido hacer conocer su opinión sobre esta cuestión, pero la abrupta decisión de generar un despacho lo imposibilitó.

Sin embargo, señor presidente, estamos hoy tratando esta cuestión en el recinto y quisiera abordar el tratamiento del convenio desde tres perspectivas diferentes.

            En primer lugar, quisiera destacar que este debate tiene mucho que ver con la construcción del futuro de la Argentina que queremos dejarle a nuestros hijos. Señor presidente: yo quiero para mi Patria la construcción de una identidad sobre bases sólidas que nos permitan, sin temor a equivocarnos, saber hacia dónde nos encaminamos. Por eso tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos.

Con relación a la ESMA, señor presidente, no pretendo hacer un catálogo del horror. A todos nos resulta durísimo rememorar los años de la dictadura, pero quienes más los sufrieron fueron aquellos que perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a sus parejas, que nunca podrán dejarlo atrás. Nada podrá compensar lo irreparable. Por eso creo, señor presidente, que la creación de un museo que preserva para el conocimiento de las generaciones futuras la memoria de lo que allí sucedió, fue una atinada decisión de la Legislatura, corporizada en las leyes 392 y 961.

            Afirmando esta vocación de construcción de identidad que necesitamos los argentinos, junto a otros diputados de mi bloque, presentamos un proyecto de ley que, además de avanzar en otras cuestiones, ratifica el convenio 08/04.

            En segundo lugar, quiero dejar en claro algunos puntos relacionados con la cuestión constitucional y legal que se ha planteado aquí. De acuerdo con nuestra organización constitucional, corresponde al señor Presidente de la Nación ejercer la Jefatura y la Comandancia de las Fuerzas Armadas. En tal condición, en una decisión que como todas las decisiones políticas puede ser cuestionada desde la política, se anunció –desde el Poder Ejecutivo Nacional– el desmantelamiento del predio antes de su traspaso.

            Más allá de los cuestionamientos o apoyos que la medida merezca y de las discusiones sobre el rol que la ciudad adopte en función de ella, ante la decisión presidencial, nos resta a nosotros, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, analizar la ratificación o el rechazo del convenio y, por supuesto, las implicancias de una u otra decisión para los vecinos de nuestra ciudad. Por ello, los recaudos tomados al respecto en la comisión, que algunos lamentablemente vieron –y otros quisieron ver– como maniobras dilatorias.

El convenio que estamos discutiendo compromete decisiones jurídicas de las partes, en un litigio cuyo objeto es precisamente el predio, por lo que de ningún modo debe leerse como improcedentes las consultas a la Procuradora General de la Ciudad y al Escribano General de la Ciudad, quienes concurrieron a la comisión a dejar su testimonio.

En cuanto al diseño de los destinos del predio, creemos que es atribución constitucional de esta Legislatura disponer acerca de la cuestión, por lo que las propuestas y conclusiones de la Comisión Bipartita que crea el convenio, deberán ajustarse a los requerimientos de este Cuerpo para su aprobación final.

Finalmente, señor presidente, la incorporación de un predio de 17 hectáreas al patrimonio de la ciudad y su cambio de uso urbanístico, requiere de una definición. Desde Compromiso para el Cambio, consideramos que no es razonable tomar una decisión sobre dicha incorporación que genera para la ciudad derechos pero, como se ha dicho, también obligaciones, sin debatir el destino de éstas, y creemos que el mejor destino es aquel que conjuga, por un lado, la necesidad estratégica de la construcción de la identidad nacional como pueblo y, por el otro, la necesidad cotidiana y práctica de los vecinos de esta ciudad en el aquí y en el ahora.

Como mensaje en la historia, señor presidente, compartimos sin duda el concepto marco de hablar de espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Por eso entendemos que el destino del predio debe poner énfasis en el pasado, en el presente y en el futuro de la protección de dichos derechos. El Museo de la Memoria, por ley de esta ciudad, tendrá asiento en el predio que fuera de la ESMA.

Señor presidente: creemos que un buen homenaje a esa memoria es también dedicar parte del predio a la reivindicación de los derechos humanos que hoy, por razones que encuentran su raíz en lo profundo de nuestra historia y también en el pasado reciente, no son satisfechas como corresponden.

