Este libro fue bajado de Internet. Esta Publicado.-Seria un Libro Agotado y además un Libro que la SIDE compró todas sus ediciones: Versiones oscuras dicen que están en 25 mayo 11 en un sótano húmedo... son sólo versiones. El autor afirma que aún  a pesar de haber sido un  éxito, ninguna editorial lo quiso publicar nuevamente .-Es Un libro muy polémico, que une a Personajes del Poder anterior y actual.

 

Por "Christian E. Sanz" Y Prologo de Juan Salinas

 

"LA LARGA SOMBRA DE YABRAN"

 

  

 

 

 

 

Contenido:

 

-Prólogo: Los misterios de Tío Al Yabrán ("Christian E. Sanz"-

Cap I. ”RAICES DEL PODER”

-Las raíces crecen bajo tierra

-Hogar, dulce bunker

-Mis hijos naturales: legítimos y putativos

-Amistad: divino tesoro

-El señor de los anillos

-La perinola: toma todo

-Siempre fuimos compañeros

-El juego de la OCA

-Pasaporte a la aventura

-Los Invasores

-Los superagentes no se rompen

-Donde las águilas se atreven

 

-Cap II. ”COMPRAR LA LEY”

-Duro de votar

-El valor de la ley

-A Cavallo regalado

-Segundas partes nuncas son buenas

-Imagen de radio

-Nosotros, que nos quisimos tanto

 

-Cap. III. “LA VERDADERA ADUANA PARALELA..”

-Su atención por favor!

-Perdiendo el control

-Depósitos a plazo fijo

-No hay nada más lindo que la familia unida

-Amigos son los amigos

-Zona franco

-Gran negocio Gran

-Los tres mosqueteros

-Preguntas sin respuestas

-Bailar pegados

-Conflictos de exportación

 

-Cap IV. “ATENTADOS Y LA GUARDIA IMPERIAL”

-Ejército en las sombras

-La Pesada

-Zaprám rima con Yabrán

-La cuadratura del círculo

-Más allá de la frontera

-Conexiones peligrosas

-Atentados: la aventura del hombre

-Sorpresa y media

-No hay dos sin tres

-El cartero dispara dos veces

-Durmiendo con el enemigo

-La procesión también va por dentro

 

-Cap V. “DROGAS”

-Blancas encomiendas

-El condor pasa

-Conservando la “línea”

-El primero te lo regalan...

-La madre patria: Conexión España

-Buenos muchachos

-Mercasur

 

-Cap VI. “LA MAFIA”

-El primer mundo

-Argentinísima

-Basura de negocios

-Cuando un amigo se va

-Camino al cielo

-La boca del pez

-Mambrú se fue a la guerra

-Gente que busca gente

 

-Cap VII. “EL GRUPO”

-Lo que el viento se llevó

-Lazos de sangre

 

-Cap VIII. “SECRETOS COMPARTIDOS”

-La fuerza del cariño

-Porque es un buen compañero...!

-Enemigos íntimos

-No va más!

 

-Cap IX. “AHORA, MULTINACIONALES”

-Entrevista con un vampiro

-El correo del zar

-El fantasma de Canterville

-Duda cartesiana

-Unidos o dominados

-Sintonía de amor

 

-Cap X. “TRAICION AL AMANECER”

-La fiesta inolvidable

-Crimen por encargo

-Testigo indiscreto

-Los sospechosos de siempre

-Al final del camino

-Historia universal de la infamia

-Otra vuelta de tuerca

-El amor en tiempos de cólera

-La sociedad de los poetas muertos

 

-Cap XI. “EL PRINCIPIO DEL FIN…”

-Dios los cría...

-Somos mucho más que dos

-El fierecillo domado

-A modo de final...

 

-Cap. XII. “MUERTO AL LLEGAR”

-Sinfonía inconclusa: Hipótesis sobre una muerte

-Bibliografía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO

 

Los misterios del Tío Al Yabran

 

La única diferencia sustancial entre Alfredo Enrique Nallib Yabrán y otros empresarios que se

enriquecieron vertiginosamente en el curso de una década, durante los oscuros “años de plomo”

de la última dictadura, fue su sistemático recurrir a la violencia como última ratio.

Lejos del estereotipo del gánster que suelen pintar el cine y la televisión, fue en este sentido como

en los demás, un administrador cuidadoso. El primer misterio del Tío “Al Yobrán” (como

pronuncia su apellido Monzer al Kassar, oriundo del mismo pueblo de sus padres pero nacido en

un hogar de las clases altas) es el garrafal error de apreciación que a todas luces constituyó el

asesinato de José Luis Cabezas. ¿El crímen de Cabezas se explica por la borrachera de la

impunidad o Yabrán jamás decidió asesinarlo y alguién se montó en su evidente deseo de darle

una lección y le cantó Jaque Mate?

Lo cierto es que su destino pudo haber sido otro de no mediar este crímen, en el cual no cabe

duda que estuvieron implicados sus custodios. Cuando Cabezas fue secuestrado y asesinado,

Yabrán venía ganándole la partida a su archirrival, Domingo Cavallo, el ministro de Economía del

mismo Gobierno que lo tenía como socio en las sombras y principal financista.

Dentro del sistema, Cavallo es la antítesis de Yabrán. La horma de su zapato. Mientras aquél

quiere reformar el Estado y no ve otro camino que compatibilizar los usos y costumbres

nacionales con el baremo de los países industrializados, a fin de agregar a la Argentina a este

bloque de cualquier modo, aunque más no sea con el estatus de Nueva Zelanda, Yabrán creía a pie

juntillas en los valores del sistema tal como éstos fueron siempre se aplicaron en Argentina: para

triunfar hay que ser amigo del juez y sobre todo, correr con el caballo del comisario.

Como Pablo Escobar, Yabrán quizá pensara que lo perseguían por haber pasado con rapidez y

eficiencia de ser, como aquél, un humilde ladrón de lápidas a un brillante empresario de

inversiones de riesgo. Que no le permitían triunfar personalmente porque triunfos como el suyo

suelen ser familiares: el resultado de los afanes de dos o tres generaciones. Que lo envidiaban

porque había triunfado.

Cuando Cavallo reparó en que tras las elecciones de 1995 y la sospechosa muerte de su hijo,

Menem se había inclinado decidida y definitivamente en favor de su enemigo; cuando comenzó a

sospechar que todas sus conversaciones eran grabadas y se dió cuenta que no podía confiar en los

policías que lo custodiaban, sintiéndose acorralado, arremetió contra Yabrán como un toro en la

arena de la Cámara de Diputados, donde lo hizo objeto de sus embates durante once horas

seguidas. Allí lo estigmatizó como jefe de “una mafia enquistada en el poder” y obligó a Menem,

primero a farfullar que no conocía de mafias y, después, a enmudecer.

Desde entonces, Cavallo fue considerado -por el Gobierno que integraba- un traidor a una ley no

escrita y se desató una guerra apenas asordinada por el temor a una fuga masiva de capitales. Pero

cuando Cabezas murió, el eje Menem-Yabrán parecía tener ganada la partida: era Cavallo, no

Yabrán, quién estaba cerca de la cárcel.

Cabezas y el momento y lugar en que fue asesinado constituían el denso centro de demasiadas

encrucijadas. Y demasiados procuraron sacar alguna tajada que los beneficiara, hasta el punto de

que el testamento político de Yabrán, la solicitada que tenía preparada para su publicación en

Clarín, cuando decidió que antes que verse preso, mejor era volarse la tapa de los sesos, se

lamenta de que la muerte de Cabezas hubiera sido utilizada por “unos y otros” para tapar

crímenes aún más horrendos, como “el bombardeo de la AMIA”. Yabrán sabía de qué hablaba,

porque toda su organización hizo lo imposible porque no se avanzara más allá de la superficie en

la tarea de identificar a los asesinos de 86 personas, entre connacionales y bolivianos.

Para comenzar, Cabezas estaba a metros de la casa veraniega de Duhalde y su cadaver

carbonizado y humeante fue previsiblemente visto por el gobernador cuando, a eso de las siete de

la mañana, pasó por aquél camino generalmente desierto para ir a pescar a una laguna.

Duhalde se creía el futuro Presidente y se había atrevido a cortar relaciones con Yabrán y a

obstaculizar el propósito de éste de construir una segunda Pinamar (hasta el advenimiento del

menemismo el principal refugio de clases pudientes que rehuían a la exposición pública) en torno

a un puerto deportivo.

Para continuar, para seguir, Cabezas acababa de salir de la fiesta del principal socio-competidor

de Yabrán, el “capitán” Oscar Andreani, de quién era amigo desde que se había convertido en el

fotógrafo de sus hijos. Andreani lo recibía en la cocina y tomaba mate con él. Estaba muy

conmovido desde que, no hacía dos meses atrás, había salvado la vida por estar a pared de por

medio de una impresionante balacera. Fue cuando la sede de su empresa, en Avellaneda, fue

blanco del asalto más cruento de los anales de la historia policial de la Argentina, con el saldo de

una decena de muertos: todos los asaltantes, el principal testigo y dos policías.

A Andreani, que se imaginaba tratando a Yabrán como a un par una vez que su amigo Duhalde

fuera presidente, muchas cosas de ese asalto no le cerraban: el jefe de los policías, por ejemplo,

había sido el comisario Mario Rodríguez, alías Chorizo, un experto en “ratoneras” al que se le

atribuían más de cien muertos. Las ratoneras son emboscadas. Es necesario que haya un buchón

entre los asaltantes, y la carencia de éstos se suple “embalando” rateros para que peguen el salto y

se animen a acometer asaltos a mano armada, algo que se logra ofreciéndoles el “dato”, algunos

gramos de cocaína y, en ocasiones, hasta las armas.

De ahí lo de ratoneras: trampas para cazar rateros. Lugares donde los gatos-policías esperan

emboscados. Hay variantes: fusilarlos cuando se aprestan a consumar el asalto o, la más utilizada,

esperar a que lo cometan. En ambos casos, siempre uno de los asaltantes logra huir: es el

confidente.

Y en el segundo, casi de cajón que será acusado de haber huído con el dinero, que nunca aparece.

En estas emboscadas no hay heridos. Los malvivientes no leen los diarios y acuden una y otra vez

a las mismas ratoneras. Y son muy cabezones, de otra manera no se explicaría que siempre

mueran de uno o dos tiros en la cabeza. Por lo que nadie puede narrar la génesis del asalto, ni

decir el nombre del traidor.

Pero en ocasión del asalto a Andreani también murieron dos policías, uno de ellos oficial y con un

balazo dado por detrás. ¿Qué había pasado?

Andreani dudaba: el Chorizo Rodríguez era señalado en voz baja como uno de los muchos

comisarios mensualizados por Yabrán. Y Rodríguez tenía sendos primos, también comisarios, al

frente de las comisarias de Villa Gessell y Pinamar, eje durante ese verano y los anteriores de un

intenso tráfico de cocaína.

El primo de Pinamar, Alberto Gómez, alías El Paisano o La Liebre, era un lacayo de Yabrán. Sin

embargo, por alguna razón, Cabezas confiaba en él, lo visitaba en la comisaría y comía asados

con el comisario en la casa de su suegro.

Casado con una chica del lugar y conocedor de las entretelas de una ciudad que en invierno

apenas supera las siete mil almas, Cabezas estaba obsesionado con Yabrán. Había diseñado

cuidadosamente el operativo en el que se tomó al empresario que no tenía rostro una primera serie

de fotos, y había seguido luego detrás de su rastro como un perro de presa. Estaba convencido de

que Yabrán era más poderoso que el propio Presidente y le resultaba obvio que en Pinamar se

estaba blanqueando dinero sucio a raudales. También tenía motivos para sospechar que entre

todo aquello y el virtual monopolio de la cocaína por la policía bonaerense, había un hilo

conductor.

Acuciado por su instinto y por la redacción del semanario para el que trabajaba, Noticias,

Cabezas buscaba con ahínco sorprender a Yabrán con una amante, y también se había interesado

en una sospechosísima saga de robos a las casas de Pinamar. Robos cometidos por rateros a

sueldo de policías que a su vez eran subordinados de La Liebre y del Chorizo... quien a su vez era

íntimo del principal barón del duhaldismo y protector de una red de dealers: pequeños traficantes

que operaban en la zona.

Los policías que empleaban a los “escruchantes” de mansiones eran los mismos que no hacía un

año habían iniciado una feroz ofensiva contra Diego Maradona y su manager, sospechado de ser

el dealer y proveedor de mujeres de algunos íntimos del Presidente.

Algunos amigos del manager habían comenzado artesanalmente a introducir una nueva droga de

diseño: el Extasis, lo que desafiaba a los monopolizadores de la distribución de la más telúrica

cocaína. La ofensiva judicial y policial materializada en el “Operativo Cielorraso”, llamado así

porque su principal objetivo se encontraba junto al “techo”, fue diluyéndose tras sus éxitos

iniciales. Quienes la habían lanzado, creían contar con el respaldo de Duhalde, pero éste se había

desmarcado, privándolos de protección.

¿Fue el asesinato de Cabezas una venganza? Y si así lo fue ¿De quién? ¿De Yabrán? ¿De la

policía? ¿De ambos? ¿O de algún poder multinacional interesado en sacar de escena a Yabrán?

Lo único claro como el agua fue que la guardia de corps de Yabrán y policías bonaerenses

participaron del asesinato.

Expuesto a la luz pública, Yabrán comenzó a desmenuzarse como un vampiro en el Sahara, a

pesar de la solidaridad que le demostró públicamente el Gobierno.

Yabrán exigió y obtuvo que lo recibieran en la Casa Rosada para recibir públicamente sus quejas.

Y aunque Menem hizo trabajar de chambelán al coordinador de sus ministros que le puso cara y

oídos, la soleada escena constituyó una de las postales más alucinantes de la época. Millones de

argentinos descubrieron brutalmente en esa escena que no era Menem el jefe de Yabrán: ambos

tenían poderes complementarios y equivalentes, y que gran parte de sus negocios comunes

permanecían en la sombra.

Después, sin solución de continuidad, vino la caída. Fue con el primero de los dos golpes

demoledores con que Duhalde resucitó de entre los muertos y acotó el poder de Menem: la

confesión de la mujer del principal asesino material de Cabezas, el policía Prellezo, de que éste

trabajaba para Yabrán.

Tras recibir el golpe del knocout, Yabrán tardó algo, demasiado, en comprender cabalmente que

había sido puesto fuera de combate. Traicionado y abandonado por parte de sus pretores,

amenazado para que no abriera la boca, un Yabrán al que habían persuadido de poner a nombre

de otros o vendido las empresas que nunca tuvo a su nombre ni había reconocido, seguía

confiando en sus amigos. Hasta que al llegar aquella partida de policías a la estancia en la que se

ocultaba, comprendió que estaba perdido. Las amenazas habían sido claras: su familia sufriría las

consecuencias. Y él no podía imaginarse amedrentado en una celda, temiendo cada día el

momento de la ducha. Y tampoco podía imaginarse sucio, ni sufriendo humillado. Por lo que

puso drástico fin a su carrera, evitándolas.

De la misma manera en la que su nombre e imagen habían irrumpido en los medios,

monopolizando sus portadas, de repente desapareció, dejando decenas de interrogantes sin

respuesta.

Para empezar, ¿quién era realmente Yabrán? Podríamos decir que fue nuestro Al Capone, aún

más grande que el original a pesar de tomarse escrupulosamente en cuenta las muy distintas

escalas de los Estados Unidos y la Argentina.

Ambos se especializaron en la formación de oligopolios y en la fijación de precios de una variada

gama de servicios. Ambos sobornaron a políticos, gobernantes, policías y guardiacárceles (aunque

El Turco aventajó a Caracortada al penetrar profundamente en las fuerzas armadas) y ambos

fueron decididos enemigos de cualquier sindicato u organización que no pudieran controlar.

Capone creció gracias a la Ley Seca, como los Broffman y los Kennedy. Yabrán creció durante la

dictadura, como los Bulgheroni y los Macri, pero también los Fortabat y Soldati. Capone “fue el

primero en utilizar el camión, el teléfono y la metralleta para unificar el crimen”, destacó Andrew

Sinclair al prologar la ilustrativa biografía del gángster de Chicago que escribió F.D. Pasley.

Yabrán fue el primero en utilizar los camiones transportadores de caudales, las sacas de correo y

las armas de fuego” para hacer lo propio. Y si “Capone había conseguido posiciones importantes

en los negocios de comunicaciones y limpieza”, Yabrán ejercía su control sobre el mercado de las

agencias de seguridad ofreciéndole un segundo empleo a policías, gendarmes, guardiacárceles y

suboficiales de las fuerzas armadas, mientras conchababa a sus mujeres en sus empresas de

limpieza.

A los comisarios de más rango también les conseguía trabajos bien remunerados, al servicio de

políticos amigos o en sus propias empresas, que se habían extendido hasta los canales de cable.

Yabrán fue mucho menos sanguinario que Capone, pero también fue mucho más eficiente en

utilizar la violencia potencial, aleccionadora y disuasora. Lo hizo tras asimilar el fracaso de las

mafias rosarinas de los años 20 y de constatar el fracaso de la Camorra, la N’drangheta y la Cosa

Nostra en hacer pie en estas playas en los últimos treinta años. Y de escuchar el rezongo de sus

hombres por encontrar que todos los negocios ilegales se encontraban férreamente controlados

por el aparato de seguridad del Estado.

Pero como no confiaba enteramente en los policías que pagaba, reclutó a su servicio a muchos de

los más conspicuos prebostes de los más eficientes campos de concentración y exterminio de la

historia americana.

Astutos, inteligentes, grandes organizadores, resueltos e insensibles, Capone y Yabrán quizá

hubieran podido hacerse ricos como decenas de ladrones de guante blanco y lavar el dinero

malhabido si no hubieran sido, como fueron, hijos de inmigrantes nacidos en los márgenes: en los

suburbios de Brooklyn el primero, y en un pequeño pueblo de Entre Ríos el segundo.

Ambos fueron generosos a la hora de recompensar favores y atenciones -como si rindieran tributo

a algún negado complejo de inferioridad- y modélicos padres y hombres de familia que respetaron

a ultranza los rústicos tabúes acuñados durante en sus infancias y fortalecidos, en el caso de

Yabrán por apotegmas tan educativos como “ojo por ojo y diente por diente” y “al enemigo, ni

justicia” y “el mejor enemigo es el enemigo muerto”.

Capone y Yabrán fueron por igual apolíticos y conservadores, decididos enemigos de cualquier

revuelta o desafío al orden establecido y amigos sinceros de jueces, policías y funcionarios

corruptos, y se consideraban a si mismos como auténticos hombres de negocios, aunque duros,

básicamente honestos, ya que eran los pocos que conservaban su palabra y pagaban sus deudas y

compromisos aunque no estuvieran escriturados en contratos.

A su modo de ver, todos hacían de una manera u otra lo mismo que ellos, sólo que lo ocultaban

detrás de una maraña de subterfugios leguleyos. La extorsión y el crímen no eran más que medios

para obtener metas socialmente glorificadas, anheladas no sólo por simple ansía de dinero, sino

por que consideraban que el Poder podría volverlos más que impunes: invulnerables. El Poder,

estaba para ellos más claro que el agua: borraraba cualquier pecado original.

No estaban tan errados, pues quizá sea verdad que es mayor crimen fundar un banco que

asaltarlo. Al menos la historia argentina demuestra que los que fundan y vacían bancos suelen ser

los mismos. Y aunque casi todo el mundo conoce bancos quebrados, casi nadie conoce banqueros

fundidos.

Yabrán apostó a la globalización, articulando sus negocios con otros grupos internacionales, pero

la globalización le pasó por encima, como a tantos otros emprendedores artesanos argentinos.

Es que lo suyo era demodée en un país que aspira a ser receptor de los fondos de capitales que

exigen a coro seguridad jurídica para sus inversiones. Esto es: que jueces y policías les garanticen

el retorno de sus ganancias, y no que deban necesariamente sobornarlos para lograr hacer lo que a

cualquiera con suficientes amigos en el Estado le corresponde por derecho propio.

A Yabrán, como a Capone, le faltó el charme suficiente para entremezclarse en los clubes, círculos

y entidades empresarias que, quizá, le hubieran permitido a sus hijos difuminar los orígenes de

una fortuna súbitamente amasada.

¿Era el jefe de una mafia argentina o apenas uno, el más notorio, de sus capos familiares? ¿Acaso

era el socio local de una vasta organización internacional?

Quizá fuera todas esas cosas a la vez, pero averiguar si sólo era el socio oculto del Poder local o de

uno internacional exige profundizar en varios temas. Por ejemplo en cómo YPF perdió mil

millones de dólares durante la dictadura. En cómo la autopista a Ezeiza costó casi la misma suma.

En de qué manera se destruyó el correo nacional. En cuál fue el desarrollo de la Logia Propaganda

Due de Licio Gelli, más allá de resonantes fichajes como los de Massera y Suárez Mason. Entre

otros.

También implica estudiar a fondo el desarrollo del Irangate, el negocio de los transportes de

caudales y del clearing bancario, el proyecto de construir el misil Cóndor II, los negocios con la

Fuerza Aérea y el control de los aeropuertos, las relaciones de Yabrán con Siria y otros países

árabes, su breve pasaje por Italia y los negocios encarados en España por su amigo Heberto Gut

Beltramo.

Y los de Jorge Antonio, de su maestro Diego Ibañez, y de Emir Yoma, el otro vértice del triángulo

criollo. Y medio centenar de atentados pequeños y medianos, desde el incendio de las sacas de un

correo privado, pasando por el “suicidio” del brigadier Etchegoyen, hasta llegar a las voladuras de

la embajada de Israel y la AMIA.

Y, sobre todo, el tráfico de armas y de drogas, desde la epoca del affaire Irán-contras hasta las

ventas a Bosnia y Croacia.

Pasaran cincuenta años y seguirán apareciendo libros que se interroguen sobre la figura de

Yabrán, que creció como un hongo entre las sombras en el mundo de la plata dulce y el auge de la

triangulación de armas, drogas y dinero, del mismo modo que Capone iluminado por los tableteos

de las metralletas Thompson en medio de una Ley Seca que permitía ganancias jamás inferiores al

ciento por ciento.

El libro de Franco Caviglia y Christian Sanz tiene el mérito de ser el primero y desbroza el camino

obligado que pronto recorrerán otros interesados en iluminar las zonas más oscuras de las últimas

décadas de historia nacional, una tarea impostergable para que Argentina se dote de una cultura

que le permita volver a ser, como alguna vez prometió ser, un crisol de razas: el espejo donde la

Humanidad pueda mirarse para atisbar un futuro deseable.

 

 

Juan Salinas

San Telmo, 25 de octubre de 1998.

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: Raíces del poder.

 

" El poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune, un hombre al que no le llega nada

(...) Para mí, un poderoso es el que consigue o tiene la posibilidad de conseguir una ventaja”

 

Alfredo Enrique Nallib Yabrán.

 

 

LAS RAÍCES CRECEN BAJO TIERRA

 

-“Pero Mingo, no hay pruebas... Todo el mundo habla de Yabrán pero no hay nada contra él.

Mirá, le he pedido un informe a la side y no tienen una sola prueba”, rezongo Carlos Menem.

-“Carlos, vos sabés que la side no es eficiente. No es ninguna novedad que no tenga información”

–respondió el ministro Domingo Cavallo.

-“¿Y quién es más eficiente? ¿quién tiene una prueba?” –dió por zanjada la discusión el

Presidente.

 

El diálogo tuvo lugar en noviembre de 1994. Antes de que pasaran nueve meses, Cavallo iba a

denunciar que Alfredo Yabrán era “el jefe de una mafia enquistada en el Poder” ante el pleno de

la Cámara de Diputados y con trasmisión directa a todo el país.

 

Nallib Miguel Yabrán llegó a la Argentina desde Siria en 1920, y poco después se instaló en el

pueblo de Larroque, a unos 40 kilómetros de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Aunque no

puede asegurarse con certeza de que lugar exacto de Siria provenía, su apellido procede de

Yabrud, una pequeña ciudad de Siria que hoy no llega a los 70.000 habitantes y que entonces no

bordeaba los 20.000.

Yabrud tiene una situación estratégica. Está a 38 kilómetros al norte de Damasco sobre la

carretera nacional 5, y es la encrucijada que une a las principales ciudades sirias con el fértil valle

libanés de Bekaa, del que la separa la cordillera del Antilíbano, que se extiende paralela a la costa

mediterránea.

De Yabrud son originarios, entre otros famosos, los Al Kassar, los Tfeli y los Menehem, parte de

cuya familia cambió (o, mejor dicho, le cambiaron) el apellido por Menem.

Yabrud siempre fue el lugar por donde desde épocas inmemoriales tanto el hashish como los

derivados del opio –ya sean cosechados en el valle como los procedentes de Turquía y del

“Triángulo del Oro” asiático- recalaban antes de pegar el salto hacia Europa. Su fama es tan

turbia que los damasquinos tiene un refrán: “Mejor tratar con un judío que con alguién de

Yabrud”.

Prolífico y longevo, Nallib tuvo diez hijos y casi la misma cantidad de ocupaciones: comerciante,

peluquero, prestamista, criador de vacas y heladero, entre otras. De sus hijos, además de Alfredo,

el más pequeño de los varones, habían muerto anteriormente otros dos chicos.

Dos hermanas de Alfredo viven en Buenos Aires: la psicóloga Beatriz y Nelly. Los otros cinco

viven en Larroque: Angélica, la mayor, maestra jubilada, más conocida como Coca; José, alias

Toto, quién se encarga de la administración de los campos de Alfredo a través de la firma Yabito

(su apodo de pequeño); Miguel, llamado familiarmente Negrín, dueño de una empresa de

transportes que recorre todo el país; Carlos, que se hizo conocido públicamente cuando atacó a

tiros a una periodista, y María del Carmen.

 

Fue Alfredo, nacido el 1 de noviembre -Día de Todos los Santos- de 1944, quién haría famoso el

apellido. Una paradoja en un hombre que siempre procuró no llamar la atención.

De pequeño, lo llamaban Quico. Quienes lo conocieron entónces lo recuerdan con pantalones

cortos y camisa blanca recorriendo el pueblo con un carrito hecho con un cajón de manzanas y

ruedas de bicicleta para ofrecer los helados que fabricaba su padre. Recuerdan también su férrea

voluntad de no dejarse prepotear por nadie. Para cuando cumplio 15 años, había reemplazado

aquél carrito por uno tirado por un caballo y techado. Cursaba por entónces el colegio nacional

en el “Villa Larroque”. Algunos pocos alumnos recuerdan a Quico como muy vivaz e inteligente.

“Al profesor de Matemáticas, lo daba vuelta, sabía más que él”, evocó Arminda Cabrera.

Alfredo recibió su título de bachiller en 1961, dentro de una escuálida promoción de apenas ocho

estudiantes. Estaba orgulloso de poder darle esa satisfacción a sus padres. Pero tras los festejos,

resultó obvio que el pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Así fue que se marcho a Buenos Aires

con unos pocos pesos. “Quería estudiar ingeniería química porque le interesaba el petróleo”,

recuerda su hermano Carlos. Pero la falta de dinero lo condujo a buscar trabajo, y lo consiguió

como ayudante de pala en una panadería, donde probablemente haya observado con atención el

modo mafioso en que se regulaban los precios del sector, gremio desde donde hace mucho

menudean los pequeños atentados para disciplinar a los advenedizos que pretenden vender pan

más barato o poner despachos en zonas que no fueron previamente acordadas.

Más tarde trabajó en Burroughs como vendedor y reparador de máquinas de oficina, “uno de los

mejores”, según se enorgullecía. Uno de sus mayores éxitos fue proveer de máquinas a la petrolera

estatal YPF, ocasión en la que conoció a Diego Ibañez, quién pronto, tras ser asesinado Adolfo

Cavalli, se convertiría en el secretario general del poderoso Sindicato Unico de los Petroleros del

Estado (SUPE).

Yabrán y varios de sus amigos, entre ellos Alejandro Barassi y Alberto Isaac Chinkies, tuvieron

que irse de Burroughs cuando quedó claro que cuando ellos hacían buenos negocios, no

necesariamente los hacia la empresa. Desde entónces Barassi y Chinkies gozaron de la confianza

de Yabrán, quien los designaría sucesivamente presidentes de su empresa insignia, OCASA.

Yabrán y Barassi ingresaron en Transportes Juncadella SA, la empresa transportadora de caudales

de los hermanos Enrique (comodoro retirado) y Amadeo Juncadella, estrechamente relacionada

con las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los servicios de informaciones. Fue allí donde progresó.

Mucho.

A mediados de 1975 gobernaba la viuda de Juan Perón, María Estela Martínez (a) Isabelita, y se

registraba el apogeo del poder del superministro de Bienestar Social, José López Rega (a) El

Brujo, principal impulsor del terrorismo estatal de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o

Triple A. Fue por entónces, más precisamente el 28 de junio, cuando Yabrán y su esposa, Cristina

Pérez, aparecieron como dueños mayoritarios de una empresa surgida de las costillas de

Juncadella: la Organización de Clearing Argentino SA (OCASA) con 130.000 acciones. Más que

las que permanecían en manos de los hermanos Juncadella.

Este gran salto que hubiera hecho palidecer de envidiada a Mao Tsé Tung, sigue envuelto en

brumas. Crónica, diario para nada hostil al misterioso empresario desaparecido, publicó

sucesivamente dos versiones acerca de sus razones. La que podríamos llamar versión Heidi es:

"parece ser que con los ahorros y una indemnización que le pagaron en Juncadella, Yabrán se

compró un camionicito y comenzó a distribuir encomiendas y cartas dentro de la Capital Federal y

el Gran Buenos Aires con OCASA, y, como quiera que el transporte de correspondencia era

monopolio del correo estatal, la de Yabrán -aunque tolerada por los sucesivos gobiernos- era una

actividad clandestina pero floreciente que le permitió hacerse rico de la noche a la mañana”.

Esta versión coincide con lo expresado por el propio Yabrán: "Un amigo empresario (se supone

que Amadeo Juncadella) me ofreció el 50 por ciento de OCASA, una empresa muy pequeña que

prestaba preferentemente servicios a los bancos. Como nosotros éramos eficientes y el correo un

desastre, empezamos a tentarnos con nuevos servicios, nos gustó y desarrollamos la OCASA

pujante que hoy se conoce, de la cual soy en la actualidad el accionista mayoritario".

Yabrán dio esta explicación al enviarle una carta a la revista Noticias, la que puntualizó luego que

en realidad Yabrán se hizo con el control absoluto de OCASA, ya que su mujer también había

adquirido acciones. Yabrán pasó a ser, junto con su esposa, María Cristina Pérez, el principal

accionista de OCASA, aun con mayor poder que sus antiguos jefes, Enrique y Amadeo

Juncadella.

La otra versión de cómo Yabrán desbancó a los Juncadella pertenece también a Crónica. Resulta

más verosímil: Yabrán habría hecho una fortuna "en Florencia, Italia, donde fundó una empresa

asociado con el presidente de Libia, Muhammar Khadafi", dice escuetamente.

Khadafi acababa de hacer un acuerdo con López Rega, estaba asociado con el Grupo Agnelli y el

mismísimo Vaticano en la producción y venta de armamentos. Es decir, con la Logia

Propaganda-Due de Licio Gelli, integrada en nuestro país, entre otros, por el almirante Emilio

Eduardo Massera y el general Carlos Guillermo Suárez Mason.

Originalmente, OCASA había sido pensada por los hermanos Juncadella como un muletto de

Juncadella, que con 300 camiones valuados cada uno entre 50 y 70 mil dolares, controlaba el 70

por ciento del movimiento de efectivo en la plaza bancaria.

Juncadella fue en su origen una empresa familiar fundada en 1932 por el inmigrante catalán

Francec Juncadella. Desde entónces tuvo un crecimiento sostenido, aunque razonable, hasta que,

como varios de los que más tarde conformarían los grupos económicos mas poderosos del país,

experimenta un boom a partir de 1976, al amparo de la tablita de José Alfredo Martinez de Hoz y

su curiosa -y no menos funcional a los rapidos negocios privados- doctrina de la subsidiariedad

del estado.

