CARLOS ALBERTO BRALO, (xxxxx) domiciliado
en la calle xxx, Nº xxx
de la Localidad de Ránelagh,
Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, DANIEL ALFREDO
Bxxxxxxxx, (xxxxxxxxxx) domiciliado
en la calle xx, Nº xxx
de la Ciudad y Partido de Berazategui,
Provincia de Buenos Aires y GLADYS CAROLINA BIDINOST (xxxxxxxxx) domiciliada en la Avenida La Plata Nº xxxx de la
Localidad y Partido de Quilmes, Provincia de Buenos
Aires, todos por su propio derecho y en nombre y representación de miles de argentinos, damnificados por la afectación de sus derechos y por
la falta de seguridad jurídica, propiciada por la violación al principio
de división de poderes mediante acciones instadas por el Poder Ejecutivo
y consumadas por el Poder Legislativo, quienes se identifican
y firman en el Anexo "A", haciendo suyos los términos de
este escrito, todos constituyendo domicilio en la
Calle xxxxx, Nº xxxx
de la Localidad
de Ránelagh, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, Código Postal B1837CEI, Teléfono (54) (11) 4391-0883, conjuntamente
con nuestra letrada patrocinante, Doctora Gladys Carolina Bidinost,
a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, respetuosamente decimos:
I.- PROCEDENCIA DEL RECLAMO ANTE ESE ORGANISMO, CONFORME
A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA: En
ejercicio del derecho establecido en el artículo 44º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, recurrimos a la Comisión Interamericana,
para denunciar al Gobierno de la República Argentina por la violación
de Derechos Humanos contemplados en la Convención, en perjuicio de
la sociedad argentina y en particular de las personas que en nómina
adjunta se acompaña, que conforman el universo de personas que reivindican
su condición de victimas de la inseguridad jurídica que impera en
el País, por las razones que exponemos a continuación:
II.- HECHOS Y SITUACIÓN DENUNCIADA: La falta de seguridad
jurídica ante la imposibilidad de lograr que la justicia investigue
denuncias sobre hechos ilícitos graves, imputados a altos funcionarios
del Gobierno, incluyendo al Presidente de la Nación, Doctor Néstor
Carlos Kirchner, sus Ministros y Poder Judicial.
El gobierno de Kirchner no juega con fuego, provoca
los incendios deliberadamente y los mantiene encendidos con saña de
piromaniaco.
Lo que está pasando con los piquetes, con los servicios
públicos, con la deuda pública, con la desocupación, con la inseguridad,
con la corrupción, con el desgobierno, es tan absurdo, tan estrambótico
y disparatado que la gente ha caído en una especie de estupor resignado,
como si una inevitable catástrofe telúrica se hubiera abatido sobre
el país y no se pudiera hacer otra cosa que aguantar, azorados, los
estragos que produce esperando que cesen por arte de magia.
El origen de la falta de seguridad jurídica, que
provoca esta presentación, se origina en el Congreso Nacional, el
Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, por lo que la inseguridad
jurídica en la Argentina está provocada por las mismas instituciones.
Con fecha 5 de mayo del 2004, los Señores Adrián
Salbuchi, titular del Documento Nacional de Identidad Nº xxxxxxxx,
domiciliado en la calle Charcas Nº xxxx
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Enrique Romero, presentaron por ante el Juzgado Federal
Nº 7, interinamente a cargo del Juez Doctor Jorge Urso, una denuncia
que forma la causa Nº 6662/04, contra el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner y otros funcionarios, por
la presunta comisión de los delitos de apología del delito (art. 213
del CP), defraudación agravada por tratarse de fondos públicos (art.
174 inc. 5º del CP), e incumplimiento de sus deberes de funcionario
público (art 248 del CP) y otros, tal como resultará de nuestra exposición.
Al respecto, el art. 260 del CP habla de malversación de caudales
públicos; el 261, de peculado (si los fondos estuvieren a nombre de
particulares); y el 262 se refiere a los funcionarios que, por imprudencia
o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a
su cargo, dieren ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción
de caudales o efectos de que se trata en el art. anterior.
Con fecha 17 de agosto del 2004, se presenta denuncia
por los delitos de "enriquecimiento ilícito" contra el Primer
Mandatario Néstor Kirchner y su Esposa, la Senadora Cristina Fernández,
causa que se tramita por ante el Juzgado a cargo del Juez Doctor Juan
José Galeano.
Por los delitos de "mal desempeño en sus funciones
y por la comisión reiterada de delitos de orden penal en el ejercicio
de su Alta Investidura", el Doctor Adolfo Casabal Elía, titular
del Documento Nacional de Identidad Nº
xxxxxx, con domicilio en la calle Uruguay Nº xxxx, 7ª Piso, Oficina x de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, eminente abogado argentino, efectuó una presentación
ante la Excelentísima Cámara
de Diputados de la
Nación, solicitando la destitución del Primer Magistrado,
previo juicio político.
Con fecha 27 de Julio del 2004, los doctores Cosme
Beccar Varela, Documento Nacional de Identidad Nº xxxxxx
y Ernesto xxxxxx xxxxx
Documento Nacional de Identidad Nº xxxxxxxx,
ambos con domicilio en la calle Reconquista Nº xxxx,
xº Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Señor Carlos
Alberto Bralo Documento Nacional de Identidad Nº xxxxx,
con domicilio en la calle xxxx, Nº xxx de la
Localidad de Ránelagh, Partido de Berazategui, Provincia
de Buenos Aires, efectuaron una presentación ante la Excelentísima Cámara
de Diputados de la
Nación, la que ingresó bajo el número P207-CBV, solicitando
Juicio Político contra el Presidente Néstor Kirchner, el Ministro
Alberto Fernández y otros funcionarios.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
el Secretario de Transportes Ricardo Jaime, el Subsecretario Julio
Montaña y la empresa concesionaria de Ferrocarriles Metropolitano
fueron denunciados ayer ante la Justicia Federal por el pago de sobreprecios
en la compra de quince locomotoras. La presentación fue realizada
ante el Juez Federal Jorge Urso por el abogado Juan Carlos Iglesias,
domiciliado en la calle Tucumán Nº 1424, 4º Piso, Dto. "A"
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien pidió que se investigue
si se cometieron los delitos de "fraude en perjuicio de la administración
pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho
y malversación de caudales públicos".
