24-08-01
Nos llego de una fuente el siguiente texto Sobre un Plan de Gobierno de Carlos Menem. Publicamos sin abrir Jucio de valor-.
"Es absolutamente imprescindible
otorgar carácter definitivo e irreversible a la paridad cambiaria entre la
moneda Argentina y el dólar estadounidense. Esto implica profundizar el camino
iniciado con la convertibilidad y avanzar hacia la dolarización de la economía
Argentina".
LINEAMIENTOS
GENERALES
La
gravísima crisis que atraviesa hoy la Argentina no es un rayo en una noche
estrellada. En el transcurso del año 2000, la economía mundial creció a un
ritmo superior al 5 %, que fue el ritmo de expansión más acelerado de los últimos
dieciséis años. En ese mismo lapso, la Argentina fue el único país emergente
que no creció. Más aún: en ese período, la economía Argentina contrajo su
producto bruto interno en un 0,7%, que es una caída del 2% si se mide de enero
a diciembre.
Esa
performance negativa frustró la recuperación económica que se insinuaba en el
último trimestre de 1999, cuando el mundo superaba la crisis financiera
internacional desatada en junio de 1997 en el sudeste asiático, agravada en
agosto del 98 con la moratoria unilateral rusa y en enero de 1999 con la
devaluación del real, y la Argentina empezaba a salir de la recesión.
Esa
frustración de las expectativas de reactivación económica impactó
fuertemente en la situación fiscal. Porque la cuestión de la evolución del
gasto público y del equilibrio fiscal, así como la del volumen de la deuda
externa, no puede analizarse simplemente en términos nominales sino en términos
reales, en relación al tamaño de la economía. No puede desvincularse entonces
del crecimiento económico.
Cada
punto adicional del producto bruto interno argentino supone un mayor ingreso
fiscal de aproximadamente U$S 600 millones. Por eso, en 1991, el gasto público
primario (antes del pago de los intereses de la deuda) consolidado (nación,
provincias y municipios) ascendía al 29,2 % del producto bruto interno. En
1999, a pesar del aumento experimentado en el gasto nominal, esa proporción no
varió sensiblemente, ya que era del 30,2 % del PBI. En 1989, la deuda externa
Argentina ascendía al 92% del producto bruto interno. En 1999, era del 43%.
Hoy, a raíz del agravamiento de la recesión económica, con un producto bruto
interno menor, esa proporción se elevó a más del 50%. Esta aparente paradoja
se explica porque, a lo largo de la década del 90, la economía Argentina creció
más del 50%, lo que la convirtió en la década de mayor crecimiento económico
de los últimos setenta años.
Si
la Argentina hubiera crecido el año pasado un 4,4%, como estaba estimado en el
presupuesto nacional y en todas las previsiones de los organismos
internacionales y de las consultoras económicas especializadas, los ingresos
fiscales hubieran aumentado alrededor de U$S 2.400 millones. Y sí ese ritmo de
crecimiento se hubiera mantenido a lo largo de todo el 2001, los ingresos públicos
en el presente año hubieran aumentado en alrededor de U$S 5.000 millones, que
hubieran convertido en innecesarios los sucesivos ajustes realizados en los últimos
meses.
La
conclusión es inequívoca: la crisis fiscal que ha llevado al país al borde de
la cesación de pagos y al cierre de todas las vías de financiamiento externo
no tiene que ver con una situación heredada, sino que es una crisis
autoinducida, generada en un escenario internacional favorable, como fue el del
año 2000, y que se originó en una estrategia económica equivocada que frustró
las expectativas de reactivación económica que existían a fines de 1999.
Por
esas razones, la profundización de la recesión registrada el año pasado se
transformó este año en una depresión estructural. En los primeros siete meses
del presente año, el país perdió reservas monetarias del orden de U$S 11.000
millones. Entre marzo y julio, los depósitos en el sistema financiero
descendieron U$S 10.000 millones. Bajó el consumo y disminuyó fuertemente la
tasa de inversión.
La
elevación de la tasa riesgo país generó un incremento de los intereses
bancarios que ha convertido en imposible el acceso al crédito. A pesar de los
nuevos impuestos que incrementaron la presión tributaria sobre el sector
productivo, la recaudación fiscal sigue cayendo cada vez más, aún sobre los
ya deprimidos niveles del año anterior, y las previsiones para los próximos
meses son aún peores.
En
muy pocos meses, el país consumió las expectativas de recuperación generadas
por el blindaje financiero internacional de diciembre pasado y por el megacanje
de títulos de la deuda externa realizado en junio último. El cierre de todas
las vías de financiamiento externo impuso la necesidad de la política de
"déficit cero", que en la práctica no significa otra cosa que un
"default interno", cuyas consecuencias recaen básicamente sobre los
haberes jubilatorios y los salarios de los empleados públicos.
Sin
embargo, la caída de la recaudación, originada en el ahondamiento de la recesión,
neutraliza los esfuerzos para la reducción del déficit público, situación
que obligará a producir en el corto plazo nuevos recortes, que habrán de
multiplicar la ya creciente conflictividad social. Mientras tanto, la comunidad
financiera internacional ha tomado como cierta la presunción de que la
Argentina está próxima a la cesación de pagos y a la devaluación.
El
país comienza a sentir fuertemente el efecto de la fuga de capitales. Mientras
que en el período 1997-99, a pesar de la crisis financiera internacional, el
ingreso neto de capitales a la Argentina fue en promedio del orden de U$S 16.000
millones por año, en el año 2000 ese ritmo de entrada se redujo a los U$S
9.000 millones y este año las previsiones más moderadas prevén una salida
neta de capitales de alrededor de U$S 9.000 millones.