Mientras José Alfredo y su amigo, el ex ministro del Interior Albano Harguindegui, iban de safari

al Africa, Amadeo Juncadella se dedicaba a otra clase de caza mayor. Fue así que para el ocaso de

la dictadura militar tenía ocho filiales en Brasil (bajo los nombres de Minaseorte SA y Prosegur

SA), y sucursales en Paraguay (Prosegur Paraguay SA), Chile (Prosegur Compañía de Seguridad

SA), Uruguay (Transportadora de caudales Juncadella - Musso SA), Estados Unidos (Prosegur

Incorporated), España y Lugano (Suiza).

Para entónces hacia rato, desde 1980, que Yabrán tenía todo el paquete accionario de OCASA.

Los negocios colaterales al transporte de caudales pueden ser todo lo fructíferos que las

disposiciones bancarias y la inflación lo permitan. Desde la inversión en las mesas de dinero de los

sueldos de los empleados del estado "distraídos" por tres o cuatro días (recuérdese que, por

ejemplo, hasta muy entrado el año ‘83, momento en que las autoridades recordaron que tenían un

banco, el pago de los sueldos de empleados de la Municipalidad de Buenos Aires estuvo a cargo

de Juncadella), la violación de la norma que establece la obligatoriedad del encaje bancario hasta

el transito ad eternum de los fondos de entidades amenazadas de embargo, Juncadella y OCASA

incurrieron en todas.

En las primeras extensas periodísticas sobre las actividades de Yabrán, los periodistas Alberto

Ferrari y Alberto Ronzoni (ver La biclicleta blindada I y II, publicadas en el mensuario

cooperativo El Porteño a fines de 1987) afirmaron que OCASA fue, en origen, un invento de

Juncadella para forzar y ganar nuevas licitaciones en los Bancos de La Nación y la Provincia de

Buenos Aires, proceso que se puso en marcha tan pronto como los militares asaltaron el poder el

24 de marzo de 1976.

El nuevo ministro de economía, Martínez de Hoz, nombró director del Banco de La Nación a su

amigo -e hijo del dueño del Banco Ganadero- Juan Ocampo, quien ocupó su despacho en el

imponente edificio de Rivadavia y Balcarce en compañía del coronel Rómulo Colombo, designado

al frente de la gerencia de personal. Colombo cesanteó a más de cien empleados alegando razones

gremiales y políticas. En el interín, otros veinte trabajadores pasaron a engrosar la lista de

"desaparecidos". Mientras el coronel hacía esta "limpieza" que garantizaba la ausencia de

protestas, Ocampo ordenó reacondicionar los camiones blindados del Banco Nación en los talleres

del tercer subsuelo. Cuando estuvieron listos, los puso a la venta. Los compró Juncadella a precio

vil. Desde entónces, aquellos mismos camiones, ahora con el nombre de Juncadella en grandes

caracteres, se encargaron del grueso del transporte de caudales del Banco Nación, que en la

práctica se había quedado sin flota propia.

La historia es sencilla y de tan repetida, casi rutinaria. Si bien en sus negocios con las empresas

privadas proveedoras de servicios el estado argentino actuó tradicionalmente como un gigante

descerebrado y manirroto, aquellas nunca dejaron de advertir la conveniencia de contar con

competidoras de paja que presentaran presupuestos "optativos" en las distintas licitaciones. Cae

de maduro que el sentido de este recurso, que en términos elegantes se denomina “cartel” es el

inverso al que se espera de la libre competencia. Para decirlo de otro modo, siempre es preferible

asaltar al gigante en banda que hacerlo de a uno.

Es este principio rector que dió nacimiento a OCASA, producto de un acuerdo entre Juncadella y

OCA, uno de los correos privados más antiguos del pais, con sede en Córdoba y participación de

la Fuerza Aérea.

En 1976 Juncadella desistió de continuar prestando un servicio al Banco Provincia que le

resultaba poco ventajoso, solicitando que se convocara a una licitación. Los militares, que se

habían adueñado de todos los resortes económicos a sangre y fuego, accedieron. A la convocatoria

se presentaron dos oferentes: la propia Juncadella y la novel OCASA, que con suerte de

principiante se alzó con el contrato a pesar de haber licitado por valores muy superiores a los que

el banco solía pagar. Naturalmente, el precio de Juncadella era todavía mayor.

“OCASA carecía de camiones y fue preciso pintar de amarillo y negro varios de los grises de

Juncadella", escribieron Ferrari y Ronzoni. OCA puso en venta su parte del paquete accionario de

OCASA a los hermanos Juncadella, disconforme con "algunas cosas raras que constituían

recursos comerciales empleados en el mercado", pero Yabrán logró evitar que los Juncadella le

quitaran el manejo de la empresa, a la que hizo crecer de manera vertiginosa a partir de 1979,

cuando se convirtió en la principal permisionaria de Empresa Nacional de Correos y

Telecomunicaciones (Encotel).

OCA no vendió su parte sólo por “algunas cosas raras”. Estaba asfixiada porque Encotel le había

iniciado una demanda de 8 millones de dolares por incumplimiento de contrato.

Ferrari y Ronzoni escribieron a fines de 1987 que ese juicio se había definido hacía “pocos meses

con un resarcimiento menos oneroso: OCA, ahora perteneciente al grupo Yabrán, se compromete

a trasladar 30 kilos de correspondencia diaria hasta Rosario durante 10 años".

Naturalmente, Yabrán había comprado OCA con el compromiso de asumir los costos del juicio de

Encotel, el correo estatal que logró penetrar hasta convertirse en el poder detrás del trono durante

los años de la dictadura, poder que no solo decreció, sino que se consolidó durante los primeros

años de democracia.

Es lo que explica que Yabrán haya logrado cambiar el pago de 8 millones de dolares a Encotel,

por 3.650 viajes de OCA a Rosario, a razón de 2.200 dólares cada uno.

Que OCA, OCASA y Juncadella estaban cuando menos cartelizadas era obvio, pero lo que no

resultaba por entónces tan obvio era que el control del “cartel” no había quedado en manos de los

hermanos Juncadella, sino del testaferro que éstos habían puesto al frente de OCASA. Es decir, de

Yabrán.

¿Cuándo Yabrán logró subordinar a los Juncadella? Fue un proceso y es difícil definir una fecha.

Según la historia echada a rodar por Crónica, Yabrán tuvo que escapar de Italia a mediados de la

década de los 70 perseguido por la DEA, que lo acusaba de ser un experto blanqueador de dinero

proveniente del narcotráfico. Es más: aseguró que desde entónces, Yabrán tuvo vedada la entrada

tanto a Italia como a los Estados Unidos.

Quizá el año clave haya sido en 1978, cuando Massera creía tocar el cielo con sus manos

ensangrentadas y se celebró un mundial de fútbol cuya seguridad fue ejercida por Batallón 601 de

Inteligencia del Ejército y cuya copa no se guardó en las bóvedas del Banco Nación, sino en la

sede-fortaleza de Juncadella, en la calle Tres Arroyos.

Lo cierto es que, en 1980, Yabrán ya controlaba el ciento por ciento del paquete accionario de

OCASA, lo que acota como máximo a 1979 el momento en que Yabrán se convirtió en el capo

oculto del correo y de los transportes de valores.

Como fuere, al año siguiente (1980), Encotel introdujo modificaciones a la ley Postal, autorizando

a las empresas privadas a transportar correspondencia. Según delegados de los trabajadores del

Correo, los autores del proyecto fueron los abogados Rodolfo Balbín y Pablo Rodriguez de la

Torre, ambos muy vinculados a Yabrán. Hasta el punto de que, en la práctica, Balbín (ya

fallecido, conocido como El Duque y sobrino del extinto líder radical) era el delegado de Yabrán

en la Asociación de Permisionarios de Encotel (APE).

Para entónces, Yabrán había desaparecido hasta del directorio de OCASA, donde también lo

reemplazó Balbín, quién además de presidirla era su síndico titular.

Yabrán tenía a su servicio a militares de alta graduación, como los generales Naldo Dasso,

Antonio Vaquero y Alberto Bocalandro, y el coronel Carlos Alberto Zone, quienes se rotaban en

el directorio de OCASA.

Vaquero tuvo mucho poder durante la dictadura, hasta el punto que el periodista Joaquín

Morales Solá solía referirse en sus notas de Clarín al "grupo de las tres V" que habría integrado

junto a los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Viola.

Fue Vaquero quien, al parecer, ejerció una considerable influencia para que OCASA fuera la única

empresa autorizada a trabajar en Aeroparque. Además, ya retirado, Vaquero operó para

destrabar una licitación que Yabrán habían ganado en Encotel, impugnada por Manuel Tienda

León SA, que comenzó a sufrir molestos accidentes.

Otra de las tareas de las que se encargó el general fue la de persuadir a algunos propietarios de

campos de Entre Ríos a que le vendieran 2000 hectáreas a Yabito.

Entre 1982 y 1985 el ex intendente metropolitano, el brigadier Osvaldo Cacciatore, trabajó para

Yabrán como director de una subsidiaria de OCASA, X Express, empresa que terminaría siendo

dada de baja por Encotel gracias a un enorme cúmulo de irregularidades.

Otro brigadier cercano a Yabrán, Armanini, consiguió para OCASA un depósito en el aeroparque

metropolitano.

En cuanto al coronel Zone, fue el último administrador militar de Encotel. Tras renunciar, en 1983

se trasladó a las oficinas del undécimo piso de Cordoba 1328, que eran de Yabrán, lo que nos

exime de mayores comentarios.

Yabrán había comprado esas oficinas a través de su inmobiliaria Aylmer en octubre de 1981 a una

empresa llamada Fundar SA, intervenida por la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial

(Conarepa): el vehículo utilizado por la dictadura para la usurpación sistemática de bienes

pertenecientes a opositores exiliados, detenidos o desaparecidos. En nombre de Fundar SA firmó

las escrituras el capitán de navío (RE) Arnoldo Cennari, administrador de la Conarepa.

En esa oficina funcionaron Lanolec y Yabito, dos de las tres empresas (la otra es OCASA) que

Yabrán siempre reconoció como propias, y también sirvió como primera dirección legal de

Bridees, la empresa de seguridad que le servía de custodia, cuyo nombre querría decir “Brigada de

la Escuela (de Mecánica de la Armada)”, integrada por conspicuos represores del “grupo de

tareas” de la ESMA y del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Antes de dejar Encotel para ir a trabajar con Yabrán, el coronel Zone tuvo la delicadeza de

renovar por 10 años las licencias de OCA y OCASA. La norma era renovar los permisos por un

plazo máximo de 5 años.

Cuando Zone saltó del Palacio de Correos a las oficinas de Yabrán, el gerente de explotación de

Encotel, Aldo Irrera se marchó a Estados Unidos 15 días con todos los gastos pagos en compañía

de su esposa.

Irriera fue sumariado tras la recuperación democrática, cuando al revisarse los contratos pudo

verificarse que le había hecho firmar al correo estatal un contrato con una subsidiaria de OCASA,

Villalonga Furlong, por dos millones de dolares anuales a cambio de un servicio postal que en

ningún caso podía costar más de 500 mil.

Irrera, un íntimo de Balbín, soportó otros dos años en Encotel, y cuando se fue, la continuidad de

la “línea” estaba garantizada. Su cuñado, Arturo Oscar López ya era director general de Encotel.

El período del gobierno del general Reynaldo Benito Bignogne, tras la derrota de Malvinas, fue

muy propicio para el crecimiento del Grupo Yabrán. El poder detrás del trono de ese gobierno, el

último de la dictadura, fue Carlos Bulgheroni, un empresario que había pasado de tener una

polvorienta oficina en la Diagonal Norte (desde donde procuraba ganar licitaciones de provisión

de Bridas para la petrolera estatal YPF) a hacerse vertiginosamente rico en poco más de un lustro.

Entre Bulgheroni y Yabrán había una afinidad natural: ambos eran nuevos ricos, ambos tenían y

cultivaban todo tipo de contactos con los militares gobernantes y ambos también habían

conformado pequeñas estructuras de seguridad que, en el caso de la de Bulgheroni, estaba

enfocada claramente hacia la recolección de informaciones. Como un pequeño servicio de

inteligencia y una “patota” al mismo tiempo.

Juntos hicieron lo de El Gatopardo, y lograron ingresar a la democracia sin que nadie les

reprochase nada, dispuestos a hacer negocios tan o más pingües con los funcionarios radicales que

los coronados en el silencio y la oscuridad con los jerarcas de la dictadura militar.

Lo hicieron a través de un período especialmente del desmantelado y caro correo estatal

argentino, acentuado por la multiplicación de huelgas y otras medidas de fuerza de su personal, y

en medio de robos y extravíos de sacas de correspondencia. Ante este panorama, las empresas

privadas se pasaban en masa a los prestatarios privados. Lo que se vio potenciado cuando por

resolución oficial se autorizó el "servicio ocasional" puerta a puerta, sin necesidad de contrato

previo pero limitado a aquellas "permisionarias que dispongan de 60 vehiculos exclusivos para

efectuar el servicio y abonen 110 mil australes por año en concepto de renta postal". Solo OCA y

OCASA cumplían dichos requisitos.

Esto, en síntesis, lo poco que un puñado de periodistas independientes había podido averiguar a

fines de 1987. Pero cuatro años después, el ministro Cavallo y el semanario Noticias comenzaron a

referirse públicamente a quién hasta entónces era apenas conocido por la gente vinculada a los

correos, a los transportes de valores y a los aeropuertos como El Turco Yabrán (así, sin nombre de

pila) o El Amarillo (en relación al color de los camiones de OCASA) y que todavía menos trataban

entre dientes y ceremoniosamente como Don Alfredo.

 

 

HOGAR, DULCE BUNKER

 

Hasta su “muerte”, Yabrán vivió en una mansión con entrada principal por la calle Pueyrredón

1501 de la localidad de Acassuso, partido de Vicente López. Vista desde el exterior, parece un

castillo. Tiene 16.000 metros cuadrados, muchos de ellos jardines, y está tasada (más bien por lo

bajo), en 8 millones de dólares. Yabrán se la compró a los antiguos dueños de la chocolatería

Aguila-Saint y tiene una plazoleta de cemento por fuera de los muros de su extremo norte que es

presidida por un águila, se conoce al lugar como la Barranca del Aguila. Por debajo de la

plazoleta y de la calle, dice una leyenda, corre un túnel que une la fortaleza de Yabrán con la casa

de su vecino, Amadeo Juncadella.

La mansión tiene almenas y torres dotadas de cabinas con vidrios blindados y polarizados y se

encuentra vigilada contínuamente por unos treinta hombres que se comunican por handys.

Yabrán vivía allí con su mujer y sus tres hijos: Eduardo, Mariano y Melina, su preferida, a quién

le organizó una fastuosa fiesta a los 15 años que incluyó fuegos artificiales en otra hermosa

propiedad que tenía a pocas cuadras de allí, en la calle Alvear 1495.

Quienes lograron entrar al bunker de Yabrán dicen que no está descuidado ningún detalle del

rubro seguridad y que, en muchas salas, no hay aparatos de teléfono a causa de la obsesión del ex

propietario por evitar que interfieran sus conversaciones o se informe desde allí acerca de sus

movimientos o los de sus familiares. Las comunicaciones dentro de la fortaleza se hacen,

obligatoriamente, por medio de handys e intercomunicadores.

Hasta que Cavallo popularizó su nombre en 1991, de Yabrán se sabía personalmente muy, pero

muy poco. Apenas que era fanático de River y muy amigo de Juan Destéfano, quien fuera

presidente de Racing e íntimo del presidente Carlos Menem; que le gustaba levantarse temprano y

tomar mate como a todo buen panza verde (como se llama a los entrerrianos por el color de las

pecheras de las tropas del caudillo López Jordán) y salir de vacaciones con su familia.

Y que en algunas, contadas ocasiones, había regresado a Larroque como triunfador. En uno de

estos viajes, en 1985, apareció con un camión que transportaba siete Ford Sierra nuevos, uno para

cada uno de sus hermanos. En otro, invitó a su suegra y a su hermano Negrín a Madrid, donde les

dio una sorpresa: una cena con Isabel Perón.

 

Si algo detestaba Yabrán, era que le sacaran fotos. “Nadie, ni siquiera los servicios de inteligencia

tienen fotos mías en sus archivos”, dijo en una tensa entrevista con Héctor D’Amico, director de

Noticias.

No era del todo verdad porque circulaba una sola, de cuando Yabrán tenía veintipico y todavía

era simplemente Quico, en la que esbozaba una amplia sonrisa y tenía el pelo completamente

negro. Pero no había ni siquiera una del último cuarto de siglo.

La fobia de Yabrán por las fotos se extendía a los periodistas y había logrado inoculársela a sus

familiares. El 13 de octubre de 1991, los custodios de su mansión ahuyentaron al periodista

Gustavo González, de Noticias, disparando un tiro que pasó a unos pocos centímetros por sobre

su cabeza. Y una periodista del diario La Prensa, Florencia Alvarez, recibió un tiro de calibre 38

en el muslo cuando en Larroque le insistió a Carlos Yabrán en su pretensión de entrevistarlo.

Noticias había logrado obtener fotos suyas en Pinamar, mientras miraba fuegos artificiales que el

mismo había encargado. Las fotos habían sido obtenidas burlando a su custodia en un operativo

organizado por José Luis Cabezas. Yabrán no quería por nada del mundo que se publicaran.

Según algunos, porque acostumbraba a utilizar falsas identidades en sus movimientos,

transacciones comerciales e inspecciones a las filiales de sus propias empresas. Otras fuentes iban

aún más lejos y alegaban que Yabrán, como Munzer al Kassar, solía usar pasaportes con falsa

identidad.

¿Para qué utilizaría Yabrán pasaportes falsos? El diputado mendocino Raúl Vicchi expresó

públicamente sus sospechas acerca del porque. Según él, estaba “vinculado al tráfico internacional

de heroína y la producción y elaboración de tal droga realizada en el Valle de la Bekaá”, en

territorio libanés pero ocupado por tropas sirias.

No sólo Crónica, en la oportunidad ya aludida, sino también La Nación, hicieron saber de sus

informaciones acerca de que Yabrán había tenido que marcharse de Italia a causa de su relación

con las drogas. Y los informes de Inforsec (una agencia privada creada al iniciarse la dictadura

por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, y pasada tras las asonadas carapintadas a la férula

de la SIDE), vocero oficioso de la CIA, lo acusaban abiertamente de lavar dinero proveniente del

tráfico de drogas.

“El objetivo principal (del Grupo Yabrán) es negar todo el contrabando que se encuentra en los

depósitos de LADE” (Líneas Aéreas del Estado: los mismos que después pasarían bajo el control

de una sociedad entre Yabrán y la Fuerza Aérea, la Empresa de Cargas del Atlántico Sur SA o

EDCADASSA), afirmaba uno.

Se trataba de una ingente cantidad de “mercaderías no amparadas por documentación aduanera,

bultos canguro, equipajes no acompañados, etc. Las empresas ingresan a la pista para obtener la

correspondencia pre y post aérea de Encotel. Están siendo investigadas por la Policía Federal por

su vínculos con el tráfico de drogas”, agregaba.

Pero Yabrán controlaba en realidad a gran parte de los comisarios de la Policía Federal, que le

debían incontables favores. Y así fue cómo, en 1992, la sede de Inforsec fue volada por una

bomba.

 

 

MIS HIJOS NATURALES: LEGÍTIMOS Y PUTATIVOS

 

De todas las empresas que controlaba, Yabrán jamás reconoció más que cuatro, OCASA, la

agrícola-ganadera Yabito, Bosquemar (empresa madre de sus emprendimientos turísticos en

Pinamar), la inmobiliaria Aylmer y la empresa de taxis aéreos Lanolec.

En cambio, negó siempre y sistemáticamente sus vínculos con:

-Inversiones y Servicios SA.

-OCA: Correo privado.

-Andreani: Correo privado.

-Skycab: Correo privado.

-Juncadella: Transportadora de caudales.

-Transbank: Transportadora de caudales.

-Villalonga Furlong: Transporte de cargas.

-Intercargo: Servicio de rampas.

-Interbaires: Free Shops.

-EDCADASSA: Depósitos fiscales.

-Orgamer: Empresa de seguridad.

-Bridees: Empresa de seguridad.

-Servicios Quality Control: Empresa de seguridad.

-Tecnipol: Empresa de seguridad.

-DHL: Correo privado.

-Ciccone Calcográfica: Confección de pasaportes, cheques, cédulas y registros de portación de

armas.

-Prosegur: Empresa de seguridad y transporte de caudales.

 

También se le han atribuído las empresas Servemar, Compar, Asistencia de Vehículos

Comerciales, Zapram SA, Zapram SRL, Zapram Technical, Shelter, Ocupar, Transportes Vidal y

Udes. Y nunca faltaron los rumores que le adjudicaban el control de Juncadella –probablemente a

través de Prosegur- lo que su vocero, Wenceslao Bungue, no logró desmentir convincentemente.

Dicho de otro modo: Yabrán ha controlado el mercado del transporte de dinero, la

documentación bancaria y financiera, de correspondencia y de carga doméstica, y el control de

bodegas de importación y exportación. Toda una cadena que le permitía trasladar cualquier suma

y cualquier cosa de puerta a puerta.

 

 

AMISTAD: DIVINO TESORO

 

A Yabrán se lo vinculó públicamente con personas de gran poder, comenzando por el propio

Presidente de La Nación, Carlos Saúl Menem. Un día después de que Cavallo denunciara a

Yabrán en el Congreso, Menem aseguró desconocer “a las mafias que denuncia el ministro” desde

la escalerilla de un Lear Jet de la empresa Lanolec, propiedad de Yabrán. La relación entre ambos

resultó tan obvia que la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, dijo que “me da asco que Menem

ande tratando de tapar las amistades que tiene con Yabrán”. Por lo demás, el Presidente lo

defendió varias en veces en público, a quién consideró “un empresario más”.

Yabrán siempre tuvo buena llegada con el ministro del Interior, Carlos Corach, quién decidió

indeminizar a una de sus empresas, Intercargo por el rompimiento de contrato, que la ligaba al

Estado, con la friolera de 44 millones de dólares cuando sólo le correspondían unos cinco

millones. Además, se apresuró a desligar a Yabrán del asesinato de José Luis Cabezas y a dar

como establecido que éste había muerto por disparos de la pistola de uno de los miembros de la

gavilla conocida como “Los Pepitos”, ligados a un prostíbulo del puerto de Mar del Plata.

Ermán González nunca desmintió haber defendido los intereses de Yabrán desde los ministerios de

Economía y Defensa y admitió haberlo visitado. También habría destrabado el cobro de una

deuda, por lo que Yabrán le habría facilitado el dinero para comprar un departamento en la calle

Larrea 1381 de la Capital Federal.

Otro de los estrechos allegados a Yabrán lo fue el ex subsecretario de Seguridad, luego interventor

eterno de la Dirección Nacional de Migraciones y hoy director de este organismo, Hugo Franco,

alías El Ratón. Franco fue impulsor, junto con Corach, de la privatización de la hechura de los

DNI a medida del Grupo Yabrán, subasta que ganó el grupo Siemens cuando Yabrán se

encontraba en la debacle.

El ex ministro y actual senador Eduardo Bauza, alías El Fideo, mantenía aceitadas relaciones con

Yabrán, aunque cuando le resultó necesario, puso distancia con él.

El juez federal de San Iisidro, Roberto Marquevich, benefició con varios de sus fallos a empresas

de Yabrán. Según un informe de inteligencia, el Grupo lo recompensó por estos favores

comprándole un chalet en San Isidro.

 

El secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, dijo a los pocos días del asesinato de

Cabezas que “investigarlo a Yabrán es una locura”. A confesión de partes, relevo de pruebas.

Según Zulema Yoma, el senador Eduardo Menem fue una pieza clave en la relación del gobierno

con Yabrán. Aún así, una de las hipótesis del brutal asalto que sufrió la casa del senador (un

polícia muerto y otro malherido) es que lo hayan cometido allegados a Yabrán a consecuencia del

intento del hermano presidencial de olvidar aquél vínculo.

Monzer al Kassar visitó a Yabrán en su principal estancia entrerriana. El narcotraficante y

traficante de armas habría mantenido relación con Yabrán a través del extinto presidente de la

firma Prosegur de España, Herberto Gut Beltramo, un antiguo empleado y más tarde socio de

Amadeo Juncadella..

El actual embajador en el Vaticano, Esteban Caselli, alías Cacho o El Obispo, le solicitó por

escrito a la Fuerza Aérea por “expreso pedido del presidente” que la empresa Lanolec pudiera

instalar un hangar en Aeroparque. Según Cavallo, Caselli fue un personaje clave en el

contrabando del oro y de las armas y estaba estrechamente relacionado a Yabrán.

Durante la gestión de Horacio Jaunarena como ministro de Defensa, durante el gobierno de Raúl

Alfonsín, se decidió conformar la sociedad entre la Fuerza Aérea y Yabrán, EDCADASSA, que se

consolidó durante el gobierno de Menem gracias a los desvelos de Erman González.

El ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi benefició notoriamente a Villalonga Furlong en

sus relaciones con Encotel pergeñando un decreto que se firmó en 1990.

El actual ministro de Justicia y ex embajador en Washington, Raúl Granillo Ocampo, mantuvo

buenas relaciones con Yabrán al menos desde 1989, cuando se desempeñaba como secretario

Legal y Técnico de la Presidencia.

El ex jefe del bloque radical de diputados, César Jaroslavsky, siempre reconoció ser amigo de

Yabrán y haber gestado varios encuentros entre éste y el entónces ministro Cavallo.

El ex secretario norteamericano de Estado, Henry Kissinger fue contratado por Yabrán para

evaluar la imagen y eficiencia de sus empresas y, de paso, para “lavarles” un poco la cara.

Renunció a la tarea en 1995.

Elías Jassan, el ex ministro de Justicia (cargo al que debió renunciar cuando se descubrió que

habia mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán desde el asesinato de Cabezas)

había sido antes vicepresidente de Interbaires. Jassan le dió el reparto de la correspondencia del

Ministerio de Justicia a OCA. “No tengo ni he tenido relación alguna con el señor Yabrán”,

mintió descaradamente en noviembre de 1996. Eso le costó el cargo.

Emir Yoma. era uno de los principales nexos entre Yabrán y el gobierno y lo ha recibido tanto en

su casa como en sus oficinas.

Horacio Massaccesi dijo que siendo gobernador rionegrino mantuvo reuniones con el empresario.

"Cuando la situación financiera de la provincia se hizo inmanejable hubo que reunirse con

empresarios que tenían en sus manos la suerte de la provincia", se justificó.

El ex juez federal Carlos Branca, hoy preso por corrupto, trabó un embargo por 30.000 dólares

contra Cavallo por una denuncia de OCASA. Más tarde se descubriría que integraba una banda

de contrabandistas.

También tuvieron relaciones con Yabrán, Fernando de la Rúa (que fue apoderado de OCA),

Carlos Grosso; el ex intendente de Pinamar, Blas Altieri; el comisario Juan Adrián Pellachi y,

entre otros, los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Jorge Urso y María Romilda Servini de

Cubría.

 

(Yabrán era amigo personal de monseñor Marcelo Martorell, ecónomo del Arzobispado de

Córdoba y brazo derecho del cardenal Raúl Primatesta, quien reconoció haber recibido una

importante donación de OCA. "No me consta que OCA sea de Yabrán. El solo nos presentó a sus

presidentes, los señores (Nelson) Pozzoli y (Héctor) Colella", explicó. Yabrán también se reunió

con el cardenal primado de la Argentina, Antonio Quarracino, a principios de septiembre de 1995.

Para Cavallo, no hay duda de que Pozzoli era un testaferro de Yabrán. “Hace lo que diaria,

cotidiana y horariamente le dice el señor Yabrán” afirmó en noviembre de 1994).

 

 

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

 

“La campaña de Menem está alimentada por unos veinte millones de dólares que le dió el Turco

Yabrán”, dijo el entónces titular de la side, Facundo Suárez al comité de la campaña de Eduardo

Angeloz para las presidenciales de 1989.

Un estrecho colaborador de José Luis Manzano -cuando este era Ministro del Interior- dijo: “Me

consta que en 1989 Yabrán puso cinco millones de dólares en efectivo, en billetes de baja

denominación y en apenas 24 horas, que fue lo que más me maravilló. El que los trajo fue Cacho

Caselli en persona”.

Según Cavallo, Caselli fue un “personaje clave” porque “fue el contacto que movió los

expedientes (para Yabrán), el que llevaba y traía las cosas y él que movía influencias. Desde la

época de SOMISA siempre trabajó con (el director de Migraciones) Hugo Franco. Ambos hacían

los contactos para las mafias del oro, de las armas y de Yabrán, y yo creo que las tres están

intimamente vinculadas ”, expresó.

Quien fuera un alto cargo de la SIDE en los últimos tiempos del gobierno de Alfonsín, puntualiza

que “hay una confusión: Facundo Suárez habló de veinte millones de dólares no en relación a la

campaña para las elecciones presidenciales, sino el total que le dió a Menem para enfrentar a

Cafiero en las internas de 1988 y a Angeloz en las presidenciales de 1989”.

Vale. Lo cierto es que Yabrán tambien habría donado 4 millones para la campaña de Angeloz, y

Jaroslavsky admitió haber recibido alguna pequeña suma de su bolsillo. Todo indica que Yabrán

muchas veces consolidó vínculos políticos mediante la entrega de fuertes sumas de dinero para las

campañas políticas, generosidad que también alcanzó a ciertos comunicadores.¿Lo dejamos ahí?

La generosidad de Yabrán nunca fue gratuita. Sometía a quienes pagaban a recibir órdenes. “Esta

es la lista de lo que tenés que hacer", solía decirles con voz calma, la boca en una semisonrisa

sardónica y sus fríos ojos celestes mirando fijo.

 

 

LA PERINOLA: TOMA TODO

 

Un modus operandi habitual en el Grupo fue el de amedrentar para evitar la competencia, la

destrucción o bien absorción de ésta bajo presión.

Veamos el caso del Expreso Los Pinos SRL, una empresa de Paraná, integrada originalmente por

los hermanos Mario Alberto y Enrique Carlos Harispe. Los Pinos se decicaba desde mediados de

los años 70 a la correspondencia interbancaria: el movimiento de cheques. Lo que comúnmente se

llama clearing. Como muchas empresas medianas, Los Pinos recién obtuvo autorización para

funcionar como permisionario de Encotel en abril de 1980, cuando extendió sus actividades a

todas las provincias del norte.

Los Pinos hacia nada menos que el clearing del Banco de La Nación en todo el norte argentino.

Pero en 1981 sus dueños recibieron una llamada telefónica de un coronel que se desempeñaba en

dicho Banco, quien les informó que su contrato había sido rescindido unilateralmente por

“razones de seguridad nacional”. Y, de inmediato, las camionetas amarillas de OCASA

comenzaron a hacer todo el clearing en esas extensas regiones.

Luego de esta rescisión, Expreso Los Pinos comenzó a tener dificultades económicas. A mediados

de 1984 comienza a trabajar para la empresa Hugo Benjamín Lifschitz, quien promueve una

reunión entre Alberto Harispe y Alfredo Yabrán. En esa reunión Yabrán le dijo a Harispe que

tenía que venderle la empresa a él a un precio que era irrisorio. El almuerzo culminó en una

discusión. Posteriormente, Harispe se reunió una vez más con Yabrán en un bar y, por tercera vez

en el Hotel Mayorazgo de Paraná, dónde Yabrán le exigió la entrega de la empresa. La negativa de

los Harispe fue el detonante de una “guerra de baja intensidad”.

El 29 de noviembre de 1984 se realizó la apertura de las ofertas para la licitación 32/84 de clearing

para el Banco del Chaco. Se presentaron Expreso Los Pinos, OCA, OCASA, Villalonga Furlong e

Intercar. Se la adjudica Expreso Los Pinos con la cifra más baja. Todos los demás oferentes

impugnaron, pero Intercar inició también una fuerte campaña en procura de que licitación se

anulara. Publica varias solicitadas en los principales diarios de Resistencia donde cuestiona la

subasta y a las autoridades del banco.