Todas estas denuncias y otras muchas mas,
se ratificaron, y quedaron detenidas en esa situación, sin que se
ordene medida alguna investigativa ni de procedimiento. Por otro lado,
diversas denuncias efectuadas hace años contra distintos funcionarios,
entre ellos el ex Presidente Carlos Saúl Menem, y varios funcionarios
de su gobierno, fueron reflotadas y hasta se solicitó captura internacional
en varias causas, en las que ni siquiera se puede probar la existencia
de un delito, por lo que es imposible que exista un supuesto "autor",
lo que indica una grave persecución política.
Haciendo un poco de historia, el origen de esta inseguridad,
caos y violencia que vive hoy el Pueblo Argentino, arranca a partir
del año 1976, por esos años, el hoy Presidente Néstor Kirchner, recién
recibido de abogado, era asesor legal de la financiera Finsud Sociedad
Anónima. Regía la circular 1050. "A partir de la 1050, y frente
a la imposibilidad de mucha gente de pagar los créditos asumidos con
instituciones financieras, Kirchner operaba comprando esos créditos
desde una posición privilegiada -la de asesor legal de la financiera-,
lo que le permitió adquirir varias viviendas y engrosar el número
de propiedades que antes había heredado de su padre y su abuelo".
Terminada la época de la circular 1050, una de las
"tácticas" de Kirchner, era otorgar créditos hipotecarios
a agricultores y ganaderos que el mismo financiaba, luego enviar a
sus "sicarios" a quemar cosechas y envenenar ganado, lo
que impedía que se puedan cumplir con las obligaciones hipotecarias,
terminando el por quedarse con las propiedades en garantía. Un caso
especial. es el de Santiago Nahuelcura y
de su primo Francisco Nahuelcura, quienes perdieron todas sus tierras
que habían obtenido mediante el sacrificio de muchos años de trabajo.
La hija del primero, Lorena Alejandra Nahuelcura, quiso defender a
su familia, en su carácter de periodista independiente, y fue amenazada de muerte, no solo ella, sino
también su esposo Pablo Maximiliano Tosco y sus hijos Federico Maximiliano
y Victoria Carolina, por lo que tuvo que abstenerse de escribir sobre
Néstor Kirchner y su gente, por temor a lo que puedan hacerle a su
familia.
La actividad de Kirchner tenía algún antecedente
familiar. En Los vengadores de la Patagonia Trágica, Osvaldo Bayer narra que alrededor
de 1920, cuando los obreros de la Patagonia realizaron boicots
contra los propietarios y comerciantes que hostigaban a los trabajadores,
el nombre de Kirchener, el abuelo de Néstor, era conocido en la Patagonia por su condición de usurero.
En los quince años que configuran sus tres gestiones
de gobierno, Kirchner acompañó todas las privatizaciones del menemismo,
especialmente las de YPF y Gas del Estado. Su aprobación silenciosa
se deslizó en medio del regateo de alguna participación en el negocio
del Supe (a la que estaba vinculado) y de
algún porcentaje menor para la provincia.
Coherentemente, los representantes del PJ santacruceño
dieron su aval en las cámaras a las leyes de privatización, incluido
el quórum cuando se aprobó el marco regulatorio de la privatización
del gas, que tantas penurias ocasionó a los pobladores de la Patagonia.
Por eso, a pesar de sus intentos por diferenciarse,
el fantasma de Menem lo persigue, por ello lo combate abiertamente.
Del mismo modo que Menem, Kirchner hizo una reforma constitucional
para ser reelecto en dos oportunidades. "El ex gobernador hace
cualquier cosa por el poder. Es personalista, autoritario y desprecia
la institucionalidad. La justicia provincial es manipulada por el
poder político y el legislativo está subordinado a él", escribieron
en una nota los periodistas Nicole Saffie y Rodrigo Cuevas.
Kirchner,
que aspira a encarnar otro capítulo de la renovación peronista, aumentó
de tres a cinco el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia
y llenó los cupos con jueces ligados a su partido. Lo mismo hizo con
el nuevo presidente del organismo, al tiempo que el cargo de procurador
general fue suprimido, a pesar de que se suponía inamovible. Su actual
discurso nacional y popular tampoco pudo borrar la polémica decisión
de depositar en algún lugar, todavía ignorado, entre 600 y 1000 millones
de dólares de reservas del distrito provenientes de regalías petroleras
y de la venta de acciones de Repsol-YPF. La diferencia entre las cifras
se debe a que nadie sabe a ciencia cierta el monto exacto ni qué se
hizo con esos recursos.
Ese dinero surgió de un juicio por regalías mal liquidadas
que la provincia le ganó al Estado nacional y que había sido iniciado
por el anterior gobernador, Arturo Puricelli. Kirchner ingresó parte
de esos fondos al presupuesto provincial, pero nunca se pudo establecer
el monto preciso a través del Tribunal de Cuentas, organismo que siempre
tuvo control oficial por simple mayoría.
La decisión de depositar dinero público en el exterior
tuvo curiosas argumentaciones. "Fue para salvar la plata del
corralito", adujo uno de los voceros del gobernador, Miguel Núñez,
alardeando de una información de la que carecieron miles de ahorristas.
