03-09-01 

SEPRIN : MEORANDUM DE ARGENTINA  AL FMI

MemorandUM  de política económica

I.   Antecedentes 

1.             A pesar del difícil entorno, el Gobierno puso decididamente en práctica las medidas acordadas en el marco del último programa, y las metas cuantitativas para el final de junio se cumplieron, en algunos casos con un amplio margen. Sin embargo, la actitud del mercado financiero con respecto a Argentina se tornó negativa en julio: los spreads de los bonos argentinos alcanzaron niveles sin precedentes, los depósitos bancarios y las reservas internacionales disminuyeron, las tasas de interés subieron abruptamente, y el Gobierno perdió el acceso a los mercados de crédito. Ante este deterioro de la situación, el Gobierno respondió rápidamente adoptando medidas encaminadas a eliminar el déficit fiscal y acelerar la reforma estructural. En este memorando de política económica se describe la evolución reciente y las políticas adoptadas por el Gobierno para fortalecer el programa.

II.   Evolución reciente

 2.             En los últimos meses, el Gobierno ha enfrentado una serie de circunstancias adversas. 

·          La actividad económica sigue siendo débil. El PBI real se contrajo un 2,1% (interanual) en el primer trimestre de 2001, después de disminuir un 0,5% en 2000. Sin embargo, los indicadores de la actividad económica, como la producción industrial y la construcción, mejoraron ligeramente en el segundo trimestre. A pesar de que se crearon 275.000 puestos de trabajo en relación con el año anterior, la tasa de desempleo aumentó al 16% en mayo, en comparación con el 15% un año antes. Los precios al consumidor volvieron a caer, y en julio de 2001 se situaban 1,1% por debajo del nivel del año anterior, mientras que los precios mayoristas cayeron en un 1,8%. 

·          Los indicadores del mercado financiero registraron un fuerte deterioro en los últimos meses: los spreads de los bonos argentinos superaron los 1.700 puntos básicos en julio, aunque posteriormente se redujeron; las tasas de interés internas subieron, y en ese mismo mes las agencias internacionales bajaron nuevamente la calificación de la deuda argentina.

·          A pesar de la debilidad de la economía, las metas fiscales establecidas en el programa para el mes de junio se cumplieron con holgados márgenes. Los ingresos tributarios fueron Arg$ 160 millones más bajos que lo programado, lo cual también obedeció al deterioro de la situación financiera y a la persistencia de dificultades en materia de cumplimiento tributario. En respuesta, el Gobierno recortó nuevamente los gastos, con lo cual las metas fijadas en el programa para el final de junio con respecto al déficit y el gasto primario se cumplieron con un margen de Arg$ 130 millones y Arg$ 227 millones, respectivamente. Las provincias también cumplieron con cierto margen la meta fiscal fijada para junio. En julio, al empeorar la situación financiera, se aceleró el deterioro de los ingresos tributarios, que cayeron  un 8,7% (interanual), en tanto que el déficit fiscal de ese mes llegó a alrededor de Arg$ 1.200 millones en base caja. 

·          El sistema bancario se vio sometido a presiones. Si bien las líneas de crédito externo y los préstamos en mora de los bancos se mantuvieron relativamente estables en los últimos meses, la liquidez se ha visto sometida a presiones derivadas del drenaje que sufrieron los depósitos del sector privado después de muchos años de crecimiento sostenido. Estos depósitos se redujeron Arg$ 6.600 millones en el primer semestre del año, y en julio disminuyeron otros Arg$ 5.400 millones. Los bancos reaccionaron en parte reduciendo el crédito al sector privado (8% en los primeros siete meses de 2001) y procurando asistencia del banco central en materia de liquidez. 

·          El superávit comercial externo se ha fortalecido como consecuencia de la marcada caída de las importaciones y el dinámico comportamiento de las exportaciones. En el primer semestre de 2001, el superávit comercial alcanzó US$2.000 millones, 130% más que en el mismo período del año pasado. 

3.             En los últimos meses se adoptaron una serie de importantes medidas de política económica:

·          En junio, el Congreso aprobó la nueva ley de convertibilidad, en virtud de la cual el valor del peso estará determinado por una canasta integrada en partes iguales por el euro y el dólar cuando ambas monedas alcancen la paridad. El nuevo mecanismo conserva todas las características del régimen anterior, pero permite que el tipo de cambio efectivo nominal sea más estable.