Tanto la política constitucional como la teoría política, han evolucionado reconociendo la existencia de los derechos humanos de primera generación, relacionados con la vida y la libertad; y de derechos humanos de segunda y tercera generación, relacionados con el individuo en su condición de ser social y miembro de una comunidad. Planteamos, entonces, dedicar parte del predio a la atención de estos derechos.

A nuestro parecer, el predio debe poder ser utilizado para atender las necesidades educativas de nuestra población, desde jardines maternales hasta institutos de educación superior. La infraestructura instalada permite el aprovechamiento integral de los edificios y sus espacios verdes y de deportes. Asimismo, la formación profesional para el empleo debe tener su lugar.

            Respecto del derecho a la salud, la zona en donde se ubica el predio que pertenecía a la ESMA es atendida por el Hospital Pirovano como único hospital público; y pese a que existen centros de salud que dependen de él, creemos que hay infraestructura adecuada en el predio para servir de soporte a la prestación del servicio de salud que este hospital brinda.

            También entendemos que el derecho a la rehabilitación física es, señor presidente, un derecho humano. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos sólo dos instituciones públicas dedicadas a esta cuestión. Están superadas por la demanda que genera una ciudad que, por ejemplo, tiene el récord de accidentes de tránsito. El derecho a la rehabilitación física, en particular a través del deporte, es atendido en la ciudad sólo por el Instituto de la calle Ramsay, que es nacional. Creemos que, perfectamente, un instituto público de similares características podría funcionar en el predio sobre el que estamos discutiendo.

            El derecho a la cultura y el acceso a ella, a veces tan concentrado en los barrios del centro, debe tener también un lugar en el predio de la ESMA.

            En definitiva, señor presidente, se trata de que la ciudad –y con ello nos queremos referir a todos sus vecinos– recuperemos el predio de la ESMA. Que todos, y no sólo quienes piensan de uno u otro modo, podamos recuperar nuestra historia y forjar la identidad que necesitamos como pueblo para, todos juntos, construir nuestro futuro en un marco de respeto y tolerancia que, está visto, a los argentinos nos cuesta tanto construir.

            En un lugar donde imperó tanta muerte, señor presidente, propongo que brindemos por la vida. (Aplausos).

Sr. Presidente (De Estrada).- Tiene la palabra el diputado Godoy.

Sr. Godoy.- Señor presidente: en atención a la gente que está esperando la resolución de esta cuestión, y teniendo en cuenta las exposiciones detalladas que han hecho colegas de mi bloque, solicito su autorización para insertar mi discurso en la versión taquigráfica. *

            Brevemente, por un deber de conciencia, quiero indicar mi preocupación por el destino de los institutos que se propone trasladar. El señor Presidente de la República ha decidido que se desocupe completamente el predio.

Según las políticas que ha manifestado últimamente el Estado nacional, existe la intención de reconstruir el Estado y una serie de actividades, entre las cuales, la marítima, resulta fundamental.

            Si queremos reconstruir la flota mercante, si queremos solidificar la flota fluvial, si queremos el ejercicio pleno de nuestros derechos soberanos sobre nuestro litoral marítimo, necesitamos medios y recursos humanos. Estos recursos humanos encuentran una formación de excelencia técnica en estos institutos.

Allí se forman jóvenes a los cuales no se puede conectar con hechos dolorosos y oscuros. Allí se están formando parte de las necesidades presentes y futuras para la reconstrucción de estas actividades económicas que resultan fundamentales para el resurgimiento argentino.

Los fondos que van a ser necesarios para hacer estos traslados no han sido aportados aún, y esto crea un clima de inseguridad en padres y alumnos con respecto al inicio de los ciclos lectivos y a la posibilidad de continuar carreras que ya han sido iniciadas.

Cuando el señor Presidente de la Nación manifestó, en marzo del presente año, su intención de destinar el predio al Espacio de la Memoria o al Museo de la Memoria, presenté un proyecto en el cual proponía que una parte del predio se destinara a tal fin, dejando la restante, que es una superficie importante, para que funcionaran estos institutos. Creo que la utilidad social de esos institutos se produce en ese lugar. Allí conforman un polo educativo, en donde existen simuladores de navegación de última generación. Allí encontramos una biblioteca naval de excelencia con un equipamiento único en Latinoamérica. Todo esto hace necesario que interactúen en un mismo predio. Una vez que sean trasladados, se perderá esta posibilidad y, seguramente, el servicio educativo no tendrá la misma excelencia.