Sin embargo, sus críticos señalan que ese dinero fue sacado del país hace
ocho años. "Desde 1995 que no hay ni un solo informe que diga
qué pasó con esa plata. Kirchner no da cuentas a nadie".
En otro orden de cosas, el denominado "caso
Espinoza", también involucra a Néstor Kirchner, en delitos gravísimos.
El
Señor Raúl (Cacho) Espinoza, comenzó a trabajar en la Empresa Conarpesa
S.A., llegando a ocupar el cargo de Vicepresidente. Luego Espinoza
se retira de la Empresa y funda la "Pesquera San Isidro Sociedad
Anónima", comenzando una rivalidad y competencia que siguió hasta
la muerte de Espinoza, victima de homicidio. La primera esposa de
Espinoza, cede los derechos que tenía de la firma San Isidro S.A.,
a Juan Álvarez, y luego dichos derechos son adquiridos por Héctor
Antonio, quién además habría ofrecido comprarle su parte a la Señora
Lorena Gabarrus, (segunda esposa de Espinoza) y testigo de su muerte,
hecho ocurrido el 30 de enero del 2003 alrededor de las 21;45
horas, frente a la casa de sus suegros en la calle Lewis Jones Nº
140 de Trelew. Como se dijo, uno de los testigos de este hecho, fue
su esposa, embarazada de cuatro meses de mellizos, quien alcanzó a
ver por la ventana de la vivienda el ataque contra su marido.
De acuerdo a lo que declaró la mujer ante los investigadores,
en ese momento una persona lo llamó por su apodo y cuando el empresario
giró y lo miró cara a cara, el hombre lo atacó con un arma.
Lorena Gabarrus
manifestó: “no sólo Conarpesa contribuyó para Kirchner. Más aún, Espinosa
accedió a los pedidos de aporte de dos hombres ligados al Presidente.
Y, por si fuera poco, a instancias de ellos, el empresario llevó a
pasear en su barco a Julio De Vido, actual ministros de Planificación
Federal, en medio de las presuntas entregas de dinero a los recaudadores
de campaña”. Según Gabarrus, Rudy Ulloa, chofer de Kirchner, y Claudio
Uberti, (Director el Organismo de control de Concesiones Viales (OCCOVI),
área que controla De Vido), gestionaron el pago, (todo esto obra en
el expediente sobre el homicidio de Espinoza).
Por
declaraciones coincidentes, efectuadas por: Lorena Nahuelcurá; Nicolé
Saffie; Rodrigo Cuevas; Bernardino Zaffrani; Daniel Gatti y Roberto
Petroff, (quienes oficiaron de "informantes" y seguros testigos
que desde ya ofrecemos), el día 22 de enero del 2003, se reunieron
en el Hotel Rayentray de San Martín y Belgrano, Trelew (Tel. 02965-434702),
los señores: Fernando Álvarez Cornejo, (presidente de Cornapesa S.A.);
Enrique Eskenazi, (empresario); Gaith Rashad Pharaon, (financista
árabe); y Julio Miguel De Vido (quién concurrió junto con Igor Rudy
Fernando Ulloa y Claudio Uberti), unos días después, el 30 de enero
del 2003, asesinan al titular de la Pesquera San Isidro S.A., Raúl
Espinoza (nadie investigó esto, a pesar de haberse hecho público).
Según surge de la causa por homicidio de Raúl Rubén
Ezpinoza, al llegar este a su domicilio con Lorena Gabarrús su segunda
mujer, descendió del vehículo y cuando se disponía a cerrar el portón
una persona lo llama diciendo “che Cacho”, se escucha una detonación
y Espinoza se le tira encima. El homicida fue identificado por Lorena
Gabarrus, luego de ser detenido, como José Domingo Segundo.
En el lugar se encontró una billetera que cayó en
el forcejeo que llevó a la investigación a detener también a José
Remigio Guevara, custodio de Fernando Álvarez, Presidente de Conarpesa.
También se encuentra acreditado en la causa que Bustos vendió el arma
homicida a Guevara y José Domingo Segundo y también se encuentra acreditado
que Guevara y Conarpesa habrían pagado el pasaje y el Hotel a otras
tres personas que tuvieron que ver con la organización del crimen:
1) Un señor de nombre Ojeda, que en realidad se llamaba
Ademar Araujo 2) Dos hermanos de apellido Morales que acompañaban
al falso Ojeda, cuyo nombre real es Ademar Araujo, alias Daniel. A
fojas 36/38 de la causa el dueño del Hotel La
Posta relató a la instrucción la circunstancias en
que conoció a Guevara, Araujo (Ojeda) y a los hermanos Morales que
se alojaron en el Hospedaje, A fojas 42/45, Leonida Goñi relató como
levantó la billetera que estaba caída al lado de
Espinosa.
A fojas 97/98, obra la declaración de un testigo
acerca de cómo Segundo junto a Guevara
compraron un arma a Bustos.
A fojas 167/168 obra el testimonio de Martín Balladares
que es quién observó en primer lugar la billetera al lado del muerto.
A fojas 401/ 402, se encuentra las ordenes de allanamiento
y secuestro al Banco Francés con que Conarpesa pagó la cuenta del
Hotel.
A fojas 419/420 y 422 obran las constancias de allanamiento
y secuestro a Conarpesa.
A fojas 502/510, el 24 de febrero del 2003 el Juez
ordena el procesamiento de: José Domingo Segundo: el que disparó.
José Remigio Guevara, custodio del Presidente de
Conarpesa: el que organizó (coautor) Decretó falta de mérito a Bernardo
Bustos respecto del homicidio pero determinó su procesamiento por
tenencia ilegal de armas de guerra. A su vez, e inexplicablemente
dejó sin efecto la orden de salir del país de Fernando Álvarez, Presidente
de Conarpesa.