Y después, cuando lleva apenas unos pocos días prestando los servicios, en enero y febrero de

1985, dos camionetas de Expreso Los Pinos son sacadas de la ruta por accidentes sospechosos.

El día 9 de marzo se comete un atentado incendiario en el garage de la firma en Resistencia. Se

incendió una camioneta y los bomberos pudieron evitar que el fuego se extendiera a otros

vehículos estacionados. La policía encontró un bidón con restos de nafta y una linterna. Los

elementos no eran de la empresa.

Mientras tanto, se apilan los pedidos de informes sobre la licitación en Diputados y las denuncias

de sindicalistas contra la empresa.

Y el golpe definitivo: Hugo Lifschitz, luego de intentar convencer a los Harispe de llegar a un

arreglo con el Grupo, es nombrado presidente de Intercar, que a continuación se lanza a comprar

cheques posdatados y créditos de terceros contra Expreso Los Pinos o sus propietarios, en un

intento de ahogarlos económicamente.

Y OCASA e Intercar comienzan denuncian a los Harispe ante la Justicia. A pesar de que las

denuncias son rechazadas por su evidente falta de fundamentos, Encotel resuelve no renovarles el

permiso que poco tiempo atrás les había quitado.

De una conversación grabada poco después a Lifschiz, surgieron diálogos muy sugestivos que

fueron presentados oportunamente ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo

entónces del Dr. Ricardo Molinas. De dicha grabación se desprende que Lifschitz pretendía

generar un paro del personal de Expreso Los Pinos para que no pudieran prestar servicio.

También deja en evidencia que mantuvo una conversación con Alfredo Yabrán en la que éste le

propuso darles la licitación del Banco de Entre Ríos a cambio del control del 10% de Expreso Los

Pinos y que Harispe no aceptó. Que Yabrán tenía como objetivo destruir a Expreso Los Pinos.

Etc...

La empresa Intercar, actualmente actúa como fusión con la empresa Skycab, cuyo domicilio en

aquella época era el de la firma Aylmer, que Yabrán reconoce como propia.

 

Otro caso lo tenemos con la firma Autocompensación, empresa que se dedicaba a la entrega de

correspondencia, documentación o valores “puerta a puerta” y clearing bancario, llegando a

representar al 10% del mercado, gracias al amparo del permiso concedido por Encotel. A

mediados de 1990, pese a no haber sufrido sanción alguna por parte del órgano de contralor

durante casi diez años, comenzó a ser severamente controlada y sumariada por incumplimientos

de insignificante entidad, lo que provocó la revocación del permiso y negación por parte de

Encotel de renovarlo.

Esta situación llevó a Autocompensación a la extrema reducción de la actividad, con paralización

de la mayoría de los vehículos, gastos fijos imposibles de afrontar y otras situaciones que la

llevaron a la cesación de pagos.

Del informe general del síndico, que se desprende del expediente de la quiebra, surge que la causa

básica de la crisis de la fallida, fue la revocación de la autorización para funcionar como

permisionaria de Encotel por parte de ese organismo de contralor y que la quiebra se decretó

como consecuencia de la falta de cumplimiento del acuardo preventivo inicialmente homologado

en los autos.

Su ex-dueño, José Arana, solo agrega: “Aunque no tengo pruebas documentadas, (sé que es)

Yabrán quien nos obligó a cerrar la compañía. (...) En 1982 nos propuso fusionar nuestras

empresas. Si le decimos que no, nos mata, pensamos. Si le decimos que sí, desaparecemos”.

Y desaparecieron nomás...

 

Para continuar, veremos el caso de la firma D.H.L., una empresa Internacional que se constituyó

en 1979 entre dos ciudadanos británicos.

D.H.L. se ha dedicado al servicio de courier y como tal está adherida a la organización

internacional D.H.L. Ricardo Giachino y Carlos Roberto Mackinlay eran sus abogados.

Cuando estalla la guerra de Malvinas y se decreta la indisponibilidad de los bienes británicos, los

socios originarios deciden venderla a sus abogados. Estos adquieren en la proporción de 90% el

primero y 10% el segundo. Posteriormente Giachino niega la calidad de socio de Mackinlay

imputándole la calidad de testaferro de él, lo cual desencadena un juicio entre ambos que dificulta

la administración de la sociedad.

Las presiones sobre la empresa comenzaron en noviembre de 1986 con una demanda anónima

recibida por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Ricardo

Molinas. Al mismo tiempo la Aduana realiza una cantidad importante de procedimientos de

intercepción y apertura de la correspondencia. En uno de los procedimientos participó Roberto

“Oreja” Fernández, quien trabajaba para Juan Carlos Delconte y era sindicado como “hombre de

Yabrán” (ver Cap. 3).

En diciembre de 1987 se envía una circular anónima a los clientes de D.H.L. Internacional

informando que se realizaba contrabando mediante la utilización de los servicios de la empresa.

Entre los años 1986 y 1988, fueron realizados 26 sumarios contra D.H.L. Internacional, y una gran

cantidad de trámites parlamentarios. Algunos diputados, inclusive pidieron al PEN que dejara sin

efecto la autorización de D.H.L.

Luego de todo lo descripto se produce la firma de los siguientes acuerdos:

a-El reconocimiento de Giachino a favor de Natalio Levitán de la propiedad del 50% de las

acciones de D.H.L. Internacional.

b-La compra de Giachino a Mackinlay de la propiedad del 10% de las acciones y la firma

simultánea de los desestimientos de acciones judiciales cruzadas. Dichas operaciones se realizaron

en el estudio del Dr. Rodolfo Balbín.

Llamativamente, a menos de dos meses del arreglo con el Grupo, se suscribe un acuerdo de

conciliación con Encotel que da por terminados todos los sumarios anteriores.

Giachino sostiene que llegó a suscribir los contratos por las presiones a las que fue sometido.

Prueba de ello es que al día siguiente del acuerdo dejó constancia de dicha circunstancia ante un

escribano público.

Durante el período que duró el control del Grupo, este colocó a dos de sus empleados en D.H.L.

Internacional: En el área de operaciones a Arnaldo Eduardo Verzura y en el área comercial a Juan

Carlos García, quienes comenzaron a derivar clientes hacia las empresas del Grupo Yabrán.

 

Un seguimiento de las empresas que se atribuyen a la captación por parte del Grupo permite

verificar que el modus operandi es siempre el mismo. A continuación, resumimos un documento

de inteligencia que versa sobre el modo utilizado por el Grupo para apoderarse de algunas

empresas:

 

-Intercar (actualmente Skycab):

-Dueños originales: Medargo y Tozzi.

-Medio de captación: Se provoca la ruptura de ambos socios.

-Representante del grupo: señor Lobosco.

 

-Villalonga Furlong:

-Dueños originales: Varios.

-Medio: Se compra al señor Queijó y a los Bancos que él manejaba (Shaw y Boston).

-Representante: Andrés Gigena.

 

-Transportes Andreani:

-Dueño original: Familia Andreani.

-Medio: Campaña de desprestigio (denuncias de contrabando, etc.) y la consiguiente participación

de Encotel. Finalmente logran parte de su objetivo, ya que Oscar Andreani les vende el

departamento de documentación especializada (permiso de Encotel).

 

En el ámbito de las versiones, hay dos que serían las más fuertes en lo que respecta a la relación de

Alfredo Yabrán y Andreani. La primera asegura que Oscar Andreani ha sido testaferro de Yabrán.

La segunda, en cambio, sostiene que fueron “socios del miedo”: Yabrán controlaba a Andreani

mediante actos violentos.

 

-Transbank SRL:

-Dueños originales: Hermanos Frattini.

-Medio: Si no es una empresa “tomada”, responde totalmente al “grupo Yabrán”, ya que de su

dirección desaparecieron Roberto Frattini por venta de su parte.

Actúan ex funcionarios pertenecientes al grupo.

 

-Compar:

- Dueños originales: Alzugaray, Rodríguez y Aste.

-Medio: Por las representaciones que detenta Julio Rodríguez (representante de la rama caudales)

y otras de igual importancia (APE, ambulancias, etc), hacen figurar que la misma también forma

parte del “grupo Yabrán”. Lo demuestran las cotizaciones que suscribe con el Automóvil Club

Argentino y el Banco de Avellaneda.

 

-Servemar:

- Dueños originales: Los cuatro hermanos Escaba.

-Medios: Fue la primer empresa atacada por Encotel y se le hicieron tantos sumarios, que

solamente la intervención de Alfonsín(h) la salvó de la revocatoria.

Creador con DHL Internacional y Transportes Andreani de Autónomos del Correo (Cepac),

quedaron solos y no tuvieron más remedio que seguir las directivas del “grupo Yabrán”.

 

 

SIEMPRE FUIMOS COMPAÑEROS

 

La relación del Alfredo Yabrán con la estructura del peronismo nació de la mano del ala sindical.

El metalúrgico Lorenzo Miguel y el fallecido petrolero Diego Ibañez se ubican en la historia como

amigos del empresario. Por el año 1.983, Yabrán solía frecuentar las oficinas del SUPE en

Bartolomé Mitre al 800, donde, puertas adentro, hablaba de sus negocios mientras Ibañez

proyectaba sueños electorales. Se sabe que Yabrán aportaba para la campaña electoral y que de

esos días data su acercamiento a Juan Carlos Rousselot y Julio Mera Figueroa.

Hombres cercanos a Ibañez cuentan, a modo de anécdota, que cuando fue secuestrado su hijo,

Yabrán le ofreció un millón de dólares para pagar el rescate. Ibañez no llegó a aceptarlo o

rechazarlo, a los pocos días éste apareció asesinado.

Uno de los motivos de su crecimiento fue la prestación de servicios postales a los bancos del Oeste

y de Junín, pero, por sobre todo al Banco Ciudad, donde en tiempos de la dictadura militar trabó

amistad con el abogado Francisco Gazquez Molina, por aquel entónces director de la entidad y

hoy "dueño del 10% del paquete accionario de OCASA".

Instaladas las autoridades radicales, el “grupo” comienza a desarrollar tareas de penetración en

distintas oficinas de Encotel. Captan al subadministrador Ross; colocan a Gerardo Mapelli como

empleado y van sumando a personal de mediana importancia. El año 1.987 es trascendente para

sus planes, ya que logran desplazar a Ordoñez de la jefatura de Autorizaciones a terceros y

colocan en su lugar a Gerardo Mapelli, que será la pieza clave para consumar la acción de Encotel

contra las empresas “rebeldes”, multándolas o revocándoles directamente el servicio.

Nuevamente mejora su posición con las designaciones de Cerqueiro en Explotación, Vanini en

Asuntos Jurídicos y Ramgeyer en Inspección General. En el mismo sentido, lograron la renuncia

de Uriarte y Forte y la designación de Raúl Carmelo Vacalluzzo al frente de Encotel. Con esto

consiguen no solo dominar la segunda línea de la empresa estatal, sino también a los que dirigen.

Las medidas que toman (aparte de la revocatoria de la tercera permisionaria en el orden nacional,

como fue Autocompensación), favorecen al Grupo con renovación de permisos, con régimen de

excepciones, promoción de renta postal, etc.

De esta manera, el Grupo Yabrán se apoderó de Encotel, titular por ley del monopolio postal.

Hubo que esperar hasta 1.993, año en que Cavallo desreguló la actividad e impuso las leyes del

mercado.

 

Yabrán también supo hacer buenas migas con varios altos jefes de la Fuerza Aerea, entre ellos, los

brigadieres Ernesto Crespo y Raúl Juliá, y aportó dinero para la campaña presidencial de Italo

Luder, en 1.983.

Fue durante otra campaña presidencial, la de 1.989, que Yabrán vió en persona -por primera vez-

a Carlos Menem y sería el mismo Ibáñez, amigo en común, el encargado de las presentaciones

formales.

 

Según declaraciones de Zulema Yoma hechas en el año 1997, “Yabrán y Carlos se conocen desde

hace 15 años. Se veían en el departamento de la calle Cochabamba como amigos que son”.

Zulema le ofreció a Cavallo declarar como testigo de esos encuentros cuando él lo creyera

necesario. Por otro lado, la periodista Gabriela Cerrutti cuenta que cuando Yabrán visitaba el

bulín de Menem en la calle Cochabamba 2617, éste pedía a las personas que se encontraban en el

lugar que los dejaran solas. “Conversaban sentados sobre la cama mientras comían los dátiles que

traía Yabrán”.

 

El amarillo sabe elegir a sus abogados, fue cliente del abogado Pablo Argibay Molina,

perteneciente (en ese momento) al estudio jurídico del penalista Carlos Fontán Balestra (abogado

de Carlos Saúl Menem). Argibay Molina también ha sido defensor, entre otros, de José Luis

Manzano, Maria Julia Alsogaray y Armando Cavalieri.

-"Aquí se inventó un triángulo desde mi persona como defensor del presidente y como defensor de

Yabrán. Y que esto significaba una organización de tipo mafiosa...", le dijo el abogado a la revista

Noticias de septiembre de 1.995, en ocasión de haberse producido una ruptura entre los abogados

del estudio, a causa de lo denunciado por Domingo Cavallo en el Congreso Nacional.

 

 

EL JUEGO DE LA OCA

 

“Durante el año 1.993 el giro total del sector postal ascendió a 1.352 millones de dólares”, era uno

de los titulares que se podía leer en algunos medios. Del total de la “torta”, el 33% correpondió al

sector estatal, el 59% a los privados y el 8% a las firmas pequeñas del sector.

“Dentro de los privados las líderes que figuran son OCASA y OCA, que se llevan el 70% del

mercado total y con respecto a las empresas que brindan servicio internacional, la más importante

es DHL, seguida por Federal Express y OCASA, concentrando entre las tres el 60% del mercado”.

Nótese que casi todo el mercado se lo reparten las empresas que se vinculan con Yabrán.

 

Hasta no hace muchos años atrás, la condición de permisionario se obtenía a través del

cumplimiento de requisitos estructurales específicos, tales como patrimonio neto contable no

inferior a 800 mil portes postales (es decir U$S 304.000 aproximadamente) y otros que hacían muy

dificultoso que alguien pudiera ingresar al mercado postal.

 

Los volúmenes manejados por Encotesa cayeron sistemáticamente desde 1.985 y se acentuaron a

partir de 1.987, cuando se desreguló la actividad y los privados comenzaron a operar en el

mercado en forma abierta. La empresa estatal nunca pudo recuperar la pérdida de terreno frente a

las prestadoras privadas.

A la hora de hablar de las perspectivas generales de este negocio hay una posición muy optimista

por parte de las permisionarias ya que, mundialmente, el mercado duplicó sus volúmenes.

 

El ex Diputado Federico Zamora denunció en el año 1.992 que OCASA detentaba el monopolio

del mercado “gracias a acuerdos leoninos firmados con Encotel y en las prácticas desleales con las

competencias”.

Gracias a Encotel, en abril de 1.982, OCASA adquirió el derecho de efectuar el servicio de Pre y

Post embarque aéreo y en agosto de ese año amplió sus facultades de permisionaria para “operar

en el plano internacional” y en envíos “puerta a puerta”, siendo la única empresa autorizada para

funcionar en Aeroparque y cuyas camionetas pueden acceder hasta la bodega de los aviones.

 

Luego de un tiempo, Yabrán optó por desaparecer del directorio de OCASA (aunque sin perder el

control del paquete accionario) y puso en su lugar a un hombre de confianza: el doctor Rodolfo

Balbín (fallecido hace poco tiempo), sobrino de Ricardo, el famoso caudillo radical.

 

Finalmente, gracias al impresionante crecimiento que tuvo, OCASA terminó absorbiendo a OCA

que, de la mano de Yabrán, supo progresar cuando se convirtió en la principal accionista de

Encotel.

Como la reglamentación preparada por la división Normas y Servicios de Encotel era considerada

de sumo peligro para sus intereses (podrían ingresar muchas empresas como permisionarias), el

Grupo proyecta la “Resolución Nº 2.422-Encotel ‘93”, imponiendo muchas trabas a los aspirantes

a permisionarios, y va más allá al firmarse un contrato a Encotel a favor de Villalonga Furlong

(subsidiaria de OCASA) por dos millones de dólares anuales a cambio de un servicio que no

pasaba de quinientos mil dólares, y que llevó a que se iniciara un sumario contra Villalonga

Furlong. No hay que olvidarse que estas empresas actúan en relación muy estrecha con los

depósitos fiscales de EDCADASSA y su tarea consiste en el traslado de correspondencia y

mercadería que proviene de los embarques y desembarques que se realizan en la Aduana de

Ezeiza.

En junio de 1.993, OCASA también fue partícipe de otro escándalo. La Dirección General

Impositiva denunció un fraude en su perjuicio por medio de la utilización de “boletas truchas”

como forma de evasión impositiva. Según Carlos Tacchi (secretario de ingresos públicos de ese

momento) lo hicieron “efectuando contrataciones con otras dos firmas, cuyos nombres, si mal no

recuerdo, son Priler e Interestudio”(sic).

 

 

PASAPORTE A LA AVENTURA

 

“-Ud. les hizo ganar la licitación a dos empresarios cuestionados”, se escuchó decir a un enojado

Cavallo contra el Comisario General Adrián Pelacchi, jefe de la Policía Federal. El enojo estaba

asociado a la concesión de otorgar pasaportes y cédulas de identidad al consorcio integrado por

Ciccone Calcográfica y OCASA, es decir a Yabrán. Sin poder dar explicaciones al ministro,

Pelacchi le pidió una audiencia al Presidente Menem, quien lo recibió de inmediato y que luego de

escucharlo le dijo que “decida según su criterio. No se deje impresionar, yo no intercedo por

nadie”. Como es su costumbre, el Presidente no tomó partido.

 

Alberto y Nicolás Ciccone son hermanos y accionistas mayoritarios de Ciccone Calcográfica, un

establecimiento gráfico que, desde 1.978 no dejó de crecer y que se encarga de la impresión de

documentación de sum importancia para bancos e instituciones varias.

El crecimiento de los Ciccone se puede dividir en cuatro etapas principales:

1-Gracias a la conexión con el almirante Carlos Lacoste, cuando era presidente del Ente

Autárquico Mundial 1.978, pudieron obtener la adjudicación para imprimir las entradas del

susodicho Mundial de futbol.

Todas las empresas vinculadas con el EAM ‘78 gozaron de un beneficio no menor: la posibilidad

de importar sin aranceles. La Junta Militar consideraba al Mundial un objetivo estratégico para

romper el cerco internacional levantado por Amnesty y las organizaciones defensoras de los

derechos humanos.

Ciccone pudo importar máquinas gráficas a un precio preferencial en un momento en el que la

economía argentina tenía aranceles muy elevados y se gozaba de un tipo de cambio muy bajo. Se

sabe que aún después de la liquidación del EAM ‘78, dicha empresa gráfica pudo seguir

importando en esas condiciones por que Lacoste se había “olvidado” de informar al Ministerio de

Economía acerca de la disolución.

2-Otra vez gracias a la relación con Lacoste, los Ciccone pudieron ingresar en el Ministerio de

Bienestar Social, del que dependía Lotería Nacional y se llevaron el negocio de la impresión de

billetes de la misma. Luego existió un acuerdo con IBM Argentina para quedarse con su planta de

impresión de tarjetas perforadas utilizadas en los juegos como Prode y otros que aparecieron

después, como el Loto. Durante varios años la empresa continuó usufructuando ese negocio,

excediéndose de los previstos debido a otra licitación iniciada por Lotería y que también ganó

Ciccone, para establecer el sistema informático punto-a-punto que reemplazaba a las tarjetas

perfoverificadas. Asimismo comenzó a imprimir billetes y valores para las provincias, sus bancos y

loterías. Por ejemplo para La Rioja.

3-La influencia sobre La Casa de la Moneda, sin cuya connivencia, Ciccone no podría haber

continuado creciendo, ya que la mayoría de sus contrataciones fueron precisamente con el Estado.

A comienzos del gobierno de Alfonsín, la relación entre Ciccone y La Casa de la Moneda sufrió

fricciones, pero el administrador que interfería (de la mismísima familia Illia), fue desplazado por

un “imprevisto escándalo”. Con Armando Gostanián (amigo del presidente), la relación de los

Ciccone alcanzó niveles desconocidos, a punto tal que hasta les otorgó la responsabilidad de

imprimir los tristemente célebres “Menemtruchos”.

4-Los proyectos de diversificación de actividades, básicamente los sistemas informáticos para el

Estado y el proyecto de renovación del sistema de pasaportes y cédulas. Este último negocio

(frenado en su momento por Béliz y Manzano), es parte de la creación de una red informática que

vincularía a todas las oficinas de migraciones de la Argentina.

 

Cavallo ha vinculado a Ciccone y Yabrán con un proyecto que el Estado evaluó aprobar cuando

José Roberto Dromi era Ministro de Obras y Servicios Públicos y que consistía en que las

empresas del Estado privatizaran el control de los medidores, la facturación, la distribución

domiciliaria de esa correspondencia y hasta el cobro de las tarifas. El proyecto nació cuando

todavía era Ministro de Economía Nestor Rapanelli y continuó durante el comienzo de la gestión

de Antonio Erman González, pero no funcionó porque no había privatización posible en esas

condiciones de la distribución eléctrica o de gas o de aguas sanitarias.

La influencia de Yabrán sobre Ciccone Calcográfica se dio a través de un crédito por U$S 25

millones –aproximadamente- que la Banca della Svizzera Italiana otorgara a dicha firma y que la

misma no pudo restituir. El 19 de enero de 1995, como parte de su aporte para solucionar los

problemas financieros que tenía la provincia de Córdoba, Alfredo Yabrán depósito la suma de

U$S 25 millones a una tasa del 14% anual con vencimiento al 19 de abril de 1995 en el Banco

Provincia de Córdoba. Producido el vencimiento, se ordenó al Banco de Córdoba a girar los

fondos a la cuenta de titularidad del empresario postal (8A51420A) en la Banca della Svizzera

Italiana, sucursal Nueva York.

Esta relación de triangulación de la deuda de Ciccone Calcográfica, explicaría (entre otros

motivos), las razones de las asociaciones de las empresas en licitaciones tan cuestionadas como la

provisión de pasaportes y documentación automotor.

Por otro lado es llamativo que el Sr. Alberto Isaac Chinkies, quien fuera director y gerente general

de OCASA, hoy detente el cargo de gerente general de Ciccone Calcográfica. Una gran casualidad,

sobre todo si tenemos en cuenta que Chinkies fue compañero de Yabrán en la empresa Burroughs

y que ambos fueron despedidos (juntos) de la misma.

Más allá de esto, hay numerosas similitudes entre Ciccone Calcográfica y Yabrán que llaman

poderosamente la atención. Algunas de ellas son:

-Ambos han tenido muy buena relación con las fuerzas de seguridad. Yabrán tenía vínculos con

Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional y Fuerza Aérea. Los Ciccone con la Policía Federal.

 

-La vinculación de los Ciccone con la Policía les permitió resolver más o menos rápido el secuestro

del que fue víctima uno de los hermanos y que dejó secuelas a toda la familia.

 

-Si bien ambos desarrollan negocios con el sector privado, las concesiones con el Estado son parte

fundamental de su facturación.

-Ambos ejercen un lobby bastante importante sobre los organismos del Estado relacionados con

su tarea. Yabrán mantenía mala relación con el correo público desde que Cavallo era ministro de

Economía. Los Ciccone no padecen dificultades semejantes con Casa de la Moneda. Hoy en día

una obsesión de estos últimos es que no se privatice dicho organismo público o bien la posibilidad

de participar en la licitación.

-Ambos tienen diálogo directo con la Casa de Gobierno y lograron profundizar vínculos con

varios e influyentes políticos cercanos a la presidencia.

 

 

LOS INVASORES

 

Según algunos testimosnios “off the record”, el nexo entre Yabrán y la ley de correos -y su

enfrentamiento con Cavallo-, tuvo que ver con el deseo de monopolizar el mercado postal y poder

manejar las tarifas del mercado a su antojo (acto expresamente prohibido por la ley), no

permitiendole a una "cierta empresa extranjera interesada" la posibilidad de entrar en un negocio

que mueve muchos millones de dólares.

Pero para entender parte de este enfrentamiento hay que hacer una breve reseña. La empresa

extranjera citada se llama Federal Express y se dedica al transporte de correspondencia en los

Estados Unidos.

La historia de Federal Express comienza con Fred Smith, un ex piloto de helicópteros en Vietnam

(donde había sido herido y condecorado), quien después de la guerra fundó una empresa dedicada

al negocio de la aviación. Años más tarde compró con un crédito de 20.000 dólares una compañía

regional de correos privados, que más tarde sería Federal Express.

En 1.982, la compañía de Smith compró Flying Tigers, una compañía aérea integrada por 100

aviones piloteados por veteranos de la guerra de Vietnam y que algunos sostienen que pertenecía a

la CIA o la DEA.

Luego formó una subsidiaria llamada Federal Express Cargo, dedicada al transporte de

mercaderías por vía aérea en rutas internacionales. El mercado de cargas aéreas internacionales en

Argentina tiene un volúmen anual de 50.000 kg. Sin embargo, a Federal Express Cargo no le

interesa el mercado local, porque tendría que trasladar parte de sus aviones a la Argentina y el

movimiento de importación y exportación es muy chico frente al de la ruta de Oriente.

En Estados Unidos, Federal Express opera con alrededor de 60 millones de piezas postales por mes

en un mercado de 200 millones (más del 25%) y hay que recordar que el mercado argentino es de

24 millones de piezas postales cada 30 días.

Cuando en 1.988 Federal Express se instala en la Argentina, empieza a dedicarse al transporte de

correspondencia internacional, un mercado mucho más chico que el local, donde se envían

solamente 60.000 piezas postales mensuales. El liderazgo de este segmento del mercado lo tiene la

empresa local DHL, que cuenta con un padrón de 20.000 clientes en la Argentina y oficinas

propias en 70.000 localidades distribuídas en 190 países (más que los que integran las Naciones

Unidas).

En el tema Federal Express, Alfredo Yabrán temía que la empresa entrara en el negocio local de la

correspondencia, que como dijimos es de 24 millones de cartas mensuales y donde Yabrán maneja

8 millones, otro tanto Encotesa y otro las empresas “piratas”.

En algún momento trascendió que a Federal Express no le interesaba el mercado local y que solo

se preocupaba del transporte de cartas a nivel internacional -en competencia con DHL y OCASA-,

pero es casi evidente que la disputa contra Yabrán tiene como impulsores a Federal Express y la

embajada de Estados Unidos.

 

 

LOS SUPERAGENTES NO SE ROMPEN

 

La historia de EDCADASSA y consecuente "influencia" sobre Ezeiza comienza a fines del año

1.975, cuando agonizaba el gobierno de Isabel Perón y la doctrina de Seguridad Nacional era algo

así como el dogma sagrado de los militares. En esa oportunidad se tomó una decisión

administrativa sobre la que, en ese momento nadie prestaba mucha atención. A través de un

decreto presidencial, se rescindieron los contratos de los dos concesionarios que manejaban los

depósitos fiscales del Aeropuerto de Ezeiza. Una de las empresas concesionarias estaba integrada

por todas las líneas aéreas que operaban en la aeroestación. El mismo decreto otorgaba el control

de los depósitos a la Fuerza Aérea por esas supuestas razones de "seguridad nacional" que

comprendían más las mentes psicóticas de las cúpulas militares que las del resto de los argentinos.

Después de 1.983 las Fuerzas Armadas dejaron de ser estados en sí mismos y, al igual que el resto

de los sectores de la vida nacional, vieron drásticamente reducidos sus presupuestos. Los gastos

militares de la Argentina pasaron de una cifra equivalente al 4,2 por ciento al 2,8 del Producto

Bruto Nacional.

A principios de 1.989 la Fuerza Aérea no tenía ni siquiera presupuesto para pagar las horas

mínimas de vuelo que mantienen en forma a sus pilotos, tampoco el mínimo capital para seguir

administrando los servicios de Ezeiza.

Lo que conservaba era una buena cuota de influencia sobre el gobierno radical. El brigadier

Ernesto Crespo cobro su factura: había sido el jefe de la única fuerza que había apoyado a

Alfonsín durante las tres rebeliones carapintadas, y logró que el gobierno autorizara, en 1.989,

(pocos días antes de la entrega del poder al gobierno peronista), la creación de una empresa mixta

a la que se le otorgaba el negocio de Ezeiza por "contratación directa". En junio de ese mismo

año se firmó el contrato por el cual el 1º de julio la empresa EDCADASSA (Empresa de Cargas del

Atlantico Sud S.A.), cuyo capital accionario era propiedad, 55 % de la Fuerza Aérea y 45 %de la

empresa Villalonga Furlong, comenzó sus operaciones en Ezeiza. Su tarea consistía en el maipuleo

y almacenaje para el control por la Aduana y posterior distribución de todas las mercaderías que

entraban y salían del país por vía aérea. El contrato establecía que se cedía la operatoria a

EDCADASSA por 20 años con opción a 10 más. La Fuerza Aérea ganaba así un canon de 750.000

dólares por mes.

Hablar de EDCADASSA nos obliga a hablar, también de OCA y OCASA, cuyo dueño es Alfredo

Yabrán (aunque no haya admitido nunca la titularidad de OCA). Ambas empresas se reparten el

servicio de correos para bancos. La primera controla el 35 % del mercado; la otra, la mayoría del

65 % restante.

Sin embargo, a pesar de que tenía la titularidad de la empresa, Alfredo Yabrán no apareció en la

constitución de EDCADASSA, algo muy sospechoso considerando que fue dueño de Villalonga

Furlong. A lo largo de esta obra se evidenciará que este modo de operar iba a ser el utilizado en

todas sus “transacciones comerciales”, porque precisamente en su clandestinidad y en el

anonimato del Grupo, se fortalecía su poder.

El contrato de cesión de los servicios fue firmado por el brigadier Ernesto Crespo y el señor

Ricardo Pasman en representación del grupo Villalonga Furlong, constituyendose lo que iba a ser

EDCADASSA.

El directorio de la nueva empresa quedó conformado así:Directorio por las acciones de clase “A”:

Brigadier (RE) Jorge Ricardo Ruíz (Presidente); José Angel Gutierrez (Vicepresidente); Alejandro

Pedro Juan de Dios Segurado (director titular); Juan Carlos Cuadrado (director suplente);

Enrique Martiniano Garbo Bertrand (director suplente) y Reinaldo Edgar Cravero (director

suplente). Por las acciones clase “B”: Andrés Humberto Gigena (director titular), Ronaldo Luis

Depetris (director titular); Hugo Alberto Malespina (director suplente) y Carlos María Cabrera

(director suplente). Comisión Fiscalizadora por acciones de clase “A”: Alberto Ramón García

(síndico titular); Armando Antonio Irungaray (síndico titular), Laureano Alvarez Estrada (síndico

suplente) y Roberto Oscar Marconi (síndico suplente). Por las acciones clase “B”: Félix Gorgo

(síndico titular) y Alberto Juan Marzorati (síndico suplente).

Dentro de una estrategia incompatible con los intereses nacionales se determinó la privatización,

en abril de 1.990, por contratación directa (y violando la legislación vigente), de todas las

actividades que se desarrollan en un aeropuerto, entre el arribo o partida de una aeronave y la

efectiva revisión aduanera, con el fín de crear una “zona franca” para circulación de todo objeto

y/o mercadería que ingresa, transita o egresa por los aeropuertos internacionales.

El 10 de abril de ese mismo año la empresa Interbaires S.A. reforma su estatuto social

adecuándolo en el artículo 3 para “comercializar mercaderías libre de gravamen en aeropuertos

que cuenten con servicio permanente de aduanas...Pudiendo celebrar todas las operaciones

vinculadas o necesarias para el cumplimiento del objeto...”.