En
este contexto, se esfuma toda posibilidad de salida de la actual depresión
estructural de la economía Argentina, mientras el índice de desempleo ha
trepado al 16,4% y aumentan los índices de pobreza. El diagnóstico más
elemental establece que se impone, con una urgencia cada vez más perentoria, un
drástico cambio de rumbo para evitar una catástrofe de imprevisibles
consecuencias.
La
inteligencia política, a diferencia de la inteligencia académica, es siempre
la inteligencia de una situación determinada. Comprender la naturaleza
particular de cada situación, aquello que tiene de específico e
intransferible, es la condición necesaria para enfrentarla. Para el pensamiento
estratégico, el interrogante principal, antes que contestar a la pregunta
acerca de "qué hacer", es imprescindible responder a la pregunta
"de qué se trata", para poder establecer con precisión cuál es la
índole del problema que se pretende resolver.
La
Argentina padece hoy una crisis de gobernabilidad de características semejantes
a las de julio de 1989, cuando un Presidente constitucional se vio obligado a
abandonar el cargo, seis meses antes de la expiración de su mandato
constitucional, y a transferir los escasos restos de poder que aún quedaban en
sus manos a otro Presidente constitucional, para que se hiciera cargo de la
responsabilidad de rescatar al país del colapso hiperinflacionario y del serio
peligro de la desintegración social.
Como
ocurrió en aquel entonces, la prioridad absoluta es hoy el afianzamiento de la
gobernabilidad. Porque la gobernabilidad, concebida como la capacidad de
ejercicio continuado del poder político democrático, es precisamente aquello
que permite adoptar decisiones drásticas, incluso extremas, en tiempos de
crisis. La gobernabilidad es la verdadera razón de Estado de la época de la
globalización. Sin ella, nada es posible. Menos aún brindar una respuesta
eficaz a los enormes desafíos pendientes, en particular al más trascendente de
todos: el desafío social.
En
las actuales circunstancias internacionales, la gobernabilidad es de naturaleza
básicamente fiscal y monetaria. Un gobierno que no logra mantener bajo control
las variables fiscales y monetarias empieza perdiendo poder y termina perdiendo
el poder. De allí que el afianzamiento de la gobernabilidad esté
indisolublemente unido a una segunda condición indispensable: la defensa a
ultranza, a través de todos los instrumentos que las circunstancias impongan,
de la estabilidad económica, que constituye la conquista fundamental de las
transformaciones realizadas por la Argentina en la década del 90. Porque, además
de su enorme significado económico, la estabilidad monetaria tiene una profunda
dimensión social. Representa la defensa del valor adquisitivo del salario de
los trabajadores, la salvaguardia irrestricta del precio de los alimentos básicos
para los sectores más humildes de la sociedad y la preservación de los ahorros
de la clase media Argentina.
La
raíz de esta crisis no es de carácter económico, sino de naturaleza
esencialmente política. Reside en una formidable crisis de confianza interna y
externa, una gigantesca pérdida de credibilidad que incluye a las propias
instituciones políticas y que llega a proyectarse incluso hacia la misma
viabilidad de la Argentina como Nación.
La
recreación de la confianza nacional e internacional necesaria para modificar
esta situación demanda, además del afianzamiento de la gobernabilidad y la
defensa de la estabilidad económica, la creación de otras dos condiciones básicas.
En primer lugar, es necesaria una transformación a fondo de la estructura del
Estado y de todo el sistema de instituciones públicas de la Argentina. Ello
implica la construcción de un nuevo Estado.
En
segundo término, corresponde encarar una política firmemente orientada hacia
la reinserción internacional del país, que termine con el actual aislamiento
externo y nos vuelva a convertir en actores políticos con protagonismo en el
escenario mundial
El
afianzamiento de la gobernabilidad, la defensa irrestricta de la estabilidad
económica, la reinvención del Estado y la reinserción internacional del país
son cuatro condiciones indispensables para superar la crisis, que requieren una
quinta condición igualmente imprescindible: la preservación a toda costa de la
paz social, mediante la adopción de medidas urgentes para hacer frente al
actual estado de emergencia social, y el mantenimiento del orden público, sobre
la base del estricto cumplimiento del apotegma de Perón que señalaba
"dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada".
A
partir de estos cinco lineamientos fundamentales, es posible desarrollar los
puntos centrales de un plan de gobierno enderezado a generar una drástica
reversión de las expectativas negativas sobre la Argentina y a recrear el círculo
del consumo y la inversión productiva, que posibilite la recuperación de la
senda del crecimiento económico, requisito insoslayable para avanzar en el
camino de la justicia social.
ESTABILIDAD
MONETARIA: DOLARIZACIÓN
Para
generar confianza, hay que reducir al máximo los niveles de incertidumbre. La
eliminación total y definitiva del peligro de una devaluación monetaria es la
única forma de generar una formidable inyección de confianza interna y externa
en la fortaleza y las posibilidades de la Argentina, capaz de producir de
inmediato una drástica disminución de la tasa riesgo país que permita
recuperar el financiamiento externo perdido, reducir las exorbitantes tasas de
interés que asfixian al aparato productivo, en particular a las pequeñas y
medianas empresas, y movilizar las paralizadas corrientes de inversión.
En
las presentes circunstancias, es absolutamente imprescindible otorgar carácter
definitivo e irreversible a la paridad cambiaria entre la moneda Argentina y el
dólar estadounidense establecida hace diez años con la sanción de la Ley de
Convertibilidad. Esto implica profundizar el camino iniciado con la
convertibilidad y avanzar hacia la dolarización de la economía Argentina.
La
alternativa de la dolarización no puede visualizarse como la aplicación de una
teoría económica. Es una opción que responde a los hechos. En términos
inmediatos, es una respuesta práctica y contundente a la crisis de confianza.
Expresa la voluntad nacional de preservar a cualquier precio la estabilidad económica
conquistada en la década del 90.
