Más que la imposibilidad de este país de pagar los intereses de la deuda externa, los factores que facilitaron la intervención de los Estados Unidos y sus aliados en el G-7-  los verdaderos dueños del FMI -  fueron el vacío de poder que se produjo después del derrocamiento del presidente Fernando de la Rúa, a finales del 2001, y la renuncia del "establishment" argentino a la soberanía nacional.

Después de enviar a su jefe de Operaciones Especiales, Annop Singh,  para recoger información detallada sobre la voluntad de rendición de los lideres de los partidos mayoritarios (peronista y radical) y la improbabilidad de una resistencia popular unificada y consistente, el FMI decidió no sólo asumir directamente los poderes Ejecutivo y Legislativo (el Judicial no existe desde hace bastante tiempo) sino también terminar con cualquier vestigio de independencia entre ellos. En consecuencia,  ordenó la sanción de un nuevo marco jurídico con un doble propósito: otorgar impunidad a los culpables del terrorismo económico practicado contra la Nación durante las últimas décadas y facilitar el control de las escasas empresas nacionales existentes por parte de sus acreedores extranjeros.

Con la devaluacion del peso los activos de las empresas perdieron dos terceras partes de su valor en dólares. En cambio, sus pasivos en pesos se multiplicaron por tres, salvo en el caso de las deudas con los bancos locales que el gobierno aceptó "pesificar" a un dolar=un peso. Por lo tanto, los analistas y empresarios coinciden en que el proceso de extranjerización se acentuará porque la mayoría de las grandes empresas argentinas está fuertemente endeudada en dólares con acreedores externos. La ley de quiebras, aprobada al iniciarse el mandato de Duhalde pretendía impedir esa extranjerizacion. Uno de los objetivos del gobierno del FMI es, precisamente, el contrario: profundizarla.

En circunstancias económicas y sociales internas menos dramáticas difícilmente esta estrategia intervensionista hubiese llegado tan lejos sin provocar una incontenible oleada de repudio popular. Actualmente, con las dos terceras partes de la población luchando denodadamente por la sobrevivencia, la primera trinchera de la dignidad nacional parece haber quedado reservada, por el momento, para una minoría de políticos, sindicalistas e intelectuales y activistas de centro-izquierda o izquierda, opositores al gobierno del FMI y a una medida que, de ser convalidada por la Cámara de Diputados, significaría una amnistía para no menos de cincuenta peligrosos delincuentes de "cuello blanco" (banqueros o financistas) que actualmente se encuentran detenidos o procesados, según explicó el juez federal, Julio Cruciani.

Mientras tanto, apoyados por algunos de los medios de prensa más importantes del país, como radio "Mitre" y el matutino "Clarín", los diputados de esa orientación reaccionaron a la altura de semejante violación de los principios del Derecho nacional e internacional. El acalorado debate de las reformas a la Ley de Quiebras en la Cámara Baja, degeneró en un tumulto con intercambio de golpes y se interrumpió después que Alicia Castro, del Frente para el Cambio, colocó una bandera de Estados Unidos en el escritorio del titular del organismo, el peronista, Eduardo Caamaño. Al cierre de esta nota resultaba difícil prever el desenlace de la sesión.

Además, como el gobierno, las Fuerzas Armadas y los organismos de Seguridad, las corporaciones extranjeras y la embajada de Estados Unidos sospechaban que ciertos sectores de la llamada "burguesía nacional" conspiraban contra el gobierno y/o colaboraban financieramente con algunos de las organizaciones insurgentes que operaban en el país, incluyeron en dicha ley sanciones penales para comportamientos empresariales considerados dolosos.

Reestablecida la democracia después del "Proceso" (dictadura) militar que se extendió entre 1976 y 1983, en 1984 dicha ley fue modificada para despojarla de sus aspectos más claramente violatorios de los derechos políticos y sindicales. No obstante se mantuvieron vigentes artículos referidos al vaciamiento de empresas y otros delitos económicos específicos, independientemente de los tipificados y sancionados por el Código Penal.

Leyes similares a la 20840 después de su depuración existen en varias naciones desarrolladas como España y Alemania, inclusive con penas más severas, sin que al FMI o a alguna otra instancia de poder de Estados Unidos o el G-7 se le ocurra considerarlas un obstáculo o una amenaza para la libre empresa y las inversiones extranjeras, como lo vienen haciendo en Argentina.

Para entender por qué en este país el gobierno Kohler – Krueger ha hecho de la reforma de esta ley una cuestión de principios no tiene nada que ver con los principios sino con aspectos puntuales como la relación entre los propietarios del desaparecido Banco General de Negocios (BGN), los hermanos Carlos y José Rohm (procesado y encarcelado por la ley de Subversión Económica el primero; prófugo el segundo) con personajes del sector financiero como los presidentes del Credit Swiss-First Boston, el JP Morgan y el Dresdner AG, todos ellos ex integrantes del directorio del BGN. Y de la política internacional como Henry Kissinger.

Los hermanos Rohm, hombres de confianza del ex presidente Carlos Menem, también son sospechosos de haber canalizado a través del BGN las "coimas" de un sonado fraude entre IBM y el Banco de la Nación Argentina y de haber "lavado" dinero proveniente de la venta ilegal de armas del Ejército argentino a Ecuador y Croacia.

La jueza federal María Servini de Cubría, quien ordenó la detención de Carlos Rohm, en enero de este año bajo la acusación de enviar dinero al exterior durante la vigencia del "corralito", no dudó en afirmar que en caso de derogación de la ley de Subversión Económica, el procesado recuperaría inmediatamente la libertad..... " Y desaparecería como su hermano José".

Efectivamente, a los aproximadamente 100 mil millones de dólares que sin haber declarado al fisco los empresarios y funcionarios argentinos transfirieron al exterior hasta finales de los años 90 – un monto que superaba los depósitos en el sistema bancario nacional y multiplicaba por cuatro las reservas del Banco Central -, se estima que podrían haberse sumado otros 10 mil millones poco antes del "corralito" y, sobre todo después de su instalación.

Pero ante este fenómeno es necesario tener en cuenta dos cuestiones claves:
a) Los especialistas coinciden en que el "muy respetado e impresionante" sistema financiero internacional se nutre en gran parte de esos fondos de dudoso origen. O no tan dudoso, porque se sabe que en el caso argentino un elevado porcentaje estuvo representado por los sobornos pagados por las empresas beneficiarias de las privatizaciones. "Los capitales simétricos y los asimétricos no son incompatibles. El capitalismo sólo es posible a partir de la coexistencia equilibrada entre ambos", según el escritor Víctor Ego Ducrot. Por lo tanto, la legislación estadounidense y la banca internacional de primer nivel mediante sus sucursales "off shore" en los paraísos fiscales favorecen esa fuga y el lavado de capitales (buena parte de ellos provenientes del narcotráfico). Si no que lo diga el City Bank, la institución emblemática de este tipo de operaciones. 

b) Por lo visto, el FMI ha decidido apoderarse del gobierno argentino para facilitar la operatividad de los delincuentes financieros y económicos de su confianza, liberando a los detenidos, amnistiando a los procesados, "blanqueando" a los sospechosos. Y allanándoles el camino mediante todas las reformas jurídicas, económicas y políticas necesarias para una nueva fase de saqueo.

El que aún prefiera creer que lo que está en juego es el saneamiento de las finanzas públicas, un plan de recuperación económica "sustentable", la moralidad gubernamental y la reinserción de Argentina en el mundo, está en todo su derecho.