·          Se estableció un mecanismo de compensación para el comercio exterior, excluidos los productos energéticos, que tiene por objeto mejorar la competitividad y racionalizar la política comercial. Este mecanismo, administrado a través del presupuesto del Gobierno Federal, consiste en un rembolso a los exportadores y el cobro de derechos a los importadores por el equivalente de la diferencia entre el tipo de cambio actual y el derivado de la aplicación de una canasta en la que el euro y el dólar tengan igual ponderación (alrededor del 5% a mediados de agosto). Este mecanismo también reduce la dispersión de los aranceles de importación y los reintegros a los exportadores. El arancel máximo de importación para el comercio con los países que no pertenecen al Mercosur se redujo 7 puntos porcentuales (al 28%) para que este esquema tributario no infringiera el arancel  máximo comprometido en el marco de la OMC. Este mecanismo de compensación dejará de aplicarse cuando el euro alcance la paridad con el dólar de EE.UU., lo cual se traducirá en aranceles de importación que, en promedio, serán más bajos que los aplicados antes de establecerse dicho mecanismo.

·          Se emprendieron una serie de planes de competitividad orientados a mejorar la rentabilidad de los sectores más afectados por la recesión. Algunos elementos comunes de todos estos planes son la exención del impuesto a los intereses pagados y a la ganancia mínima presunta, y la posibilidad de acreditar los aportes patronales a la seguridad social como pago a cuenta del IVA. La implementación sectorial de estos planes permite poner en marcha la desregulación y establecer reducciones tributarias a nivel provincial, a la vez que confiere una mayor flexibilidad laboral, sin que se otorguen beneficios que vayan más allá de los que se aplicarán en la estructura tributaria simplificada hacia la cual se espera que converja el sistema.

·          Con el objeto de fortalecer las finanzas públicas y promover el consumo privado, en junio se adoptó un paquete fiscal que incluye las siguientes medidas: i) aumento de la deducción especial y de la deducción por cargas de familia del impuesto a las ganancias, y aumento de la asignación por vales de comida no sujeta a impuestos; ii) unificación de los aportes patronales a la seguridad social en el 16% (los empleadores que como resultado de esta medida deban efectuar mayores aportes previsionales podrían compensar ese aumento con los pagos del IVA); iii) incremento de los impuestos sobre los combustibles diesel, con la posibilidad de acreditar el nivel original del impuesto a cuenta del pago del IVA, y reducción del impuesto sobre la nafta (que entrará en vigencia en 2002); iv) planes para remplazar la base devengado por la base caja para la liquidación cálculo del IVA; v) reducción del IVA aplicable a los productos agropecuarios (a una tasa que aún no se ha decidido), y vi) nueva ampliación de las actividades sujetas al IVA (transportes, televisión por cable, prensa impresa y otras actividades). 

·          En junio se completó un canje de deuda que involucró bonos por un valor nominal de US$29.500 millones; este canje redujo en alrededor de US$12.000 millones los servicios de la deuda en 2001–05 mediante el diferimiento de los pagos de principal más allá de este período, la capitalización de intereses y la utilización de cupones de interés creciente. El canje de deuda elevó en casi tres años la duración promedio de los pasivos.

·          Para aliviar las dificultades de liquidez de los bancos derivadas de la baja de depósitos, en julio el Banco Central redujo en un punto porcentual (al 21%) los requisitos de liquidez aplicables a los depósitos a plazo fijo, con lo cual inyectó alrededor de Arg$ 1.000 millones en el sistema; además, se autorizó a los bancos a utilizar los cheques en cobro para integrar los requisitos de liquidez, y se permitió integrar hasta el 70% de los requisitos de liquidez sobre los depósitos a plazo fijo con saldos en pesos en lugar de dólares de EE.UU.