Por último, creo que hubiera sido conveniente que padres, docentes y alumnos de estos institutos hubieran tenido la oportunidad de expresarse en las comisiones que nos presentan este convenio.

            Por lo tanto, deseo manifestar mi disidencia con el convenio tal como ha sido presentado por las comisiones. (Aplausos).

Sr. Presidente (De Estrada).- Tiene la palabra el diputado Cortina.

Sr. Cortina.- Señor presidente: en primer lugar, saludo a los organismos de derechos humanos que están presentes en esta sesión siguiendo el tratamiento de un tema tan importante. Fundamentalmente, celebro la presencia en este recinto de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. (Aplausos prolongados).

            Señor presidente: desde el bloque del Partido Socialista, pensamos que la memoria histórica de los pueblos es un instrumento necesario e imprescindible para identificar las causas de la opresión, del dolor y de la dominación. Un pueblo que guarda memoria histórica es un pueblo dueño de su propio destino.

            La memoria histórica no es un instrumento del odio, ni de la búsqueda de la discordia o de la disolución social. Por el contrario, es un faro siempre destellante, que ilumina tanto el presente como el futuro. A diferencia del Prometeo encadenado, nos enseña que no estamos condenados a vivir cada día eternamente el mismo sufrimiento.

            Por eso, señor presidente, valoramos, defendemos, apoyamos y vamos a votar afirmativamente este despacho, que contiene el convenio que apunta a la creación del Espacio para la Memoria y cuyo objetivo ya conocemos: es el resguardo y la transmisión de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado.

            Señor presidente: la creación del Espacio de la Memoria no pretende saldar alguna herida, ni borrar huella alguna, ni detener la lucha por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio. (Aplausos).

             Entiendo que los organismos de derechos humanos alientan este espacio para que todos –en especial, las nuevas generaciones– sepan que nuestro pasado hiere nuestro presente, que nuestro pasado es nuestro presente y que la única forma posible de asumirlo es a través del arduo y doloroso camino que nos impone la justicia, la memoria, la reflexión y el compromiso colectivo y cotidiano a favor de un Nunca Más.

            Señor presidente: no es verdad que volvernos sobre el pasado nos ata a la quietud y a la parálisis. Muy por el contrario: los mejores horizontes se constituyen desde las raíces más profundas. En ese sentido, no me caben dudas de que –como sostiene Hannah Arendt– la lucha más antigua, aquella que nunca debe ser abandonada, es la lucha de la libertad contra la tiranía.

            El destino de la humanidad debe ser la libertad, pero no una libertad utópica, sino aquella que se conjuga ciertamente con la igualdad social y económica y con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, señor presidente, debemos ser conscientes de que no existe una libertad conquistada para siempre si no la abonamos permanentemente, con el consecuente y necesario ejercicio de la memoria social.

            Es por esto –y para finalizar– que para el bloque del Partido Socialista es una enorme satisfacción y un gran orgullo que esta Legislatura apruebe este despacho, este convenio, porque sin duda estamos reparando, en parte, las deudas que tenemos con los familiares, con los amigos y con las víctimas que padecieron el terrorismo de Estado.

Pero es a la vez una magnífica oportunidad para decirle a los vecinos que esta institución, que esta Legislatura, tiene memoria; que se compromete con la vida y con la defensa de los derechos humanos y que cada día apuesta a la consolidación y profundización del orden democrático. (Aplausos)

            Señor presidente: solicito el cierre de debate con lista de oradores.

Sr. Presidente (De Estrada).- Los diputados anotados para hacer uso de la palabra son los siguientes: Schifrin, Ameijeiras, De Giovanni, La Ruffa, Mercado, Acuña, Caruso, Morando, Bello, Tomás Devoto, Majdalani, Bertol, Melillo, Bianchi, Etchegoyen, Michetti, Milcíades Peña, Busacca, Vega, Polimeni y Oliveto.

            Se va a votar el cierre de debate con lista de oradores.

- Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (De Estrada).- Tiene la palabra el diputado Schifrin.

Sr. Schifrin.- Señor presidente: están presentes en el recinto representantes de organismos reconocidos nacional y mundialmente, por su humildad y respeto. Para mí es una emoción tener su presencia y me sumo a las expresiones del diputado Roy Cortina.