Se encuentra plenamente acreditado en el expediente
que el pasaje de Araujo lo pagó Conarpesa, que el Hotel lo pagó Conarpesa
a través de Guevara y que Guevara oficiaba como secretario y custodio
de Fernando Álvarez.
Una comisión policial viaja a Morón y se determina
que en realidad Ojeda tiene el nombre de Ademar Araujo, detenido este
reconoce haber estado en Madryn, que las otras dos personas se llamaban
Víctor y Manuel y señala que en realidad el no amasijo a Espinosa,
sino que fue un hermano suyo de nombre Daniel, a quién
sindicó como comprometido en el tráfico de drogas.
Hay que señalar que el alias de Araujo es Daniel.
También esta plenamente acreditada en autos:
1) Que Espinosa había trabajado en Conarpesa, e incluso
ejercido la vicepresidencia.
2) Que después conformo junto a Roca y Smith una
nueva empresa llamada San Isidro S.A.
3) Que la enemistad era manifiesta entre los Álvarez
y Espinosa y que incluso otros hijos de Juan Álvarez le había avisado
que lo quería matar. Pese a todo ello llevados los autos a la Cámara, esta ordenó
la libertad de Guevara y Ademar Araujo. Nunca se ha visto que con
tantas pruebas haya tanta impunidad.
A partir de allí se empiezan a suceder y a excusar
trece Jueces, lo que habla a las claras de presiones y miedos para
seguir la causa hasta el final.
2.B. Todas las pruebas conducen a Conarpesa y a los
Álvarez, en efecto, la participación de Guevara, pasajes pagados por
Conarpesa a Araujo, el pago del Hotel con cheques de Conarpesa del
Banco Francés, la enemistad manifiesta y la intención de los Álvarez,
y no sólo de los Álvarez, de quedarse con San Isidro. El móvil del
crimen parece demasiado obvio. Los Álvarez trataban de quedarse con
Pesquera San Isidro. Espinosa daba pelea y sabía demasiadas cosas
porque había sido vicepresidente de Conarpesa.
A fojas 266 de la causa, obra un acuerdo firmado
por Álvarez con la primera esposa de Espinosa para que ella ceda sus
derechos sobre las acciones de San Isidro, recién ahora se ordenó
la captura de lo que era obvio en febrero del 2003, cual es la implicación
de Álvarez padre e hijo en el asesinato.
2.C. Conarpesa y Héctor Antonio
La clara implicación de Juan y Fernando Álvarez en
el crimen lleva a la siguiente pregunta:
¿Eran los hermanos Álvarez los que querían quedarse
con San Isidro? Porque, si este, de acuerdo a la causa, sería el móvil
más razonable del crimen o hay alguien más. La respuesta y línea de
investigación surge de la misma causa, cuando a fojas 265 obra una
nota remitida por Juan Álvarez, en un papel cuyo membrete figura a
un extremo Pescafina y al otro extremo Conarpesa, a Ignacio Pesquera,
consejero delegado de Pescafina hablándole que respecto del tema Cacho
se podría llegar a un acuerdo con Alicia Martínez para que esta ceda
sus derechos a cambio de U$S 3.800 mensuales, cuyo acuerdo se acompaña
(fojas 266).
Como vimos hay muchísimos datos que hablan del manejo
comercia y del eventual control definitivo sobre Conarpesa por parte
de Pescafina y es por eso que es preciso hablar de una persona ligada
a Pescafina que es Héctor Antonio. Héctor Antonio figura en la pagina
oficial de Internet de Conarpesa como representante comercial de la
misma, con domicilio en Salguero 2731, la misma dirección de Pescafina.
Lorena Gabarrus, segunda mujer de Espinosa, ha confirmado
el llamado insistente de Héctor Antonio para comprarle la parte de
sus hijos mellizos en Pesquera San Isidro. En consecuencia, a partir
de la constatación de que uno de los móviles del crimen es el apoderamiento
de Pesquera San Isidro es necesario encaminar la investigación hacia
los verdaderos interesados en quedarse con San Isidro.
La separación de tantos Jueces (trece) la actuación
inexplicable de la
Cámara nos recuerdan otros procesos judiciales donde
la mecánica fue lograr apartamientos de Jueces para trabar y embarrar
la cancha, recuérdese sino el sinnúmero de jueces que pasaron en la
causa Operación Langostino, y en consecuencia la investigación de
la vinculación económica entre las empresas es un camino donde debe
avanzarse inevitablemente.
Documentación: se acompañan en anexo "F"
fotocopias de las partes principales del expediente.
Conarpesa
S.A. es una Empresa pesquera con planta en Puerto Madryn. Domicilio
en Salguero 2731, capital federal. Fundada por Juan Álvarez Cornejo
y su actual es Fernando Álvarez Castellano.
Álvarez tiene además otros hijos radicados en España
y numerosas empresas en el mismo país. Exporta merluza y langostino
Pesquera San Isidro S.A.
Formada por ex empleados y directores de Conarpesa
y cuyas principales cabeza eran Raúl Espinoza, Smith y Roca. Pescafina
S.A.
Empresa dedicada a la importación y comercio mayorista
de pescado. Entre sus funcionarios figuran Héctor Antonio, Jaime Antonio
e Ignacio Pesquera.
Mantiene relaciones comerciales desde siempre con
Conarpesa, que es su conexión comercial y hay indicios que actualmente
controla Conarpesa a través de Pescafina Argentina.
La española fue adquirida por el Grupo Pescanova.
Raúl “Cacho”
Espinoza, era uno de los dueños de Pesquera San Isidro. Comenzó
trabajando como marinero en Conarpesa y llegó a ser Vicepresidente
hasta que se separa y funda Pesquera San Isidro. Asesinado en Puerto
Madryn el 30 de enero del 2003.