III. Programa revisado del gobierno para 2001

4.             El marco macroeconómico para 2001 fue revisado teniendo en cuenta la evolución registrada en el primer semestre del año (recuadro 1). Se proyecta, con criterio prudente, que el crecimiento del PBI real será negativo para la totalidad del año como consecuencia de la debilidad del consumo y la inversión. La deflación de los precios al consumidor continuaría por tercer año consecutivo. El déficit de la cuenta corriente externa se reducirá sensiblemente, en gran medida debido a una fuerte mejoría de la balanza comercial. Con la contracción de la actividad económica, se proyecta que las importaciones (f.o.b.) se reducirán un 7% (medidas en dólares de EE.UU.), mientras que las exportaciones mantendrían en términos generales la tasa de crecimiento del 4% registrada en el primer semestre del año (6% en términos reales, a pesar de los factores negativos que afectan a las exportaciones de carne, soja y pescado). Nuestro programa sería consistente con una cierta recuperación de las reservas internacionales del Banco Central en los últimos meses del año, aunque se proyecta que para finales del año el nivel de dichas reservas sería alrededor de US$8.500 millones inferior al de fines de 2000.

 5.             Se prevé que, como resultado del escenario macroeconómico revisado, el deterioro de las condiciones de financiamiento, las reducciones tributarias relacionadas con los planes de competitividad y las demoras en la venta de frecuencias de telecomunicaciones de tercera generación, los ingresos fiscales programados se reducirían alrededor de Arg$ 3.200 millones (aproximadamente el 1% del PBI anual) en el segundo semestre de 2001. El déficit fiscal resultante habría excedido las metas especificadas en la ley de responsabilidad fiscal y en el programa acordado con el FMI y —en las circunstancias actuales en que se carece de acceso a los mercados financieros— no habría sido posible financiarlo.

6.             Frente a esta situación, y con el propósito de dar una solución definitiva al problema fiscal, el 11 de julio el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas económicas que procura intensificar en gran medida el esfuerzo fiscal centrando la atención en eliminar con rapidez el déficit del Gobierno Federal, mucho antes de lo previsto en el programa económico respaldado por el FMI. Se envió al Congreso un proyecto de ley en virtud del cual el Gobierno Federal debería limitar los gastos a los ingresos disponibles. A fines de julio el Congreso aprobó esta ley de déficit cero, que establece que el Secretario de Hacienda dispondrá recortes generales del gasto primario (incluidos los salarios, las jubilaciones y pensiones y las compras de bienes y servicios) a fin de asegurar el equilibrio del presupuesto del Gobierno Federal en base caja; inicialmente, el Gobierno procurará equilibrar el presupuesto correspondiente al período agosto-diciembre de 2001. 

7.             Para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, estamos aplicando una serie de medidas. En lo que respecta a los ingresos, se elevó al 0,6% la tasa del impuesto a las transacciones financieras, que puede acreditarse parcialmente a cuenta del pago del IVA y el impuesto a las ganancias, y se redujeron las exenciones del impuesto. Se elevaron en 4 puntos porcentuales los aportes previsionales a que están sujetas las empresas del sector de servicios. El Gobierno también ha postergado la reducción proyectada del impuesto a las ganancias y el impuesto a los combustibles, así como el remplazo de la base devengado por la base caja para el cálculo del IVA.

8.             Como parte del programa, el Gobierno continuará realizando constantes avances en el campo de la administración tributaria. Se están creando tribunales tributarios especializados que se ocuparán de los casos de evasión por más de Arg$ 1 millón y se espera que estos tribunales estén en pleno funcionamiento para fin de año. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha concluido el plan nacional de auditoría tributaria y está afianzando la independencia de las unidades de auditoría; ha realizado ya alrededor del 40% de las 100.000 fiscalizaciones previstas en el programa, y las autoridades confían en que para el momento de la sexta revisión del programa se habrá  efectuado la totalidad de ellas. Se reforzará el cobro de impuestos por medio de: i) la verificación cruzada de la información obtenida a través del impuesto a las transacciones financieras con las declaraciones de impuestos presentadas por los propios contribuyentes, con lo cual se espera mejorar el cumplimiento tributario; ii) el enjuiciamiento de los bancos que no cooperen con los esfuerzos de las autoridades tributarias para incautar los fondos depositados en las cuentas de los contribuyentes que evadan el pago de sus deudas impositivas; iii) el cobro de las deudas tributarias mediante la ejecución de los créditos de los contribuyentes en mora frente a terceros, y iv) la creación de mecanismos de cooperación con los gobiernos provinciales para facilitar el acceso de funcionarios federales del ámbito tributario a los registros provinciales de la propiedad mueble e inmueble a fin de obtener el pago de las deudas pendientes. Se robustecerá la recaudación del IVA mediante un programa intensivo de auditoría centrado en la verificación de los reclamos de créditos fiscales excesivos y en inspecciones mediante las que se controlará el cumplimiento de las obligaciones básicas de contabilización y facturación del IVA. También se pondrá en marcha un programa especial de auditoría que abarcará a los 2.500 contribuyentes más grandes del país e incluirá auditorías generales e inspecciones para comprobar hechos puntuales. 