En
términos de mediano y largo plazo, representa también la adecuación de la
Argentina a la nueva tendencia estructural hacia la globalización monetaria,
que se caracteriza por el progresivo debilitamiento de los signos monetarios
nacionales y la aparición de monedas mundiales.
Charles
De Gaulle decía que "la política es el arte de conducir lo
inevitable". En la actualidad, el dólar es la moneda mundial por
excelencia. En la perspectiva estratégica de la integración económica
continental planteada por el ALCA, tiende asimismo a erigirse en la moneda común
de todo el hemisferio americano. En las circunstancias de crisis, el dólar fue
y es, además, la moneda de refugio a la que acuden los argentinos para proteger
sus ahorros cada vez que visualizan una amenaza de devaluación.
La
alternativa de la dolarización crea las condiciones para eliminar el dualismo
crediticio, que discrimina en contra de las empresas Argentinas, especialmente
de las pequeñas y medianas empresas, imposibilitadas de acceder al
financiamiento internacional, como sí sucede con las empresas transnacionales.
Termina también con el dualismo monetario, que favorece a los sectores
socialmente más pudientes, que tienen sus activos en dólares, y perjudica a
los sectores socialmente más humildes, que viven en pesos y son siempre los más
golpeados en caso de devaluación.
ACUERDO
ESTRATÉGICO CON LOS ESTADOS UNIDOS
El
aislamiento internacional torna inviable cualquier posibilidad de superar la
crisis. La Argentina está forzada ineludiblemente a recuperar relevancia a
nivel mundial. Para ello, es necesario construir poder, tanto en el plano
interno como en el terreno internacional.
En
esta nueva época económica y tecnológica, el poder tiene un carácter
eminentemente asociativo, se construye a través de redes. La reinserción del
país en la sociedad mundial requiere entonces forjar un amplio tejido de
alianzas que impulse el protagonismo de la Argentina en un escenario
internacional signado por la aceleración del ritmo de revolución tecnológica
y de la globalización del sistema productivo.
En
todos los casos, se trata de reivindicar, siempre y bajo cualquier
circunstancia, un nacionalismo acendrado y cabal, que subraye que "la
Argentina es el hogar", afirme en todos los planos la identidad nacional,
cultural y religiosa del pueblo argentino y sepa combinar la férrea defensa del
interés nacional con una cultura de la asociación, como lo demanda la época.
Esta
visión exige impulsar la reformulación del MERCOSUR en la senda hacia la
configuración del ALCA, fortalecer la asociación con Chile y avanzar ya mismo
en un acuerdo político integral que signifique el pleno restablecimiento de la
alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos, forjada en la década
del 90 y fuertemente resquebrajada en los últimos dieciocho meses.
Un
acuerdo de esas características tiene un contenido político, económico,
comercial, monetario y de seguridad. En el aspecto estrictamente comercial, la
apertura del mercado norteamericano supone la posibilidad para el ingreso de
nuestras exportaciones a un espacio económico que, en términos de capacidad de
importación, es diecisiete veces más grande que el MERCOSUR. Abre también
nuevas posibilidades de inversión nacional e internacional en la Argentina.
"Se
trata de reivindicar un nacionalismo acendrado y cabal que afirme en todos los
planos la identidad nacional, cultural y religiosa del pueblo argentino y sepa
combinar la férrea defensa del interés nacional con una cultura de asociación".
Esta
alternativa no supone de ninguna manera una opción de tipo ideológico. Chile,
con un Presidente socialista, fue el primer país sudamericano en avanzar hacia
un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. No implica en
absoluto un debilitamiento del MERCOSUR. Tampoco excluye el afianzamiento de los
vínculos con Europa, en especial con España e Italia, que son los dos países
del viejo continente histórica, cultural y estructuralmente más vinculados con
la Argentina. México, que está plenamente integrado a la economía
norteamericana a través del NAFTA, ha firmado un acuerdo de libre comercio con
la Unión Europea.
"Es
necesario impulsar la reformulación del MERCOSUR en la senda hacia la
configuración del ALCA, fortalecer la asociación con Chile y avanzar en un
acuerdo político integral que signifique el pleno restablecimiento de la
alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos".
Un
acuerdo estratégico con los Estados Unidos, convertido en país eje del actual
sistema de poder internacional, unido a la dolarización como garantía de
estabilidad monetaria, genera las condiciones políticas y económicas adecuadas
para el fortalecimiento de la posición del país en los mercados financieros
internacionales.
UN
NUEVO ESTADO
La
refundación del Estado demanda, en primer lugar, impulsar una amplísima
descentralización política, que implique la transferencia de
responsabilidades, acompañadas por los correspondientes recursos, desde el
Estado Nacional hacia las regiones, hacia las provincias, hacia los municipios
y, sobre todo, hacia las propias organizaciones sociales.
La
principal respuesta política a los problemas que plantea la tendencia
estructural hacia una mayor concentración de la riqueza, propia del nuevo
sistema económico en su actual fase de desarrollo, es una estrategia fundada en
la distribución del poder. El principio rector de esa descentralización política
es colocar siempre lo más cerca posible de la base el poder de decisión sobre
los asuntos concernientes a cada localidad y a cada actor social. Perón
preconizaba la necesidad de "un gobierno centralizado, un Estado
descentralizado y un pueblo libre".
Esta
estrategia de descentralización es la única forma efectiva de abordar las
denominadas reformas de segunda generación, básicamente las cuestiones
vinculadas con la educación, la salud, la seguridad, la justicia y la acción
social. Siempre será más factible la solución cuando el poder de decisión
esté ubicado lo más cerca posible del problema de que se trate. Se trata, en síntesis,
de la profundización de la democracia recuperada para siempre en la Argentina a
partir de 1983.