Ese mismo día, otra empresa llamada Intercargo S.A.C. también resuelve modificar su estatuto

social que en su artículo 3 establece “la prestación del servicio de atención en tierra de aeronaves y

aeródromos de la Nación”.

Catorce días después, el 24 de abril de 1.990, el Brigadier Mayor José Antonio Juliá rubrica un

acuerdo, en nombre y representación del Estado Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza

Aérea Argentina (escritura nº 238) con las empresas Intercargo S.A.C. e Interbaires S.A. a través

del cual se convierte en “socio accionista” de dichas empresas mediante el mencionado contrato

de cesión y transferencia de acciones y pasando del terreno de las casualidades al terreno de las

sospechas, ya que, dicho contrato está condicionado a que se entregue por contratación directa el

servicio de “Free-Shop” a Interbaires S.A., y el servicio de “Rampa” a Intercargo S.A.C.; tal es así

que el contrato establece que “la cesión de acciones y la aceptación de por el cesionario quedará

perfeccionada a partir del momento en la cual se cumplan las cuestiones antedichas, oportunidad

en la cual se pagará el precio convenido de las acciones cedidas”.

Para que se entienda, de esta manera el día 24 de abril, el Brigadier Mayor José Antonio Juliá le

concedió por contratación directa el servicio de “Rampa” a Intercargo S.A.C. y el servicio de

“Free Shop” a Interbaires S.A. por 20 años, renovable por 10 años más, que comprenden los

servicios con carácter exclusivo de los aeropuertos internacionales de Aeroparque y Ezeiza, y

agregándose en el caso de Interbaires S.A. el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Córdoba.

En esa misma línea y como para que no se diga que a esta gente no le gusta trabajar, el nombrado

Brigadier Mayor, suscribe el contrato de cesión “ad referendum” de la Comisión Administrativa

de la Fuerza Aérea estipulado en la Ley 20.124 (reglamentado por el Decreto 265/73). ¿Qué

significa esto?. La ley mencionada crea comisiones administrativas compuestas por un presidente

y cuatro vocales que serán nombrados por el Poder Ejecutivo y que entenderán en todas las

contrataciones que efectúen los organismos militares.

Luego de esta maniobra, Inversiones y Servicios S.A. (el grupo Villalonga Furlong es parte de la

misma y consecuentemente pertenece a Yabrán), se quedó con el 79,2 % de las acciones de

Interbaires e Intercargo (empresa luego recomprada por el Estado), y la Fuerza Aérea y los Sres.

Félix Gorgo y Hugo Malespina con el resto. En concepto de canon para la aeronáutica militar se

fijaron 300.000 dólares en el primer caso y 500.000 en el segundo. En ambos casos el contrato fue

firmado por el sucesor de Crespo en la jefatura de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá, y por el

Sr. Andrés H. Gigena por la empresa Inversiones y Servicios S.A.

El directorio de Interbaires S.A. quedó integrado de la siguiente manera: Carlos María Cabrera

(presidente), brigadier (RE) Juan Carlos Cuadrado (vicepresidente); Hugo Alberto Malespina

(director titular), Rómulo León Ibargoyen (director titular); Comodoro (RE) Hugo Alberto

Mujica (director titular); Comodoro (RE) Eduardo Juan Amores (director suplente); Alberto Juan

Marzorati (síndico presidente); Mauricio Raúl Pinto (síndico titular); Rubén Horacio Devoto

(síndico titular); Rodolfo Teodoro Rastatter (síndico suplente); Silvia Leonor Bacman (síndico

suplente) y Laureano Alvarez Estrada (síndico suplente).

El directorio de Intercargo S.A.C. se conformó por: Carlos María Cabrera (presidente); Brigadier

(RE) Ricardo Augusto Peña (vicepresidente); Mario Victor Barbero (director titular); Rolando

Luis Depetris (director titular); Comodoro (RE) Alberto Abelardo Cano (director titular);

Comodoro (RE) Jorge Horacio Bocca (director suplente); Rodolfo Tedoro Rastatter (síndico

presidente); Silvia Leonor Bacman (síndico titular); Armando Antonio Irungaray (síndico titular);

Alberto Juan Marzorati (síndico suplente); Mauricio Raúl Pinto (síndico suplente) y Laureano

Alvarez Estrada (síndico suplente).

Con la finalidad de adentrarnos un poco más en la mecánica del sistema de contrataciones,

debemos agregar que la ley establece la obligatoriedad de la licitación pública o privada, ya que

no está prevista la contratación directa para estos casos en ninguno de los 16 supuestos que prevee

la norma.

No obstante esto, el inciso “J” autoriza dicha modalidad cuando la contratación no exceda el

monto que fije la Comisióm Adjudicativa de Contrataciones, y acá es donde debemos prestar

atención ya que, en lo que se refiere al contrato de cesión de acciones, resulta manifiesta la

subvaluación de las mismas, a punto tal que el precio total convenido fue de 20.000 australes

(plata de esa época) y se retuvo como impuesto a las ganacias 540 australes y 6 australes (en la

otra operación) respectivamente, cuando la rentabilidad anual de dicho negocio ronda los “60

millones de dólares anuales”.

Esto nos conduce a algunas reflexiones:

1º)¿Cómo es posible que alguien pueda “tragarse el sapo” de la irrisoriedad de las cifras?

2º) Conociendo la ineficiencia de nuestra burocracia estatal y por ende, la lentitud de todos los

trámites a su cargo.¿Cómo se entiende que en solo 24 hs se hayan podido: celebrar un contrato de

cesión de acciones con las dos empresas antes mencionadas, cumplimentar todos los requisitos

establecidos en el decreto 265/73 -que incluye 268 artículos- y adjudicar por contratación directa el

servicio de “Rampa” (a Intercargo S.A.C.) y el de “Free Shop” (a Interbaires S.A.)?

3º) ¿Cómo cuadra el artículo 4 del decreto 1.024/90 (del 28/5/90) en el que se excluye de la

privatización “los derechos de la empresa en la explotación del rubro denominado “tienda libre de

impuestos” (Free Shop) y del servicio de “atención en tierra de aeronaves” (Rampa), los que serán

asumidos por la empresa. La Fuerza Aérea decidirá sobre la futura explotación de estas

actividades”.

Si tenemos en cuenta que la contratación directa entre la Fuerza Aérea y las empresas recién

mencionadas se realizó el día 24/4/90, estando dichos servicios (todavía entonces) incluídos en la

privatización de Aerolíneas Argentinas S.E., no hace falta un gran esfuerzo intelectual para

concluir que dichos contratos son nulos, de nulidad absoluta, pues quedan desafectados

expresamente de la privatización de dicha compañía Aérea. Lógicamente nadie puede entregar lo

que no posee y por lo tanto -reitero- los contratos son nulos como si no tuvieran objetos (artículo

953 C.C.) careciendo sus efectos de valor jurídico.

Analizando desde el punto de vista administrativo, lanulidad encuentra su fundamento en la Ley

19.549 (de procedimientos administrativos), pues el acto ha sido celebrado en violación del

artículo nº7 de dicha ley., porque:

1º) No fue dictado por autoridad competente (inciso a).

2º) No se sustenta en derecho aplicable (inciso b).

3º) No es objeto jurídicamente posible (inciso c)

Concluyendo, resulta de una claridad meridiana que el acto jurídico no tiene motivación válida

(inciso e), y que, en función del artículo 14 de la misma ley, su sanción es la de ser nulo, de

nulidad absoluta e insanable.

Al mismo tiempo es muy sospechoso, el hecho de haber asociado a las Fuerzas Armadas con

sectores privados en áreas donde el Estado tenía por sí mismo una alta rentabilidad.

Más allá de toda esta explicación técnica, algunos de los datos más interesantes de la historia los

ha brindado el secretario de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Corino. Parte de esa información ha

sido publicada el día 5 de julio de 1998 en el diario LA NACION, en un destacable artículo

desarrollado por Pablo Caruso que se trancribe, en parte, a continuación:

El secretario general de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Corino, resumió las conclusiones de su

informe:

“-Señor, no podemos firmar un contrato con una empresa que presenta sus últimos balances en

rojo: técnicamente está quebrada”.

La empresa era Villalonga Furlong y por el contrato en cuestión la Fuerza Aérea le cedía el

manejo de los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza. Pero el jefe del Estado Mayor, brigadier

general Ernesto Crespo, no consideró que la evaluación de Corino -encargado específicamente de

analizar el asunto- fuera determinante, y firmó el acuerdo.

"Todo fue legal", insiste aún hoy, como comprobó La Nación al entrevistarlo en su domicilio, en

momentos en que su actuación está bajo estudio de la comisión antimafia del Congreso. Porque

aquel contrato, firmado el 16 de diciembre de 1988, abrió las puertas de los aeropuertos al grupo

de empresas atribuidas al difunto Alfredo Yabrán.

"Si la justicia comprueba que Crespo o (su sucesor, el brigadier general José) Juliá cometieron

ilícitos, serán degradados", afirmó un alto oficial de la Fuerza Aérea. De ser así, Crespo, que llegó

a ser el militar de mayor confianza del presidente Raúl Alfonsín (al punto de haberle pedido una

ampliación de la ley de obediencia debida, según fuentes militares), afrontaría un final más que

deshonroso. Para llegar a ese punto es necesario reconstruir la historia.

La privatización de los aeropuertos obligó a las empresas interesadas a indagar en los negocios en

los que aquéllos estaban involucrados. La conducción de la Fuerza Aérea había decidido en 1988

privatizar el manejo de los depósitos fiscales de Ezeiza, hasta ese momento en manos de Líneas

Aéreas del Estado (LADE), empresa cautiva de ese cuerpo militar.

 

La decisión parecía razonable. Los problemas en el manejo de los depósitos fiscales del período

LADE quedarían al descubierto en la investigación realizada en 1991 por el entonces juez federal

de San Isidro, Alberto Piotti, que conducirían a la detención del ex administrador nacional de

Aduanas Juan Carlos Delconte.

En esa causa, Piotti demostró que había un contrabando masivo a través del depósito fiscal de

cargas a nombre de personas inexistentes. El brigadier Corino, secretario general de la fuerza en

1988, recibió el encargo de analizar la situación de la empresa Villalonga Furlong para decidir si se

le otorgaría el contrato o no. Para ello, analizó los balances de la compañía correspondientes a los

años 1986 y 1987. Sus conclusiones fueron terminantes:

1) Que la capacidad de pago de la empresa es deficiente.

2) Que mantiene una política de endeudamiento para financiar su activo.

3) Que si bien el índice de rentabilidad bruta ha mejorado, aún subsiste un margen de utilidad

neto negativo.4) Que el capital de trabajo negativo demuestra una situación de iliquidez.

5) El índice de solvencia la coloca entre aquellas empresas que estadísticamente han ido a la

quiebra. Un endeudamiento convenientemente programado es aquél donde este índice resulta

igual o mayor a 2, en ese momento en Villalonga Furlong era 0,6.

6) Corroborando lo expresado en el inciso anterior, las probabilidades de quiebra de la empresa,

deducidas del índice de Altman, son amplias.

Poco tiempo después de este informe, Corino fue designado como agregado militar a la embajada

argentina en los Estados Unidos. Confesó que no había escuchado hablar de Yabrán en aquel

tiempo y que se limitó a un análisis económico-financiero. "Una vez concluido mi análisis, le dije

al brigadier Crespo: Señor brigadier, usted, como representante del Estado argentino, no se puede

asociar con una empresa que presenta sus balances en rojo. El brigadier Crespo me contestó:

¿Esta es su última opinión, brigadier Corino?. Yo le respondí: Sí, señor. Nunca más hablamos del

tema".

Pese a una opinión tan terminante, el 16 de diciembre de 1988, mientras el presidente Raúl

Alfonsín desistía de firmar la privatización parcial de Aerolíneas Argentinas mediante contratación

directa con Scandinavian Airlines System (SAS), el brigadier Crespo firmaba la constitución de

Empresas de Cargas del Sur Sociedad Anónima (EDCADASSA), integrada por Villalonga Furlong

y la Fuerza Aérea Argentina, sin licitación previa.

El contrato establecía que Villalonga Furlong debía pagar un canon mensual de 1.200.000 dólares,

a menos que se aumentaran las tarifas que pagaban los importadores -cuya fijación era

responsabilidad de la Fuerza Aérea Argentina-, en cuyo caso debería modificarse en el mismo

sentido. La empresa pidió y obtuvo un período de 180 días para aceptar el contrato, cosa que

finalmente hizo el 28 de marzo de 1989.

Ex oficiales con acceso a Crespo afirmaron que algunos miembros de la plana mayor de la fuerza

le observaron que la contratación directa podía ser objetada por el presidente Alfonsín, que se

había negado a adoptarla en la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Según esos testimonios, Crespo se mostraba seguro de que ello no ocurriría. Según un ex alto jefe

de la fuerza, "por ese entonces el desgaste del gobierno radical era enorme. Cada uno trataba de

salvarse del incendio. El Gobierno se caía a pedazos. La indisciplina era total, también en los

políticos que integraban el Gobierno. Ni qué decir de las Fuerzas Armadas. El brigadier Crespo

era uno de los hombres más leales a Alfonsín; el 0Presidente no podía negarle nada".

"No sé si usted sabe -agregó como prueba de su afirmación- que fue el brigadier Crespo, en el

avión que los trasladaba a Uruguay, quien le arrancó la ampliación de la obediencia debida.

Menos iba a negarle la firma de la asociación con Villalonga Furlong".

El 2 de julio de ese año, el presidente Alfonsín firmó la constitución de EDCADASSA mediante el

decreto 773/89.

Pero ya el 28 de junio, según recuerda el ex oficial consultado, EDCADASSA pidió que se

modificaran las tarifas a cobrar por los servicios prestados en los depósitos fiscales. Al día

siguiente, el brigadier Crespo lo aprobó mediante la resolución 541/89. Los usuarios protestaron

mediante solicitadas en los diarios. Pero menos de un mes más tarde se disminuyó el canon

mensual que debía pagar Villalonga Furlong a la mitad, o sea 600.000 dólares, completó la fuente.

Y, además, la concesión fue extendida a veinte años.

El 13 de julio de 1989, un día después de que Carlos Menem asumió la Presidencia, Crespo fue

reemplazado en su cargo por el brigadier general José Juliá.

En su discurso inaugural, Juliá prometió "dedicación exclusiva y excluyente al perfeccionamiento

profesional, guiados por el respeto a las reglas éticas y morales que deben distinguir el

comportamiento de un militar argentino". Testigos del acto afirmaron que los presentes

interpretaron la frase como una alusión negativa a su predecesor.

Más allá de los dimes y diretes, Juliá ordenó al subjefe de la fuerza, brigadier Tomás Rodríguez,

que investigara por qué se había reducido el canon que debía pagar EDCADASSA.

Rodríguez se puso en contacto con el titular de esa empresa, brigadier Jorge Ruiz, para pedirle

que se presentara en el edificio Cóndor, sede de la fuerza. Ruiz prometió estar allí dos días

después. No hizo falta. Pocas horas más tarde, Juliá dijo a Rodríguez que se olvidara del asunto,

porque él se ocuparía personalmente.

Ese sería el comienzo de una mala relación, que concluiría con una denuncia formal de Rodríguez

contra Juliá por la presunta comisión de ilícitos en la compra de repuestos por 18 millones de

dólares. Juliá fue sobreseído, Rodríguez fue encontrado culpable de "deslealtad grave" por un

tribunal de honor y pasado a retiro y la investigación sobre EDCADASSA no concluyó en nada.

En lugar de ello, EDCADASSA aceptó aumentar el canon a pagar de 600.000 a 750.000 dólares,

pero a cambio de incorporar los depósitos fiscales del aeropuerto de Córdoba a los negocios que

manejaba la empresa.

Juliá tenía una visión optimista acerca de la posibilidad de la Fuerza Aérea de hacer buenos

negocios y por ello dió mayor impulso al Consejo de Coordinación Empresaria presidido por su

hermano, el brigadier retirado Oscar Juliá, y como asesor al abogado José Luis Entin. Este último

fue acusado por el brigadier Rodríguez de intentar sobornarlo, según consta en el expediente.

En tren de ampliar posibilidades, Juliá resolvió privatizar el servicio de rampa ofrecido a las

compañías aéreas y el manejo de las tiendas libres de impuestos (free shops).

Con objeto de obtener ambos contratos, Villalonga Furlong apeló a las empresas Intercargo SA e

Interbaires SA, pero subsistía la dificultad de que ninguna de las dos tenía experiencia en los

rubros respectivos ni su objeto social tenía relación con ellos.

Este obstáculo fue salvado -relató a La Nación el ex alto jefe consultado- mediante el cambio del

objeto social de ambas empresas.

Pero así como Crespo había tenido que sortear el informe negativo de Corino para constituir

EDCADASSA, Juliá se vio frente a un escollo similar en esta nueva etapa.

El brigadier mayor David Eduardo Giosa, presidente de la comisión de contratación de la Fuerza

Aérea designado por el Ministerio de Defensa, se opuso a firmar la resolución que hubiera

permitido a Juliá contratar a Intercargo e Interbaires en forma directa.

Giosa sostenía que un acuerdo de ese tenor y con esas características debía ser firmado por el

poder político. Pese a la insistencia de Juliá, Giosa no cedió. Entonces Juliá le ordenó que

renunciara a la comisión. Giosa lo hizo, pero dejó constancia en su dimisión que había recibido la

orden de hacerlo.

Con la aprobación de la nueva comisión, encabezada por el brigadier Luis Galindo, se firmó la

concesión directa por veinte años de los servicios de rampa y free shop. Al mismo tiempo, la

composición accionaria había cambiado. En Intercargo e Interbaires, los privados tenían el

ochenta por ciento y la Fuerza Aérea el veinte. En siete meses de 1991, ambas facturaron

aproximadamente 47 millones de dólares.

Desde entonces, el grupo quedó constituido en los aeropuertos. Ese mismo año aparecieron las

primeras denuncias de una presunta "aduana paralela", efectuadas por el entonces diputado

nacional del Grupo de los 8, Franco Caviglia, que tres años después el ministro de Economía

Domingo Cavallo llevaría más lejos, al acusar a Alfredo Yabrán de ser el "jefe de la mafia".

 

 

DONDE LAS AGUILAS SE ATREVEN

 

El día 4 de junio de 1998 Clarín logró hacerle una entrevista al brigadier Ernesto Crespo, en la que

se desdijo de todo lo sucedido en 1989, año en el que la fortuna y el poder de Yabrán comenzaron

a crecer al ingresar en el negocio de los aeropuertos.

Transcribimos a continuación, partes de una entrevista que a tenor de sus dichos recobra

significación en relación a la etapa histórica investigada:

 

“-¿Cómo llegó Villalonga Furlong -una empresa que Yabrán nunca reconoció como propia- al

Aeropuerto de Ezeiza.

 

-(Luego de unos segundos)-Miren, pudo haber sido a través del brigadier Rodolfo Echegoyen, que

en ese entonces era jefe de Comando. O también, ahora que lo pienso, pudo haber sido a través de

Caritas...

 

-¿De Caritas?

 

-Sí, no se olviden que nosotros le habíamos dado a Caritas la administración de las playas de

estacionamiento para que obtuvieran algún dinero.

 

-¿Y quién era su interlocutor?

 

-Monseñor Rubén Di Monte. Aunque con el tema de los estacionamientos estaba monseñor

Aramburu.

 

Una semana antes de perder la vida, Alfredo Yabrán había hecho pública una carta en la que

decía que algunos "hombres de la Iglesia" habían sido "burlados" en su buena fe. Se especuló,

entonces, con la posibilidad de una mediación de la Iglesia a favor del empresario ante la Justicia.

Por otro lado, en los pasillos del poder eclesiástico se lo señalaba a monseñor Di Monte como uno

de los contactos del empresario.

 

-¿Usted fue socio de Yabrán?

 

-Yo ni siquiera lo conocí. Lo que pasó es que con los demás comandantes planteamos la necesidad

de formar una sociedad con algún empresario para no tener toda la responsabilidad del manejo de

los depósitos fiscales. Era un buen negocio y además teníamos miedo de que nos pusieran droga.

Y bueno, así apareció Vilallonga Furlong.

 

-¿No sabía que era de Yabrán?

 

-Para mí esa empresa era de Andrés Gigena, que era el que negociaba con nosotros. Si Echegoyen

trajo a Villalonga sabiendo que era de Yabrán, entonces habla muy mal de Echegoyen. Porque

engañó a sus pares y a su comandante.

 

-¿Cómo fue el acuerdo?

 

-Llamé a todos los comandantes, a los asesores de cada comando para que analizaran el tema. En

total al proyecto lo estudiaron unas cien personas. Se pusieron requisitos muy duros para asegurar

una garantía al Estado. El primer requisito es que la compañía que iba a formar parte de la

sociedad tenía que poner una enorme cantidad de dinero: cinco millones de dólares.

 

-Mucha plata, sobre todo en aquella época

 

-Y pusieron billete verde sobre billete verde. Todo cash, nada de papeles. Así se formó Edcadassa.

El 51 por ciento quedó para la Fuerza Aérea y el 49 para la parte civil. Era un buen acuerdo, sin

duda.

 

-¿Fue la única oferta que tuvieron?

 

-No, se presentaron los del Lloyd Aéreo, gente de la Aduana, una cámara de despachantes de

aduana y no sé cuántos más. Pero cuando uno les decía que tenían que "ponerse", desaparecían.

 

-¿Realmente nunca conoció a Yabrán?

 

-El señor Yabrán era un ilustre desconocido en aquella época. Hasta que apareció Cavallo, que lo

único que quería era darle el negocio de los depósitos a Federal Express, a los norteamericanos.

 

-Durante el acuerdo con Edcadassa, ¿nunca sospechó nada extraño?

 

-La primera duda se me presentó cuando los hijos del brigadier Echegoyen dijeron que su padre

era amigo de Yabrán. Esa es la única duda real que tengo. Pero ellos no son muy creíbles, porque

siempre se retractan.

 

-¿La Fuerza Aérea no es responsable de la fortuna y el poder de Yabrán?

 

-Yo no. En todo caso, pregúntenle a los que me siguieron. Tienen que buscar a partir de fines del

89. Le recuerdo que el 13 de julio de ese año se hizo cargo de la Fuerza el brigadier José Juliá.

 

-¿Entonces él fue el responsable?

 

-Yo se lo preguntaría a él.

 

-¿Por qué cree que lo acusan a usted?

 

-Acá hay en juego factores económicos. Es obvio que pegan donde pueden tener algún rédito. Si

me pegan a mí, el que recibe el impacto es Alfonsín.

 

-¿Por qué cuestiona ese decreto?

 

-Porque privaron al Estado de un servicio que es del Estado. La Comisión de la Fuerza Aérea

encargada de esas cosas estaba en contra. ¿Saben qué hicieron? Decidieron desplazarla y

cambiarla por otra.

 

-¿Quién decidió separar a esa Comision?

 

-Fue Juliá, por supuesto, presionado por el Ministerio de Defensa. Bah...por Erman González, que

quería quedarse con el control del asunto. Y Echegoyen también dio su aval. Yo tengo dudas de si

esa resolución era legal.

 

-¿Qué pasaba en la Aduana?

 

-No sé bien, pero ahí había cosas no santas que el mismo Gobierno decía. Se hablaba de

contrabando, de Aduana paralela y no sé cuántas cosas más.

 

-Brigadier Crespo, Antonietti dijo alguna vez que todo el que quiera saber algo de Edcadassa y la

Aduana paralela tenía que investigar la "escuela Crespo". ¿Sabe a qué se refería con eso?

 

-El brigadier Antonietti no me perdona que lo haya sancionado. Pero la Aduana paralela apareció

después de mi gestión. Además ni tiene nada que ver con los despósitos fiscales. Insisto. Si hay

alguna cosa ilegal, fuera de lugar, búsquenla después del año 89. Y si el brigadier Antonietti dijo

eso, es un perfecto canalla. No tiene derecho.

 

-Pero Yabrán empezó a actuar durante su gestión en la Fuerza Aérea.

 

-Ya dije que para mí era un desconocido. A mí me apareció por primera vez, en este horizonte de

dudas que todos tenemos, cuando Cavallo lo empezó a tratar de mafioso.

 

-¿Usted conoció a Al Kassar?

 

-Se dicen tantas cosas, pero por favor. Fíjense que cuando le preguntaron a él, dijo que ni me

conocia. Yo jamás lo vi. Y les voy a ser totalmente honesto. Si durante mi gestión Al Kassar me la

hubiera pedido, yo le habría dado una audiencia. Porque en el lugar que yo estaba no trataba con

carmelitas descalzas. Trataba con gente que vendía armamento.

 

¿Por qué no lo vio?

 

-El producto que vendía no era de nuestro interés, porque era armamento usado y nosotros a los

armamentos los comprábamos de gobierno a gobierno, igual que como se hace con las ventas.

 

-¿Nunca se acercó alguno de sus asesores invocando a Al Kassar o a Yabrán?

 

-Es que no existían, ninguno de los dos. Estamos hablando de diez años atrás. Aparte, ahora está

el famoso Excalibur. ¿Creen que no me han rastreado todas las llamadas? Cada vez que se arma

lío me traban el telefono. Cuando dije que este era un país bananero (cuando el Gobierno de

Menem dESMAnteló el misil Cóndor por presión de EE.UU.) tuve que cambiar de teléfono porque

me amenazaban.

 

-Pero Al Kassar hizo varios negocios en la Argentina o al menos intentó hacerlos.

 

-Qué se yo. Cada vez que había una propuesta para negociar aviones o zapatillas, yo me dirigía al

ministerio de Defensa. De todos modos, en aquella época para nosotros era más fácil venderle

armamento a la Madre Teresa o al Vaticano que a cualquier país. Porque Dante Caputo (entonces

canciller) decía no y no. Y teníamos armamentos sofisticados, pero a él no le gustaba el negocio de

las armas. Un negocio que podría haberle aportado al país muchísimo dinero. Igual yo deje en

superávit a la Fuerza Aérea: 165 palos verdes le dejé. La de ahora no existe en comparación con

aquella.”

 

El mismo día -4 de junio-, los periodistas Daniel Juri y Gerardo Young de Clarín describieron las

impresiones que les había dejado la entrevista con Crespo:

 

“El brigadier Ernesto Crespo abrió el miércoles las puertas de su casa a Clarín como si se tratara

de un personaje ajeno a la política caliente de los últimos quince años.

Crespo sabía que en estos días es uno de los hombres más requeridos por la prensa. Que el

nombre de Alfredo Yabrán aparece fuertemente ligado a la fuerza que él comandó hasta que

Carlos Menem lo pasó a retiro. Que además ahora su nombre se había entremezclado, casi de

manera escandalosa, con el del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.

Que además, por si fuera poco, aparece en el medio de todo esto el supuesto suicidio de un

camarada de armas suyo, el también brigadier Rodolfo Echegoyen de quien se ocupa de recalcar

que llegó a ese rango gracias a él.

Sabe que todo va más lejos y que se estaba hablando por estas horas de un exilio suyo en Miami,

donde -según se decía- vivía recluído del mundo rodeado de custodios. Sabía todo eso y hasta

ofrece su pasaporte para demostrar que hace años que no sale del país.

Pero a pesar de ese juego de alusiones y elusiones su única respuesta terminó siendo: "Hasta ahora

no hablé porque ningún periodista vino a preguntarme nada". Difícil creerlo.

Dificíl creer, también, que no quiere hacer política cuando señala sin ninguno disimulo a Cavallo

como un hombre que responde "a los intereses norteamericanos".

Difícil creer además que las únicas referencias sobre Alfredo Yabrán le hayan llegado a partir de

las denuncias de Cavallo o por los comentarios que comenzó a hacer la prensa, en cuanto estalló

el escándalo en agosto de 1995. Haya estado o no vinculado a él, Alfredo Yabrán era un hombre

bien conocido entre los aviadores.

Esta claro que este hombre de armas también lleva un animal político dentro. Un político que

supo seducir a los acorralados radicales a fines de los ochenta, en medio de las sublevaciones

carapintadas.

Un político, en definitiva, que se dedicó durante las tres horas de la entrevista a tratar de esquivar

las preguntas comprometedoras, política o institucionalmente, y a decir sólo lo que más le

convenía. Concretamente: que después de 1989, todo. Antes de esa fecha -en la que tal vez no sea

muy necesario aclarar, pasó a cuarteles de invierno- nada.

Su estrategia consiste en seguir abrazado a sus aliados del pasado. "Sería un honor para mí ser

amigo de Alfonsín. Lástima que no lo soy", dijo con tono penoso, pocos segundos después de

adular al ex canciller Dante Caputo, con quien, en tiempos activos, debió pelearse más de una vez.

Crespo dice que su opinión no importa dentro de la Fuerza Aérea "porque ya soy un retirado".

Sabe que no es así.

"La fuerza ya no es lo que era antes ", dijo de pronto, mirando de reojo a un imprevisto visitante

que interrumpió la reunión. Era otro aeronáutico, de algo rango, pero en actividad.

A sus palabras, entonces, hay que entenderlas como mensajes indirectos, danzarines.

"Yo se lo preguntaría a Juliá", contestó a una pregunta sobre las responsabilidades de la Fuerza

Aérea en la formación del imperio Yabrán. En fin, tiró todo el tiempo el guante para ver si alguien

lo recoje.”

 

Hay que preguntarse, entónces: ¿Cuál era el verdadero trasfondo de los contratos de Ezeiza? El

gobierno de los Estados Unidos tiene sospechas al respecto.

En enero de 1.992, Erman González se reunía en Washington con el secretario de Estado adjunto

para América Latina, Bernard Aronson y otros funcionarios del gobierno norteamericano con la

intención de gestionar un crédito de 300 millones de dólares destinado a pagar las indemnizaciones

de los empleados que serían despedidos antes de privatizar las empresas del área del Ministerio de

Defensa.

Para su sorpresa, la administración republicana aprovechó la oportunidad para pedirle la

desregulación y desmonopolización de los depósitos fiscales y del servicio de rampa de Ezeiza.

Adujeron dos motivos: el primero era el deseo norteamericano de que empresas privadas

estadounidenses como Federal Express participaran del negocio; el segundo motivo de la

administración Busch era su convicción de que si varias empresas trabajaban en la principal

puerta de entrada y salida de la Argentina, el control sobre el narcotráfico dependería de varios

ojos. La poderosa DEA (Drug Enforcement Administration) no era ajena a esos comentarios.

"Detrás de un negocio legal de solo 30 millones de dólares puede haber otro negocio", susurraron

varias veces diplomáticos de la embajada norteamericana en los oídos de los funcionarios del

gobierno argentino, obviamente sin obtener respuesta concreta de parte de los mismos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: Comprar la ley.

 

" Puedo comprar o vender a cualquiera de esas personas que siempre anda criticándome."

 

Pia Zadora

 

 

 

 

 

 

 

DURO DE VOTAR

 

"La Argentina es Estados Unidos o la Argentina es Colombia. Si es Colombia, yo me voy", fueron

las explosivas declaraciones efectuadas por Cavallo (luego desmentidas por él), el día miércoles 23

de noviembre de 1.994 refiriendose a la ley de correos que había obtenido media sanción en la

Cámara de Senadores a mediados del mismo mes y que facilitaría el transporte de "elementos

prohibidos". Por este y otros motivos, Cavallo atacó duramente el proyecto impulsado por los

senadores oficialistas Eduardo Vaca (Capital Federal) y Juan Carlos Romero (Salta). En el año

1.991, ambos senadores habían estado de acuerdo en sostener que el sistema constituído por

EDCADASSA, Intercargo e Interbaires era el mejor que se podía conseguir.

 

(Paradojicamente, Juan Carlos Romero es hijo del fallecido Roberto Romero, sindicado en

distintas publicaciones como narcotraficante y sospechado por la DEA de haber sido la

vinculación más poderosa de Argentina con la mafia ítalo-yanqui).

 

El porque de la oposición de Economía al proyecto de privatización del correo tuvo que ver, más

que nada, con algunos artículos de la ley que iban a provocar potenciales irregularidades.