9.             Uno de los factores cruciales para el logro de la meta fiscal será el esfuerzo en materia de gastos. Teniendo en cuenta las proyecciones con respecto a los recursos (recuadro 2), el Gobierno recortará aproximadamente Arg$ 2.300 millones del gasto primario el segundo semestre del año. Para lograr esa meta, está tomando varias medidas: i) un recorte de Arg$ 1.300 millones del gasto primario, que entró en vigor en julio y que supone reducir en un 13% los sueldos y las jubilaciones que superen los Arg$ 500 mensuales y recortar un 30% el gasto en remuneraciones del personal contratado; ii) nuevos ahorros en materia de seguridad social (gracias a las medidas descritas en el párrafo 20) por un total de Arg$ 170 millones. En caso de que los ingresos tributarios durante el resto del año sigan siendo inferiores a los niveles previstos en el presupuesto 2001, como ocurrió en julio, y, por consiguiente, el Gobierno Federal no pueda asignar recursos para realizar las transferencias adicionales requeridas para cumplir con la coparticipación mínima de impuestos establecida en el Compromiso Federal de diciembre de 2000, trataremos de reequilibrar los términos convenidos en dicho pacto para generar un ahorro neto de hasta Arg$ 900 millones durante el resto del año 2001.

10.           De acuerdo con las proyecciones, los recortes del gasto que se están realizando reducirán el gasto primario a un nivel muy inferior al fijado como meta en el programa para el resto de 2001, lo que permitirá bajar el tope del gasto fijado para el final de septiembre y el final de diciembre. La nueva meta deberá tener carácter indicativo porque en la eventualidad de que el ingreso tributario supere el nivel programado, la ley de déficit cero obliga al Gobierno a  rever algunos de los recortes salariales y jubilatorios (a condición de que se mantenga el equilibrio fiscal). Las medidas de ajuste que se están poniendo en práctica garantizarán el cumplimiento de la meta fiscal prevista en el programa para el final de diciembre de 2001 (un déficit máximo de Arg$ 6.500 millones en base caja). No obstante, en vista de la contracción drástica que está registrando el ingreso fiscal durante el tercer trimestre, será necesario elevar en Arg$ 350 millones el tope del déficit correspondiente al final de septiembre, llevándolo a Arg$ 6.600 millones.

11.           Los gobiernos provinciales están respaldando el ajuste que ha emprendido el Gobierno Federal con una serie de medidas destinadas a eliminar el déficit fiscal de las provincias.  Estas medidas abarcan la eliminación de algunas exenciones de impuestos provinciales, recortes salariales, incentivos para la jubilación anticipada y reformas administrativas. Las provincias están realizando reformas sustanciales en el ámbito político que se traducirán en importantes ahorros de los gastos operativos de las legislaturas provinciales y los consejos municipales. Al igual que en el caso del Gobierno Federal, se espera garantizar así el logro de las metas programadas para el déficit provincial en lo que queda del año. Para hacer frente al deterioro de las condiciones de financiamiento, los gobiernos provinciales seguirán adelante con los programas de privatización, que abarcan las empresas de agua y energía así como las loterías provinciales, y, dentro de los límites especificados en su propia legislación, utilizarán bonos provinciales para pagar parte de la masa salarial y de la deuda con proveedores. El Gobierno Federal brindará asistencia en este campo y permitirá el uso de esos bonos para el pago de impuestos federales hasta un monto fijo equivalente al valor mensual de la masa salarial provincial. Dichos pagos, registrados separadamente para cada provincia, se descontarán de los ingresos tributarios federales sujetos a coparticipación con cada una de ellas. En mayo de 2001, el Gobierno dio a conocer y publicó en Internet el primer informe sobre la ejecución del Pacto Fiscal Federal, en el que explica las medidas adoptadas por los gobiernos provinciales para mejorar su legislación e incrementar la transparencia de sus operaciones, y en el que se describen los avances logrados en la contención del gasto primario y la reducción del déficit. El segundo informe trimestral se publicó en agosto de 2001.