En
esta dirección, juega un rol decisivo el fortalecimiento de los municipios,
como el eslabón de la organización del Estado más directamente vinculado con
la comunidad. La progresiva transferencia a los municipios de las
responsabilidades de gestión de las escuelas y hospitales públicos y el
fortalecimiento de instituciones locales encargadas del tema de la seguridad pública
requieren articularse con el activo protagonismo de la sociedad civil, a través
de las organizaciones no gubernamentales, motores insustituibles de la
construcción de una comunidad organizada.
La
aceleración del ritmo de la globalización, con el consiguiente desdibujamiento
del rol económico de los estados nacionales, potencia fuertemente el papel de
los municipios como actores de la reconversión productiva. El mundo es cada vez
más una red de ciudades. La importancia política, económica y social del
planeamiento estratégico y la gestión local crece a la misma velocidad que la
globalización del sistema productivo.
Al
mismo tiempo, es necesaria la profundización de la estrategia de la
regionalización del país, a partir de la creación de nuevas instituciones y
mecanismos de carácter regional en la Región Centro, el NOA, el NEA, el Nuevo
Cuyo, la Patagonia y la Región Metropolitana, capaces de coordinar esfuerzos y
recursos de las provincias en procura de objetivos de interés común.
Una
estrategia de descentralización de estas características torna posible la
disolución lisa y llana de los ministerios de Educación, Salud Pública y
Desarrollo Social. Requiere, en su reemplazo, la transformación de los actuales
Consejos Federales de Educación, Salud Pública y Desarrollo Social, que
articulan actualmente la representación del Estado Nacional con la de las
provincias, en otras tantas Agencias Federales, encargadas de elaborar los
planes nacionales de cada área e impulsar la coordinación interjurisdiccional.
Este
drástico proceso de descentralización y de reducción burocrática del Estado
Nacional necesita completarse con la informatización de sus estructuras y
procedimientos que permita la introducción de los nuevos mecanismos de
"gobierno electrónico" y la configuración de un Estado-red, capaz de
garantizar un sistema de administración pública transparente, ágil y eficaz.
"Es
imprescindible profundizar la regionalización del país, a partir de la creación
de nuevas instituciones y mecanismos de carácter regional".
El
mundo globalizado no premia la lucidez tardía. En estas nuevas condiciones, el
rol principal del Estado es el planeamiento estratégico, la capacidad de
identificar a tiempo las nuevas tendencias estructurales y los cambios en el
panorama mundial, para poder adelantarse a los acontecimientos y generar las
adecuaciones necesarias. Como decía Arthur Schopenhauer, "no hay viento
favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige".
REFORMA
INSTITUCIONAL
La
Argentina padece las consecuencias de una fuerte contradicción entre las
exigencias que plantea un nuevo sistema de instituciones económicas, producto
de las reformas estructurales realizadas en la década del 90, y la subsistencia
de un sistema de instituciones políticas previo a esa transformación.
El
resultado de esa dicotomía es la ineficacia del sistema político para
enfrentar y resolver las crisis propias de esta época de cambio. Dicha
incapacidad es la razón de fondo de la seria pérdida de credibilidad que
experimenta el sistema político en su conjunto y que afecta severamente su
legitimidad.
El
país necesita encarar una reformulación integral de su sistema de
instituciones políticas. El punto de partida de esa transformación es la
extensión a todo el país y en todos los niveles de la organización del Estado
de la experiencia iniciada en la provincia de Córdoba.
En
tal sentido, es necesario promover la reforma de la Constitución Nacional y de
las constituciones provinciales, para concretar un redimensionamiento integral
del sistema político a nivel nacional, provincial y municipal.
De
este modo, es posible lograr una drástica disminución de la cantidad de cargos
legislativos, que suponga la elección de un solo senador nacional por cada
provincia, la reducción a la mitad en la cantidad de diputados nacionales, la
supresión de los senados provinciales y la reducción a la mitad en la cantidad
de diputados provinciales y de concejales municipales.
Una
recreación del sistema de instituciones políticas, que devuelva jerarquía a
la acción política, constituye la condición indispensable para la
reconstrucción del poder político, que es la piedra angular de la
gobernabilidad.
SUPERÁVIT
FISCAL Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
En
las actuales condiciones internacionales, el equilibrio fiscal es la primera
condición de la independencia económica. El principio del superávit fiscal
sustentable tiene que convertirse en una regla de inflexible cumplimiento a
nivel nacional, provincial y municipal. El cumplimiento de este objetivo
requiere el establecimiento del mecanismo del "presupuesto base cero"
en todos los niveles del Estado, según la experiencia realizada exitosamente en
Nueva Zelanda. Habrá que proceder a una revisión total de las actuales
estructuras del Estado, con la consiguiente supresión de los organismos y
reparticiones prescindibles y el desmantelamiento de las estructuras burocráticas.
De la misma forma, corresponde encarar la inmediata privatización de todos los
organismos y actividades susceptibles de gestión privada.
En
tal sentido, corresponde avanzar en la implementación del mecanismo de
"presupuesto por programa", en reemplazo del actual sistema de
presupuesto por organismo. Para garantizar la previsibilidad económica, resulta
asimismo conveniente la instauración del régimen del presupuesto plurianual,
con revisiones anuales.
En
este marco, es necesario propender a una mayor autonomía fiscal de las
provincias y los municipios, de manera de incrementar la vinculación entre la
ejecución del gasto público provincial y municipal y la responsabilidad de la
recaudación fiscal. En el caso de los municipios, esta nueva estructura fiscal
estará vinculada con la institucionalización del sistema de "presupuesto
participativo", como ocurre en la actualidad en la ciudad de La Plata.