Los artículos polémicos eran:

1º-Restricción al 30% de participación de las firmas extranjeras en la compra de Encotesa (que

perjudicaría directamente a Federal Express); y

2º-Los vehículos afectados exclusivamente al transporte postal gozarían de los beneficios de libre

tránsito y estacionamiento, y no podrían ser detenidos, demorados ni secuestrados durante su

recorrido sin orden judicial.

El primero de los artículos, al otorgarle prioridad al capital argentino y fijando límite al capital

extranjero, desestimularía a operadores internacionales a aceptar una participación minoritaria; y,

el segundo, facilitaría al transporte de elementos de índole dudosa, ya sea drogas, armas o dinero

del narcotráfico.

A su vez, el marco regulatorio aprobado inhabilitaba de hecho a las entónces prestadoras de

Encotesa, ya que les exige un capital mínimo de 200.000 dólares o pesos (artículos 18 y 19) y

disponibilidad mínima de inmuebles, dotación y vehículos.

 

El miércoles 23, el embajador de E.E.U.U., James Cheek se sumó a las críticas de Cavallo al

Senado y dijo que había una agresión contra empresas de su país amenazando con "represalias"

por parte de su gobierno.

En ese sentido, lo que más molestaba a Cavallo -de la ley- era la posibilidad de que Encotesa fuera

comprada por Yabrán y se convirtiera en un monopolio. Inclusive llegó a amenazar con su

renuncia si Diputados daba su media sanción. Por su parte, el empresario postal advirtió que

existía una campaña en su contra y amenazó con iniciar acciones legales a los medios que

investigaran sus actividades. En una carta dirigida a los directores de varios medios, el abogado de

Yabrán, Argibay Molina, advirtió que “en caso de incurrir en aseveraciones referidas a estas

cuestiones, los hará responsables por asumir, ahora indudablemente a sabiendas, la mencionada

campaña difamatoria”.

Dadas las declaraciones de Cheek y de Cavallo, la crisis se trasladó al seno del gobierno y desde la

Casa Rosada se instruyó a los diputados del PJ para postergar el tratamiento de la polémica

iniciativa, logrando frenar el análisis de la misma hasta agosto de 1.995.

El jueves 24, al tiempo que Menem hacía declaraciones en Aeroparque, la Cámara de Senadores

trató en una sesión especial las declaraciones de rechazo a las expresiones de Cavallo y Cheek en

referencia a sendos comentarios nacidos a raíz de la media sanción de la ley.

En el caso de Cavallo, solo votaron a favor del rechazo los justicialiastas, y en relación al

diplomático norteamericano lo hicieron también los legisladores opositores presentes.

Los proyectos fueron elaborados por el pampeano Enrique Martínez Almudévar y el entrerriano

Augusto Alasino. Uno declaró la disconformidad del cuerpo por el trato descomedido,

irrespetuoso e injusto del ministro, y el otro solicitó al Poder Ejecutivo que requiera del

embajador Cheek que aclare las expresiones pronunciadas luego de su visita al Ministerio de

Economía, que los senadores consideraron una velada amenaza.

El viernes 25 de noviembre, en medio de una creciente tensión, Menem encargó a Eduardo Bauzá

el congelamiento inmediato del conflicto dentro del gobierno. La cuestión del correo ni siquiera se

mencionó en la reunión de gabinete. El embajador Cheek fue convocado por la Cancillería y

ratificó sus cuestionamientos. Dijo que, sin control policial, las encomiendas argentinas serían

"sospechosas" en el exterior. Esa sospecha estaría basada en la posibilidad de que, en esas cartas y

encomiendas, pudiera transportarse droga.

Menem quedó entre dos fuegos. Sabía que el proyecto del Senado tenía el visto bueno de algunos

de sus "colaboradores y amigos". Pero también supo que detrás de la embestida de Cavallo

estaban los intereses con los que -desde el principio de su gestión- tomó la decisión estratégica de

no enfrentarse.

Obligado a definir el pleito, Menem eligió el camino de quien debe conducir al conjunto: criticó

las amenazas de Cheek sobre las eventuales represalias, pero dijo que el proyecto, así como

estaba, no era de su agrado. Fiel a su estilo, dejó pasar bastante tiempo hasta hacer esas

declaraciones públicas.

Por la noche, el Presidente se reunió con Cavallo en la residencia de Olivos y poco después lo

respaldó en público, al decir -ante empresarios argentinos y chilenos- que el ministro "está más

firme que nunca y seguirá en el cargo hasta 1.999" - aclarando, por las dudas, que "a mí no me

condiciona nadie"-

 

 

EL VALOR DE LA LEY

 

“Me opuse a la ley porque su artículo 4º es una invitación a lavar dinero. Los americanos van a

llamar a la ley: lavadores de dinero bienvenidos”, sostuvo el ex diputado Eduardo Varela Cid

acerca de la ley desde su exilio en Miami luego de que fuera procesado por el juez federal Gabriel

Cavallo por el delito de cohecho. Había sido denunciado por el empresario telepostal José Ongaro

de pedirle dinero para frenar la ley.

Una fuente cercana a Varela Cid sostiene que “Es increíble. Lo acusan de pedir dinero para parar

la ley cunado en realidad hubo un diputado que le dijo que había treinta millones de dólares para

repartir en la bancada si aprobaban la ley de correos. Recibió muchos llamados de legisladores

para dejarse convencer. Incluída una alta autoridad de su bloque.(...) Sus compañeros de bancada

le decían: -agarrá la guita y dejate de joder”

Varela Cid agrega que: “el artículo 4 de la ley señala que los servicios monetarios que prestaría la

futura empresa de correo privada serían secretos y estarían amparados por la garantía

constitucional de la inviolabilidad de la correspondencia. Enseguida relacioné esto con otra

historia. En 1993, un banquero me contó que un empresario argentino ofreció U$S 800 millones en

efectivo para comprar las acciones de Aerolineas Argentinas. Este empresario está en el negocio

postal, por lo que el negocio le cerraría redondito. No voy a decir quien es el empresario, pero está

claro de quien hablo (...) Este empresario que podía reunir U$S 800 millones para comprar

Aerolíneas tiene tanto poder que puede comprar a políticos y periodistas”.

Ya Cavallo había expuesto ante diputados la situación de irregularidad de la ley tal y como la

estaban por sancionar: "No es solo el correo, sino un sistema que tiene que ver con transporte de

cosas delicadas y con la entrada y salida de mercadería del país, como documentación de

seguridad. Sospecho de un intento de copamiento monopólico del correo con fines no solo

económicos sino con otros fines, que incluso pueden ser aun más peligrosos que los económicos".

 

 

A CAVALLO REGALADO...

 

“Nos equivocamos con la ley de correo, pero no hubo mala fé ” sostuvo el senador justicialista

Antonio Cafiero refiriendose a la aprobación en el Senado de la polémica ley. El legislador dijo

asumir la responsabilidad que le corresponde, aunque se atajó diciendo que “no formé parte de la

comisión encargada de discutir esa ley, ni fuí uno de los que más participó del debate

(...).VOTAMOS CONSCIENTES DE QUE HACÍAMOS LO MEJOR...”

En contraste con estas declaraciones, Cavallo embistió en el programa de Mariano Grondona del

jueves 24 de noviembre de 1.994, diciendo que "Hay algunos diputados justicialistas y algunos

senadores justicialistas, y alguna gente de nuestro gobierno, que quieren meter cuña entre el

presidente Menem y yo, que quieren que yo me vaya del Ministerio de Economía, que quieren que

se aplique otra política económica". Era un mensaje evidente hacia quienes, dentro del

oficialismo, se oponían a su postura respecto de la desregulación del correo. Cavallo no solo pegó

hacia adentro del Gobierno. También aprovechó para castigar a los radicales: "Esto no debe

sorprender, porque le pasó a Alfonsín al final de su gobierno. El mismo candidato a presidente,

Angeloz, le pidió la renuncia a Sourrouille".

Luego, Cavallo solicitó "prudencia" a los diputados y senadores del oficialismo y concluyó

diciendo: "Pretender meter cuña entre el presidente Menem y yo en este momento es suicida, no

solo para el justicialismo, sino para el país".

 

 

SEGUNDAS PARTES NUNCA SON BUENAS

 

"¡Vendé, vendé todo porque parece que el "Mingo" ya fue!". Tal era el tono en el que se

transmitían las ordenes a los operadores ubicados en el recinto bursatil el jueves 24 de agosto de

1.995.

Hasta las 14.30 hs todos los operadores esperaban a que se oficializara la renuncia de Domingo

Cavallo y tuvieron su reacción: vendían a cualquier precio. Inclusive el Banco Central daba a

conocer la pérdida de 576 millones de dólares de reservas líquidas, provocando un recorte

simultáneo en la base monetaria.

Ese jueves, a la noche, el presidente Menem ratificaba en su cargo de Ministro de Economía, a

Domingo Cavallo, luego de presiones por parte de empresarios e inclusive del propio embajador

norteamericano, James Cheek en favor del ministro. Esto ocurrió luego de que Cavallo hubiera

polemizado, al mayor extremo posible, con algunos legisladores en pleno Congreso de la Nación,

en la segunda parte de un tema que traía cola: "la ley de correos".

 

Un día de mucho calor, un recinto de legisladores a punto de hacer ebullición y un ministro a

punto de ser interpelado, fue la mezcla explosiva que se vivió el miércoles 23 de agosto de1.995 en

el Congreso Nacional, en una interpelación hecha por los diputados a Domingo Cavallo, en

relación a la ley de correos que tenía media sanción en la Cámara de Senadores y estaba en

despacho de comision en la Cámara de Diputados y que, según el ministro, iba a favorecer a las

mafias.

Ese mismo día, Cavallo, había recibido en su despacho una acción de amparo (habeas data)

presentada por Alfredo Yabrán en proceso sumarísimo ante el Juzgado Nacional de 1º Instancia

en lo Contencioso Administrativo Federal nº 3, Secretaría nº 5 de la Dra. Amalia Panello,

requiriendo que la información poseída por el ministro sobre él y sus empresas fuera puesta a su

disposición.

Ya en el recinto del Congreso, en una sesión que duró 11 horas, Cavallo casi no dejó funcionario

por denunciar como vinculado a la "mafia" que él mismo relacionó a Alfredo Yabrán.

El ministro vinculó de una manera u otra, al "grupo mafioso" con distintas personalidades del

quehacer público y contó que en distintos momentos, el economista Roberto Alemann y los

empresarios Aldo Roggio y Enrique Pescarmona denunciaron ante él que pequeñas empresas de

correo eran intimidadas al extremo de colocar explosivos en sus camionetas.

Reveló que Raúl Carmelo Vaccalluzzo, primer titular del correo de la gestión de Carlos Menem,

estaba vinculado con OCA, y tenía asesores que formaban parte del grupo Yabrán; y describió

diversos atentados sufridos por aquellos que tomaron medidas contra el “Grupo mafioso”.

Contó sus encuentros con Yabrán, en los cuales discutieron la estructura del mercado postal y en

donde el empresario postal habría manifestado su deseo de promover una "competencia

regulada" luego de comprar Encotesa.

Cavallo señaló que el propio Yabrán le había confesado que “era socio de EDCADASSA,

Intercargo, Interbaires, OCA, OCASA”, y reconoció “cierto control sobre Andreani y las

empresas de limpieza y vigilancia Zapram y Orgamer”.

En ese mismo tenor, el ministro dijo no poder precisar aún que destino le estarían dedicando las

empresas al dinero blanqueado a través de facturas truchas, ya que esto tendría que seguir siendo

investigado. ”No puedo descartar que en algún caso se lo haya usado para coimas, para comprar

gente, como ocurre en casi todos los países del mundo”, señaló Cavallo.

Yabrán, también le habría confesado que tenía influencia sobre "comunicadores como Daniel

Hadad y Bernardo Neustadt"; y luego insistió con que ejecutivos del grupo se encontraban con

estos dos “periodistas” sumados a Roberto García, vicedirector de Ambito Financiero.

El ministro, en definitiva, vinculó con Yabrán a:

-Cesar Jaroslavsky. Ex diputado radical. Intercedió en el encuentro de Cavallo con Yabrán.

Luego, en una entrevista a Noticias (3/9/95), confesaría haberle pedido $50.000 al empresario

postal para la campaña presidencial de Horacio Masaccesi.

 

-Raúl Baglini. Ex diputado radical. Habría sido utilizado para denunciar a Abel Cuchetti, ex

titular de Encotesa. Baglini habría hecho una denuncia penal ante Servini de Cubría contra

Cuchetti por haber eliminado este, la tarifa de $14 a la correspondencia que venía del exterior.

-Celestino Blanco. Ex diputado justicialista. Persona muy vinculada al Grupo a través de varias

empresas de Yabrán.

 

-Enrique Benedetti. Actual diputado radical. Cavallo lo vinculó a Yabrán como "ariete de la

mafia".

 

-María Romilda Servini de Cubría. Jueza. Vinculada a Yabrán por medio de las conexiones de su

marido en la Fuerza Aérea.

 

-Adolfo Bagnasco. Juez. Habría investigado a los hombres que denuncian a la "mafia".

 

-Roberto Marquevich. Juez. Desatendió denuncias penales formuladas por la DGI contra el grupo

Yabrán. Según Cavallo, el juez hacía denuncias o hablaba según la conveniencia del empresario

postal.

 

-Alberto Santamarina. Juez. Protegió a empresas de Yabrán ante denuncias formuladas por la

DGI. Sobreseyó a EDCADASSA en una causa y su mujer habría sido ascendida en circunstancias

irregulares.

 

-Raúl Plee. Fiscal. Motorizó denuncias en contra del ministro Cavallo.

 

-Adelina de Viola. Ex titular del Banco Hipotecario. Intentó favorecer a OCASA en una licitación

por la distribución de la correspondencia de la entidad. Un negocio de U$S 5.000.000.

 

-Juan Gasset Waydat. Titular de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Intentó favorecer al grupo

Yabrán desde la entidad.

 

-Roberto García. Director periodístico de Ambito Financiero. Se reunía con Hector Colella,

ejecutivo relacionado con Yabrán. Admite que hizo lobby para que se quitara la nominatividad de

las acciones, cosa que hizo el gobierno de Menem. Según Cavallo, el anonimato accionario era

funcional al empresario, pues no permitía saber que empresas poseía.

 

-Erman Gonzalez. Diputado justicialista. "Está un poco desmemoriado. Dice que conoció a

Yabrán cuando estaba en Defensa. Tengo evidencias de que lo conocía antes", dijo Cavallo.

 

-Bernardo Neustadt. Periodista. Yabrán le habría confesado que tenía influencias sobre el mismo.

 

-Carlos Corach. Ministro del Interior. Aunque no dió su nombre, lo citó como un funcionario que

intercedió ante la DGI por Daniel Hadad para evitar que se lo investigara.

 

-Daniel Haddad. Periodista. También estaría influenciado por el empresario, según Yabrán.

 

Pocos días después, a principios de septiembre, Alfredo Yabrán le iba a iniciar a Cavallo una

querella criminal por calumnias e injurias afirmando que no había presentado ante la justicia las

pruebas que decía tener en su poder sobre su “vinculación con la mafia”.

 

 

IMAGEN DE RADIO

 

El mismo día en que el ministro estaba siendo interpelado por los diputados del Congreso de la

Nacion y acusaba a Daniel Hadad de relacionarse con la "mafia", el presidente de la Nación,

Carlos Menem, en apología de lo absurdo, firmó el decreto 374/95, por el cual el Poder Ejecutivo

decidió adjudicar para su explotación la AM y FM de Radio Municipal al grupo Auditas SA,

integrado, entre otros, por Daniel Hadad, Viviana Zocco (esposa de Hadad), Marcelo Tinelli,

Oscar Salvi (abogado estrechamente vinculado a Gerardo Sofovich), y Raúl Fernández

(funcionario de ATC).

El día anterior a la adjudicación, la Cámara de Apelaciones había frenado la licitación como

resultado de una acción de ámparo presentado por el concejal Norberto La Porta, quien denunció

que la nueva frecuencia otorgada a Radio Municipal resultaba muy dificil de captar en Capital

Federal ya que la nueva radio estaría ubicada en un extremo del dial. A su vez La Porta desestimó

el argumento del Gobierno para vender la radio, que justificaba la privatización diciendo que

ahorrarían presupuesto. El concejal se preguntaba: "Si la privatizan para ahorrar ¿Por qué crean

una nueva Radio Municipal?". A su vez declaraba que la adjudicación "representa un acto de

despojo, con el que se pretende favorecer a los amigos del poder".

No obstante estos acontecimietos, el presidente Menem desoyó el pedido de la justicia que

suspendía la apertura de los sobres de licitación y firmó el polémico decreto que beneficiaba a

Auditas SA. La licencia de la Radio fue entregada por quince años, con la posibilidad de ser

prorrogada por diez años más y, lo que es más interesante, la empresa adjudicataria no tendría

que poner ni un solo peso. Unicamente equipamiento (que obviamente sería explotado por sus

beneficiarios).

El decreto dejó fuera de la licitación a la empresa Radio Centro, formada por el periodista

Osvaldo Granados; el ex presidente de Radio Argentina, Carlos Fioroni y el director de la

organización agropecuaria homónima, Victor Dapice.

"Yo creo que, a partir de nuestras impugnaciones, el grupo que ganó no tiene los méritos

suficientes para que le adjudicaran la radio.", denunció Fioroni acerca de la licitación. También

agregó que: “Nosotros impugnamos varios puntos. Por un lado la parte patrimonal, porque el

patrimonio declarado no coincide con la realidad, ellos incluyen propiedades tasadas en montos

falsos. Salvi presenta un departamento en la calle Callao por 800.000 dólares pero la tasación

hecha por la inmobiliaria que lo vende, en realidad alcanza los 500.000 dólares. Hadad presenta

un departamento en Torres de Manantiales por 300.000 dólares, que no es el precio que marca el

mercado. Además, como la mujer forma parte de la empresa, en lugar de dividir las propiedades,

declaran por separado el mismo departamento para aumentar el patrimonio”.

Por otro lado, los trabajadores de Radio Municipal denunciaron que el Comfer habría modificado

los pliegos de la licitación una vez que ya había sido lanzada.

Una vez más, las palabras quedan superadas totalmente por la elocuencia de los hechos.

 

"Es un lobbysta fenomenal. Si logró lo que logró en tan poco tiempo me parece que puede llegar

muy alto", opinó Osvaldo Granados acerca de Daniel Hadad y citó un comentario hecho por

Joaquín Morales Solá sobre Hadad a la revista Gente: "Viejos defectos...¡Tan temprano!".

¿Qué podemos agregar de Daniel Hadad?. Es abogado y periodista recibido en la Universidad

Católica Argentina y está vinculado al Opus Dei desde que realizó un posgrado en la universidad

española de Navarra, lo que lo lleva a veces a sostener una postura ultra conservadora. No

obstante esto último, en una de las grabaciones del “famoso” caso Cóppola que dieron a conocer

varios medios de comunicación, se lo podía escuchar pidiendo “bichos (por extasis), consoladores

y chicas”. También se comprobó que tenía una relación más que fluída con la tristemente célebre

Samantha Farjat.

Recaudó una cifra cercana a los dos millones de dólares en cinco años y solo contando sus

propiedades. Este fue uno de los motivos por los que la DGI comenzó a investigar su patrimonio.

Según admitió Hadad a Página/12, esa presión lo preocupó a tal punto que se quejó ante el

ministro del Interior, Carlos Corach, y el vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf. A partir de

ese hecho se desprenden dos versiones de lo sucedido. La primera especula con que el ministro

(Corach), habría llamado al entonces titular de la DGI, Ricardo Cosssio, y le habría pedido que

"pare" la investigación, de acuerdo a los dichos de Cavallo en el programa Hora Clave del jueves

17 de agosto de 1.995. La segunda versión de los hechos la dá el mismo Corach diciendo que se

"preocupó" por saber si había alguna animosidad contra el periodista (Hadad). También aseguró

que "haría lo mismo por cualquier periodista". Comentarios sobran.

Aquellos que conocen a Hadad desde sus comienzos en el periodismo destacan su ambición y

ostentación. Luego de comprar un dúplex en Villa Devoto pudo acceder a un departamento

valuado en 350.000 dólares en la zona de Palermo y a una casa en el exclusivo Club de Campo

Mayling cuyo costo alcanza el millón y medio de dólares.

Por sus comienzos en televisión, condujo el programa La trama y el revés, junto a Guillermo

Cherasny, donde se identificaba a ambos periodistas con las ideas del sector carapintada, y que

hizo que el entónces diputado radical Cesar Jarosalvsky los denunciara por estar financiados por

Norberto Cao, detenido durante el gobierno de Alfonsín por atentar contra la democracia. El

programa también habría estado relacionado con empresarios vinculados a los servicios de

inteligencia. A pesar de que Hadad siempre negó los vinculos denunciados, fue el propio Aldo

Rico quien en un reportaje que salió al aire en su programa radial le recordó que el periodista

frecuentaba la fundación que él dirigía.

En el libro Los dueños de la Argentina II, el periodista Luis Majul denunció que había un acuerdo

extrapublicitario entre Hadad y Longobardi y la empresa Benito Roggio. Según el libro, los dos

periodistas recibían 3.000 dólares mensuales de parte del empresario sin la contrapartida de

publicidad. Marcelo Longobardi, independientemente, admitió que se le habían facturado tres

meses a Roggio en las condiciones que había denunciado Majul.

"Para la empresa informativa, ganar dinero es un deber ético", expresó Hadad ante el diario La

Prensa el 20 de diciembre de 1.992.

Lorena Colella, hermana de Hector Colella (supuesto sucesor de Yabrán), fue colaboradora de

Hadad hasta 1994, año en el que falleció en Pinamar en un accidente automovilístico.

 

 

NOSOTROS, QUE NOS QUISIMOS TANTO

 

Era la primera semana de marzo de 1.992 y Cavallo escuchaba (como casi siempre en ese

entónces), el programa de Bernardo Neustadt en Radio América. El periodista elogiaba al aire la

manera en que EDCADASSA había transportado los muebles a su casa.

 

EDCADASSA fue una de las empresas más importantes que auspició el programa de Neustadt en

T.V.: Tiempo Nuevo. Semanalmente se la podía ver como una de las empresas que “cree en el

país”.

 

En ese preciso instante y totalmente enfurecido el Ministro se decidió a llamar al programa radial.

“¡El servicio (de EDCADASSA, ovbio) es monopólico y muy malo!”, vociferó mientras el

periodista no salía de su asombro. Agregó que “por eso es una buena idea la de la desregulación.

Por más presión e intereses que haya y por más “lobby”, que se valen de todos los medios

posibles, nosotros vamos a seguir adelante aunque amenacen a los funcionarios”.

Acto seguido, Cavallo denunció al aire que el subsecretario Pablo Rojo, que trabajaba en la

desregulación del transporte había sido amenazado luego de que había trascendido algo que el

ministro todavía no había autorizado a publicitar. “De ninguna manera estaba en marcha el

decreto de desregulación (de Ezeiza), ya que lo teníamos que discutir en el gabinete, pero alguien

lo hizo trascender (...).El proyecto de decreto fue enviado al diario La Nación. Los que lo

mandaron fueron los mismos que le dieron a usted información sobre los servicios de rampa”,

dijo irónicamente Cavallo a Neustadt y en evidente referencia a EDCADASSA, que era la que le

había mandado la información al periodista. El ministro concluyó su intervención denunciando

que la amenaza contra Pablo Rojo era obra de “las mafias que existen en el país y que son las que

precisamente inducen a que sigan habiendo todos estos sistemas de presión”.

 

Un par de años después, el destino haría de las suyas, tratando de rememorar el acontecimiento

arriba relatado. El día 20 de noviembre de 1.994, Bernardo Neustadt conducía su programa radial

y ponía enfasis a la ley de correos. Como es su costumbre y sin avisar llamó el Ministro de

Economía autoinvitándose a “hablar del tema correos” y a debatir con el señor Maiorano”. “Le

propongo una cosa, dado que el señor Maiorano -que ostenta el título de Defensor del Pueblo-.

Ahora va a hablar de servicios públicos, de entes reguladores; invíteme también a mi que soy

ministro y vengo trabajando en defensa del pueblo desde hace bastante tiempo”. Cavallo propuso

así someterse a “todas esas preguntas que usted (Neustadt) hace sistemáticamente todas las

mañanas” (sobre el tema de los correos y su privatización, y cómo funciona el correo oficial).

Exigió que el debate fuera frente a la cámara de televisión y solicitó la presencia en el debate del

“titular de EDCADASSA, Alfredo Yabrán. Que no mande un testaferro, que venga él. Que mire

con sus ojos a la cámara de T.V., como la voy a mirar yo”. “Invitelo; usted lo conoce”, instó

ironicamente Cavallo al periodista.

Cumpliendo con lo requerido, Neustadt invitó al ministro a su programa de T.V. (Tiempo Nuevo),

el martes 22 para que hablara del tema de los correos. Ya en el programa, Cavallo atacó

frontalmente el proyecto impulsado por Eduardo Vaca, y terminó en un enfrentamiento con el

mismo que subió de tono a la salida del canal; siendo el comentario de algunos de los presentes,

cómo hubo que interponerse entre el ministro y el senador para evitar "males mayores".

El momento más áspero se dió cuando Cavallo balbuceó: “Hay algo que yo no quiero decir...”.

Neustadt hasta ese momento se había comportado con total tranquilidad, pero el contenido de esa

frase hizo que se pusiera bastante incómodo, al igual que el senador Vaca que se encontraba en el

estudio. Mientras Neustadt hacía fuerza para que el “misil” no le llegara a pleno y al legislador

capitalino le temblaba ostensiblemente la mano frente a la cámara, el ministro dudó un momento

y decidió -finalmente- perdonarles la vida. Acto seguido se fueron al corte.

 

El ministro Cavallo habría tenido la intención de denunciar en el programa los regalos de Yabrán

(casas valuadas en más de un millón de dólares a periodistas y políticos), pero como respuesta,

Neustadt le iba a echar en cara que varias veces le pidió que no atacara a Manzano (quien cuando

estuvo en Interior era aliado de Cavallo).

 

Corría agosto de 1995. Cavallo había vinculado a Bernardo Neustadt con Yabrán en el programa

Hora Clave, conducido por Mariano Grondona. Unos días más tarde, en el programa radial del

primero se dá la siguiente conversación entre el ministro, el periodista y el Gobernador Eduardo

Duhalde:

-Eduardo Duhalde: “(...)La característica de la denuncia que hace (Cavallo), requiere que aclare

las cosas lo más rápidamente posible, porque sino todo el mundo va a estar en ascuas”.

-B.Neustadt: “Imaginese, lo que yo luché (...) a lo mejor como persona influyente para que

Cavallo fuera ministro(...). Me pregunto por quien doblan las campanas.¿ Por Menem, por

Cavallo? Ojalá haya retorno, con perdón de la palabra ¿Me perdona, Dr. Cavallo? Buen día”.

-D. Cavallo: “Buen día. No festeje por anticipado mi ida del gobierno que no me voy a ir (...)Con

respecto al gobernador yo siempre lo he informado muy bien de todas las cosas...”

-E.D.: “Ahora te hago una pregunta. Está referida al Banco Nación y al correo”.

-D.C.: “Si vás a hablar de lo que yo he dicho(...) no te guíes por lo que está diciendo Bernardo

Neustadt que se quedó con la sangre en el ojo por que me sacó del aire el día martes y yo conseguí

que Grondona me diera todo el tiempo necesario, y ahí expliqué muy bien(...). Ahora ese ataque

al Banco de la Nación que hace Neustadt, que ha venido haciendo Hadad, que han hecho varios es

totalmente intencional (...) Hadad no me cabe duda que trabaja para Yabrán. Con respecto a

Neustadt, sinceramente creo que sigue estando totalmente mal informado y equivocado”.

Pocos días después, Cavallo vincularía a Neustadt con Yabrán en plena Cámara de Diputados.

Para saber quien es Neustadt, de quien se podrían escribir interminables capítulos, solo voy a citar

la opinión de dos personas que lo conocieron en detalle. El primero es Alejandro Romay, quien

dijo:

-“Neustadt ha sido la voz oficialista de todos los gobiernos. ¿Ud. recuerda alguna vez que no haya

sido oficialista durante los primeros años de todos los gobiernos? Yo tengo 44 años de experiencia

en este negocio , conozco la trayectoria de Bernardo Neustadt día por día (...), pertenece a los

lobbies internacionales...”

La segunda opinión es la de un gran periodista, Jacobo Timerman:

-“(Neustadt) es un payaso, un ignorante que trata de impactar (...). Ha corrompido la profesión.

El no hace periodismo, hace un espectáculo”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3:La verdadera Aduana paralela..

 

"Quien tiene dinero y amigos, se burla de la justicia”

 

Código de Omertá

 

 

 

 

 

SU ATENCION POR FAVOR!

 

El juez español, Baltasar Garzón, tenía firmado desde el día 2 de febrero de 1.991 el pedido de

busqueda y captura de parientes y funcionarios del presidente Carlos Menem. Coincidentemente,

la Interpol remitió al magistrado un dossier producido por un organismo de inteligencia militar

argentina que tenía una serie de revelaciones bastantes llamativas:

-1º. Uno de los mecanismos de lavado de dinero sobre el que la DEA norteamericana ha puesto su

atención se centra precisamente en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde las divisas

saldrían del país mediante la utilización de sacas de correspondencia.

-2º. Una de las empresas que presta ese servicio, en la que tienen participación algunos miembros

retirados de la Fuerza Aérea Argentina, estaría implicada en algún tipo de maniobra sobre el tema

o, por lo menos, es sospechosa de estarlo (¿EDCADASSA?).

-3º.La familia Yoma, desde el comienzo del gobierno de Menem, habría considerado al aeropuerto

de Ezeiza como una zona propia y de algún modo interfirió o intentó hacerlo en este tipo de

actividades."

El manejo de los depósitos fiscales y de las cargas aéreas otorga facultades para ingresar al país

diferentes bienes, e incluso dólares, sin embargo requieren la complicidad de la gente de Aduana.

Expertos de la DEA han manifestado que el “dueño de la Aduana de Ezeiza” era Yabrán y han

sostenido, junto con el Mossad (servicio de inteligencia israelí), que un 10% del dinero que ingresó

en los bultos misteriosos fue destinado a la continuación del polémico proyecto Condor II, de

manera secreta.

 

Era una mañana de abril de 1.991. El juez Alberto Piotti buscaba en Ezeiza un cargamento de

droga que no aparecía y se encontró con solicitudes fraguadas de particulares de 1.988 para retirar

bultos que llegaban de Miami. Los nombres que aparecían en las solicitudes llamó la atención al

juez, quien comprobó la total impunidad de la gente que operaba. No solo Onassis o Baker eran

los apellidos escritos en los comprobantes de los bultos sospechosos, también aparecían, entre

otros: Pablo Prepuccio, Carlos Baginna, Pablo Cullo, Santiago Testiculli y Juan Pedorro; que

mostraban, no solo el perfíl de los responsables, sino también, la absoluta falta de control con que

operaban. Piotti no podía entender como, en más de dos años, ningún inspector pudo descubrir

que semejantes nombres eran fraguados y que podrían esconder algo sospechoso.

El fiscal Plee, reconoció que en el último cuatrimestre de 1.988, más de mil toneladas de

mercadería habrían ingresado al país a través de esos "papeles truchos", mientras Piotti contaba a

un cronista de Somos que: "Puede ser que así hayan entrado dólares, armas, pero esto es solo una

presunción", mientras vinculaba con este hecho al entónces administrador nacional de Aduanas,

Juan Carlos Delconte.

El comienzo de la investigación en Ezeiza tiene como fecha original, el 9 de febrero de 1.991. En la

localidad de Morón, y en plena tarde (casi noche), una avioneta bimotor que tenía como plan de

vuelo, Santa Cruz de la Sierra-Bragado, había rebotado contra el piso, permitiendo encontrar

bajo el piso de la máquina 120 kilos de cocaína pura, en la operación que luego se conoció como

"Viento Norte" y que culminó con la detención de nueve personas.