            No quiero entrar en el protocolo, por lo que le pido disculpas a Estela, a Tati, a Nora, a José, a Vicky, a Lila, a Alejandra, a Alba y a todos los compañeros que muchas veces han sido galardonados en este país y en el exterior, por su humildad y por el respeto que han expresado, gracias al que podemos avanzar, a pesar de las diferencias que hay en estos momentos en la Legislatura. Esto enaltece su lucha que es la lucha por sus hijos y sus familiares.

            Particularmente, sí quiero mencionar que representan a un montón de militantes anónimos que se expresan a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, de Abuelas de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, de Buena Memoria Asociación Civil, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de H.I.J.O.S. y de Hermanos.

            El perdón del Estado argentino a las víctimas del terrorismo que desató la dictadura militar tiene una envergadura histórica que no alcanza, de todas maneras, a saldar la propia historia.

            Tenemos distintos puntos de vista y distintas miradas. Es difícil que nosotros, congéneres, podamos saldar una sola mirada de la historia pero, de a retazos, de manera no planificada, a través del funcionamiento de la democracia –en este caso, a través del funcionamiento de la Legislatura, del debate y de la expresión de las diferencias– se avanza, se dan pasos hacia la paz, que debemos consignar, sin dudas.

            Creo firmemente en lo que decían algunos dirigentes y compañeros de estos organismos hace un rato, cuando esperábamos durante varias horas, porque la Comisión de Labor Parlamentaria postergó la sesión. Nos decían: “Díganle a los que están preocupados por el futuro de los chicos, por el derecho a la educación, por el derecho a completar una formación profesional o un oficio, que jamás –jamás– los organismos de derechos humanos vamos a permitir no sólo el cierre de una escuela –de un espacio educativo, de formación o de mejoramiento de oportunidades en la vida– sino también la inviabilidad del acceso a esas mismas escuelas, si se trasladan.

            Yo digo que sería absolutamente racional que el Estado nacional –no por estos compañeros que luchan por sus propias causas, que son las de todos–, en su inmensa humanidad, tenga en cuenta las necesidades de miles y miles de jóvenes de argentinos de formarse y tener una educación digna y que seguramente tampoco la historia nacional podría avanzar en la creación de un espacio para la memoria cerrando otro para la formación de las oportunidades y de la vida.

            Lo que sucede, como dijo Oliveto, es que en Auschwitz no está en discusión la cuestión de los usos y en el predio de la ESMA, por suerte, se avanza con zigzagueos y no está en discusión; no es el problema principal histórico. Si hay una palabra histórica, no está en discusión la cuestión de los usos. En todo caso, ha tocado a algunos realizar una actividad muy noble, allí donde las paredes hablan de la historia, allí donde cinco mil argentinos, casual y paradojalmente el mismo número que aquí se mencionó, nos han dejado sus huellas, sus improntas y sus inexistencias. Ha tocado en ese lugar y corresponde aquí en el presente, aquí en el espacio de la vida de hoy, resolver ese problema. Pero no está en discusión la cuestión de los usos en Auschwitz ni está en discusión la cuestión de los usos del actual predio de la ESMA.

            Me parece que no debemos tener una mirada estrictamente económica del presente. Un conflicto de generaciones, un conflicto en el que, en algunos aspectos, reconozco que no tengo la solución ni me imagino que una sola cabeza ni muchas cabezas de un solo sector podrían tener una solución. Un proceso que vamos a dejar, seguramente, para nuestros hijos. Seguramente, podríamos medirlo en términos de economía, de infraestructura, de logística, de informática, de paredes, de muebles. ¡Imagínense cinco mil vidas produciendo inteligencia, cinco mil vidas produciendo hijos, cinco mil vidas trabajando en la Argentina, cinco mil vidas en el espacio que quedó vacío y que muchos de nosotros, a los borbotones, tratamos de llenar y a veces con nuestras culpas!