Juan Álvarez Cornejo Español, fundador de Conarpesa
y padre de Fernando Álvarez Castellano. Tiene varios hijos más radicados
en España. Con orden de captura y prófugo de la Justicia Fernando Álvarez Castellano Presidente
de Conarpesa. Con orden de captura y prófugo de la Justicia.
Héctor Antonio
Integrante de Pescafina, que es el contacto comercial de Conarpesa.
Alicia Martínez
Ex mujer de Cacho Espinoza.
Lorena Gabarrus
Concubina y madre de mellizos de Cacho Espinoza.
José Domingo
Segundo Personaje marginal de Puerto Madryn. Detenido como
autor del crimen de Espinoza
José Remigio
Guevara. Secretario y custodio de Fernando Álvarez Castellano,
sindicado como coautor y organizador del asesinato de Espinoza. Falta
verificar si efectivamente actuó como custodio de Eduardo Auguste,
subsecretario de Pesca de la Nación durante la Presidencia de Menem
que se suicidó en el año 2000, militante en los 70 de la CNU y ligado a grupos de la derecha
peronista en Mar del Plata. Trabajaba desde hace ocho meses con Fernando
Álvarez.
El 24 de marzo del 2004, la Sala "B" de
la Cámara de Apelaciones, por Expediente Nº 19257/04, resuelve decretar
la nulidad de varias resoluciones judicial, por lo que queda sin efecto
la captura que pesaba sobre los Alvarez.
El
abogado Emilio Galende, quién se siente "estafado" por su
cliente, Fernando Álvarez Cornejo, estaría dispuesto a declaran ante
un Juez, sobre los manejos de la Empresa Conarpesa S.A., adelantando
que la tercera parte de las acciones de dicha firma, pertenecerían
al actual presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, por intermedio
de sus testaferros Claudio Minnicelli (DNI Nº 17.049.205) y Ricardo
Jaime (DNI Nº 7.779.715), habiendo intervenido en la cesión de cuotas
sociales de la Empresa a favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner, el escribano Ángel Alfredo Bustos.
El 3 de febrero del 2004 la Doctora Beatriz Susana
Carballal, Documento Nacional de Identidad Nº 10.968.617, con domicilio
legal en la calle Onas Nº 464 de la Ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, quién se desempeñaba como directora de la Dirección Regional
de la Aduana en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, fue "separada"
de su cargo, cuando solicitaba que se ampliara una investigación sobre
la firma "Conarpesa Sociedad Anónima", ante presunciones
de operaciones ilegales. Tenía 20 años de carrera y llevaba 8 en el
cargo.
Néstor Carlos Kirchner recibió, por parte de la mayoría
de las pesqueras del Sur, "aportes" para su campaña electoral,
recaudados principalmente por el arquitecto Julio Miguel De Vido,
titular del Documento Nacional de Identidad Nº 8.186.471, de 55 años
de edad, domiciliado en la calle Mitre Nº 894 de la Ciudad de Río
Gallegos, Provincia de Santa Cruz; el "chofer" de Kirchner
Igor Rudy Fernando Ulloa, titular del Documento Nacional de Identidad
Nº 18.723.762, domiciliado en la calle 25 de Mayo Nº 83 de la Ciudad
de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; y Claudio Uberti, titular
del Documento Nacional de Identidad Nº 13.178.794, de 47 años de edad,
domiciliado en la calle Pasteur Nº 1025 de la Ciudad de Río Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, aunque estos aportes no figuran en la declaración
presentada ante la justicia electoral.
El 26 de noviembre del 2002, el empresario Raúl Espinoza,
dueño de la pesquera San Isidro Sociedad Anónima, quién aportó, a
pedido de los nombrados en el párrafo anterior, una fuerte suma de
dinero a la campaña de Kirchner, "invitó" al Arq. Julio
Miguel De Vido, junto con su familia, a "pasear" en su barco
por la costa de Puerto Madryn, a efectos de "conversar"
sobre presuntas irregularidades que cometía la empresa Conarpesa Sociedad
Anónima. Dos meses después, Espinoza vio como Kirchner era paseado
por los empleados de Conarpesa en un acto de campaña en Puerto Madryn.
Luego de ello, Espinoza se acercó a la Diputada Elisa Carrió, en un
viaje que esta realizaba por el Sur del País, y le contó lo que sabía
sobre la empresa Conarpesa y las demás empresas sobre los aportes
a la campaña de Kirchner. El 30 de enero del 2004, un hombre, que
luego se prueba pertenecía a la Empresa Conarpesa, asesina al empresario
Espinoza en la puerta de su domicilio. Tras una "complicada"
investigación, y varios jueces de por medio, se detuvo al autor material
del hecho, Domingo Segundo, y el Juez José Eduardo Meani, solicita
la captura internacional de los titulares de Conarpesa, Juan Álvarez
Cornejo y Fernando Álvarez Castellanos. A fines de marzo del 2004,
y presiones mediante del hoy Ministro De Vido, la Cámara de Apelaciones
Instructoria, de Trelew, Sala "B", dicta la resolución Nº
29/04, en los autos caratulados "Espinoza Raúl s/ Homicidio",
exp. 19257/04, declarando la nulidad del auto de fs. 2522 y vta.,
lo que hace caer la captura dispuesta por el Juez interviniente.
Espinoza, jamás podrá reclamar los "dividendos"
de sus aportes, pero ¿que favores estarán reclamando los aportantes
vivos?. Alguna respuesta ya hay, la resolución 29/04, Conarpesa
ya sabe que el gobierno, no olvida los favores.