Para entónces Raúl Plee y Alberto Piotti estaban muy alerta: cuatro meses antes, Policía y

Prefectura habían cortado parte de una red Bolivia-Argentina-Francia-Alemania que pasaba

cocaína oculta en bolsas de carbón (Operación Carbón Blanco) y que dejaba al descubierto la

vinculación de un tal Roberto Fernández, alias "oreja" con Carlos Segura, dueño del Circo Rodas

y que había sido procesado por la causa "Viento Norte".

A "oreja" se lo tildaba como "capo de la mafia aduanera", con funciones imprecisas, credencial

de asesor de Delconte y con poder suficiente como para ubicar empleados y funcionarios en

puntos clave. Profugo de la justicia, Fernández confesó que había trabajado a sueldo de Yabrán,

para quien había formulado el proyecto de la empresa EDCADASSA, que reemplazó a LADE en

la gestión de la bodega fiscal. Un hombre muy cercano al fiscal Carlos Villafuerte reveló que el

"oreja es un pesado en serio" e informó que tiene antecedentes tales como "robo a mano

armada".

 

Se sabe que “Oreja” Fernández fue puntero radical amigo de Carlos Bello y Enrique Nosiglia.

Junto al Turco Hanze, suboficial del ejército, formó un grupo conocido como los “Dandys de

Mataderos”, dedicado al contrabando en Ezeiza.

 

En una entrevista concedida a un semanario, Roberto Fernández, denunció que “el tema de los

bultos de la Aduana nunca lo había manejado porque era de incumbencia de los brigadieres.

Nunca pude pisar los depósitos fiscales de Ezeiza.” En otro pasaje sindicó a Yabrán como “el

presidente de OCASA y Villalonga Furlong”, y manifestó que permanecía en el exterior porque

tenía miedo. También dijo una frase bastante elocuente: “Mi vida depende de Yabrán”.

Sería bueno recordar también, que cuando Villalonga Furlong adquirió el 45 por ciento de lo que

era LADE, puso en el cargo de “bodeguero” a Don “Oreja” Fernández, tal vez por sus contactos

comerciales con las principales plazas exportadoras del mundo. “Es uno de los más conspicuos

coposeedores del mercado de Miami. No hay proveedor importante de La Florida que no sepa

quién es Roberto Fernández”, admiten los mismísimos gerentes de Villalonga Furlong.

El epicentro de la maniobra se encontraría en una dependencia que se llama "Departamento

Operacional de Ezeiza", intervenida por el sucesor de Delconte en la Aduana, Rolando Peppi, que

luego declaró más de cuatro horas ante Piotti, Plee y Villafuerte.

Piotti puso, entónces, a Juan Carlos Delconte en prisión.

 

 

PERDIENDO EL CONTROL

 

Es sabido que cuando se lleva a cabo una transferencia de empresas se realiza (previo a ello), una

auditoría a los efectos de inventariar todos los bienes que serán objeto de traspaso a los nuevos

titulares.

Este fue, naturalmente, el procedimiento que se utilizó cuando LADE dejó de ser una empresa de

la Fuerza Aérea para transformarse en la sociedad anónima de la que hablabamos en el capítulo

primero: EDCADASSA.

En ese momento, la auditoría es llevada a cabo por José Celestino Blanco, quien junto con cuatro

profesionales efectúan los inventarios de la existencia de mercaderías depositadas en las bodegas

(hasta entónces pertenecientes a LADE) y de su documentación respectiva.

Ocho meses después de realizada esta auditoría, EDCADASSA toma posesión de los depósitos

fiscales y de la mercadería existente en ellos, haciéndose responsable de toda la documentación

que certificaba la existencia de la misma.

La auditoría dió como resultado que en la bodega no faltaban mercaderías, ni se habría hallado

documentación apócrifa, ni faltantes de mercadería en la bodega, con lo cual se debe concluir que

en los depósitos fiscales todo estaba en orden porque, de no ser así, en el caso de que hubieran

existido irregularidades, los auditores habrían incurrido (como mínimo) en el delito de

encubrimiento, y como finalmente la privatización se llevó a cabo de todas maneras, podría

generar responsabilidades penales de mayor entidad.

En el marco del procedimiento llevado adelante por el juez Piotti y el Fiscal Plee, anteriormente

citado, considerando que lo detectado por los mismo fue con fecha anterior a la privatización del

LADE y de acuerdo a la auditoría recién descripta cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cómo es posible

que de la numerosa cantidad de documentación irregular detectada en el procedimiento judicial

no haya habido ni noticias en el momento de realizarse la auditoría?

Si damos fe a las aseveraciones del Sr. Juez no queda menos que preguntarse las razones por las

cuales la auditoría no puso en evidencia la existencia de las mismas. De esta misma duda, surgen

espontáneamente otras preguntas:

¿Cómo puede compatibilizar la investigación llevada adelante por el Dr. Piotti con los resultados

de la auditoría resultante del traspaso de LADE a EDCADASSA?

¿Se quiso proteger, acaso, el interés de algún grupo económico y/o evitar un escándalo que

hubiera salpicado a altos oficiales de la Fuerza Aérea?

 

 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

 

El dia 2 de mayo de 1991 la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados invitó

al Administrador Nacional de Aduanas, Vice-Almirante (RE) Juan C. Martínez para tratar temas

generales y, además, según palabras de Jorge Domínguez (en ese momento Diputado Nacional)

por “nuetra inquietud por conocer cuales son los pasos que ha programado dar en la

administración de Aduanas para hacer frente a los problemas que son de dominio público.

Observamos que (...) han aparecido algunos casos muy complejos vinculados con el contrabando

en la Aduana y también con el narcotráfico...”

En un momento, el diputado Moure le preguntó a Martínez si el Aeropuerto de Ezeiza tenía

alguna característica o sistema particular distinto al que puede tener otro aeropuerto

internacional, a lo que el Administrador responde que “acá hubo un fraude y es evidente que

hubo complicidad o connivencia aduanera. De esto no tengo la menor duda (...) Me parece hasta

pueril decir que los fraudes los hacían cuatro o cinco empleados de LADE “.

A partir de acá, el diálogo con Martínez se dió de la siguiente manera:

-Diputado Nacional Caviglia: “¿Qué relación mantiene la Administración Nacional de Aduanas

con los depósitos fiscáles de EDCADASSA en cuánto al control interno de la mercadería?”

-Sr. Martínez: “¿A qué se refiere cuando habla del control interno?”

-D. N. Caviglia: “Al control dentro de los depósitos fiscales”.

-Sr. Martínez: “La Aduana no interviene en ese control. Lo que hace la Aduana es verificar la

entrada y salida.”

-D. N. Caviglia: “¿La Aduana no ingresa en los depósitos fiscales?”.

-Sr. Martínez: “Por supuesto que entra (...), pero el manejo interno no es responsabilidad de la

Aduana”.

-D. N. Caviglia: “¿El manejo interno de los depósitos fiscales no es responsabilidad de la

Aduana?”.

-Sr. Martínez: “No, no lo es (...). Si bien de acuerdo con la ley la Aduana tiene responsabilidad en

la zona aduanera no solamente sobre la mercadería sino en la reglamentación del ingreso y

movimiento de las personas en las zonas donde esta mercadería se encuentra, en la práctica se

establecen normas de funcionamiento por las que la aduana limita el diario contacto con esa

mercadería a lo que realmente le interesa, que es verificar el ingreso, salida y pago de los

respectivos derechos aduaneros”.

-D. N.Caviglia: “Eso limita el control que ejercen dentro de los depósitos fiscales”.

-Sr.Martínez: “Es razonable. No se puede montar una Aduana paralela dentro de los depósitos...”.

 

(Para entender de que va la charla, transcribimos el artículo 112 del Código Aduanero que

establece que “el servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y la mercadería, incluída

la que constituye medio de transporte, en cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de

mercadería”. A su vez, el artículo 114 establece que “ para el cumplimiento de sus funciones de

control, el servicio aduanero adoptará las medidas que resulten más convenientes de acuerdo a las

circunstancias tales como la verificación de mercadería en cualquier ámbito en que se encontrare,

la imposición de sellos y precintos y el establecimiento de custodias”).

 

Otro pasaje importante de la reunión fue el referido a la documentación aduanera.

-Diputado Nacional Zambianchi: “¿Usted decía que en la Aduana estaba la documentación

correcta...?”

-Sr. Martínez: “ Aparentemente correcta”

-D. N. Zambianchi: “¿...Y en LADE, aparentemente, estaba la falsa?”

-Sr. Martínez: “Así es”

-D.N. Zambianchi: “ Es decir que la investigación tendría que arrancar en LADE, donde estaba la

documentación falsa...”.

-Sr. Martínez: “No, eso no significa en modo alguno desvincular a la Aduana de la existencia de

esos ilícitos, porque es todo un conjunto”.

Y como si todo esto fuera poco, Martínez terminó reconociendo la existencia de caminos

alternativos respecto de los cuales no se ejerce control de la entrada y salida de mercaderías.

Por otro lado, cabría preguntarse si cuando el susodicho mencionó a LADE no estaba haciendo

referencia a EDCADASSA. También habría que ver si cuando evidencia fraude, lo hace

equiparándolo al delito de contrabando, o también incluye otros ilícitos, ya que evidentemente no

se trata de un hombre versado en derecho.

Lo que sí queda claro, es que de lo que habla el Sr. Martínez es de una organización para cometer

delitos y sin duda, tratándose de Ezeiza, el delito de contrabando no puede estar ausente.

 

 

NO HAY NADA MAS LINDO QUE LA FAMILIA UNIDA

 

La sociedad dedicada al narcotráfico entre Ramón Puentes y Mario Anello se concretó en 1.985,

en Miami y estaba vinculada al cártel de Medellín. Uno de sus segundos, Andrés Ignacio Cruz de

Iglesias, alias Andy, había sido detenido en Madrid con un pasaporte argentino y, tras esperar en

vano colaboración financiera de parte de Puentes, aceptó colaborar con el juez Baltazar Garzón a

cambio de una reducción de pena, contando todo cuanto sabía acerca de la red que funcionaba en

Buenos Aires.

El escándalo se tituló Yomagate y se desató cuando, el 11 de marzo de 1.991, la revista española

Cambio16 publicó que Garzón investigaba a parientes y funcionarios del presidente argentino,

Carlos Menem. Los principales implicados eran: Amira Yoma, cuñada del presidente; Ibrahim Al

Ibrahim, sirio y ex esposo de Amira; y Mario Caserta, subsecretario de servicios públicos. Según el

arrepentido Andy, el trabajo de la pareja (Yoma-Ibrahim), consistía en cargar valijas repletas de

dinero en Nueva York y trasladarlas en avión a Buenos Aires como equipaje sellado. Después

pasaban por Ezeiza sin revisión y eran trasladadas a la casa de Puentes, donde se contaba el

dinero que luego era llevado a Uruguay por diferentes vías.

La relación de Caserta con Mario Anello se inició en Miami, cuando el dirigente peronista

comenzaba sus primeras armas en el tráfico de cocaína que compraba en Bolivia y transportaba

hasta La Florida por medio de Anello como distribuidor.

El mismo Caserta le habría gestionado los documentos argentinos al cubano en la provincia del

Chaco a través del abogado Antonio Vega Fernández, yerno de Juan Carlos Rousselot (intendente

de Morón), y fue también, el funcionario de obras públicas, quien convocó a la secretaria de

audiencias y cuñada de Menem, Amira Yoma y a su ex esposo Ibrahim como correos de Puentes y

Anello.

También habían conseguido que Eduardo Duhalde, en ese momento vicepresidente, firmara el

decreto (4/9/89) que nombraba a Ibrahim Al Ibrahim como asesor de la Administración Nacional

de Aduanas en el aeropuerto de Ezeiza, a pesar de su precario manejo del idioma castellano y

potenciado por el hecho de que el sirio, al igual que Amira, poseían pasaportes diplomáticos por

integrar la comitiva presidencial.

Luego del escándalo político que significó la aparición de dichas informaciones en la revista

española, muchos fiscales y jueces habían comenzado a investigar el tema y en un acto sin

precedentes (por su magnitud), casi todos fueron ascendidos a otros puestos para poder colocar a

personajes que atendieran de mejor manera las necesidades políticas del gobierno. Hasta se llegó a

poner como jueza de la causa a una amiga del presidente, María Romilda Servini de Cubría, quien

le informaba a Menem de todo lo acontecido en la causa y que se dió el lujo de enmendar una

declaración y obligar a una persona a cambiar su testimonio para perjudicar a un fiscal que no le

era útil en obsecuencia ante el Ejecutivo.

Era tan importante estrategicamente la jueza, que diputados oficialistas impidieron que Servini de

Cubría fuera sometida a juicio político a pesar de la sarta de irregularidades que la magistrada

cometió (que no fueron pocas). Luego de eso, anticipar la inocencia de Amira era algo cantado.

De hecho, sucedió.

 

Plazoleta Fiscal Ezeiza. Así había sido bautizada una maniobra llevada a cabo por Encotel a fines

de 1.989 donde se mostraba como muchas sacas de correspondencia contenían "ladrillos" en lugar

de cartas. La carpeta con las actuaciones labradas por el ente estatal fue puesta en manos de

Toxicomanía y Represión al Narcotráfico. El nombre de la maniobra tenía que ver con la facilidad

registrada en Ezeiza para el tráfico de valores y mercaderías y, por que no, de narcodólares para

su lavado en Montevideo y otras plazas financieras.

El área afectada era controlada por Ibrahim, quien había facilitado operaciones con libertad y sin

control a algunas compañias de transporte internacional de correspondencia.

 

(Durante el año 1.991, algunas versiones periodísticas vincularon al Yomagate con Alfredo

Yabrán, e inclusive la inteligencia castrense cree que el empresario postal dejaba a Ibrahim o

Caserta los negocios "chicos", es decir, los que representaban ganancias de entre 600.000 y

800.000 dólares mensuales. Por otro lado se sabe que Ibrahim conducía reuniones en las que se

coordinaban las entregas y recepciones de mercaderías, así como de las directivas para el lavado

de dinero, realizadas en el salón VIP del Aeropuerto de Ezeiza).

 

El modus operandi de la maniobra de Ibrahim era muy simple: su oficina tenía dos puertas y era

uno de los pocos lugares de salida de esa parte del aeropuerto que permitía esquivar los controles

aduaneros. Si el sirio quería podía eludir los registros del organismo que el mismo representaba.

Luego de ser desbaratada la "banda" y en ocasión de hacer declaraciones, Ibrahim rompió

silencio y trató de involucrar a la mayor cantidad de gente importante posible.

 

 

AMIGOS SON LOS AMIGOS

 

El 12 de diciembre de 1.990, era un día especial para el brigadier Rodolfo Echegoyen, su hijo,

Rodolfo Gabriel, se había casado por civil a las tres de la tarde y le esperaba una fiesta que iba a

ser minuciosamente supervisada por el mismísimo aviador retirado. Su estado de ánimo no podía

ser mejor, vería a su nieta preferida, hija de Marcela, que por ese entonces estaba casada y

radicada en Perú.

Esa mañana, el brigadier, se había levantado temprano, se había afeitado y perfumado y vestía lo

que había encontrado más apropiado para la ocasión: un traje gris azulado, una camisa celeste y

una corbata con rayas azules. Luego de haber asistido puntualmente a la ceremonia civil de su

hijo Rodolfo y siendo las ocho de la noche, se despidió e informó que tenía que asistir a una

reunión; sin aclarar con quien ni donde y no permitiendo que lo acompañaran.

A las seis de la mañana del día siguiente, 13 de diciembre, el juez federal Roberto José

Marquevich, lo encontró muerto, de un tiro que le atravesó la cabeza en su estudio de la calle

Arroyo 845 PB, acompañado de una carta, con el siguiente texto: "A mis seres queridos: no pude

aguantar la traición política de mis amigos. Perdón por no estar estructurado para aguantar tanta

presión y peso sobre mis espaldas. Perdón a mi esposa e hijos. A mis amigos, guarden de mi

familia. Comodoro Moreira (Negro) hacé cargo de mis cosas. Gracias. Rodolfo. 12/12/90. (P.D.)

Nadie de este estudio tiene nada que ver con este suicidio político.”

La causa "Echegoyen, Rodolfo Orlando s/muerte dudosa" quedó radicada en el Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 10, a cargo del Dr. Roberto José

Marquevich, Secretaría Nº 129 de Silvia Nora Ramond, Fiscalía del Dr. Raúl Cavallini.-

En el expediente instruído por Marquevich llama la atención la premura por cerrar el caso tanto

por parte del fiscal, como por el magistrado. Se trasluce de su simple lectura el escaso interés por

investigar y la rápidez por sobreseer la causa. Este "apuro" se hizo aún más evidente en un

expediente plagado de irregularidades jurídicas y criminológicas, que dejaba en claro que su

investigación, no solo afectaría significativos intereses económicos, sino además un importante

segmento del poder político que utilizaba la aduana de Ezeiza para hacer "negocios" que no

tenían precisamente la ley como punto de referencia.

Solo en este marco puede interpretarse la falta de una investigación criminalistia globalizada que

procurara una clara determinación de lo acontecido o pudo haber sucedido. De otra forma,

¿Cómo es posible que no se hiciera una pericia caligráfica sobre el papel hallado en el lugar del

crimen, con un presunto mensaje del brigadier? ¿Cuál fue el motivo por el cual el Juez no

investigó la fractura de los huesos propios de la nariz y el hematoma que presentaba el cadaver en

la región frontal derecha?. Resulta claro que el proyectil pasó por detras de los mismos y este

hecho solo se puede explicar con la presencia de una tercera persona que golpeara a la víctima

antes de su muerte: tal vez para dejarlo inconciente, colocarle el arma en la boca y asesinarlo, tal

vez para presionarlo amenazando a su familia, etc. ¿Cómo se explica, que si el disparo fue con la

mano derecha y el proyectil sigue una línea que va de abajo hacia arriba, ligeramente de derecha a

izquierda y de adelante hacia atrás, nadie haya advertido, ni el juez, ni los médicos legistas, que es

imposible que la salida del proyectil se produzca sobre el parietal derecho?

¿Porqué el brigadier Echegoyen, un hombre habituado al uso de armas, habría empuñado la

misma en sentido inverso apretando el disparador con el dedo pulgar, siendo que lo normal y

habitual es accionar la cola del disparador con el dedo índice (todos los autores de ciencias

criminalísticas sostienen que la comodidad es un rasgo importante en el suicida)? ¿Porqué el

retroceso del arma después del disparo no le afectó los dientes delanteros o lastimó los labios y

porqué no se registraron restos orgánicos en la boca del arma de fuego?

Tampoco tiene una explicación lógica el sentido en que quedó el revólver luego del disparo; en

primer lugar, porque el impacto y la fuerza centrífuga que desarrolla hubiera empujado el arma a

varios metros del occiso y, en segundo término, es absolutamente antinatural que el arma quedara

en la mano del brigadier, paradojicamente en posición inversa al disparo. Quien sostenga que el

arma no fue plantada en la mano de Echegoyen estaría violando todas las leyes de la fisica.

Aún sin considerar lo mencionado, el hecho de que no se hayan encontrado restos de pólvora en

la mano de la víctima, descarta absolutamente que se haya suicidado, para lo cual no hay que

remitirse a ningún tratadista, pues es suficiente utilizar la lógica y el sentido común para saber que

el disparo realizado con un revolver deja restos de pólvora en las manos del tirador. Las pericias

posteriores a la reapertura de la causa demostraron que los que sostenían la hipótesis del

homicidio estaban en lo cierto.

Pero si tomamos en cuenta el aspecto trascendente de esta muerte, el mayor "déficit" de la

instrucción no deviene en sus aspectos procedimentales, ni en la falta de claridad y transparencia

de la causa, sino en la circunstancia que no se tuvo en cuenta el contexto dentro del cual debió

llevarse a cabo la investigación y que estaba relacionada con las actividades que había

desarrollado Echegoyen cuando estuvo al frente de la Administración Nacional de Aduanas.

Durante la duró la mayor parte del proceso se "desperdició un tiempo precioso" en la búsqueda

de motivaciones explicativas en torno a circunstancias laborales y personales que rodeaban al

occiso.

Más allá de los errores que pudieron haberse sucitado o las actitudes negligentes, es innegable la

existencia de una sistemática voluntad política de que el asesinato de Echegoyen fuera considerado

un hecho policial más para que la causa terminara archivada como suicidio.

La hipótesis de quienes sostienen que no se trató de un suicidio coincide con la de la mayoría de

los que conocieron al militar: alguien estaba muy interesado en que Echegoyen desapareciera.

Se sabe que el ex titular de Aduanas había investigado el funcionamiento del depósito fiscal de

Ezeiza, prestando especial atención a las actividades de la firma EDCADASSA, que opera esos

depósitos. Según Marcos Basile, quien fue jefe operacional de Ezeiza durante la gestión del

brigadier, se había llevado adelante "una investigación reservada en el ámbito de EDCADASSA,

tendiente a determinar la salida de mercaderías de los depósitos fiscales".

Los familiares y amigos de Echegoyen insisten en que este realizó importantes investigaciones para

detectar el tráfico de drogas y lavado de narcodólares en las aduanas argentinas, inspeccionando

sorpresivamente los depósitos fiscales de EDCADASSA en varias oportunidades. Su familia insiste

con que las causas de la muerte del brigadier hay que buscarlas por ese lado.

Entre los hechos que más llamaban la atención de Rodolfo Echegoyen se encotraban:

-Subfacturación de importaciones. Echegoyen había iniciado 57.000 expedientes de empresas que

presuntamente evadieron impuestos por 300 millones de dólares.

-Narcotráfico. La Aduana siempre participó en prevención y secuestro de droga, y en los nueve

meses que Echegoyen estuvo en su cargo fue cuando se realizaron los procedimientos más

importantes.

-Autos truchos. Echegoyen habría llegado casi al extremo de la exigencia de que Raúl Cuello y

Erman González le explicaran acerca de las irregularidades que permitían comprar a particulares

autos importados sin pagar impuestos, valiendose de las franquicias para lisiados.

-Irregularidades en distintos sectores de la Aduana. La privatización del free shop y el servicio de

rampas, denuncias e inspecciones en torno a los depósitos fiscales de Ezeiza y el manejo de las

sacas de correspondencia, pondría sobre el tapete algunos nombres de miembros retirados de la

Fuerza Aérea.

-Negocios en Ezeiza. Echegoyen estaba por desentrañar el modus operandi de una banda que,

presumiblemente, manejaba los negocios de Ezeiza, integrada por personas que ingresaron no por

sus conocimientos sobre comercio exterior, sino por sus amistades y contactos con el poder

político.

Todo esto habría llevado sin duda al brigadier a detectar un circuito de contrabando en distintas

formas (narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, etc.) y que operaría de la siguiente

manera: De las aeronaves arrivadas a Aeroparque y al Aeropuerto de Ezeiza, la mercadería se

transportaría a través de Intercargo e Interbaires a los galpones de EDCADASSA y desde allí

OCA y OCASA harían su distribución, efectuándose asimismo la operación inversa para sacar

divisas del país hacia el exterior, no pudiéndose descartar por vías de hipótesis que estuviese

involucrado -inclusive- personal de la DGI, cuya misión sería facilitar por omisión en su accionar

la salida de los narcodólares.

Entre los nombres principales que actuarían como operadores de los intereses ilícitos

mencionados, se encontrarían: Ibrahim Al Ibrahim; Roberto "Oreja" Fernández, quien para el

brigadier occiso cumplía funciones similares a las de Ibrahim (a pesar de no figurar en la planta

permanente); y Hector Name, secretario técnico de la Aduana y testigo de una causa por estafa a

la Aduana conducida por el juez Miguel Pons.

En ese mismo sentido, Franco Caviglia, que conjuntamente con el "grupo de los ocho" venía

realizando diversas investigaciones relacionadas con la corrupción y el crímen organizado,

sospechaba también que existía algún tipo de vinculación entre la lamentable muerte de

Echegoyen y la problematica estructural que ocurría en la aduana de Ezeiza y que tenía que ver

con la gigantesca red de subfacturación de importaciones, que dió lugar a que Echegoyen

instruyera los 57.000 expedientes adminitrativos citados anteriormente. El brigadier había

advertido y comunicado a sus superiores los circuitos de contrabando relacionados con la droga,

el narcotrafico, el lavado de dinero y el tráfico de armas, por lo cual oficiales y ex-oficiales

superiores de la Fuerza Armada, funcionarios de la aduana y miembros del denominado "grupo

Yabrán" no podían estar ajenos.

Caviglia, en el conexto de las actividades que el brigader venía desarrollando en la Administración

Nacional de Aduanas, le solicitó al juez Marquevich, el 19 de abril de 1991, que se decrete el

secreto sumarial y que se ordene la inmediata detención del brigadier mayor José Juliá, los

militares y civiles involucrados -la mayoría de los cuales pertenecían al "grupo"- y se allanen las

oficinas y depósitos de Intercargo S.A., Interbaires S.A. y EDCADASSA. Como era de suponer la

petición fue denegada y la causa archivada.

A pesar de lo descripto y de haber dictado el sobreseimiento provisorio por falta de pruebas a los

imputados en la causa, el mismísimo juez admitió que no se trató de un asesinato, sino que la

victima fue inducida al suicidio y que, en su opinión "puede darse por acreditado hasta lo aquí

actuado, que el fallecido Echegoyen, en el transcurso de su paso por la aduana y días antes de su

muerte, investigaba procedimientos permisivos de los funcionarios de la aduana.(...) Y no solo el

tema relacionado con las subfacturaciones, también por vía de hipótesis, puedo decir que advirtió

introducción de drogas o ingreso ilegal de divisas en la Aduana, o bien, en Puertos Argentinos,

donde aquel organismo tenía activa y directa injerencia”.

Además señala que "como –obviamente- esta investigación secreta la llevaba a cabo con personas

de su confianza -funcional o de conocimiento personal- se trató de establecer si dentro de su Arma

-la Fuerza Aérea- o Aduana o sus amistades, alguien o algún grupo estaba interesado en que esa

investigación no prosperara o si, habiendo tomado conocimiento de tal investigación, le

obstaculizaran su éxito...”

Lo más paradójico es que el mismo juez sostiene que Echegoyen no se suicidó: que estaba

realizando una investigación secreta paralela a la oficial, pues no confiaba en los "amigos

políticos" que lo rodeaban, y que su muerte estaba relacionada con las investigaciones que llevaba

a cabo en la aduana. No obstante que el contexto fáctico ponía de manifiesto que se estaba en

presencia de hechos verdaderamente ilícitos y se poseían instrumentos jurídicos para proseguir

con la investigación, la misma fue clausurada.

La traba más importante para el juez en la investigación para encontrar a los responsables

materiales del asesinato del brigadier Echegoyen, estaba en dejar abierto un expediente que

pudiera comprometer seriamente a Alfredo Yabrán, miembros de su "grupo", Oficiales y

ex-Oficiales superiores de la Fuerza Aérea y funcionarios y personas estrechamente vinculadas al

gobierno.

Ante estos hechos, daba la sensación de que la causa estaba a punto de cerrarse, pero luego de

esperar más de seis años se iba a producir un acontecimiento que permitiría que se reabriera

nuevamente: el ex-chofer de Echegoyen, Salvador Rosselli, había sido secuestrado y amenazado

por desconocidos que le advertían que no comentara nada sobre lo ocurrido en los depósitos

fiscales de Ezeiza. Hechos de los que tendría conocimiento por ser, no sólo el chofer sino, además,

un hombre de confianza del brigadier.

Sumado a esto, el 13 de marzo de 1997, Rosselli, escuchó una voz masculina por el teléfono que le

advertía: "si sabés algo del caso Echegoyen, no sabés nada, por que si no, sos boleta". Tal vez, en

la creencia de que el mensaje no había sido lo suficientemente claro, es reiterado 10 minutos más

tarde. Al día siguiente, en horas de la mañana, el mensaje se repitió en forma más escueta y

contundente. Le manifestaron: "sos boleta".

Al parecer, los amenazadores entendieron que no habían sido lo suficientemente claros: volvieron

a levantar nuevamente el teléfono y no dejaron lugar a dudas sobre cual era su propósito. Rosselli,

del otro de la línea escuchó "sos boleta". Ya no le quedaban dudas.

En los días subsiguientes volvieron a repetirse en forma sistemática las amenazas telefónicas con

frases tales como: "Ojo con lo que vas a decir, por que tu familia hace dos días que no está en tu

casa, por que sos boleta". “Ojo que puede ser el último cumpleaños que festejes”. “Que linda

nena!”. “¿Los chicos, bien?". "Estás muerto".

El "mal momento" que Rosselli estaba soportando con los amedrantamientos vía telefónica no

cerraron el capítulo pues, el 15 de marzo, fue interceptado por un automóvil Fiat Duna blanco con

vidrios polarizados, dentro del cual se hallaban dos personas, una de las cuales descendió con un

arma de fuego y le expresó: "te veo un pibe inteligente, vos del caso Echegoyen no sabés nada, por

que sos boleta, te das cuenta que no es joda?. No sabés nada, o querés que te matemos ahora?”.

La jueza Silvia Nora Ramond, ante las amenazas que sufrió el ex-chofer de Echegoyen y frente a

la solicitud de sus familiares no tuvo otra alternativa que reabrir la causa el 3 de abril de 1997.

Pero a diferencia de su primera etapa, la investigación de la sospechosa muerte del brigadier se

enmarca en el conjunto de investigaciones que venía realizando sobre la conexión entre

brigadieres y ex-brigadieres de la Fuerza Aérea y las firmas concesionarias de los servicios del

aeropuerto de Ezeiza vinculadas a Yabrán con millonarios contrabandos de mercaderías, drogas,

tráfico de armas, etc., facilitado por la "aduana paralela" constituida sobre la base de contratos

de concesión totalmente ilegítimos.

A raíz de esta segunda etapa, salieron varios detalles a la luz: el enfrentamiento de Echegoyen con

Yabrán, la complicidad pasiva de oficiales de la Fuerza Aérea, las investigaciones que venía

realizando el brigadier y las amenazas que había recibido por ese motivo y las irregularidades,

complicidades y encubrimientos en una instrucción judicial donde faltaba voluntad de investigar,

algo que debilitaba fuertemente la hipótesis oficial del suicidio.

"Frente a la droga me paro", sostuvo ante su hermano Juan José, diplomatico que por ese

entonces estaba radicado en Suiza, en un última conversación telefónica, pocas semanas antes de

su muerte. Finalizó la comunicación manifestando que "....estoy juntando documentación y no me

callaré. Voy a hacer como hizo papá ". Se refería a las denuncias que su padre, José Tránsito

Echegoyen, funcionario de la provincia de Mendoza, había presentado en el Congreso de la

Nación en la década del 40, sobre presuntos negociados en materia de obras hidráulicas.

Por otra parte, días antes de su muerte, en una reunión familiar, manifestó que "en esta casa no se

habla más de Yabrán", tomando seguidamente su agenda, abriéndola en la página

correspondiente a la letra "Y" y arrancando la hoja. El mensaje era claro: tenía que ver con su

investigación de irregularidades en la aduana de Ezeiza, narcotráfico y Yabrán. El eje de las

preocupaciones del brigadier y un cocktail explosivo donde podrían encontrarse los motivos de su

muerte.

Si bien no quería preocupar a su familia, admitió ante un familiar: "estoy amenazado, pero no le

digas nada a Raquel" (su mujer). Al mismo tiempo, le había insistido a su chofer, Rosselli, que

abandonara su cargo.

A tal punto desconfiaba de su entorno en la aduana de Ezeiza que se llevaba de su casa los

saquitos de té y el azúcar.

Un informe de inteligencia atribuído a la SIDE señala que su asesino habría sido Luis Alberto

Martínez, alías El Japonés, un ex sargento de la Policía Federal que se destacó como represor en

los años 70 y fue detenido en Suiza al intentar cobrar un rescate por un secuestro extorsivo junto

a dos agentes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército: Leandro Angel Sánchez Reisse, alías

Lenny o El Marqués, y Rubén Bufano, alías Polo.