Esa
es la base de un Nuevo Pacto Tributario entre el Estado y la sociedad, que
determine con nitidez las responsabilidades indelegables del Estado y contribuya
a legitimar socialmente la distribución del gasto público, así como la carga
tributaria necesaria para su funcionamiento.
CRECIMIENTO
E INVERSIÓN
No
hay solvencia fiscal posible sin un acelerado ritmo de crecimiento económico.
El principal obstáculo a la competitividad internacional de la economía
Argentina es el alto costo del capital. No hay reactivación económica sin una
fuerte expansión del crédito. Las actuales tasas de interés resultan
incompatibles con el relanzamiento económico. Un aparato productivo en expansión
necesita fundarse en un sistema financiero sólido.
Es
ineludible acompañar el restablecimiento de la confianza interna y externa, que
implica una reducción drástica de la actual tasa riesgo país, con la formación
de un fuerte mercado de capitales, que demanda entre otras cosas la duplicación
de los actuales niveles de bancarización de la economía Argentina, que se
encuentran muy por debajo del promedio internacional, para incrementar
sustancialmente la oferta de crédito para empresas y particulares.
En
este mismo sentido, hace falta también una revisión de la totalidad del
sistema impositivo argentino. Hay que eliminar todas las trabas fiscales que
desalientan la inversión productiva. Es necesario reducir la carga tributaria
sobre quienes pagan efectivamente sus impuestos.
Para
que sea posible esa reducción, es absolutamente fundamental enfrentar y
resolver el gravísimo problema de la evasión fiscal y previsional. A tal
efecto, es imprescindible impulsar mecanismos adecuados de tercerización de la
recaudación fiscal en todos los niveles del Estado, que permitan contar con una
estructura impositiva ágil, eficiente y equitativa, que genere incentivos al
cumplimiento de las obligaciones y castigos efectivos a su incumplimiento.
APOYO
A LAS NUEVAS EMPRESAS
El
crecimiento económico y la reducción del desempleo plantean imperiosamente la
necesidad de incentivar por todos los medios posibles la actividad empresaria
como mecanismo insustituible para la creación de riqueza.
La
Argentina demanda el surgimiento de empresas y de vocaciones empresarias. Hacen
falta miles de nuevas empresas en todos los rubros de la economía nacional.
Además del restablecimiento de la confianza, del abaratamiento del costo del crédito,
de la reforma impositiva y del mejoramiento de la infraestructura, la instalación
de esas empresas requiere la eliminación de todas aquellas regulaciones que no
sean absolutamente indispensables y la supresión de todas las trabas legales y
burocráticas que asfixian los emprendimientos productivos.
La
única responsabilidad indelegable del Estado en materia regulatoria es la
fijación de las normas y de los procedimientos que eviten las prácticas monopólicas
e incentiven la transparencia del mercado y la libre competencia en todas las
actividades económicas.
"No
hay solvencia fiscal posible sin un acelerado ritmo de crecimiento económico,
ni reactivación económica sin una fuerte expansión del crédito. Un aparato
productivo en expansión necesita fundarse en un sistema financiero sólido con
tasas de interés bajas".
La
constitución de centros especializados de asesoramiento para la formación de
nuevas empresas, al estilo de las "incubadoras" de empresas existentes
en Israel, constituye un aliciente adicional de significativa importancia.
Lo
mismo ocurre con la creación de mecanismos de vinculación entre el sector
científico-tecnológico argentino y los fondos de inversión de riesgo, para
impulsar emprendimientos económicos surgidos de nuevos adelantos tecnológicos
o descubrimientos científicos.
COMPETITIVIDAD
BASADA EN LA PRODUCTIVIDAD
En
una era signada por la globalización del sistema productivo mundial y la
consiguiente apertura del comercio internacional, la estrategia que guía el
crecimiento económico es el aumento incesante de la productividad de los países,
las regiones y las empresas. En las condiciones que plantea la revolución
tecnológica de nuestro tiempo, la estrella polar de la política económica es
la productividad, que exige una continua reducción de costos.
En
el mundo de hoy, no hay espacio para "inventar" ventajas competitivas
que no estén sustentadas en nítidas ventajas comparativas. La prioridad estratégica
es el desarrollo de aquellas actividades que sean inmediatamente competitivas a
nivel internacional. De allí la necesidad de establecer "políticas
activas" orientadas primordialmente hacia los sectores económicos en los
que la Argentina cuenta ya con ventajas comparativas susceptibles de ser
convertidas rápidamente en ventajas competitivas en el orden internacional.
En
ese sentido, adquieren importancia prioritaria las actividades económicas
vinculadas con los recursos naturales (en particular, alimentos, energía,
industria forestal, minería y turismo). La prioridad fundamental es impulsar
una verdadera "Revolución de los Alimentos". El fortalecimiento y la
expansión de la cadena agroalimentaria puede convertir rápidamente al país en
uno de los protagonistas principales del negocio mundial de los alimentos, un
rubro de enorme importancia económica y que tiene una demanda en ascenso a
nivel mundial, muy especialmente en los países del Asia Pacífico, en
particular China.
No
se trata de una "vuelta al campo" ni de una "reprimarización"
de la economía Argentina. Países como Canadá y Australia son dos ejemplos en
ese sentido. Los casos del complejo aceitero y de la industria vitivinícola,
dos sectores productivos que se encuentran a la vanguardia mundial en materia de
productividad, revela la viabilidad de esta estrategia de diversificación
industrial. El objetivo es siempre propender a la incorporación de mayor valor
agregado en cada uno de los eslabones que integran esa cadena productiva. La
expansión de los cultivos transgénicos, que incorporan a la producción agrícola
los más modernos adelantos de la biogenética, y las posibilidades que abre la
producción del biodiesel como combustible alternativo son dos ejemplos
contundentes en ese sentido.