El abogado Ricardo Daniel Echegaray, titular del
Documento Nacional de Identidad Nº 17.478.633, domiciliado en la calle
Lago Viedma Nº 835 de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz, quién participó activamente en todos los "negocios"
de Julio De Vido, Rudy Ulloa, y Claudio Uberti, fue desplazado de
los cargos que le había dado por su actuación, lo que lo convirtió
en un "arrepentido" que quiere encontrar la forma de vengarse,
sin correr graves peligros, estaría dispuesto a declarar ante un juez
de Buenos Aires, ya que el temor es que lo tenga que hacer ante alguno
de Santa Cruz, (se ignoran los motivos que tiene).
La situación real imperante hoy en la República Argentina,
es un estado de inseguridad, caos, violencia, que se puede palpar
en las siguientes notas periodísticas:
Estos son algunos titulares de diarios aparecidos en los últimos
días: "Constitución fue durante 5 horas de los piqueteros";
"Quebracho atacó la sede del Ejército"; "En Isidro
Casanova, destrozan un boliche por un crimen"; "Secuestran
a un empresario y muere de un paro cardíaco en el partido de Avellaneda".
En Constitución, igual que en la toma piquetera de los peajes, la
policía se limitó a observar sin intervenir, por orden del Gobierno.
Frente a la sede del Ejército, el único que resultó herido fue un
policía. En Isidro Casanova, el papel pasivo de la policía se confirmó
con el incendio de un patrullero. En Avellaneda, el empresario Salvador
Perri, a quien le habían practicado un doble by pass, murió en tanto
la policía, que estaba informada de su situación, se abstuvo de actuar
siguiendo instrucciones "porque había un rehén".
Estos cuatro episodios de violencia tienen un rasgo en común: la
ausencia policial. No son, por otra parte, aislados: ocurren casi
cotidianamente. En las sociedades bien ordenadas, lo habitual es que
la policía controle las calles con prudencia y firmeza, en el marco
de la ley. En la Argentina, la ausencia policial ha dejado las calles
a merced de los violentos.
Los obispos argentinos advirtieron este viernes que la
situación que vive el país por la profunda crisis económica, "amenaza
con derivar en una anarquía social de imprevisibles consecuencias"
y señalaron que la nación "corre el peligro de quedar paralizada".
Así lo indicaron en una declaración difundida al
término de una reunión de tres días de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Argentina, en la que también se menciona el
endiosamiento de los mercados financieros.
El Periodista Javier Ignacio Pérez Gallart, escribió
lo siguiente: Esto sucedió en 1999. Hay veces que los hechos superan
las palabras . Pero la palabra es el único lugar desde el cual
podemos denunciar la realidad que tiene como potenciales víctimas
a cualquiera de nuestros hijos.
Pobladores de la localidad de Koluel Kaike ampliaron ayer su denuncia
contra el gobernador Néstor Kirchner, y el empresario Carlos Bulgheroni,
por la contaminación con metales pesados de napas acuíferas.
Los pobladores se presentaron como querellantes en una causa en trámite
que investiga la contaminación ambiental de la región.
La causa, radicada en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, es
la que derivó la semana pasada en una querella penal contra Kirchner
(por los presuntos delitos de "encubrimiento, abandono de personas
y violación de los deberes de funcionario público") y de Bulgheroni
(por las supuestas figuras de "envenenamiento de suelos, aguas
y medio ambiente en general y como probable autor, partícipe o encubridor".
La primera presentación fue el 26 de junio pasado y la ampliación
ayer, a cargo del abogado de los presuntos damnificados, Omar García
Camed.
Los cinco habitantes de Koluel Kaike que se presentaron ayer como
querellantes ante el juzgado federal de la magistrada Eva Parcio,
denunciaron que pese a una promesa oficial sobre la realización de
un programa de estudios toxicológicos, control del aire, suelos y
aguas, esos análisis no fueron llevados a cabo.
"Se tomaron muestras de orina de 11 pobladores, elegidos al
azar, para detectar valores inusuales de excreción de fenoles, derivado
del benceno", dijeron los denunciantes.
Pero "los resultados de esos nuevos estudios jamás fueron exhibidos
por las autoridades", se quejaron, al tiempo que deploraron los
argumentos de algunos funcionarios a los que no identificaron.
Según la denuncia, en marzo pasado "se agregaron al expediente
unos 'protocolos' solicitados en agosto de 2000, que contienen una
suerte de 'historia clínica' de los pobladores, realizada por la Subsecretaría
de Salud Pública de Santa Cruz, junto con personal del Hospital de
Pico Truncado".
El abogado García Camed dijo que "no se practicaron estudios
de sangre y orina a los pobladores, sino que se los sometió a una
encuesta sanitaria en la que sólo constaban sus hábitos y las características
del lugar en el que viven".
La ampliación de la denuncia contra Kirchner y Bulgheroni
reclama los procesamientos para ambos y la aplicación de una "pena
ejemplificadora".
MADRID.- A punto de dejar España para regresar a
la Argentina, el embajador Abel Parentini Posse, que representó aquí
al presidente Eduardo Duhalde y al actual jefe del Estado, Néstor
Kirchner, advirtió que el país "está al borde de la anarquía".
Enfatizó que eso se debe, en buena medida, a que
el Gobierno falla "en la esfera del orden público", valor
primordial en países civilizados.
El embajador Posse es autor de ensayos y novelas
y fue galardonado con importantes distinciones, entre ellas, el premio
Rómulo Gallegos. Como intelectual ha sido definido por un pensamiento
nacionalista, ajeno a las concepciones económicas dominantes en la
Argentina en los años noventa.
Posse advirtió que la situación argentina genera
"una preocupación muy seria" en España, donde los inversores
pasaron de reclamar seguridad jurídica a pedir "que no le quemen
la empresa". A su juicio, el dato positivo es que esta situación
no se percibe aún como "permanente", pero que las consecuencias
serían "graves" de ocurrir lo primero o si la percepción
se agudiza, advirtió en una larga conversación con LA NACION (efectuada
días antes de los incidentes que se produjeron ayer en Tucumán), de
la que a continuación se reproducen párrafos centrales.