Según este informe, El Japonés Martínez habría ingresado en el despacho de Etchegoyen con con

la complicidad de Mario Hugo Cárdenas, alías Panqueque, uno de los “killers” preferidos de

Claudio Pitana, alías Fafá, jefe del “primer círculo” de custodios de Yabrán.

Y el propio Cárdenas se habría ido de boca al decir que el “suicidio” de Echegoyen había sido

pedido por Ibrahim al Ibrahim (¿a Yabrán?).

 

Las pruebas balísticas demostraron que el revólver con el que se había disparado el brigadier,

"necesariamente dejarían restos de pólvora sobre la mano del tirador en todos los casos". Por

otro lado, la pericia caligráfica determinó que la firma que figura al final de la carta no pertenece

a Etchegoyen. Asimismo, la pericia médica deja asentado que el proyectil no pudo haber afectado

los huesos propios de la naríz y que la fractura de los mismos se debió a un golpe, de lo cual se

deduce que el militar no estaba precisamente solo en el momento de producirse su muerte.

Todo esto se fue evidenciando a través del largo paso del tiempo, sorteando la falta de voluntad

investigativa y las trabas y dilaciones procesales, las que no lograron doblegar la firme voluntad

de una familia que ahora puede manifestar con orgullo que la muerte de su padre no fue en vano.

Tal vez su suerte quedó echada cuando anunció públicamente que iba a realizar una conferencia

de prensa para dar a conocer las irregularidades mencionadas. Como quedó demostrado, con las

nuevas pruebas aportadas al expediente, su destino estaba marcado. Echegoyen debía morir.

En su momento y en declaraciones públicas, Erman González declaró que Echegoyen no tenía idea

de lo que significaba manejar la Aduana y enfrentar los intereses que hay en juego. Quizás haya

sido justamente eso lo que lo mató: su inocencia.

 

 

ZONA FRANCO

 

"Franco Caviglia continúa avanzando en su intento de demostrar un acuerdo non sancto entre

miembros de la Fuerza Aérea y el empresario Yabrán en el caso de corrupción detectado en la

aduana de Ezeiza", publicaba una revista Somos del año 1.991, que a su vez denunciaba que "la

Fuerza aérea habría violado la Ley de Reforma del Estado cuando formalizó el contrato, ya que

ésta no contemplaba la privatización de Aerolíneas Argentina, la separación de rambla y free

shop, sino su concesión", agregando que, para salvar el error, el presidente Carlos Menem firmó

un decreto (mayo de 1.990), que excluyó de la licitación de Aerolíneas a la rambla y el free shop.

Para Caviglia, entre los personajes a seguir con atención estarían los responsables de las empresas

Intercargo, Interbaires, OCASA y Villalonga Furlong.

En esa denuncia, el ex diputado se propuso también demostrar que Yabrán estaba siendo

investigado en Estados Unidos en una causa relacionada con el narcotráfico.

Caviglia acusó al circuito EDCADASSA, Intercargo e Interbaires de construir una "zona franca"

o "aduana paralela" por la que se consumaría el contrabando de armas y drogas y especuló con la

posibilidad de que el brigadier Echegoyen la hubiera descubierto y generado un enfrentamiento

con el lobby de sus colegas, los brigadieres retirados, pagando por eso las consecuencias de la

contienda. Por todo esto, el ex diputado del “Grupo de los ocho” presentó una denuncia judicial

en la justicia penal, que luego se conocería como el "Caso de la Aduana Paralela" y que cayó en el

juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, de María Romilda Servini de Cubría.

Entre algunos de los puntos de su denuncia manifestó que:

-Hay mucha gente que compone un sector con mucho poder comprometida; la mayoría son

funcionarios y ex funcionarios políticos. Además están comprometidos altos oficiales de la Fuerza

Aérea.

-El administrador de Aduanas, contraalmirante Juan Carlos Martínez, declaró ante la Comisión

de Economía de la Cámara de Diputados que existía documentación apócrifa en EDCADASSA y

habló de fraude con complicidad aduanera (tema ampliado más arriba).

-En la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el brigadier Puig denunció la

existencia de cinco túneles secretos que salen de la aduana y van hasta más allá de la zona de

verificación.

-El contraalmirante Martínez agregó que Ibrahim tenía un salón de negocios al lado del VIP y

sería el único caso de nombramiento en Aduana por el Poder Ejecutivo pese a que existe la ley de

autarquía desde 1.981.

-La auditoría que determinó el pase de LADE a EDCADASSA se realizó el 1º de enero de 1.989 y

fue dirigida por el ex diputado Celestino Blanco. Hubo acuerdo de los brigadieres Ernesto Crespo,

Ruiz y el propio Echegoyen, quien en ese momento era jefe de la primera región de Ezeiza.

En ese mismo escrito, Caviglia también denunciaba que Andrés Gigena era el testaferro de Yabrán

y que actuaba como intermediario entre éste último y la Fuerza Aérea. Al parecer, esta relación le

reportó una considerable fortuna a Gigena, que, al comenzar la investigación generada por

Caviglia comenzó a vender algunas de sus propiedades.

Agrega como dato nuevo que la vigilancia y seguridad (de EDCADASSA) estaba a cargo de

Zapram, que también pertenecía al Grupo Yabrán y que tendría relaciones con el servicio de

inteligencia de la Fuerza Aérea (por medio de un ex jefe del mismo: Brigadier Mario Alfredo

Laporta) a través de lo que serían sus agentes más peligrosos y responsables del “trabajo sucio”:

Adolfo El tigre Acosta, Alfredo Donda Tigel y Victor Hugo Dinamarca. Durante 1989/90, el enlace

del Brigadier Laporta con las personas mencionadas habría sido el Comodoro Ricardo Quellet.

Por último adjuntó un anónimo donde se expresa que fue por decisión de funcionarios del

gobierno que se realizó esta operación en forma directa y sin licitación previa que reportaría un

beneficio anual de 60 millones de dólares, por un compromiso político con Diego Ibáñez y Alfredo

Yabrán.

No está de más aclarar que esta causa había sido cerrada definitivamente por Servini de Cubría y

que la Cámara Federal le ordenó que la reabra, orientándola hacia el lado del narcotráfico y

actualmente se continúa con la “investigación”, con tanta mala suerta que en siete años no se

pudo detectar a ninguna persona involucrada.

 

A principios del año 1997, Franco Caviglia, conjuntamente con los diputados Juan Pablo Cafiero

y Darío Alessandro, realizó una nueva denuncia relacionada con la que en 1991 había operado

como disparador y agregó que todo lo que había dicho en su primer escrito se habia corroborado

con posterioridad.

La causa es la Nº1880/97 y tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, del

Juez Gustavo Adolfo Literas. El fiscal que entiende en la causa es Miguel Ossorio.

En el escrito se denuncia la comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación

mediante administración fraudulenta en perjuicio del Estado (Ministerio de Defensa-Fuerza

Aérea), y la responsabilidad de todos aquellas personas que, desde el 16 de diciembre de 1988,

hubieren intervenido en la concesión directa de EDCADASSA o en los actos constitutivos de esta

sociedad, así como también de todos sus directores, síndicos, gerentes y miembros del comité

ejecutivo que participaron en esos hechos ilícitos. Asimismo se sostiene que "esa banda, bajo

apariencia institucional, aparece destinada a cometer hechos ilícitos, de entre los cuales se destaca

la sustracción de gruesos aportes dinerarios pertenecientes a la empresa y su conversión en

provecho propio, mediante el arbitrio contable de imputar los fraudulentos egresos al pago de

facturas falsas por provisión de personal temporario. Ese faltante de caja debió trasladarse y

afectar decisivamente la cuenta de resultados de EDCADASSA y la distribución de dividendos en

perjuicio del Estado nacional". "Ello, sin perjuicio de las maniobras de contrabando y otros

hechos ilícitos resultantes de la anómala gestión de la referida empresa en el ámbito de Ezeiza".

El fiscal Ossorio disparó en un extenso dictamen que: "Se ha denunciado la existencia de una

estructura altamente organizada y temporalmente perdurable, cuya finalidad resultaría la

comisión de diversos tipos de ilícitos. De los escritos presentados surge que, enmarcados en

diversas estructuras societarias, los imputados habrían desarrollado una serie de actos".

Los actos serían los siguientes: Irregularidades en la concesión de los depósitos fiscales de Ezeiza,

ya que se violaron las disposiciones legales para conceder en forma directa los referidos depósitos

a EDCADASSA, que es una emprsa privada, cuando en realidad la Fuerza Aérea sólo podria

haberlos explotado en forma directa o haberlos entregado a otro organismo público.

Mediante la escritura pública 1097, según rememora el dictámen, se constituyó la empresa

EDCADASSA, con participación mayoritaria de la Fuerza Aérea. La mayoría de las acciones, esto

es, el 55% conformaban la mayoría estatal, en tanto el 45 por ciento restante, fueron de capital

privado (Villalonga Furlong). A su vez, la administración del Directorio estaría integrada por

cinco miembros titulares: tres de ellos por el Estado y dos por la minoría, el sector privado (ver

capítulo 1).

Según la denuncia que el juez y el fiscal deben investigar, "este formal control estatal se vio en los

hechos desvirtuado, mediante el cercenamiento de las facultades que esta mayoría debía tener en

los órganos deliberativo y ejecutivo (asamblea y directorio) de la empresa". La forma de hacerlo

fue creando un Comité Ejecutivo, al cual se le asignaron las facultades propias del Directorio, con

grandes atribuciones de gestión y control. Fue en ese cuerpo donde no se habrían respetado las

proporciones apuntadas, pues, a través de un “contra-documento secreto” se invirtió la

proporción original que daba mayoría y control al Estado y se lo integró con tres miembros, de los

cuales uno sólo representaba a éste último. Los otros dos representaban al sector privado, con lo

cual el control real de los depósitos fiscales quedó en manos de Villalonga Furlong, es decir, el

Grupo Yabrán.

Otro de los puntos a investigar es la defraudación a la administración pública, ya que, según los

denunciantes, los encargados del gerenciamiento de EDCADASSA habrían imputado a los

ejercicios económicos gastos inexistentes, mediante la emisión de facturas falsas por otras

empresas que se atribuyen al grupo.

También se cuestiona la contratación directa 293/88, efectuada por la Fuerza Aérea, representada

por el brigadier general Ernesto Crespo, y Villalonga Furlong, la cual fue aprobada por un decreto

del 2 de junio de 1989.

Asimismo, el fiscal en su dictámen dedica todo un capítulo a reproducir las vinculaciones

económicas que se denuncian entre Intercargo, Interbaires, Inversiones y Servicios, Villalonga

Furlong, Oca y Ocasa.

A partir del dictámen del fiscal Miguel Angel Ossorio, el juez Literas dispuso una serie de medidas

para iniciar la investigación sobre EDCADASSA. Ellas son:

- Solicitar que se le remitan varias causas judiciales donde se ha denunciado a la empresa

Edcadassa por evasión.

- Requerir a la Fuerza Aérea que envíe al tribunal toda la documentación vinculada con la

contratación directa entre ese organismo y Edcadassa y el estatuto social de la firma.

- Requerir a la Inspección General de Justicia que se remitan al juzgado el estatuto social, actas de

asamblea y directorio .

- Solicitar que se le informe sobre la correlativa distribución de cargos y balances de las empresas

EDCADASSA, Villalonga Furlong, Ocasa, Inversiones y Servicios, Interbaires, Intercargo,

Ocupar, Briller, Interestudio y OCA.

- Solicitar a la Dirección General Impositiva que remita la totalidad de la información que posee

respecto de esas empresas y Alfredo Yabrán, Ricardo Passman, Wenceslao Bunge, Andrés Gigena

y otros supuestos ejecutivos de esas firmas.

Para el mes de junio de 1998 y, según los datos que se desprendían de la denuncia, quedó

demuestrado, según el fiscal Ossorio, que -prima fascie- estaban configurados los extremos legales

de los delitos que se imputaban y se solicitó llevar adelante la investigacion. En su ultima

resolucion (el 6 de abril de 1998), la fiscalía manifiesta que “en atención a la información pública

relativa a la transferencia de las empresas investigadas en autos a favor del grupo economico

EXXEL Group solicito a VS se requiera a la Inspeccion General de Justicia que envíe la

actualizacion de los datos del directorio, accionistas y asambleas”. Además solicita que se oficie a

la Cámara de Diputados de la Nacion, Comisión Antimafia a fín de que aporten a la fiscalía

aquellos elementos que guarden relación con el objeto procesal de esta investigacion.

Resulta claro que la resolucion del fiscal persigue dos objetivos. Por un lado determinar la

titularidad de las empresas pertenecientes al grupo y, en segundo término, establecer una probable

vinculacion entre las empresas que pertenecieron al grupo y sus nuevos dueños, luego de que se

operara la transacción por la cual el EXXEL Group adquiriera la titularidad de EDCADASSA,

Interbaires, OCA y OCASA.

Una historia que recién comienza y ya ha abierto muchos interrogantes.

 

 

GRAN NEGOCIO GRAN

 

Pocos meses más tarde Juan Pablo Cafiero, Darío Alessandro y Franco Caviglia, ampliaron la

denuncia que oportunamente presentaran ante el Juez Gustavo Literas en los siguientes términos.

"Sin que esta ampliación de denuncia importe agotar el catálogo de crímenes resultantes y ante la

comprobación de un nuevo y gravísimo acto de fraude, del que participaron -entre otros- el

entonces Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación Dr. Carlos V. Corach (hoy

Ministro del Interior), el Dr. Oscar Camilión (ex Ministro de Defensa) y hasta el propio Presidente

de la Nación Dr. Carlos S. Menem, venimos a denunciar la ocurrencia de un hecho, configurativo

de una nueva y gravísima defraudación mediante administración fraudulenta, en perjuicio del

patrimonio del Estado Nacional ".

En uno de sus párrafos más importantes el escrito sostiene que “Como ya lo expresáramos en la

presentación que amliamos en este acto, el 16 de diciembre de 1.988 la Fuerza Aérea Argentina,

representada por el Brigadier Gral. Ernesto Horacio Crespo y Villalonga Furlong S.A. ( Alfredo

Yabrán) , a través del Presidente de su Directorio Dr. Ricardo E. Pasman suscribieron, además de

una carta de intención y una escritura pública por la que se constituyó EDCADASSA como

sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la contratación directa N 239/88,

concediendo a la citada empresa y por el término de 20 años, ‘la prestación y explotación de

servicios de almacenamiento y estibaje de cargas aéreas internacionales ingresadas a depósitos

fiscales ubicados en aeropuertos internacionales".

Es del caso destacar -ante todo y por su atinencia con esta denuncia ampliatoria- que entre las

causales de rescisión que contempla el artículo 15 de esa contratación directa 293/88 ( aprobada -a

la postre- por Decreto 773 del 2 de junio de 1.989 ), se estipularon las dos que acto seguido

analizamos: La primera de ellas (prevista en el citado artículo 15, inciso f) textualmente prevée

"La entrada en vigencia de normas derogatorias o modificatorias de los Decretos 3.509/7 y

2.182/80, en virtud de las cuales cese la atribución otorgada a la FUERZA (Aérea) para

administrar y explotar los servicios referidos en los mismos ".

Ambos decretos –muy concretamente- habían facultado a la Fuerza Aérea para prestar y explotar

-en forma directa o a través de otros organismos estatales- los "servicios de almacenamiento y

estibaje de cargas aéreas internacionales ingresadas a depósitos fiscales ubicados en aeropuertos

internacionales" .

Acotación al margen, diremos que la letra del artículo 150, inciso f -que ya hemos transcripto-

resulta de claridad meridiana y no ofrece mayores alternativas de interpretación, siendo que esa

previsión contractual no hizo sino ratificar instrumentalmente, uno de los principios generales que

informan la estructura del orden jurídico todo: el de que nadie puede transmitir a otro un derecho

mejor ni más extenso que el que tiene; ni adquirir un derecho mejor y más extenso que el que

tenía aquél de quien lo adquiere.

Ergo, rescindidas, revocadas, canceladas o dejadas sin efecto las facultades y prerrogativas

conferidas a la Fuerza Aérea, correspondía por derecho -y así se estipuló contractualmente-, que

quedasen rescindidas, revocadas, canceladas o dejadas sin efecto (también) las concesiones que

ella pudiera haber otorgado para la explotación subsidiaria de los servicios de almacenamiento y

estibaje de cargas en los depósitos fiscales habilitados en aeropuertos internacionales.

Y entonces, frente a la alternativa cierta de que el Estado Nacional decidiese desregular la

actividad aeroportuaria -privatización mediante- y surjiese por consecuencia de tal determinación

su correlativa necesidad de recuperar el control y la disponibilidad de esos servicios, una de las

concretas posibilidades a las que, válida y legítimamente pudo recurrir el poder administrador -sin

costos mayores para el erario público, como veremos-, era decretar la caducidad de la

autorización otorgada a la Fuerza Aérea por los Decretos 3.509/75 y 2.128/80, recuperando en

plenitud el ejercicio de los derechos emergentes. Porque de esa manera y dándose el supuesto

contemplado por el art. 150, inc. f , del contrato de concesión 293/88, ratificado por el Decreto

773/89, quedaba rescindida, de pleno derecho, la "concesión directa" que por ese mismo convenio

se acordara a EDCADASSA.

Pero es del caso que, además de esa facultad rescisoria que hemos analizado, existía otra cláusula

que se incorporó como párrafo final de ese mismo art. 150 del contrato de concesión directa y que

autorizaba al Estado Nacional -de manera más "aséptica" aún- a rescindir el convenio con

Villalonga Furlong S.A., con lo cual la Fuerza Aérea recuperaría de inmediato y sin secuelas, la

titularidad de los servicios concesionados a EDCADASSA. La norma dice que "Cualquiera de las

partes podrá, unilateralmente y sin expresión de causa, declarar resuelto el presente contrato,

siempre que hayan transcurrido no menos de tres años de su entrada en vigencia definitiva. En

este caso la resolución se operará a los seis meses calendarios desde la fecha en que se reciba por la

otra parte, la comunicación por medio aútentico, que a tal efecto deberá cursarse”.

Aprobada la "concesión directa" N 293/88 por Decreto 773 del 2 de junio de 1.989, va de suyo que

a partir de los tres años de esa fecha, es decir, del 2 de junio de 1.992, la Fuerza Aérea, estaba en

condiciones de denunciar el contato con el cual se había favorecido a Villalonga Furlong S.A. y

declararlo rescindido, sin más obligación indemnizatoria respecto de ésta última, que reintegrarle

las inversiones efectivamente realizadas.

Un simple telegrama colacionado, una carta documento o una actuación notarial, habrían vastado

para recuperar el control y la disponibilidad por la Fuerza Aérea de los depósitos fiscales de

Ezeiza, y por el Estado Nacional de los restantes aeropuertos internacionles del país.

Con el solo cargo de indemnizar al concesionario sus inversiones documentadas, conforme lo

dispone la Reglamentación Jurisdiccional del Decreto-Ley 20.124/73 para el Comando General de

la Fuerza Aérea, aprobado por el Decreto 265 del 12 de noviembre de 1.973.

Este reglamento, además de establecer el régimen de contrataciones aplicables a los diversos

supuestos en que la Fuerza Aérea sea parte y dar por cierto e inexcusable, para el adjudicatario, el

conocimiento integral y la aceptación incondicional de todas sus normas, dispone de modo

categórico, para el caso que la Fuerza Aérea rescinda un contrato sin culpa de la otra parte que:

"..el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozca los gastos directos o improductivos que

documentadamente probare haber efectuado, con posterioridad a la adjudicación y con motivo

del contrato, pero no se hará lugar a ninguna reclamación por lucro cesante o por intereses de

capitales"

Así de claro y concluyente es el dispositivo para el caso de que se produzca una ruptura

contractual sin culpa de la Fuerza Aérea, la cual sólo deberá abonar la idemnización que resultare

de las inversiones debidamente documentadas, excluyéndose, expresamente, todo reclamo por

lucro cesante o intereses de capitales.

En definitiva, el Estado o la Fuerza Aérea, tenían las herramientas, para recuperar o reasumir, la

explotación directa de los depósitos fiscales de EDCADASSA, disponiendo de ellos conforme con

los objetivos de desregulación que implementase el Poder Ejecutivo.

Ello, sin tener que indemnizar más allá de los gastos e inversiones que Villalonga Furlong S.A.

probase haber realizado, sin pensar en eventuales reclamos por lucro cesante o intereses de

capitales.

No obstante lo manifestado, Carlos Menem, Oscar Camilión (Ministro de Defensa) y el entonces

Secretario Legal y Técnico, Carlos Corach, suscribieron los dos primeros y generaron el restante:

el Decreto 1.188 del 15 de julio de 1.994, cuya absoluta falta de contraprestacion o equivalencia a

favor del Estado, importó obligarlo abusivamente, en beneficio de las empresas de Alfredo

Yabrán.

En efecto; el Decreto 1.188/94 originado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la

Nación, que se gestó a partir de una presentación de dos sociedades que integraban el "Grupo

Yabrán" ( Inversiones y Servicios S.A. e Intercargo S.A.) tuvo por finalidad aprobar un convenio

entre Oscar Camilión, en representación del Ministerio de Defensa y Andrés Humberto Gigena,

por Inversiones y Servicios S.A.

El convenio importó decuplicar el valor de rescate de las acciones de Intercargo S.A., mediante la

introducción de un mecanismo de valuación no contemplado en los contratos originales y

expresamente vedado por el reglamento de la Fuerza Aérea.

Entre las leoninas disposiciones que contiene el Decreto N 1.188/94, referido de modo primordial

al convenio con Intercargo S.A. y pasando por alto las que también habrían de benficiar a

Interbaires S.A., hay una que se refiere concreta, específica y sugestivamente a EDCADASSA. Dice

así: "Reafirmar el funcionamiento de EDCADASSA como concesionaria exclusiva para la

prestacion del servicio de deposito fiscal de carga aérea conforme al contrato firmado con el

Estado Nacional, aprobado por Decreto N 773 de fecha 2 de junio de 1.989 ".

Esta cláusula significa una renuncia al derecho que asistía al Estado,. de rescindir el contrato, sin

tener que afrontar mas indemnización a la contraparte, que el reintegro de las inversiones

documentadas.

Pero lo más grave, lo inaudito e inconcebible vendría acto seguido, al disponer el decreto que: "Si

como consecuencia de la implementación de los objetivos de desregulación que lleve a cabo el

Poder Ejecutivo Nacional se afectara, directa o indirectamente, la concesión otorgada a

EDCADASSA, el Estado Nacional se compromete a evaluar el precio de las acciones que en dicha

Sociedad posee en propiedad Villalonga Furlong S.A. o quien la sucediere, a los fines de su

posterior adquisición. A ese efecto, se aplicará como metodología de evaluación el denominado

flujo de fondos descontados”.

Esta terminología en versión telúrica, es una expresión que, en la práctica equivale al

reconocimiento del lucro cesante o "intereses de capitales" para la determinación de un eventual

monto indemnizatorio. Es en definitva, ese mismo "lucro cesante" o "intereses de capitales" que

aparece expresamente prohibido en el Reglamento Jurisdiccional para Contrataciones en la

Fuerza Aérea Argentina (art. 142) y que, por ende, excluía la aplicación de ese rubro en caso que el

Estado hubiera resuelto, la rescisión del contrato de concesión directa.

En síntesis, y por lo concerniente a los intereses de Villalonga Furlong S.A. en EDCADASSA,

podemos decir, que quienes actuaron como mandatarios en representación del Estado -con el Sr.

Presidente de la Nación a la cabeza- perjudicaron a sabiendas el patrimonio del Estado Nacional

merced a un dispositivo de doble fase.

La primera de ellas habría de materializarse al reafirmar el Decreto 1.188/94: "el funcionamiento

de EDCADASSA como concesionaria exclusiva para la prestación del servicio de depósito fiscal de

cargas aéreas", por cuanto esa "reafirmación" importaría -en la práctica- modificar la letra del

contrato de concesión originario y renunciar, revocar o resignar en exclusivo interés o favor de

Villalonga Furlong S.A "el inalienable derecho del Estado Nacional a rescindir el contrato de

concesión directa para la explotación de los depósitos fiscales, indemnizando a la citada empresa

-por todo concepto- mediante el reintegro de sus inversiones documentadas ( art. 150., inc. f ) y

último párrafo del contrato N 293/88, ratificado por Decreto 773/89.

La restante fase consistió en sustituir el sistema de resarcimiento que debía aplicarse al supuesto

de rescisión del contrato, sin culpa del concesionario, limitado en el convenio original al reintegro

de las inversiones documentadas (art. 142 del Reglamento Jurisdiccional para Contrataciones de

Fuerza Aérea Argentina); y, a ese efecto, se dispuso renunciar, abruptamente , a lo que era un

derecho adquirido por el Estado Nacional -conforme a aquel dispositivo- y en su caso,

"recomprar" las acciones de Villalonga Furlong S.A. en EDCADASSA, evaluándolas por el

método denominado de "flujo de fondos descontados" o "lucro cesante" en la terminología

vernácula.

Vale decir, que en exclusivo beneficio de Villalonga Furlong S.A. y sin que ello reportase la más

mínima utilidad o contraprestación equivalente en favor del patrimonio estatal por Decreto

1.188/94 del Poder Ejecutivo Nacional se modificaron las bases y los mecanismos a través de los

cuales podría el Estado Nacional recuperar la titularidad de los servicios concesionados (servicio

de depósitos fiscales para cargas aéreas), agravando las claras condiciones contractuales de origen,

hasta límites resarcitorios verdaderamente insospechados. Tanto, que su estimación coincidente

los lleva a una cifra del orden de los 600.000.000 de dólares, sobre cuyo particular y a los fines de

establecer con más exactitud los términos e importes de la abusiva obligación que asumiera el

Poder Ejecutivo Nacional, a modo de canon y al solo efecto "gratificar" los intereses de

Villalonga Furlong S. A., habrá de practicarse el peritaje correspondiente. Sin duda un excelente

negocio para el "Grupo Yabrán", si tenemos en cuenta que, de aplicar la metodología vigente, el

valor de rescate no superaría los cinco millones de dolares.

A pesar de lo descripto y, con evidente asombro, a través de la prensa escrita, nos enteramos - el

martes 18 de marzo de 1.997- que funcionarios destacados ante la 38a. Asamblea del Banco

Interamericano de Desarrollo, que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, refiriéndose a las trabas

que obstaculizan la privatización (o desregulación) de la actividad aeroportuaria en nuestro país,

expresaron con un cinismo que desborda toda medida y como si el Poder Ejecutivo Nacional nada

hubiera tenido que ver en ello que : "La decisión -demora en la privatización de los aeropuertos-

se vincula también con el convencimiento del Estado Argentino sobre la imposibilidad de poder

rescindir, por los altos costos estimados, los contratos que rigen actualmente con EDCADASSA e

INTERBAIRES, empresas que ofrecen servicios en Ezeiza y otros aeropuertos, operación necesaria

para hacer más atractiva la venta ", ( La Nación, 18-3-1.997, primera plana ).

Porque la única verdad que subyace en todo este turbio manejo de la cosa pública, es que el

Estado Nacional, por obra y gracia exclusiva del menemismo y a las resultas de su infiel manejo

de los intereses que fueran confiados a su administración, renunció al derecho adquirido de

rescindir el contrato con EDCADASSA y reintegrar -por todo concepto- las inversiones

documentadas; a la par que pactó la recompra de las acciones de Villalonga Furlong S.A.

(mecanismo no previsto en el contrato original ) y su avalúo a través de un sistema que reconoce

el "lucro cesante" como base indemnizatoria, decuplicando de este modo el monto que real y

efectivamente habría correspondido restituir a las empresas de Alfredo Yabrán.

 

 

LOS TRES MOSQUETEROS

 

El 4 de junio de 1998, basándose en los dichos vertidos por el brigadier Ernesto Crespo en una

entrevista en la que había dicho que para saber más sobre Yabrán había que preguntarle al

Gobierno, Franco Caviglia amplió la denuncia presentada en 1991 ante la Jueza Servini de Cubría,

abriendo una nueva línea investigativa sobre estos temas.

La nueva denuncia aporta el dato brindado por un testigo acerca de que existieron reuniones entre

Crespo, Yabrán y Al Kassar motivadas por el desarrollo del plan misilístico Condor (ver capítulo

5). A su vez, Franco Caviglia envió el nombre del testigo en un sobre cerrado -para proteger su

integridad física- al juzgado para que le tomen declaración testimonial.

Otro punto del escrito pide que se siga la línea de las declaraciones del Sr. Walter Spengler,

fabricante y vendedor de armas cordobés radicado en Panamá, quien señaló a Al Kassar como

intermediario en la exportación de armas argentinas a Croacia. Caviglia pone enfasis en que “una

de las empresas vinculadas a la venta de armas se llama DAFOREL SA, anagrama de ALFREDO,

y ya es sabido que Yabrán tenía un particular sentido del humor a la hora de poner nombre a sus

sociedades: su casa en Pinamar se llamaba NARBAY, es decir Yabrán a la inversa; la “sociedad”

que explota un restaurante fue bautizada por él “Cosa Nostra”; la estancia que compró en San

Martín de los Andes se llama “El viejo botín” y su guardia pretoriana era de la agencia BRIDEES,

que quiere decir “Brigada de la Escuela” (de Mecánica de la Armada).”

Spengler señaló además que la venta de armas a Croacia y Ecuador fueron operaciones en las que

estuvieron presentes Al Ibrahim, Al Kassar y las empresas de Yabrán, por lo cual dichas empresas

han cumplido una importante función en garantizar la salida de tecnología misilística del Proyecto

Condor a países de Oriente Medio.

Finalmente se arroja la hipótesis de que, para vender ilegalmente armas a Croacia y Ecuador, se

ha necesitado de la connivencia de la estructura de la Aduana de Ezeiza, la Fuerza Aérea, sectores

del Gobierno, Yabrán y Al Kassar.

 

 

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

 

Junio de 1.991. Terence Todman, embajador de los Estados Unidos, había sido invitado a una

reunión en el palacio San Martín. Una vez en la misma, Todman se encontró con Eduardo Bauzá,

Eduardo Menem, Erman González y Guido Di Tella en un ambiente que tornaba la conversación

en sobreentendidos a causa del supuesto contacto del menemismo con el narcotráfico luego del

escándalo del Yomagate.

En un momento dado, los asistentes menemistas miraban unos folletos explicativos acerca de la

lucha contra el narcotráfico llevados por el embajador y preguntaron sin vueltas:

-"Con toda sinceridad, ¿Ustedes tienen alguna sospecha de narcotráfico y lavado de dinero?”;

-"No hay ningún problema" contestó Todman, agregando que "en la cuestión drogas nos

parecería útil un sistema para detectar aeropuertos clandestinos".

Ya sobre el final de la reunión el embajador norteamericano planteó que su gobierno estaba

interesado en que la Argentina privatizara los servicios de rampa y depósito fiscal en el aeropuerto

de Ezeiza y la desmonopolización de los depósitos y cargas de la aduana, agregando que a Federal

Express le interesaba mucho ese negocio. Erman quedó en estudiar el pedido.

La segunda comida que reunió al embajador Todman con los menemistas se concretó en casa del

canciller Guido Di Tella en el barrio de Belgrano y volvió a reflotar el tema de Federal Express.

Además del dueño de casa, estaba el hermano del presidente, Eduardo Menem y el secretario

Bauzá. Erman González prefirió no ir. En medio de la cena, mientras el embajador se preguntaba

el porque de la reunión, uno de los comensales interrogó:

-"¿Hay algo de los Estados Unidos en contra de nosotros?". Todman miró asombrado, dijo que

no y siguió comiendo.

-"¿Qué tendríamos que hacer para mejorar las relaciones con ustedes?", insistió uno de los

argentinos.

-"Nada!", respondió Todman mientras miraba cada vez más asombrado.

-"¿Tienen alguna información de que el brigadier Yabrán es narcotraficante?", repreguntaron,

reforzando las sospechas que circulaban en la aduana.