            De eso se trata. Ni más ni menos, que una sola parte. En este caso, el aporte hacia el camino de la paz, el aporte hacia la paz en la Argentina tiene que ver con que haya una memoria del horror del terrorismo de Estado. No es la memoria de todos. Es la memoria del horror del terrorismo de Estado. Es un paso indispensable para quienes consideramos que no hay una idea mesiánica ni un todo al que se puede acceder luminosamente y por arte de magia; sobre todo, por más que sigamos discutiendo, sigámoslo haciendo. Tal vez, no seamos nosotros los que les podamos legar a los militantes del cambio y de la paz exactamente la síntesis. Sería preferible que ellos hagan la síntesis, pero sería importante que les leguemos un espacio recuperado para el uso que la historia trágicamente le ha dado. (Aplausos).

Sr. Presidente (De Estrada).-  Antes de seguir con la lista de oradores, quiero aclarar que omití mencionar al diputado Enríquez que, según me informan, también se había anotado.

            Tiene la palabra el diputado Ameijeiras.

Sr. Ameijeiras.- Muchas gracias, señor presidente.      

            Estoy convencido de que es tarea de la sociedad resguardar y transmitir la memoria de los hechos ocurridos durante los años de vigencia del terrorismo de Estado. Para conocer lo ocurrido en nuestro país en esos oscuros años, es necesario que la actual generación y las futuras conozcan la verdad, como elemento esencial para promover el sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.

            Es fundamental que la sociedad argentina termine de reconstruir los hechos dramáticos de la represión repudiando el terrorismo de Estado, juzgando a sus responsables e intentando reparar parcialmente el daño causado.

            El predio de la Avenida del Libertador, de ser aprobado el convenio 8 del 2004, volverá a formar parte del patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será el espacio de documentos y testimonios, las fuentes históricas para que se conozca nuestro verdadero pasado sin ningún tipo de ocultamiento.

            Señor presidente: cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas las que nos marginan, nos matan las ideas y nos quitan la memoria. Quien quiera oír que oiga.

            Nuestra historia personal y colectiva es una vivencia que fue forjada en los avatares de los conflictos, tristezas y alegrías de la historia nacional en la que estuvimos inmersos. De ella no podemos sustraernos. La memoria nos ayuda a sentir quiénes y por qué los argentinos somos lo que somos. Lejos de ser un pasado muerto, la memoria es presente que nos nutre, un valor indispensable para construir el porvenir.

            Por lo tanto, creemos que la memoria de un pueblo es el puente más sincero con las nuevas generaciones, es un vínculo con el futuro que no sólo depende de ejercicios racionales sino que proviene, fundamentalmente, de lo más profundo del alma.

            Por todo lo expuesto, señor presidente, el bloque del Partido de la Ciudad votará positivamente la aprobación del convenio bajo análisis. (Aplausos).

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2°, diputado Talento.

Sr. Presidente (Talento).- Tiene la palabra el diputado De Giovanni.

Sr. De Giovanni.- Señor presidente: no sin emoción se puede entrar a este debate. Por tanto, trataré de no contestar, de no polemizar y de ser verdaderamente breve. Haré dos aportes distintos a lo que se ha dicho hasta ahora.

            En primer lugar, es un aporte que hace a mi deformación profesional, de tipo jurídico, sobre la aprobación de los convenios. Estos convenios, cuya potestad de celebrarlos en la ciudad es del Poder Ejecutivo y que deben ser refrendados o aprobados por la Legislatura, forman para la mayor parte de la doctrina un acto complejo, pero es un solo acto. Y así, toda la doctrina constitucional es conteste, y hay doctrina suficiente en el orden nacional en el sentido de que el órgano deliberativo, el Congreso o la Legislatura, no puede modificar los términos del convenio. En ese sentido, citando a tratadistas como
Sánchez Viamonte, González Calderón, De Vedia y Mitre y Bidart Campos, voy a dejar para el diario de sesiones sus opiniones porque creo que serán útiles para la discusión de este convenio y de los sucesivos que tratemos en este recinto* .

