Entrevista a Josu en Gara

«Nos persiguen por no renegar de lo que somos: refugiados e independentistas»

Josu Lariz, ciudadano vasco expulsado por el Gobierno uruguayo a Argentina y actualmente preso en una cárcel de ese país, afirma que el Ejecutivo español mantiene «una ofensiva de persecución y ensañamiento» contra el colectivo de represaliados «por no renegar nunca de lo que somos: refugiados políticos e independentistas vascos».

El vecino de Antzuola Josu Lariz se encuentra encarcelado en la Sección de Seguridad Antiterrorista y Delitos Complejos de la Policía Federal de Buenos Aires desde el pasado 22 de noviembre. Allí aguarda a que la jueza María Sevini de Cubría se pronuncie sobre la nueva petición de extradición formulada por el magistrado de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón. En la entrevista concedida a GARA, agradeció la solidaridad mostrada por el pueblo uruguayo, «que no ha creído las mentiras del Gobierno español», y pidió al Ejecutivo argentino que «no caiga en las trampas» de José María Aznar, que «se siente dueño de estos países», y le otorgue asilo político.

-¿Cómo fue el procedimiento de expulsión?
-Antes de explicar el procedimiento de expulsión, creo que hay que aclarar el porqué del mismo, pues en todo esto hay un antes y un después. A las seis y media de la madrugada del 12 de noviembre de 2001, fui detenido en mi domicilio. A esa hora, cuando mi mujer salía a trabajar, siete efectivos policiales entraron en casa, mientras que otros doce aguardaban en las escaleras. Ese mismo día también fueron detenidos otros refugiados políticos y, en el aeropuerto de Carrasco, los miembros de Udalbiltza Loren Arkotxa y Xarlo Etxezaharreta. No hay que olvidar que un mes antes se habían producido en Estados Unidos los atentados a las Torres Gemelas, y esto también fue una buena excusa para estas detenciones. Del registro de mi casa se llevaron libros de cocina y presupuestos correspondientes al hospital donde trabaja mi esposa. Quiero dejar claro que en la vivienda no estaban esos cuatro disquetes por los cuales luego fui juzgado y en los que, supuestamente, aparecía información sobre la colocación de bombas, escarmientos a policías de Uruguay e, incluso, un plan para que viniera un comando del exterior a secuestrar a un político uruguayo. Cuando en el juzgado me preguntaron al respecto, le contesté al fiscal que todo era una gran mentira, en la que estaban interviniendo los Servicios de Inteligencia del Estado español para desprestigiar a los refugiados vascos que estábamos en Uruguay, y de paso acusarme de «asistencia a la asociación para delinquir», para así poder expulsarme.

-¿Es entonces cuando le encarcelan en una prisión uruguaya?
-Sí, fui enviado a la cárcel Libertad, una de las más duras de Uruguay. El 20 de diciembre recupero mi libertad, pero el juicio continuaba. No conforme con todo esto, el Estado español, por medio de Baltasar Garzón, formula una petición de extradición a Uruguay, por lo que el 31 de julio de 2002 soy nuevamente detenido y enviado a la cárcel central de Montevideo, donde permanecí hasta el 22 de noviembre. A las 12.30 de ese día me trasladaron al juzgado de vigésimo turno. Allí me informaron del fallo de la jueza Vera Barreto, quien había rechazado la extradición. Era la segunda solicitud rechazada por la Justicia uruguaya, primero en 1992 y ahora en 2002.

-¿Quedó, pues, en libertad?
-No pasó ni un minuto desde que firmara mi libertad cuando los policías me volvieron a poner las esposas. Mi abogado me explicó que aún tenía una causa pendiente en otro juzgado, por lo que nos veríamos allí. Sin embargo, fui llevado nuevamente a la cárcel. Allí me subieron a otra furgoneta policial, en la que esperaban dos funcionarios de Interpol, y me condujeron al aeropuerto, donde me encontré con una orden de expulsión y un pasaporte español hecho a mi nombre, con validez por siete días y datos falsos. Les dije a los policías que no firmaría nada hasta que no llegara mi abogado, quien se encontraba esperándome en el juzgado al que supuestamente debía ir. No obstante, fui subido a un avión con destino a Buenos Aires, siempre custodiado por policías uruguayos. Al llegar me trasladaron hasta esta Unidad de Seguridad Antiterrorista y Delitos Complejos, donde aún me encuentro detenido. En Montevideo, cuando mi defensor preguntó por mí en el juzgado, le respondieron que no me esperaban y que no existía ninguna causa a mi nombre, por lo que él y mi esposa presentaron una denuncia de desaparición. Esto quiere decir que la jueza uruguaya Ana Lima nunca informó de la expulsión ni a mi abogado ni al fiscal que intervenía en el caso.