12.           Para lograr el equilibrio presupuestario en 2002, será necesario intensificar sustancialmente el esfuerzo fiscal. De acuerdo con las proyecciones, el ingreso fiscal del año próximo se mantendrá aproximadamente al mismo nivel que en 2001 dado que los aumentos derivados de una mayor actividad económica y una mejor administración tributaria compensarán la pérdida de los ingresos de carácter extraordinario percibidos este año y el efecto en todo el año de las medidas de promoción del crecimiento emprendidas en los 10 últimos meses. El gasto primario se reducirá alrededor de Arg$ 6.000 millones (2% del PBI) en comparación con los resultados proyectados para 2001 gracias a la aplicación de los instrumentos que prevé la ley de déficit cero y al mejoramiento de la administración tributaria, la reforma del sector público y el ahorro en la administración de la seguridad social. Confiamos en que los recortes del gasto que se están realizando, sumados a los previstos para el año próximo, lograrán que las finanzas públicas se encaminen por una trayectoria viable mucho antes de lo contemplado en el programa. El Gobierno espera lograr el equilibrio fiscal en 2002, excluida la capitalización de los intereses resultantes del canje de la deuda realizado en 2001.

13.           A pesar de la difícil situación financiera actual, el Gobierno confía en que logrará una renovación voluntaria de las obligaciones que vencen este año. Las necesidades brutas de financiamiento del sector público no financiero durante el período comprendido entre agosto y diciembre de 2001 se estiman en Arg$ 9.200 millones, de los cuales Arg$ 4.300 millones reflejan la renovación de letras de Tesorería de corto plazo. El programa financiero queda cubierto con los desembolsos programados de fuentes oficiales, los acuerdos concertados con bancos locales y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones para refinanciar letras de Tesorería de próximo vencimiento, y algunas colocaciones a corto plazo con inversores institucionales locales. Esperamos que la firme ejecución de las medidas fiscales y la perspectiva de una pronta eliminación del déficit fiscal aumenten sensiblemente la confianza del mercado y nos permitan recuperar el acceso a los mercados internacionales de bonos en 2002.

14.           Se espera que la participación del sector privado en el financiamiento del programa fiscal llegue a aproximadamente US$15.000 millones en 2001. Esta participación estará articulada alrededor de las colocaciones de bonos en los mercados internacionales y nacionales mencionadas arriba y el ahorro de US$3.700 millones en amortizaciones como resultado del canje de la deuda de junio. Además, tenemos previsto utilizar aproximadamente US$1.200 millones de la línea de crédito contingente mediante operaciones de pase concertada con bancos internacionales. Estamos, también, estudiando la posibilidad de lanzar otra operación de canje de la deuda en los meses venideros. Es posible que, para facilitarla, solicitemos que se adelante el desembolso de un máximo de US$3.000 millones que forman parte de la ampliación de los recursos del programa.

15.           El gobierno ha establecido un mecanismo que permitirá la colateralización de los cupones de intereses de las deudas instrumentadas en bonos. Mediante este mecanismo se recibirán bonos soberanos de los actuales titulares y se emitirá: i) una serie de certificados de pago anticipado de impuestos a cambio de los cupones de intereses, y ii) un crédito por el principal. Los tenedores de dichos certificados podrán utilizarlos para pagar los impuestos cuando venzan los cupones. Como los precios de los bonos se encuentran actualmente deprimidos, mediante este mecanismo los contribuyentes podrán reducir sus deudas tributarias futuras, fortaleciendo al mismo tiempo las garantías de la deuda pública, sin que el equilibrio presupuestario se vea afectado.