            La otra cuestión que quiero aportar es un hecho que considero es de bastante relevancia histórica en la historia del predio de la ESMA. Paso a relatarla. En el mes de enero de 1998 el entonces Poder Ejecutivo Nacional que signó toda la década del ‘90 dictó un decreto por el cual disponía la demolición de todos los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada y entre sus considerandos decía: “El traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada tiene un valor simbólico innegable sustentado en el afán por dejar atrás las antinomias y asumir las lecciones de la historia reciente, expresando plenamente la voluntad de conciliación de los argentinos”. Por ello resolvía destinar al uso público los terrenos que actualmente ocupa dicha instalación militar y erigir en dicho espacio libre un símbolo de la unión nacional como único propósito. Esto, señor presidente, significaba lisa y llanamente destruir la memoria. Pero en aquel momento hubo valientes mujeres que interponiendo una acción judicial pararon o desbarataron la medida. Se trata de Graciela Palacios de Elois, cuyo marido desapareció en el predio de la ESMA, y de Laura Bonaparte, cuyo marido también desapareció en dicho predio, junto con otros siete familiares. Entonces, un grupo de abogados, entre los cuales estaba una persona de la Casa, la doctora Liliana Magrini –quien en la actualidad es la directora de la Comisión de Justicia–, inició una acción de amparo con una medida cautelar, que fue acogida en primer lugar por el juez en primera instancia, doctor Guglielmino.

Voy a leer un poco de lo que decía el juez Guglielmino, porque esta síntesis la hacen protagonistas de los ´90 y no de los ’70; la hacen miembros del Poder Judicial al cual honran, y aún forman parte de él. Decían los considerandos de la medida por la que se ordenaba al Poder Ejecutivo que no innovara, que no destruyera y trasladara la Escuela de Mecánica de la Armada: “La transformación de la ESMA en un espacio verde, si se produce durante este mes de enero, es fundamento suficiente para habilitar la feria judicial. Y de producirse pueden borrarse pruebas que permitan saber cuál fue el destino final de los parientes...” –de los parientes de quienes iniciaban la acción. Luego dice: “El derecho invocado por las actoras reviste una entidad tal que permite advertir, desde ahora, la conveniencia de suspender la demolición del edificio en cuestión, hasta tanto se dicte sentencia en esta causa”.

El Poder Ejecutivo hizo caso omiso y anunció por la prensa que procedería a la demolición. En el diario La Nación del 7 de febrero se titulaba: “Comenzó la mudanza de la ESMA”. Fue entonces cuando tomó intervención la Cámara de Apelaciones de turno, y otras dos mujeres que aún hoy enaltecen al Poder Judicial, la doctora Marta Herrera y la doctora María Inés de Conte Grand, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, fueron a hacer una inspección ocular a la ESMA. Y con esa inspección ocular se hizo la primera visita, junto con los abogados que patrocinaban la causa y con otros diputados nacionales, quienes en ese momento las acompañaron. Ése fue el prolegómeno de la visita histórica que realizara el presidente Kirchner en el curso de este año. Cinco mujeres, acompañadas de otros legisladores, llegaron allí, pasaron a capucha y capuchita y sufrieron la profunda emoción de ser las primeras que podían acceder de esa manera al predio de la ESMA.

            No voy a extenderme en mayores citas judiciales. Pero no quiero dejar de leer la intervención del señor fiscal de segunda instancia, el doctor Eduardo Irigoyen, quien dijo: “Dejar como está la Escuela de Mecánica de la Armada es dejar el símbolo a generaciones futuras de algo que ocurrió a una generación anterior, algo terrible y horroroso. Este testimonio es necesario para que resulte testigo perenne de la historia, tal como ocurre en los otros campos del mundo, tal como ocurre en Auschwitz y otros muchos campos del horror que se mantienen intactos en pro de la memoria de futuros hombres y mujeres que, desconocedores de la historia, pregunten alguna vez ‘¿qué ocurrió aquí?’, y se lo cuenten. Y así, se instale en su persona lo sucedido en dichos sitios y que no debió suceder jamás, ni sucederá nunca más”. Esto lo dijo un fiscal de la Nación en el año 1998.

            Señor presidente: viene a mi cabeza, para no abusar de la palabra “memoria”, que en el actual predio donde ahora se levanta la Biblioteca Nacional y en los jardines anteriores, estaba la residencia presidencial, usada por varios presidentes argentinos, donde murió Eva Perón. El golpe militar del ‘55 la destruyó. De eso no tenemos memoria. Tenemos una Biblioteca Nacional que es útil en el predio, pero se borró la memoria. Esa Biblioteca Nacional pudo haber estado ubicada en otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires.

            Termino, señor presidente, adelantando mi emocionado voto que en su momento daré para la aprobación de este convenio. (Aplausos).

