REVISTA INDEPENDIENTE SOBRE SEGURIDAD EN INTERNET

La Ley de Internet

Prólogo de la obra "La Ley de Internet. Régimen jurídico de los servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico" ((actualmente en prensa), cuyos autores son los asesores jurídicos de Kriptópolis, y principales impulsores de la Campaña contra la LSSI, Javier Maestre Rodríguez y Carlos Sánchez Almeida. Reproducido por gentileza de Ediciones Servidoc

Tal como afirman las conclusiones de la Comisión Especial de Redes Informáticas del Senado Español, la libertad es una condición inherente a la Red. La extraordinaria expansión de Internet que hemos vivido en los últimos años ha tenido en la libertad su principal cimiento: libertad de expresión, libertad de opinión, y libertad de empresa. Como ha puesto de manifiesto el profesor Manuel Castells, Internet fue diseñada como una tecnología abierta, de libre uso, con la intención deliberada de favorecer la libre comunicación global. Y cuando los individuos y comunidades que buscan valores alternativos en la sociedad se apropiaron de esa tecnología, ésta amplificó aún más su carácter libertario, de sistema de comunicación interactivo, abierto, global y en tiempo escogido.

Desde el momento en que la Red llega al gran público, una ingente cantidad de emprendedores comenzaron a construir los cimientos de lo que hoy conocemos como la Sociedad de la Información, una sociedad basada en principios liberales. Paralelamente a ello, y frente a los primeros intentos gubernamentales de regular Internet, se desarrollaron las primeras organizaciones de defensa de los ciberderechos, como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Computer Profesionals for Social Responsibility (CPSR). Agrupados en la Global Internet Liberty Campaign (GILC), los grupos de defensa de ciberderechos consiguieron detener los intentos legislativos del gobierno estadounidense para establecer la censura en Internet. En una sentencia célebre, de 1996, el Tribunal Federal del Distrito Este de Pensilvania reconoció que Internet es un caos, pero afirmó, textualmente (traducción no oficial): "La ausencia de regulación por parte de los gobiernos de los contenidos de Internet ha producido incuestionablemente una especie de caos, .... pero lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que supone. La fuerza de Internet es ese caos. Desde el momento en que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía del discurso sin trabas que protege la Primera Enmienda. Por estas razones, consideramos sin duda que la CDA (Ley de Decencia de las Comunicaciones) es prima facie inconstitucional."

Huérfana en su nacimiento de regulación gubernamental, Internet ha vivido una expansión sin precedentes, que ha posibilitado el desarrollo del comercio electrónico. A fin de regular las relaciones jurídicas y económicas surgidas de esa nueva sociedad, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2000/31/CE. Dicha directiva ha sido incorporada al derecho español mediante la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSICE), siendo el análisis de una y otra normativa el objetivo fundamental de esta obra. Desde la aparición de los primeros borradores del anteproyecto legislativo, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información fue contestada desde diferentes ámbitos sociales y jurídicos, encabezados por la revista digital Kriptópolis, representante española de la Global Internet Liberty Campaign.

Kriptópolis contó durante la campaña con el asesoramiento legal de los redactores de esta obra, siendo sus principales argumentos, que siguen plenamente vigentes a pesar de los retoques formales que ha sufrido la Ley en su tramitación parlamentaria, los siguientes:

a) La normativa que pretende instaurarse mediante la Directiva de Comercio Electrónico y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSICE) constituye el mayor ataque sufrido contra la Internet libre desde los tiempos de la CDA norteamericana y supone un grave riesgo para el desarrollo pleno de una Sociedad en Red, que permita una progresión social y cultural, basada en la diversidad y en los principios democráticos.

b) La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información pretende hacer de la información, cualquiera que sea su manifestación, una mera mercancía y convierte automáticamente en mercader a todo el que opere, desde cualquier perspectiva o circunstancia, con ella, a la vez que convierte en una actividad regulada cualquier iniciativa desarrollada en Internet.

c) El texto de la Ley presenta un desmesurado ámbito de aplicación que, por momentos, supera el definido en el texto articulado de la Directiva que pretende transponer. Estimamos, por lo demás, que la Directiva debe incorporarse al ordenamiento Español, no mediante una única Ley de aplicación general a toda la actividad que se desarrolla en Internet, sino modificando la normativa relativa a cada institución que se vea afectada por la Directiva, a fin de adaptarse a las peculiaridades que reclama un nuevo medio como Internet.

d) La aplicación de la LSSICE puede implicar un grave retroceso en el desarrollo de Internet en España, condenando al cierre a numerosas iniciativas sin suficientes recursos financieros para atender con plenas garantías los requerimientos técnicos, administrativos y obligacionales que impone la Ley, a través de un desmesurado régimen sancionador. Los principales perjudicados por este texto son los pequeños y medianos empresarios y las iniciativas no comerciales, muchos de los cuales se verían obligados al cierre, minando así las posibilidades de creación de un tejido empresarial propio adecuado a nuestras características.

e) La LSSICE atribuye a la Administración excesivas facultades de restricción e intervención en la prestación de servicios, siendo susceptible de interpretarse de forma que le atribuya, incluso, la potestad de cerrar un sitio web sin intervención judicial. Esta circunstancia implicaría una restricción inadmisible de la Libertad de Expresión y una sustracción de las competencias que actualmente tiene asumidas el poder judicial sobre las acciones limitativas de este Derecho Fundamental, consagrado en el artículo 20 de la Constitución. Tan sólo esta situación, sin perjuicio de otras, podría hacer que el texto actual fuera declarado inconstitucional.

f) Tal y como está redactada actualmente la Ley, en todo caso, incide enormemente en la configuración del marco legal para el ejercicio de los derechos reconocidos, entre otros, en el artículo 20 de la Constitución y, consecuentemente, su tramitación como Ley Ordinaria podría vulnerar la Reserva de Ley Orgánica contenida en el artículo 81 de la Constitución.

Tras un azaroso proceso legislativo, en el que fueron rechazadas todas las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición parlamentaria, la Ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 27 de junio de 2002, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 12 de julio de 2002. Su entrada en vigor se produce a los tres meses de dicha publicación, es decir, el 12 de octubre de 2002.

El objetivo de la obra que hoy presentamos no es otro que el dotar a los particulares y empresas que desarrollen su actividad en Internet, de mecanismos de defensa bien frente a eventuales abusos gubernamentales, bien frente a interpretaciones arbitrarias o excesivamente estrictas de la misma. Las serias deficiencias del texto legislativo pueden ser corregidas mediante la interpretación de la norma que lleven a cabo los Juzgados y Tribunales, así como una eventual resolución del Tribunal Constitucional. Para ello, consideramos imprescindible que los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, concepto que prácticamente alcanza a cualquiera que mantenga una web, conozcan en profundidad el texto de la nueva normativa, que hemos intentado analizar en las páginas que siguen a continuación.

Decíamos al principio, citando la llamada "Declaración de Derechos de Internet" del Senado Español, que la libertad es una condición inherente a la Red. Los intentos gubernamentales de limitarla están condenados al fracaso, pero la partida se prevé larga: está en juego la libertad de expresión y la libertad de empresa, dos derechos básicos en los estados democráticos. Si mediante la presente obra podemos contribuir, aunque sea mínimamente, a la causa de las libertades, consideraremos cumplido nuestro objetivo.