Por
otra parte, el impacto multiplicador directo e indirecto de estas actividades
sobre el conjunto del sistema productivo constituye la principal herramienta
estratégica para lograr una creciente diversificación industrial y una mayor
integración territorial del país.
"El
rol de las pequeñas y medianas empresas resulta vital para elevar la
productividad global de la economía Argentina. En el nuevo escenario económico
y tecnológico mundial, la verdadera unidad productiva no es ya la empresa
aislada sino las redes de empresas".
En
este contexto, la constante elevación de la productividad no puede quedar
concentrada en el nivel de las grandes empresas nacionales y transnacionales. El
rol de las pequeñas y medianas empresas resulta vital para elevar la
productividad global de la economía Argentina. En el nuevo escenario económico
y tecnológico mundial, la verdadera unidad productiva no es ya la empresa
aislada, sino las redes de empresas. La formación de redes de pequeñas y
medianas empresas industriales, agropecuarias y de servicios con aptitud
competitiva constituye la condición insustituible no sólo para su
desenvolvimiento y expansión sino hasta para su misma supervivencia.
La
experiencia de Italia en materia de "distritos industriales"
representa un antecedente válido para afrontar este desafío. El sector público,
tanto nacional como provincial y municipal, tiene que cumplir allí un rol
preponderante en la tarea impostergable de cerrar esa brecha de productividad
que limita severamente las posibilidades de crecimiento económico del país.
ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
La
base estructural para el incremento incesante de la productividad reside en la
constante incorporación de los adelantos tecnológicos, en particular la
absorción de las innovaciones que se registran en el campo de la informática y
las telecomunicaciones. La Argentina, entre otras cosas por su nivel educativo
relativamente elevado, presenta condiciones muy apropiadas para participar
activamente en la industria de la alta tecnología, a través de la creación de
polos de desarrollo informático, centros geográficos dotados de una
infraestructura y un entorno competitivo adecuados para el desarrollo de este
tipo de emprendimientos, vinculados a la producción de software en español,
que es el idioma que tiene en la actualidad el mayor ritmo de expansión en
Internet.
Irlanda
y la India, dos de las naciones de más alto ritmo de crecimiento en los últimos
años, fundan una parte significativa de su despegue económico en el hecho de
haberse convertido en los principales exportadores mundiales de software en inglés,
a partir de la masiva radicación en sus territorios de las empresas
transnacionales del sector, que explotaron las ventajas comparativas en ese
rubro de ambos países.
Esa
estrategia de incorporación de la Argentina a la sociedad del conocimiento no
puede reducirse a la búsqueda de las inversiones de las empresas de alta
tecnología. Exige, por sobre todas las cosas, aprovechar intensivamente la
moderna infraestructura en comunicaciones instalada en el país a partir de la década
del 90 para avanzar en el terreno de la "nueva economía", mediante el
rápido despliegue de todos los adelantos que se registran en las nuevas
tecnologías de la información, en particular del comercio electrónico, a través
de la totalidad del sistema productivo.
INFRAESTRUCTURA
Y LOGÍSTICA
En
un mundo globalizado, la competencia económica tiene un carácter sistémico.
No se da únicamente entre empresas, sino también entre países, o sea entre
sistemas integrales de organización y decisión. De allí la obligación
indelegable del Estado de promover un constante mejoramiento de la
infraestructura y la logística para propender a una continua reducción de
costos que contribuya a la mayor rentabilidad de los emprendimientos
empresarios, a la atracción de nuevas inversiones y a la consiguiente expansión
de las actividades productivas.
En
particular, la Argentina necesita desarrollar aquellas obras de infraestructura
y logística en materia de transportes y comunicaciones enderezadas a rediseñar
su geografía económica, de modo de ensanchar fuertemente su frontera
agropecuaria y posibilitar la extensión de las actividades productivas, a través
de una política de colonización que promueva la fundación de nuevos pueblos y
ciudades en el interior argentino, integrar al conjunto de las economías
regionales y aprovechar al máximo la inmensa dotación de recursos naturales
del país.
Junto
a la geografía económica tradicional, concentrada básicamente en la Pampa Húmeda,
con eje en el puerto de Buenos Aires, orientada hacia el océano Atlántico y
con la vista puesta en Europa, es necesario potenciar ahora el surgimiento de
una nueva geografía económica, vinculada al desarrollo de nuestra frontera
americana, que incluya a la totalidad de las provincias Argentinas.
El
desarrollo de los corredores bioceánicos, la pavimentación de los pasos
cordilleranos que posibiliten la salida de nuestras exportaciones por los
puertos chilenos sobre el océano Pacífico, las obras hidráulicas tendientes a
la extensión del riego, la articulación de una red nacional de autopistas que
interconecten el territorio argentino en todas direcciones, la materialización
del puente Buenos Aires-Colonia, la concreción de la Hidrovía y la construcción
del Ferrocarril Transpatagónico constituyen los ejes fundamentales de ese
rediseño geoeconómico de una Argentina integrada hacia adentro y proyectada
hacia afuera.
SALARIO
SOCIAL
La
búsqueda de un piso mínimo de dignidad para todos los hogares argentinos, aún
en medio de esta situación de emergencia económica, es una condición
irrenunciable de equidad, sin la cual resulta imposible el restablecimiento del
orden público y de la paz social, ni menos aún internarse exitosamente en el
camino de las reformas estructurales pendientes. No hay futuro posible para la
Argentina como Nación sin una respuesta de emergencia a las angustias sociales
del presente.
"La
búsqueda de un piso mínimo de dignidad para todos los hogares argentinos es
una condición irrenunciable de equidad. No hay futuro posible para la Argentina
como Nación sin una respuesta de emergencia a las angustias sociales del
presente".