16.           Las fuertes defensas prudenciales en términos de liquidez y capitalización del sistema bancario establecidas desde hace varios años han resultado vitales para hacer frente a la reciente turbulencia financiera. A fin de garantizar la integridad de estas defensas mientras los depósitos se recuperan durante lo que resta de 2001, el Gobierno tiene previsto volver a establecer una tasa del 22% para los requisitos de liquidez. En consonancia con esta medida, se ha modificado el tope establecido en el programa para los activos internos netos. Los desembolsos del FMI programados para el resto de 2001 (teniendo en cuenta el aumento de los recursos propuesto) ascienden a US$7.400 millones aproximadamente y contribuirán a fortalecer las reservas internaciones en US$4.000 millones como mínimo. En el futuro, el Banco Central proveerá la liquidez mediante operaciones selectivas de redescuento y operaciones de pase a tasas de interés que no generen oportunidades de arbitraje. Los bancos con problemas de liquidez persistentes recibirán ayuda a condición de que acuerden con el Banco Central medidas para reforzar su balance. Además, durante el resto de 2001 el Banco Central no autorizará a los bancos a aumentar el volumen de bonos que actualmente forman parte de sus reservas de liquidez.

17.           Se han adoptado medidas para apuntalar a los bancos oficiales. Como parte del plan de recapitalización, en julio el Banco Provincia (BPBA) canjeó sus préstamos en mora por un bono de la provincia de Buenos Aires (PBA). El banco también comenzó a constituir previsiones por sus créditos a la PBA y reformó su carta orgánica a fin de limitar el volumen de crédito que puede conceder a cada cliente y permitir el enjuiciamiento de los administradores negligentes. Se acordaron medidas adicionales para robustecer la banca pública: i) acortar a un máximo de dos años el plazo para dar pleno cumplimiento a las normas prudenciales por parte del BPBA; ii) velar por el cumplimiento puntual de las obligaciones de declaración de datos impuestas por el Banco Central, y iii) solicitar la organización de una auditoría externa independiente antes de fin de año del BPBA que determine el estado económico y financiero de la entidad, iv) con relación al Banco de la Nación Argentina y otras entidades públicas, el Banco Central, en cada caso y en función de las situaciones particulares de cada entidad, adoptará las medidas tendientes a conseguir los mismos objetivos de transparencia y eficiencia.

18.           A fin de establecer una base más sólida y sostenible para las finanzas del sector público global a mediano plazo, el Gobierno Federal procurará reformar el sistema de coparticipación de ingresos con las provincias a fin de: i) simplificarlo, entre otras formas reduciendo la afectación de ingresos a fines específicos; ii) hacerlo más transparente; iii) lograr que las transferencias sean menos cíclicas y más coherentes con las limitaciones macroeconómicas, y iv) establecer una mayor correspondencia entre los ingresos coparticipados que reciba cada provincia y los esfuerzos de recaudación que realice cada una de ellas. La Constitución exige el acuerdo unánime de todas las provincias sobre el proyecto de ley. Es intención del Gobierno alcanzar ese acuerdo alrededor del 30 de noviembre de 2001 y elevar el proyecto al Congreso en Diciembre.

19.           La rigurosa limitación presupuestaria que significa la ley de déficit cero es un poderoso aliciente para acelerar la reforma en el ámbito de la administración pública. Desde que se aprobó dicha ley, la reforma de la administración pública ha avanzado considerablemente en varios campos: el directorio de numerosas entidades descentralizadas se ha reducido a tres miembros solamente, y se han eliminado o fusionado siete organismos estatales para evitar el derroche de recursos y la duplicación de tareas; se ha reforzado el régimen de compras del Estado mediante un sistema electrónico de adquisición de bienes y contratación de servicios, con el que se prevé ahorrar de un 10% a un 15% del total de compras (Arg$ 200–300 millones por año); también se les está exigiendo una rendición de cuentas más estricta a los administradores al establecer un vínculo directo entre el financiamiento de los programas y los resultados obtenidos. Se ha recortado un 30% el total de remuneraciones del personal contratado. Asimismo, se ha aprobado una nueva ley que refuerza las operaciones de los entes reguladores, se ha procedido a racionalizar varios ministerios, y se han instituido por vía reglamentaria condiciones más estrictas para el empleo en el sector público.