Sr. Presidente (Talento).- Tiene la palabra la diputada La Ruffa.

Sra. La Ruffa.- Señor presidente: quiero dejar señalado que me gustaría que al final de este debate se aprobara por unanimidad la ratificación de este convenio. Tengo este deseo porque entiendo que este convenio que firmaron el 24 de marzo de este año el presidente Kirchner y el Jefe de Gobierno de la Ciudad empezó a escribirse el mismo 24 de marzo de 1976 cuando se implementó un plan de asesinatos, de desapariciones, de muertes, que hizo que desde ese momento miles de argentinos lucharan por la verdad, por la justicia y que hoy todo el pueblo argentino esté buscando que se construya la memoria.

            Por su intermedio, señor presidente, quiero dejar aclarado que firmé el despacho de la mayoría, y que más allá de los componentes histórico- políticos que podamos tener en el momento de la aprobación de este convenio, este expediente cuenta con todo el apoyo técnico y legal que ha tenido cualquier convenio que sigue todos los pasos técnicos del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo de la Ciudad. De hecho, en las comisiones intervinientes –la de Relaciones Interjurisdiccionales y la de Derechos Humanos, Antidiscriminación y Garantías– hemos recibido a representantes de organismos de derechos humanos, a representantes del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad que disiparon todas las dudas que teníamos, que nos comentaron el cronograma de acciones que realizarán para poder cumplir con lo manifestado por el presidente Kirchner sobre trasladar de ese lugar a las fuerzas armadas.

Además quiero decirles que disiento con un diputado preopinante respecto del avasallamiento de la autonomía de la Ciudad, porque creo que este convenio, más que estar en contra de, viene a complementar la Ley 961 y a poner fin al litigio jurídico que tenían Nación y Ciudad en relación con el dominio del predio en el que se encuentra la ex Escuela de Mecánica de la Armada y que se cede a través de este convenio.

            Quiero leer el testimonio de una de las mujeres que nos acompañó en la primera reunión que hicimos con los organismos de Derechos Humanos, para dejar asentada mi posición respecto de la integralidad o no del predio. Quiero decir que con esto pienso hacer un pequeño y humilde homenaje a las víctimas, a sus familiares y a todos los militantes del campo popular.

            Quiero dejar en claro que no voy a poder leerlo con el mismo tono y la emoción con que lo hizo ella porque, claro está, yo no fui la protagonista.

            Así nos dijo: "   Mi nombre es Hilda Actis y soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada.

"Quiero hacer una acotación. Para nosotros es bastante difícil escuchar hablar de convenios y de partes de un mismo predio. Quienes estuvimos secuestrados en ese lugar sabemos perfectamente que no es cierto que sólo un pedazo del predio estuvo afectado a este tema y que la gente que circulaba por el resto no sabía nada.

"Cuando nos secuestraron no nos llevaron directamente al Casino de Oficiales en helicóptero. Cada vez que nos entraban y nos sacaban recorríamos absolutamente toda la Escuela, hasta que llegábamos al Casino. Así les sucedió a todos los secuestrados, cuando llegaban y cuando los sacaban para matarlos. La primera calle, la que está delante de todos los edificios, es la que siempre recorríamos para ir de un punto al otro. Debíamos pasar por todas las guardias; sabían quiénes estaban llegando, que éramos secuestrados, y la guardia daba el permiso para seguir avanzando.

"Los autos en los que nos secuestraron –iba a decir nos chuparon, porque era el término que ellos utilizaban– eran robados, y los modificaban y pintaban en los talleres de allí adentro, existentes en el fondo. Algunos compañeros trabajaban, como mano de obra esclava, en una imprenta que estaba en la otra punta del predio, y los que hacían tareas de fotografía estaban en otro lugar. Cuando alguien estaba enfermo –era tan absurdo, que primero nos torturaban y después nos curaban... para seguir torturándonos–, lo llevaban a la enfermería, que estaba en otro lugar. Circulábamos por todo el predio.

"Además, los oficiales –que supongo que dormirían en el Casino– nos cruzaban en la escalera encapuchados y engrillados. Esto quiere decir que sabían que estábamos allí. Los que nos custodiaban eran alumnos de la ESMA, que me imagino que dormirían en el mismo lugar que el resto de los alumnos; por lo tanto, estarían todos enterados de lo que estaba pasando.

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