En
las actuales circunstancias, ese esfuerzo solidario exige la concentración de
los recursos presupuestarios asignados a la ejecución de distintos planes
sociales absolutamente dispersos, para financiar el establecimiento de un
subsidio especial por desempleo para todos los jefes de hogar desocupados. La
iniciativa puesta en marcha en la provincia de Santa Fe, en la zona del Gran
Rosario, constituye un valioso antecedente en esta materia.
El
otorgamiento de ese salario social estará atado al compromiso de los
beneficiarios de realizar trabajo voluntario a tiempo parcial en organizaciones
no gubernamentales y de participar en cursos de capacitación tendientes a
facilitar su reinserción en el mercado laboral.
De
esa manera, es posible garantizar un ingreso básico para todas las familias
Argentinas, promover el despliegue de la acción de las organizaciones
comunitarias y elevar sensiblemente los niveles de formación profesional de los
sectores socialmente más postergados.
RED
DE SOLIDARIDAD SOCIAL
El
enorme desafío social que tiene por delante la Argentina no demanda solamente
la acción del Estado. Exige, ante todo y sobre todo, apelar a la participación
organizada de toda la sociedad. Resulta imprescindible promover la constitución
de una amplia Red Nacional de Solidaridad Social, con la participación de la
Iglesia Católica, de las demás confesiones religiosas, de los sindicatos, de
las organizaciones empresarias y de las decenas de miles de organizaciones no
gubernamentales, que canalice el espíritu solidario y las energías creadoras
del pueblo argentino y actúe coordinadamente con los organismos del Estado
nacional, provincial y municipal en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social.
Desde
allí será posible hacer realidad el principio de subsidiariedad establecido en
la doctrina social de la Iglesia, impulsar la acción organizada del
voluntariado social, que hoy moviliza las energías solidarias de más de dos
millones de argentinos, y garantizar una total transparencia en la implementación
de los planes sociales, que termine con las prácticas de clientelismo político
y con los focos de corrupción.
En
la actual situación de emergencia social, las prioridades fundamentales de esa
acción coordinada y convergente entre el Estado y el conjunto de la sociedad
civil son la resolución del problema del hambre y la desnutrición, el combate
contra la drogadicción y la prevención social de la violencia.
El
principio fundamental en esta materia es que ninguna política social puede
resultar exitosa si no es a partir de la organización y del protagonismo de los
propios interesados. La condición de eficacia es la acción organizada de los
propios sectores populares. Ni la visión neoliberal, que es meramente
economicista, ni la concepción socialdemócrata, aferrada a la resurrección
del viejo "Estado de Bienestar", están en condiciones de brindar una
respuesta efectiva al desafío social que tiene por delante la Argentina.
TRABAJO
Y EDUCACIÓN
Ningún
paliativo social de corto plazo, por indispensable que resulte ante el
dramatismo impuesto por el actual estado de necesidad, puede sustituir la plena
incorporación de todos los argentinos al mundo del trabajo. Pero las
posibilidades de inserción laboral y de ascenso social no se derivan única ni
mecánicamente de la reanudación del crecimiento económico. Exigen también un
fuerte salto cualitativo en los actuales niveles de formación profesional de la
fuerza de trabajo, de modo de facilitar su mejor incorporación en un sistema
productivo cada vez más exigente y competitivo.
La
educación ha dejado de ser ya una etapa de la vida, para convertirse en una
dimensión permanente de la existencia humana. Más allá de la insoslayable
transformación del sistema educativo formal en sus tres niveles tradicionales
(primario, medio y terciario o universitario) surge la necesidad de crear un
"cuarto nivel" educativo, de características eminentemente no
formales, que sea capaz de responder exitosamente a este desafío.
El
punto de partida es la puesta en marcha de un Plan Nacional de Alfabetización
Informática, orientado hacia la capacitación masiva del conjunto de la población
económicamente activa en el empleo de las nuevas tecnologías de la información.
Esta verdadera cruzada educativa del siglo XXI, de una envergadura similar a la
alfabetización masiva de la población encarada a fines del siglo XIX por
Sarmiento y la generación del 80, requiere la participación de las
organizaciones sociales y, muy especialmente, de las propias organizaciones
sindicales.
TRANSFORMACIÓN
EDUCATIVA
En
un mundo que ingresa aceleradamente en la sociedad del conocimiento, la
distribución del conocimiento está cada vez más íntimamente asociada a la
distribución del ingreso y a la distribución del poder. De allí que pueda
afirmarse que, en las nuevas condiciones que plantea la revolución tecnológica
de nuestra época, la educación es el principal instrumento para la justicia
social.
La
transformación del sistema educativo argentino no puede entonces quedar
circunscripta al ámbito del debate de los expertos. Su implementación requiere
el protagonismo organizado de toda la comunidad.
En
la escuela primaria y media, ello supone impulsar una profunda descentralización
operativa, que incremente la autonomía de los establecimientos educativos y la
participación activa de cada comunidad local. La experiencia de las escuelas
autogestionadas iniciada en la provincia de San Luis constituye un ejemplo
paradigmático en esa dirección.
En
el terreno universitario, la provincialización de las universidades públicas
representa un mecanismo apropiado para fortalecer la indispensable vinculación
entre los centros universitarios y las distintas comunidades locales.
En
el plano del financiamiento, hay que democratizar el ingreso a la Universidad.
Es necesario que los padres de alumnos universitarios pertenecientes a las
familias más pudientes contribuyan con un aporte especial a la constitución de
un fondo específico destinado a otorgar becas a los jóvenes de las familias más
humildes, imposibilitados hoy de acceder a los estudios universitarios.
La
reinvención del Estado requiere consagrar un capítulo especial destinado a la
reformulación del sistema de defensa, seguridad e inteligencia. De allí la
necesidad de crear un Ministerio de Defensa y Seguridad, con una Secretaría de
Estado de Asuntos Militares y otra de Seguridad Pública.