20.           Se ha fortalecido la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) a fin de reducir el abuso de las asignaciones familiares y otros programas: se suprimió el mecanismo de compensación de las asignaciones (que permitía a la pequeña empresa hacer aportes directos preestablecidos a la ANSeS); se consolidaron las asignaciones pagadas a los cónyuges para evitar la duplicación de asignaciones por familiares a cargo, y se fijó un mínimo salarial de $100 por mes para el aporte. Las dos primeras medidas están permitiendo ahorrar unos $6,5 millones por mes; asimismo, los empleados públicos ya no pueden cobrar una jubilación mientras siguen al servicio del Gobierno Federal. Además, los nuevos directivos están tomando medidas para: i) limitar los gastos operativos de la ANSeS a no más de Arg$ 150 millones por año (ya se han racionalizado puestos directivos y profesionales, y se ha reducido drásticamente el personal contratado); ii) eliminar abusos en las antiguas cajas de jubilación provinciales que se transfirieron al Gobierno Federal, mediante auditorías a quienes perciben beneficios jubilatorios de más de Arg$ 500 por mes, y iii) reforzar los controles para reducir la evasión de aportes y contribuciones de seguridad social.

21.           En el campo de la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo ha iniciado la renegociación de los convenios colectivos de trabajo vencidos, con lo que se espera lograr más flexibilidad en las condiciones de empleo. Además, se están preparando planes para mejorar la capacitación laboral de las personas que se incorporen al mercado de trabajo y de los desempleados, permitiendo a los empleadores ofrecer contratos de empleo temporales con un nivel más bajo de sueldo y prestaciones.

22.                 Se ha reafirmado el papel del Mercosur como mecanismo de integración comercial. En la reunión cumbre celebrada recientemente en Asunción, los presidentes de los países miembros convinieron en agilizar las negociaciones comerciales (como las del ALCA) con otros socios interesados. El acuerdo contempla la creación dentro del Mercosur de una unidad negociadora que acelere la integración con los principales socios comerciales y la creación de una comisión de alto nivel encargada de analizar el arancel externo común. También se convino en acelerar la resolución de varias controversias, en particular las relativas al sector automotor. Las autoridades argentinas tienen la intención de fortalecer el Mercosur y promover nuevas iniciativas dirigidas a una mayor coordinación macroeconómica en la región.               

Pautas estructurales 

Administración tributaria

·          Poner en práctica planes de simplificación de los mecanismos de facilidades para el pago de impuestos (quinta revisión)

·          Poner en práctica el plan para fortalecer la recaudación de impuestos que se describe en el párrafo 8 del Memorando de Política Económica (quinta revisión)

·          Concluir 80.000 y 100.000 auditorías  (quinta y sexta revisión, respectivamente)

·          Poner en pleno funcionamiento el tribunal fiscal penal (sexta revisión)

Reformas de la seguridad social

·          Aplicar el plan de reestructuración de las asignaciones familiares (quinta revisión)

Finanzas provinciales

·          Presentar al Congreso un proyecto de ley acordado con las provincias para reformar el mecanismo de coparticipación de ingresos (quinta revisión)

·          Continuar la publicación por el Ministerio de Economía de informes públicos trimestrales sobre la aplicación por el Gobierno Federal y cada una de las provincias de los compromisos asumidos en virtud del Compromiso Federal (quinta revisión)

Sistema financiero

·          Fortalecer el cumplimiento de las normas prudenciales y de declaración de datos de la banca pública y solicitar la organización de una auditoría externa para el BPBA como se describe en el párrafo 17 del Memorando de Política Económica (quinta revisión) 

Argentina: Criterios de performance cuantitativos para 2001-02  (1)(2) 

(Millones de pesos argentinos o dólares de EE.UU.) 

                                                                ENE-SEP 2001   ENE-DIC 2001        ENE-DIC 2002

(1)     Según se definen en el memorando técnico de entendimiento.

(2)     Las metas para 2002 tienen carácter indicativo actualmente y se reemplazarán por criterios de ejecución al efectuarse la quinta revisión del programa.

(3)     Meta indicativa.