-¿Por qué cree que el Gobierno uruguayo actuó de ese modo?
-En esta ilegalidad que se ha cometido no metería a todos en el mismo saco, pues creo que se pueden determinar con precisión las responsabilidades. En primer lugar, hay una orden y un mandato que provienen del Estado español; luego intervienen la jueza Ana Lima, el ministro de Interior, Guillermo Stirling, y el presidente, Jorge Batlle. La magistrada Ana Lima cerró mi caso sin dar tiempo a nada, condenándome por «asistencia a la asociación para delinquir». Creo que esta fue una decisión exclusiva y personal de la jueza, obedeciendo a los intereses del Estado español. ¿Qué hacía esta jueza en Madrid, tras condenarme en primera instancia? El ministro de Interior, por medio del viceministro, colaboró con los agentes del Servicio de Inteligencia español en la elaboración de un pasaporte falso para posibilitar mi expulsión, que acaba con la firma del presidente Jorge Batlle. Tras conocer estos hechos, ha habido diputados y senadores de todos los partidos políticos uruguayos que han condenado la ilegalidad de la expulsión. Deseo enviar un saludo fraternal al pueblo uruguayo, que una vez más no ha caído en la trampa ni ha creído las mentiras del Estado español, que sigue considerándose dueño y señor de estos países. El mismo día de su expulsión, el Gobierno mexicano extraditó al ciudadano vasco José Antonio Borde Gaztelumendi.

-¿Considera que hay una ofensiva del Gobierno español contra los refugiados políticos?
-Hay una ofensiva de persecución y ensañamiento. En menos de tres meses hubo tres expulsiones de tres países distintos: México, Venezuela y Uruguay. El Estado español, aparte de no dar tregua a los refugiados políticos vascos, se siente dueño de algunos países, actuando con prepotencia imperialista y a golpe de talonario. Los medios de comunicación en Uruguay ya han titulado: «Cambian a refugiado vasco por cuarenta millones de dólares y cinco años de venta de carne a la Unión Europea». En 1992, en Uruguay también se produjeron tres extradiciones de ciudadanos vascos al Estado español, que a cambio entregó cerca de 500 patrulleros y préstamos blandos a pagar en treinta años. Encima de todo esto, tienen la alevosía de intervenir en Uruguay, preparar un pasaporte español falso y entregarlo al Ministerio de Interior, para así poder expulsarme.

-¿Considera que el objetivo buscado era la expulsión?
-Sigo pensando que la idea del Gobierno español no era que permaneciera detenido en Argentina, sino que fuera trasladado directamente a Madrid. Tampoco hay que olvidar que en Uruguay quedan seis refugiados vascos, quienes están en una situación de alta incertidumbre, ya que algunos tienen caducados los documentos y otros denegada la residencia. Quiero resaltar que el pueblo uruguayo siempre ha demostrado madurez en la solidaridad con los refugiados vascos y de ahí el ensañamiento del Estado español con nosotros. Lo único que hemos hecho es trabajar para mantener a nuestras familias y no renegar nunca de lo que somos: refugiados políticos e independentistas vascos.

-¿Cree que mediante la sanción impuesta a la jueza Ana Lima, quien tras ser descendida de cargo decidió renunciar, se repara, al menos en parte, el daño causado?
-Ella es la gran culpable de lo ocurrido. Los cimientos del poder judicial independiente han quedado dañados por la actuación de esta magistrada. Esto no quiere decir que el daño no se pueda reparar. Creo que los pasos que está dando la jueza Gabriela Merialdo, quien acaba de dictar una sentencia ordenando al poder ejecutivo que me devuelva a Uruguay, son positivos. Además, conmigo tampoco hay mucho para reparar: solamente quiero volver a Uruguay para trabajar y vivir con mi familia.

-¿Qué espera del Gobierno argentino?
-Que sea neutral y no caiga en la trampa en la que ha caído el presidente uruguayo, permitiendo la intromisión del Estado español en Uruguay. Además, espero y deseo que se me conceda asilo político.

-¿Puede relatarnos cómo era su vida en Uruguay?
-Llevaba casi quince años en ese país, que ha sido muy respetuoso y solidario. Estoy casado con una uruguaya y, desde que llegué, me sentí como en Euskal Herria. Si bien la nostalgia hacia mi tierra se mantiene ahí, todo depende de la comunicación que se tenga con el país donde uno vive, y la verdad es que mis compañeros refugiados y yo hemos hecho grandes amistades, muchas creadas a través del ambiente de la cocina vasca, que es por lo que somos muy conocidos. Hace años que tomo mate, infusión de hierbas, una
costumbre muy típica en Uruguay, e incluso algunos me llaman «el vasco matero». Asimismo, me he antenido en contacto con la diáspora vasca en Uruguay para hablar euskara, jugar al mus... Igualmente, siempre deseo tener noticias y visitantes de Euskal Herria para saber cómo se encuentran mis familiares y mis amigos, puesto que llevo ya casi veinte años separado de mi tierra.

Danilo Albin /GARA