"En los países civilizados no se puede imaginar la disolución
de la república como padecemos. Imposible imaginar a gente encapuchada
con palos durante varios días para la noción de orden de Estado que
hay en los países normales", dijo Posse.
La semana que pasó del Lunes 12 al Viernes
de Julio fue realmente una semana trágica. No murió nadie,
todavía, pero hubo 7 heridos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires y serios destrozos en el magnífico Palacio del Consejo Deliberante,
uno de los orgullos arquitectónicos de nuestra Ciudad, incluyendo
sus puertas de roble tallado cuya reparación o reemplazo, en esta
hora de triunfo del socialismo igualitario y de la roña entronizada,
será difícil sino imposible.
Este ataque fue una muestra de la alianza "natural"
-si es que puede llamarse así- que existe entre la izquierda, los
agitadores "piqueteros", la prostitución, el homosexualismo,
el "hippismo" disfrazado de "artesanía", el gobierno
"montonero" y la violencia.
Ellos son el submundo social, no porque sean pobres,
sino porque no respetan ninguna de las reglas sobre las cuales se
asienta la vida social. Son transgresores por gusto y por deliberación
y sólo no matan (todavía) porque temen que en ese caso la respuesta
de la sociedad puede resultarles muy inconveniente.
Los "piqueteros" a sueldo de sus líderes
(que éstos pagan con fondos provistos abundantemente por el gobierno),
son tropa de choque usada como ariete que va y viene, apuntado contra
las puertas de la civilización. El gobierno es su cómplice necesario
porque si no impidiera a la Policía cumplir con su deber las continuas
agresiones "piqueteras" habrían cesado.
Según reveló la semana pasada el comisario Cayetano
Greco titular de la Comisaría 24, de la Boca, tomada por los piqueteros
supuestamente "blandos", el Subsecretario de Protección
Civil José María Campagnoli le prohibió desalojarla por la fuerza
y detener a los ocupantes. Esa denuncia incorporada al sumario penal,
confirma la que efectuara anteriormente la Jueza en la Criminal Dra.
María Angélica Crotto. ("Clarín" 16/7/04, pag. 12).
A pesar de la gravedad de esta denuncia el Ministro
Beliz y el Presidente Kirchner ratificaron lo actuado por Campagnoli
quien desde luego continúa en su cargo con aquel irónico nombre de
Subsecretaria de Protección Civil. Me acuerdo de haber leído hace
unos días en el diario que Campagnoli es saludado alborozadamente
por los piqueteros quienes le llaman "compañero". Al parecer
pertenece al equipo de "ex-montoneros" adueñado del gobierno.
Aún después del "salvaje ataque a la legislatura
porteña", como lo califica la tapa del "Clarín" del
17/7/04, el gobierno reiteró que no reprimirá las manifestaciones
callejeras. Decir esto como conclusión de un atentado delictivo como
el que ocurrió el pasado 16 de Julio, excede la simple inoperancia
y podría entrar en la figura de complicidad criminal, de omisión de
denuncia y obstrucción de la Justicia, entre otros.
El mensaje que el gobierno envía a la población es
claramente subversivo y provocativo de una reacción de autodefensa,
único camino que le va quedando a las víctimas
de los atentados. Esto fue lo que ocurrió en la Legislatura, por ejemplo.
Privados de toda protección por parte de las fuerzas públicas, inhibida
por orden del gobierno, los empleados y funcionarios tuvieron que
defender ellos solos el edificio y su integridad física, con poco
éxito porque hay siete heridos entre ellos y los destrozos son innumerables.
Hace rato que vengo analizando en este periódico
la embestida "piquetera" provocada por, y asociada a, la
izquierda y socia de toda causa inmoral que se promueva en el país.
No hace mucho, piqueteros y homosexuales se unieron para dañar la
Catedral de Buenos Aires y escribir blasfemias en sus paredes y columnas.
También he dicho en este periódico hace tiempo que
los "escraches", otras de las tácticas "piqueteras",
son una forma de terrorismo a la luz del día y un prolegómeno de los
homicidios que sin duda están en su programa, como lo han probado
los linchamientos de Perú y Bolivia
Me temo que éste sea el próximo paso de la revolución
social en la que están embarcados conjuntamente el gobierno, la izquierda
y el "piqueterismo".
Si alguien se atreviera a enfrentarlos esa asociación
ilícita tripartita puede elegir, como sistema represivo, usar las
cárceles o recurrir al "escrache". Ambas formas tiránicas
de represión están en su poder. La menos costosa políticamente y probablemente
la más funcional para el plan revolucionario pueden ser los "escraches".
¿En qué consisten? Un grupo de "piqueteros"
dirigidos por izquierdistas entrenados y condimentado con la presencia
de homosexuales, de prostitutas y de otros fuera de la ley, ocupa
el frente del domicilio particular de la víctima y la hostiliza de
diversas maneras agresivas, humillantes y destructivas.
La víctima y su familia son sitiadas en su casa.
Si es un edificio de departamentos los vecinos de los otros pisos
sufrirán análoga hostilidad. Si la víctima pretende salir es agredida
y en tal caso puede ser que se defienda de la única forma que un individuo
aislado puede defenderse de una multitud encabezada por enmascarados
portadores de garrotes mortales. Esa única forma es mediante armas
de fuego.
Sin embargo, la prudencia recomendaría no hacerlo
ya que si hiriera a algunos de los agresores iría preso y no encontraría
un juicio justo. Gobierno y jueces estarían aliados para considerarlo
como agresor (aunque fuera evidente que no lo es) ya que están empeñados
en eximir de toda responsabilidad a los "piqueteros".