En
materia de defensa, resulta indispensable avanzar en una actualización estratégica
basada en los conceptos de seguridad global y regional, que en el nuevo
escenario internacional tienen un carácter eminentemente cooperativo.
Operativamente,
es necesario ampliar y fortalecer las atribuciones del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas, incrementar la coordinación inter fuerzas, impulsar la
fusión de los establecimientos educativos y de las obras sociales del Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea Argentina y promover la concentración de recursos
en la reconversión tecnológica y en la formación de pequeñas unidades de
elite de despliegue rápido.
En
el ámbito de la seguridad pública, resulta prioritario el establecimiento de
mecanismos de estrecha coordinación operativa entre la Policía Federal, la
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Marítima, la integración de los
establecimientos de formación, la fusión de organismos de seguridad con
actividades superpuestas y la unificación de las obras sociales de todas las
fuerzas de seguridad.
En
el caso específico de la Policía Federal, el cambio que supone el traslado al
gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad de la
seguridad pública en la Capital Federal exige iniciar un vasto proceso de
reestructuración de la fuerza, que habrá de concentrarse en la investigación
de delitos y en la intervención directa en casos graves y en situaciones de
emergencia.
En
el terreno de inteligencia, el punto de partida es la definición de un nuevo
concepto de inteligencia estratégica y la jerarquización del Consejo Nacional
de Inteligencia como organismo de coordinación de la actividad.
REFORMULAR
EL MERCOSUR
El MERCOSUR constituye el logro más importante de la política exterior Argentina en el siglo XX. Fue una r espuesta apropiada a los desafíos de la globalización. No fue concebido como una muralla proteccionista contra los embates externos, sino como una vía nacional propia para afrontar esos desafíos, mediante la creación de una plataforma de lanzamiento conjunta para la mejor inserción de las economías de nuestros países en el sistema productivo mundial.
El
bloque regional ya cumplió exitosamente una primera etapa, fundada básicamente
en la integración comercial. Hoy, atraviesa una fase de estancamiento. Para
superarla, requiere redefinir sus objetivos. Está obligado a avanzar ahora para
convertirse en el punto de partida de una vasta alianza política regional, que
desde la perspectiva de la Argentina incluye necesariamente a Chile, que por su
posición geográfica representa para nuestros países la vía de acceso a los
mercados del Asia Pacífico, que son los de mayor crecimiento de la economía
mundial.
"El
MERCOSUR está obligado a avanzar ahora para convertirse en el punto de partida
de una vasta alianza política regional volcada a la acción
internacional".
En
ese tránsito, la Argentina y Brasil tienen la posibilidad de encarar un plan de
infraestructura común en materia de energía, transportes y comunicaciones.
Ambos países, junto a Uruguay y Paraguay, están también en condiciones de
proyectar internacionalmente a la región como el mayor exportador mundial de
alimentos. La perspectiva estratégica de un MERCOSUR agroalimentario, capaz de
competir con cualquier otra gran potencia agroalimentaria, incluso con los
Estados Unidos, puede transformarse en un horizonte compartido que exige un
esfuerzo conjunto de asociación para penetrar con mayor fuerza en el mercado
mundial.
En
términos políticos, es indispensable forjar dentro del bloque regional una
concepción estratégica común para iniciar una negociación conjunta con los
Estados Unidos, que permita establecer acuerdos de libre comercio que aceleren
los tiempos para la conformación del ALCA. Esto implica también un acuerdo
sobre la asunción de responsabilidades compartidas en cuestiones de seguridad
hemisférica, en particular la lucha contra el narcotráfico.
La
redefinición política del MERCOSUR es un requisito estratégico fundamental
para transformar a nuestros países en protagonistas activos en la búsqueda de
la democratización del actual sistema de poder de la sociedad mundial, fundado
en el predominio de los países más poderosos.
En
las condiciones que plantea el advenimiento de la nueva era histórica del
universalismo, el protagonismo internacional es condición para la existencia de
la Nación. Este necesario protagonismo no puede ser un protagonismo aislado y
solitario. Es, y no puede ser de otra manera, un protagonismo asociativo y
solidario.
La
redefinición del MERCOSUR, el restablecimiento de la alianza estratégica con
los Estados Unidos, con la consiguiente reivindicación de la condición de
aliado extra-OTAN, el afianzamiento de vínculos especiales con España e
Italia, el firme respaldo a la posición de defensa del derecho a la vida
formulada por el Vaticano, el relanzamiento de la iniciativa Argentina de los
Cascos Blancos como cuerpo voluntario internacional institucionalizado por las
Naciones Unidas para la atención de las catástrofes humanitarias, la inserción
en el nuevo sistema de seguridad global, que en la actualidad tiene como núcleo
operativo principal a la estructura de la OTAN, y el apoyo decidido a las
iniciativas tendientes a la defensa de los derechos humanos en todas partes del
mundo constituyen otras tantas dimensiones necesarias para fortalecer la
presencia mundial de la Argentina.
Perón
decía que "la política puramente nacional es ya una cosa casi de
provincias. Hoy, todo es política internacional, que se juega adentro y afuera
de los países". La Argentina tiene que construir poder dentro de la nueva
sociedad mundial. Porque no hay causa, por justa que sea, que tenga relevancia
en términos políticos sin una estructura de poder capaz de sustentarla. Y como
es imposible construir poder al margen de las tendencias fundamentales de una época
histórica determinada, esta estructura de poder debe generarse a través de la
activa participación en el proceso de globalización económica, revolución
tecnológica e integración política que caracteriza al mundo de hoy. Ese es el
único camino históricamente viable para realizar lo que el Papa Juan Pablo II
define como la "globalización de la solidaridad".
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