Si la víctima resolviera quedarse en su casa lo más
probable es que el sitio continúe por largas horas y en días consecutivos,
dejando como saldo el frente de la casa arruinado, la vía pública
convertida en basural o peor, en letrina, y la paz del vecindario
profundamente alterada. La victima deberá salir y entrar cuando pueda
y los vecinos terminarán por obligarlo a mudarse de casa para evitarse
ellos mismos la desagradable situación. Que los vecinos ayuden a esa
pobre persona a defenderse, es muy poco probable. La cobardía se ha
convertido en una característica de muchos argentinos.
La vida de esa persona quedará convertida en un infierno
y pasará a ser un muerto civil, agredido impunemente, abandonado por
sus vecinos y desamparado por el gobierno.
¿Qué distancia hay entre la agresión del "escrache"
y un asesinato? En el ánimo de los agresores muy poca. No tengo dudas
que si la víctima resolviera enfrentarlos la matarían sin escrúpulos
alegando defensa propia, tesis ésta que el gobierno cómplice y algún
juez injusto estarían dispuestos a aceptar sin hesitar.
Para más datos, la Dra. Argibay, cuyo acuerdo para
integrar la Corte acaba de ser otorgado por el Senado, además de abortista
y atea militante, es apologista de los atropellos piqueteros.
En un reportaje a "Página 12" dijo: "La
gente está enojada porque los piqueteros dificultan el tránsito, los
taxistas se quejan porque no pueden circular. Todo eso es válido,
pero hay que ver cómo obstaculizan el tránsito otros que no son considerados
piqueteros pero que tienen una serie de privilegios, con lo cual no
se cumple la igualdad ante la ley, un principio fundamental de la
Constitución".
("La Nación" 19/7/2004 pag. 5) La leyenda
es que los "piqueteros" son desocupados. Falso. Los jefes,
son agitadores bien provistos de las mil prebendas de que goza la
izquierda; y los que marchan cobran en especie y en dinero que les
pagan ese jefes como "subsidios"
para los jefes de hogar. He publicado hace unos diez días la carta
de un lector que fue invitado a hacerse "piquetero" en la
que se confirma el carácter rentado del "piqueterismo".
Una cuestión relevante dice de la relación con el ejercicio de la
soberanía. El poder inherente a la soberanía está radicado en la nación,
es decir, en un conjunto de individuos que, organizados social y civilmente,
tiene sobre sus hombros la responsabilidad de asegurar el funcionamiento
armónico de todos sus integrantes, procurando la satisfacción de todas
sus necesidades bajo la perspectiva y orientación del bien común.
El protagonismo en este ámbito recae sobre las autoridades
elegidas por el pueblo, que tienen como obligación fundamental defender
la democracia asegurando los derechos establecidos por la Constitución
Nacional y las distintas Leyes que protegen al individuo. Estos derechos
son violados por el Estado, persiguiendo inocentes e ignorando denuncias
formales efectuados en el marco legal, que afectan a integrantes del
Gobierno.
Desde
luego identificamos como víctimas de violación a los derechos humanos
a todas las personas que forman parte del universo de los perseguidos
políticos, de los reclaman por justicia que no tienen, de los indefensos
que se individualizan en nómina adjunta, todos los cuales se encuentran
privados del amparo que debería darles la justicia. Por último, tiene
la calidad de víctima toda la sociedad civil, en la medida que la
sola existencia de inaplicabilidad de las leyes, constituye un agravio
social que afecta los cimientos de un estado de derecho democrático
y el principio de igualdad ante la ley.
Los hechos descritos configuran una violación de
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales universales
y regionales. Esta violación de derechos humanos tiene un carácter
institucional y constituye un obstáculo para el desarrollo de una
sociedad política fundada en un estado de derecho que sea expresión
de un estatuto jurídico que responda a los estándares universalmente
aceptados bajo la concepción del debido proceso, del principio de
igualdad ante la ley y de la separación de los poderes del Estado.
El preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos alude a uno de sus objetivos esenciales al consagrar los derechos
esenciales de la persona humana, se trata del compromiso expreso por
consolidar en la región una institucionalidad democrática fundada
en un régimen de libertad personal y de justicia social.
III.- DECLARACION JURADA DE NO HABER PRESENTADO
ESTA DENUNCIA ANTE OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL: Declaramos bajo juramento no haber
iniciado ningún reclamo ni denuncia por el mismo objeto, por ante
otro Organismo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos ni
en el Continente Americano ni en el Europeo. Todo ello a los efectos de no incurrir en
duplicación de Procedimientos.
IV.- PETITORIO: Por lo expuesto, a la Comisión solicitamos:
a)
Tener por presentada denuncia en contra del Estado Argentino
por violación de los derechos humanos establecidos en la Convención
Americana, por la inexistencia de un estado de derecho que nos permita
vivir dignamente, por la falta de igualdad ante la ley, el derecho
a la libertad personal, y el derecho a la protección judicial, a los
denunciantes y a las victimas cuya nómina parcial se adjunta en Anexo
"A".
b)
Se cite a una audiencia pública en la sede de esa Comisión a fin de
ampliar y aclarar todo lo aquí detallado.
c)
Solicitamos acoger esta denuncia a tramitación y en definitiva acogerla
declarando que el Pueblo Argentino es víctima de violación a sus derechos
humanos. Que están siendo tratados injusta y discriminatoriamente.
d) Solicitamos se notifique y se exhorte al Estado
de Argentino para que adopte las medidas para regresar al estado de
derecho, es decir el respeto por las leyes que nos deberían regir,
que adopte las medidas legislativas en orden a establecer una normativa
que garantice de manera plena el debido proceso.
e)
Oportunamente se eleven las presentes actuaciones a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica para la prosecución
de la causa por ante ese Tribunal.
Provéase de conformidad
que
SERÁ JUSTICIA.-