-"Ninguna información al respecto", contestó el embajador mostrando ya cierto cansancio.

Los dos Eduardos suspiraron aliviados: Bauzá y Menem. No podían creer que el embajador no

sospechara que oficiales retirados de la Fuerza Aérea estaban implicados en maniobras de

narcotráfico. Mientras tanto, Todman aprovechaba para reclamar otra vez por los depósitos de la

aduana y la desregulación de los servicios de rampa.

-"¿Usted tiene algo que recriminarnos?, insistieron ya casi evidenciando todo lo que querían que

no se supiera.

Todman fue concreto:

-"No, mi tema es comercial...."

 

 

BAILAR PEGADOS

 

El lunes 9 de marzo de 1.992 había sido el día elegido por Menem para reunirse con los ministros

Erman González y Domingo Cavallo para tratar de acercar posiciones entre ambos en un tema

conflictivo: Ezeiza. A último momento y con obvio interés de preservar la imagen pública, el

presidente la pospuso, encomendando la tarea de mediación a Eduardo Bauzá.

El ministro Cavallo, igualmente, tuvo actividad importante ese día: se encontró con Terence

Todman en su piso de Avenida Libertador y Ocampo. En dicha reunión, el embajador explicó a

Cavallo que había varias empresas norteamericanas interesadas en invertir en el país pero que

buscaban mejores condiciones para arribar. La concreción del encuentro entre ambos fue

intrepretado, en un gobierno alineado a la política norteamericana, como un gesto de apoyo al

mismo.

La conciliatoria reunión entre Erman y Cavallo que había quedado pendiente se realizó, a puertas

cerradas, el 18 de marzo de 1.992 y con la mediación de Bauzá en el despacho de este último en la

Casa Rosada.

Eduardo Bauzá abrió la reunión a las 9.45 hs transmitiendo las instrucciones de Menem de evitar

polémicas y encontrar una solución consensuada a la crisis en el tema de los depósitos fiscales de

Ezeiza. Acto seguido, Cavallo y González comenzaron a discutir e insultarse, mientras se acusaban

mutuamente del fracaso de la gestión de cada uno por culpa del otro, a la vez que acordaron

demostrar imagen de paz ante la opinión pública.

Entre las cosas que se dijeron, se destacan, por su gravedad: la acusación del economista a Erman

por "defender intereses privados"; y el contragolpe de este último a Cavallo por "mostrar una

imagen poco digna hacia la Embajada de los Estados Unidos"; agravandose todo esto al señalar

Cavallo que Erman actuaba como "representante de EDCADASSA y del grupo económico que

pilotea Alfredo Yabrán", lo que provocó el enojo del ministro de Defensa, quien, mientras volcaba

sin querer un poco de café sobre la mesa, respondió a su par de Economía que hablaba "en

nombre de Federal Express", que quiere entrar en el negocio de Ezeiza.

"Menem puede ser Salinas de Gortari o Carlos Andrés Pérez", acusó Cavallo, agregando que

muchos funcionarios del gobierno actúan como para que el presidente se parezca al destituído

presidente de Venezuela y no al exitoso de México (obviamente todavía ni se soñaba con la suerte

final de Salinas de Gortari).

El resultado de final de la reunión fue un comunicado que llevaba la firma del "mediador" Bauzá

y que textualmente decía:

"En el día de la fecha, reunidos los ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos, Domingo

Cavallo, y de Defensa, Antonio Erman González, con la presencia del secretario general de la

Presidencia, Eduardo Bauzá, luego de un prolongado diálogo informaron al Presidente sobre las

coincidencias alcanzadas, conforme las cuales el señor Presidente dispuso:

1. El dictado de un decreto encuadrado en la ley de Reforma del Estado que transfiera a la

secretaría de Transportes del ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos las facultades

relativas a los regímenes económicos de los servicios que se presten en el ámbito aeroportuario,

incluyendo los servicios de depósito y de rampa. Hasta tanto se efectivice la desregulación y

desmonopolización de los mencionados servicios, la secretaría de Transporte determinará las

tarifas a cobrar, de acuerdo con los costos de prestación y propendiendo al desarrollo del

transporte aéreo.

2. Que la Fuerza Aérea Argentina continuará administrando los aeropuertos nacionales

percibiendo las tasas correspondientes, en tanto las empresas actualmente autorizadas por ella

continuarán prestando los servicio aeroportuarios.

3. Que el ministerio de Defensa continuará con la privatización de las acciones de éstas y otras

empresas en las que las Fuerzas Armadas tengan participación".

 

"A mí no me presiona nadie. Ni Bush, ni el presidente de Francia, François Mitterrand. Al que lo

intente le cierro la puerta en la cara", vociferó Menem en público luego del aparente cese de

hostilidades y en alusión a las presiones norteamericanas, agregando Cavallo que no había habido

presiones de Todman sobre el presidente a favor de Federal Express.

Un poco más de un año más tarde, el 9 de junio de 1.993, la Dirección General Impositiva

denunció a EDCADASSA por presunta evasión fiscal entre los años 1.990 y 1.992 mediante

“boletas truchas”, que totalizarían un monto aproximado de U$S 1.600.000. En el mismo sentido,

el secretario de Ingresos Públicos, Carlos Tacchi, confirmó que la DGI realizó la denuncia

correspondiente contra dicha empresa “por haber hecho aparecer contrataciones con una firma

que estaba en plena evasión”.

 

 

CONFLICTOS DE EXPORTACION

 

El informe oficial nortamericano, presentado por el Secretario de Transportes norteamericano,

Andrew Card, y visto en simultáneo en Washington y Buenos Aires, denunciaba que el Aeropuerto

Internacional de Ezeiza "no mantiene medidas de seguridad efectivas".

Los principales diarios del sábado 14 de marzo de 1.992, hacían referencia al documento de la

FAA (Federal Aviation Administration), que daba observación de las pobres medidas de seguridad

en la estación aérea ante eventuales ataques terroristas, y que había sido entregado al ministro de

Defensa, Erman González, poco antes de ser dado en difusión.

El principal problema a resolver, según el comunicado, era el control de acceso a las rampas que

conducen a las aeronaves, potestad de EDCADASSA, empresa citada en el primer capítulo y que

pertenecería al fallecido Yabrán.

Al mismo tiempo, el documento hacía referencia a otras objeciones de parte del organismo

norteamericano:

-El equipo técnico de la FAA observó que una puerta de la cinta transportadora de equipaje

estaba sin candado y no había control.

-En tres ocasiones observaron que las puertas de vidrio que conducen a la pista de aterrizaje

estaban abiertas y sin control.

-Una puerta de la cinta de equipaje, ubicada del lado del público, detrás de los mostradores de

Líneas Aéreas Paraguayas, estaba cerrada y sin candado y los técnicos observaron que no había

ningún guardia. El guardia más cercano estaba a quince metros, por lo cual no podía tener una

visión clara de dicha puerta.

-En tres oportunidades el equipo observó una puerta de salida abierta y sin control. Esta puerta se

halla ubicada en el segundo piso del edificio Terminal Internacional.

-Un guardia que se hallaba a unos 14 metros observó que uno de los técnicos no tenía credencial

pero no se acercó. Recién cuando el técnico de la FAA se aproxima el guardia procede a

interrogarlo.

 

Simultaneamente a todos estos hechos, la Secretaría de Transportes ordenó a todas las líneas

aéreas comerciales nortamericanas comunicar por escrito a sus pasajeros, antes de venderles los

pasajes, la falta de seguridad detectada por el organismo. También debían colocarse carteles en los

aeropuertos norteamericanos desde donde partieran vuelos que lleguen a Buenos Aires,

informando sobre las pobres medidas de prevención ante posibles ataques con armas o explosivos.

Todman se esforzó por aclarar que la llamada de atención de la Secretaría de Transportes

norteamericano no tenía nada que ver con la disputa de Domingo Cavallo y Erman González, solo

se trataba del cumplimiento de normas vigentes en su país. Pero los hechos de que no hubiera

habido ningún atentado hasta el momento en la Argentina y de que la Fuerza Aérea fuera la

responsable de la seguridad de Ezeiza, levantaba múltiples sospechas.

Después de haber jugado un partido de fútbol, desde el hipódromo de San Isidro, el presidente

Menem sostuvo a los periodistas que "la sanción es una cuestión de neto corte político y una

burda mentira".

El martes siguiente a estos acontecimientos se produjo un hecho que definió la pulseada entre

Argentina y Estados Unidos: el 17 de marzo estalló una bomba en la embajada de Israel,

reduciendo la construcción a escombros y produciendo decenas de muertos.

Los servicios de inteligencia norteamercanos habrían informado a la SIDE que existía algún

indicio de que se planeaba un atentado en Buenos Aires. Pero la lectura más importante que se

desprende del “tema Ezeiza” (interpretación que se ve reforzada por el posterior atentado a la

AMIA-ver Cap. 11), es la falta de control en la entrada y salida de mercancías y/o personas en la

Aduana de dicho aeropuerto que configuran una “zona franca”, una verdadera “aduana

paralela”, que no solo lesiona la soberanía de nuestro país sino que, además, atenta contra la

seguridad nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: atentados y la guardia imperial.

 

"Se consigue más con una palabra amable y un revolver que lo que se puede conseguir con una

palabra amable solamente"

 

Al Capone

 

 

 

 

 

 

 

EJÉRCITO EN LAS SOMBRAS

 

“¡Yo no tengo custodios! ¿Usted me vé con custodios, Señorita?”. Yabrán estaba muy enojado.

Era la primera vez que un juez lo citaba a declarar y encima una periodista insolente le imputaba

el hecho de manejarse con custodios privados.

Era como tratar de tapar el sol con un dedo. Yabrán había conformado desde los años 70 un

pequeño ejército privado en base a ex represores que habían servido en centros clandestinos de

detención y exterminio. Sobre todo del más grande de todos ellos, una verdadera factoría: la

Escuela de Mecánica de la Armada.

 

Los centuriones de Yabrán estaba conformada por tres círculos concéntricos:

 

El más pequeño e íntimo estaba estaba encargado de la seguridad de la mujer del propio Yabrán,

de su mujer y de sus hijos. Y también, eventualmente, del sobrino de “Don Alfredo”, Fernando

Bernabé Fiorito; de su cuñada, Blanca Rosa Pérez y del marido de ésta, Raúl Oscar Alonso,

testaferros suyos y por lo tanto conocedores de sus tejes y manejes empresariales.

Este círculo estaba compuesto por el servicio de custodia interior de la residencia de Yabrán y

tenía por turno al menos cuatro hombres armados con escopetas automáticas High Standard

calibre 12/70.

También se encargaba de las relaciones con la custodia exterior, conformada por miembros de

Unidad Regional de Vicente López que, a cambio de suculentas propinas, acudían de inmediato al

menor llamado, no sólo de Yabrán, sino también de Amadeo Juncadella y de algún otro vecino

notable.

Y se encargaba por último del servicio de custodia en tránsito, que acompañaba a Yabrán en sus

desplazamientos, desde su casa a las oficinas de la calle Viamonte 352 o a cualquier sitio que

fuera. Estaba compuesto por la custodia personal y dos o tres vehículos de apoyo. Entre varios

automóviles diversos que eran permanentemente rotados, se disponía para esta tarea de tres

camionetas 4 x 4 marca Toyota y modelo Land Cruisser de colores bordó (la que le gustaba

manejar al propio Yabrán), roja y gris. Esta custodia no solìa llamar la atención porque se

prestaba “a distancia próxima”: si Yabrán quería cenar en un restaurante de la Recoleta, por

ejemplo, primero llegaba un equipo que informaba de cualquier novedad (presencia de personas

que pudieran identificarlo o periodistas, por ejemplo).

Esta guardia de corps estaba al mando de Claudio Pitana, alías Fafá (porque, como el mago, hacía

desaparecer a las personas) o Bigote. Suboficial de la Polícia Federal exonerado, participó del

“grupo de tareas” de la ESMA donde se destacó como avezado torturador y luego formó parte,

durante el gobierno radical, de la llamada “SIDE paralela” de la Avenida Leandro N. Alem 218, a

las órdenes de Raúl Antonio Guglielminetti, alías el “mayor Rogelio Guastavino”.

 

Participan de este dispositivo Gregorio Ríos, Roberto Archuvi y otros involucrados en el asesinato

de Cabezas.

Pitana también se encargaba del enlace con el segundo círculo, a cargo del “jefe de inteligencia”

de Yabrán, el capitán de fragata Adolfo Miguel Donda Tiguel, alías “Jerónimo” o “Palito”, quién

había sido anteriormente jefe de inteligencia del “grupo de tareas” de la ESMA y al que Pitana se

subordinaba en tareas que no tuvieran que ver directamente con la protección física de Yabrán y

su familia.

Donda estuvo procesado por violaciones a los derechios humanos pero se benefició con las leyes

de Punto Final y Obediencia Debida. Figuró como director suplente de Zapram SA, presidente de

Servicios Quality Control y socio gerente de Tecnipol SRL

 

El segundo círculo tenía su sede en las oficinas de Quality Control SA, en el séptimo piso de

Santiago del Estero 454, donde Donda era secundado por Francisco Schembri, su hombre de

acción. De Schenbri dependían dos grupos operativos, denominados “Ala 1” y “Ala 2”,

conformados exclusivamente por agentes de fuerzas de seguridad.

El “Ala 1” estaba a cargo de un ex oficial de la Policía Federal, a quién secundaba un ex suboficial

de la misma institución. Lo poco que se sabe de ellos es que estuvieron detenidos juntos en la

cárcel vieja de Caseros a mediados de la década pasada y que con ellos trabajaba el ex oficial de la

Policía Federal Roberto Oscar González.

 

El tercer círculo es la periferia del segundo. Se diferencia de aquél en el carácter “part time” de sus

miembros, entre los cuáles había bastante rotación. Básicamente su tamaño dependía de las

necesidades de Yabrán. Integraban este círculo dos decenas de oficiales superiores y oficiales jefes

de las policías federal y bonaerense, la mayoría de los cuáles ocupaban cargos clave en esas

instituciones.

Entre los pistoleros que solían ser más frecuentemente convocados habrían estado dos ex cabos de

la PFA y veteranos represores de le ESMA, Juan Carlos Fotea y Pedro Salvia y también Marío

Hugo Cárdenas, a quién se le atribuye haber participado en el supuesto asesinato del brigadier

Echegoyen junto a El Japonés Martínez.

Al parecer, el mismo Cárdenas, nacido en Mendoza en 1951, se habría jactado de su participación

en este hecho, pues un informe de inteligencia atribuído a la SIDE asegura que “según su propias

manifestaciones” habría participado del hecho y todos los detalles estarían en conocimiento de

J.L.A., un empresario.

El mismo informe le atribuye a Cárdenas la colocación de una bomba en el cine Alfa durante la

época de las sublevaciones carapintadas y el ser íntimo de Luis Carlos Sidicaro, un ex agente del

Batallón 601.

Cárdenas jamás integró, que se sepa (al menos formalmente), fuerza policial o de seguridad

alguna, pero está sindicado como “informante profesional” del Departamento de Protección al

Orden Constitucional (DPOC) de la Policía Federal.

Es decir, se trata de lo que en la jerga policial se llama un “pluma”, supernumerarios que cobran

unos 1.500 pesos mensuales y diversos pluses por la información relevante que puedan aportarles

a sus jefes, los oficiales del DPOC, también llamados “halcones”.

Precisamente, Cárdenas habría sido un protegido del jefe del DPOC hasta no hace dos años, el

comisario Carlos Antonio Castañeda, a su vez señalado como hombre de Yabrán.

El informe precisa todavía más: Cárdenas trabajaría específicamente en un grupo llamado “Los

Abuelos”, dirigido por el subcomisario Carlos Gómez, alías El Rufían, encargándose, sobre todo,

de mantener contactos con los narcotraficantes.

El Rufían Gómez se diplomó en secuestros extorsivos y homicidios a mediados de los años 70,

cuando estaba destacado en la comisaría 47, integró los grupos de tareas de la Superintendencia

de Seguridad Federal (SSF) de la PFA durante la dictadura, y se dedicó luego a hacer dinero, a

veces en sociedad con el comisario (RE) Carlos Gallone, alías El Duque.

El grupo de “Los Abuelos” del DPOC tendría como base la agencia privada de seguridad Self

Security, de la calle Saenz Peña 352, piso 5º, concluye el informe.

 

 

LA PESADA

 

Además de los ya nombrados, los más conspicuos miembros de “la pesada” de Yabrán eran:

 

-Adolfo Miguel “Donda” Tigel: Capitan de Fragata (RE). Durante la dictadura fue jefe de

inteligencia de los grupos de tareas de la ESMA. Alias Jerónimo, Palito o Dunda. Estuvo

procesado y se beneficio con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Figuró como director

suplente de Zapram S.A., presidente en Servicios Quality Control y socio gerente de Tecnipol

S.R.L.(en sociedad con Dinamarca).

-Victor Hugo Dante Dinamarca: Alcalde Mayor (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal (RE). Era

el contacto de la ESMA con el Servicio Penitenciario. Alias El Chango. Denunciado como represor

de la dictadura por la CONADEP, actuo en el campo de concentración el "Vesubio" (causas N

3.674 y 7.071). Fue socio gerente de Tecnipol S.R.L. (en sociedad con Donda Tigel), gerente y

propietario del 50% de la acciones de BRIDEES S.A.y figuraba como accionista de Asistencia de

Vehículos Comerciales y Sky Cab ( ex Servi Bank S.R.L. ).

-Carlos Orlando Generoso: Suboficial (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal (RE). En la

dictadura fue comisionado a la ESMA. Fue presidente de Zapram S.A., socio gerente de Zapram

S.R.L. y en BRIDEES S.A. figuraba como "vigilador".

-Juan Carlos Cociña: Suboficial (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal (RE). Denunciado como

represor de la dictadura por la CONADEP, actuo en el campo de concentración el "Vesubio".

Vicepresidente de Zapram S.A., luego paso a BRIDEES S.A. como vigilador registrado en la

policía. En la seguridad de Yabrán actuó en el primer círculo.

-Marcelo Claudio Carmona: Suboficial(R.E.)del Servicio Penitenciario Federal (RE). Alias

Choper. Fue socio gerente de Zapram S.R.L. y presidente de Zapram Technical. Luego paso a

BRIDEES S.A.

-Juan Carlos Castillo: Suboficial(R.E.) del Servicio Penitenciario Federal (RE). Alias La serpiente.

Vicepresidente de Zapram Technical, luego pasó a BRIDEES S.A.

-Héctor Francisco Montoya: Suboficial (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal (RE). Director de

Zapram Technical y hermano de Domingo Osvaldo.

-Domingo Osvaldo Montoya: Prefecto Mayor (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal. Fue socio

y presidente de BRIDEES S.A.

-Roberto González: Oficial Inspector de la Policía Federal Argentina. Exonerado de la institución

y condenado por delitos comunes. Alias Federico. Estuvo en la ESMA y formo parte de los grupos

de tareas. Asesor de seguridad en OCASA.

-Roberto Naya: Oficial del Servicio Penitenciario Federal (RE). Alias Hernán o Paco. Denunciado

como represor de la dictadura por la CONADEP (causa N 7.170), actuo en el campo de

concentración el "Vesubio". Fue presidente de Aylmer y Lanolec. Vinculado a la seguridad de

Yabrán, figuró como vigilador registrado de BRIDEES S.A.

-Ramón Vallejos: Suboficial(R.E.) de la Armada. Especialista en intercepciones telefónicas.

-Aristóbulo Nicanor Moreira: Oficial (R.E.) de la Armada. Alias El negro. Fue director de

Servicios Quality Control S.A.

- Angel Laurenzano: Civil. Alias Ratón. Fue dirigente del Partido Comunista Marxista que estuvo

secuestrado en la ESMA donde paso a colaborar. Fue el encargado de la inteligencia del grupo y

era especialista en seguimientos. Trabajó con Dinamarca.

-Fernando Luis Zizzutti: Cabo (R.E.) del Ejército Argentino exonerado de la institución.

-Alejandro Marcelo Rabufetti: Civil. Mano derecha de Dinamarca. Hace trabajos de seguimiento

de personas. Director de Orgamer.

-Miguel Angel Caridad: Suboficial (R.E.) del Servicio Penitenciario Federal. Denunciado como

represor de la dictadura por la CONADEP, actuo en el campo de concentración el "Vesubio".

Socio fundador de BRIDEES S.R.L.

-Salvador María Grandoglio: Comisario de la Policía Federal Argentina. Era el encargado de

operar la documentación personal del grupo. Así es que hacía valer sus conexiones en la fuerza

para acelerar trámites.

-Gregorio Rios: Sargento (R.E.) del Ejercito. Integró grupos de inteligencia durante la dictadura.

Trabajo en BRIDEES S.A. Responsable de la seguridad personal del empresario fallecido y de su

familia. Actualmente detenido por considerarselo involucrado en el asesinato de José Luis

Cabezas.

-Carlos Galaor Mouriño: Alias Coco, responsable de la seguridad interior de la vivienda que

ocupa la familia Yabran en Pueyrredón 1.501, Martinez, Buenos Aires. Tuvo una vinculación muy

estrecha con el sindicalista Diego Ibañez.

-Jorge Acosta: Alias el Tigre. Sindicado por los organismos de Derechos Humanos como represor

durante la dictadura. Vinculado a Orgamer.

-Guillermo Andie: Alias Polaco o Pelado. Ex-agente de la Policía Federal. Trabajaba en el segundo

círculo, en el ALA Nº 2, de la seguridad del "Grupo Yabrán".

-Mario Hugo Cardenas: Estaba ligado al aparato de seguridad de Yabrán como miembro "part

time" del tercer círculo. Fue informante de la Policía Federal. Tiene antecedentes penales por

droga. Sospechado de estar involucrado en el asesinato del brigadier Echegoyen.

-Juan Carlos Fotea: Ex Cabo de la Policía Federal (exonerado), comisionado en 1977 a la ESMA,

fue denunciado por la CONADEP ( legajos N 704, 2.740 y 2.365 ) por violación de los derechos

humanos. Trabajo con Guglialminetti en el "Grupo Alem" durante la primera etapa del gobierno

democratico. Salvia, lo incorpora al "Grupo Yabrán", sumándolo al segundo círculo de

seguridad.

-Alberto González Menotti: Oficial de la Armada (R.E.). Integró los grupos de tareas durante la

dictadura. También estuvo vinculado a los equipos de seguridad de Yabrán.

-Luis Alberto Pistoni: Sargento 1 (R.E.) del Ejercito. Integro grupos de inteligencia durante la

dictadura. Fue empleado de BRIDEES S.A.

-Claudio Pitana: Ex Cabo de la Policía Federal (exonerado). Durante el gobierno Radical participo

en el "Grupo Alem". Se desempeño como jefe de seguridad personal de Yabrán.

-Jorge Carlos Rádice: Teniente de Fragata (R.E.). Oficial de logística en la ESMA durante la

dictadura. Estuvo vinculado a la seguridad de Yabrán.

-Carlos Juvenal Romero Villar: Comisario (R.E.) de la Policía Federal. Fue presidente de Orgamer

y designado asesor "ad honorem" en Encotel durante la intervención de Raúl Vaccalluzzo.

-Oscar Rossi: Comisario General (R.E.) de la Policía Bonaerense. Se desempeño como gerente de

seguridad de Juncadella-Prosegur.

-Pedro Salvia: Ex Cabo de la Policía Federal (exonerado), fue comisionado a la ESMA y

denunciado como represor de la dictadura por la CONADEP. Procesado por el secuestro de Sivak.

Participo con Fotia en el "Grupo Alem", durante el gobierno radical. Formó parte del sistema de

seguridad e inteligencia de Yabrán.

Los jefes del grupo eran Dinamarca, Donda y Naya. Con el advenimiento de la democracia este

grupo comenzó a reunirse en la sede del Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal,

ubicado en la calle Varela al 400 de la Capital Federal.

Con el correr del tiempo, el grupo intentó aparentar que existían distintas empresas de seguridad

que disputaban espacios de poder. Los hechos demostraron que todas las firmas operaban en

conjunto y como una sola unidad bajo la ferrea conducción de Alfredo Yabrán.

Asimismo han adoptado distintas formas societarias para evadir impuestos y simular competencia

que no existe.

El Grupo operó con las siguientes sociedades:

 

-Zapram SRL: Se dedicó a proveer seguridad a empresas del grupo. En especial a las que operaban

en el Aeropuerto de Ezeiza: Intercargo, Interbaires y EDCADASSA.

-Zapram SA: Idem que la anterior.

-Zapram Technical SA: Idem que la anterior, pero además operaba en la intermediación de equipo

electrónico de inteligencia y contrainteligencia.

 

Esta estructura de seguridad de las tres Zapram, se basaba en la provisión de servicios a las

empresas del grupo dividiéndose las tareas en las relacionadas con el grupo del Aeropuerto de

Ezeiza, que estaba a cargo de Donda y Zizzutti, y las relacionadas con el tema específicamente

postal, que estaba a cargo de Dinamarca.

Tal fue el exceso de facturación apócrifa que generó el grupo Zapram a sus supuestos clientes

(parte del Grupo Yabrán que opera en Ezeiza) que, cuando la DGI los inspecciona, deciden urdir

una maniobra delictiva que se detalla seguidamente:

Simulan el robo de un vehículo en el que tenían todos y cada uno de los documentos de de las tres

sociedades y denuncian que les habían llevado hasta la computadora donde estaba toda la

contabilidad. Así, con tal grosero ardid Zapram SA, Zapram SRL y Zapram Technical SA

solicitan su quiebra.

Mientras tanto, sus clientes Intercargo, Interbaires y EDCADASSA se quedan con el crédito fiscal

por IVA facturado por las ya quebradas.

En el mismo sentido, deciden traspasar todo el personal que tenían la tres Zapram a Bridees SRL,

Servicios Quality Control y Tecnipol. Prueba de ello son los casos de Carlos Generoso, Miguel

Angel Caridad y Marcelo Carmona que luego de la quiebra de Zapram trabajan para Bridees.

 

-Bridees SRL: Esta empresa está a cargo de Dinamarca y estaba destinada a proveer seguridad a

las empresas del Grupo, en especial a Villalonga Furlong SA, OCA y a todas las que integran el

grupo Inversiones y Servicios SA (ver capítulo 7). También prestó seguridad personal a Alfredo

Yabrán, en especial en su casa, oficinas y desplazamiento. Ha incorporado o tenido bajo relación

de dependencia al personal que integraba el grupo Zapram.

-Servicios Quality Control SRL: Se trata de una sociedad creada por Donda Tigel y Alejandro

Alberto Di Pasqua en septiembre de 1993. Se encarga proveer seguridad en el Aeropuerto de

Ezeiza. Es la continuadora con personal, bienes y clientes de las empresas del grupo Zapram. Con

ello se sustrajo de la quiebra a los bienes que correspondían a los acreedores de las Zapram, entre

ellos el Estado Nacional. Brindaba servicios de seguridad a Transportes Vidal SA (perteneciente al

grupo).

Donda Tigel y Alejandro Alberto Di Pasqua integraban el órgano de administración de la

sociedad. Sin embargo en la asamblea del 22/1/93 (casi inmediatamente después de la creación)

desaparece Di Pasqua de la sociedad y aparece Norberto Fernando Irazoqui como accionista.

También Donda desaparece del directorio. Acto seguido se designa a Aristóbulo Nicanor Moreira

como presidente del directorio. El mismo que aparece como director de la revista Tecnipol,

publicada por la sociedad homónima.

-Orgamer SA: Tenía los contratos de servicios médicos, limpieza y seguridad de Intercargo SA.

Fueron contratos tan leoninos y simulados que generó que el Estado Nacional se negara a

reconocerlos cuando el Grupo Yabrán le transfirió el paquete accionario de Intercargo como

consecuencia de la desregulación de los servicios de rampa.

-Tecnipol SA: Es una vieja sociedad en comandita por acciones creada el 7/11/66 y transformada

en SRL el 9/02/77. Su objeto social es la industrialización y/o comercialización de equipos y

elementos utilizados por fuerzas policiales o de seguridad, investigación criminal, pericia,

inteligencia e identificación. Se dedicaba a la provisión de elementos de seguridad a las Fuerzas

Armadas y de Seguridad.

El 21/10/93 mediante cesión de cuotas inscripta el 1/12/93, se incorporan como socios Donda Tigel

y Victor Hugo Dinamarca. Quienes fueron designados también como administradores. En la

misma fecha Tecnipol se cambia del domicilio social a Pte. Roque Saenz Peña 1119, 9º piso of. 13

de esta Capital, el mismo edificio en el que tenía oficinas el Grupo Zapram.

El propio Donda ha reconocido su relación con Enrique Nallib Yabrán Marpaz y que esta empresa

es la continuadora de las Zapram ( como podrá apreciarse, Marpaz -su segundo apellido, poco

conocido por la gente- equivale a Zapram escrito en sentido inverso. Simple casualidad? Tal vez si

se tratara de un hecho aislado, pero dificil de creerlo si tenemos en cuenta el sentido irónico que

tenía el empresario cuando debía nominar sus propiedades y sociedades ).

 

 

ZAPRAM RIMA CON YABRAN

 

La historia de las tres firmas Zapram tiene características notables y es una clara demostración de

la impunidad con la que se manejó el Grupo.

Todas las empresas se constituyen en el año 1991 y tienen como objeto social la prestación de

servicios de seguridad y vigilancia. En el caso de Zapram Technical, el objeto social era la

provisión de elementos de seguridad y contrainteligencia electrónicos.

A partir de aquí se hacen evidentes en las tres sociedades un montón de “raras” coincidencias.

El domicilio de las tres empresas está ubicado en Av. Roque Saenz Peña 1119/45 5º piso, oficina

502 de esta Capital. El escribano que aparece en todas las Zapram es Luis García Orlando. Los

socios y administradores de cada firma son:

- Zapram SA: Carlos Orlando Generoso (socio y presidente), Juan Carlos Cociña (socio y

vicepresidente) y Adolfo Donda Tigel (director suplente).

- Zapram SRL: Carlos Orlando Generoso (socio y administrador) y Marcelo Claudio Carmona

(idem).

- Zapram Technical SA: Marcelo Claudio Carmona (socio y presidente), Juan Carlos Castillo

(socio y vicepresidente) y Hector Francisco Montoya (director).

Increiblemente también existe un notable paralelismo en la desaparición de las tres Zapram que

deciden pedir su propia quiebra al mismo tiempo, entre el 10 y el 15 de noviembre de 1993. Entre

tantas casualidades, a las tres les robaron toda la documentación contable. Supuestamente

trasladaban en el mismo vehículo toda la información y el movil fue robado con todo lo que tenía

en su interior.

En las presentaciones hechas en cada pedido de propia quiebra se manifiesta que “en forma

sorpresiva imputable al vuelco politicoeconómico y su posterior reacomodamiento a la coyuntura

fue que sistemáticamente se rescindieron contratos de servicios; evento éste que causara un serio

desequilibrio en la balanza comercial de la firma (...) El hecho detonante que marcara la

imposibilidad de afrontar los compromisos de pago, lo constituye en robo a mano armada

sucedido el 24 de octubre de 1993..”

Esta causa se tramita en el Juzgado Criminal y Correcional del Dr. Juan Carlos Miniño del

Departamento Judicial de Morón y está caratulada como “Privación ilegal de la libertad, robo

automotor y robo”. En la misma se denuncia que fueron robados libros de contabilidad,

comprobantes de gastos, pagos a proveedores, impuestos, cargas sociales y listados de personal

entre otras cosas.

La DGI había verificado, tiempo atrás, que las Zapram habían instrumentado, a través de

documentación apócrifa, un sistema de erogación de fondos de su contabilidad cuyo único

sustento eran comprobantes que habían elaborado o adquirido. Según la DGI, tal maniobra

permitió a las empresas de Yabrán disminuir el crédito fiscal mediante la suposición de gastos

disimulando su real situación patrimonial y utilizando documentación de empresas inexistentes o

sin actividad, lo que generó la promoción de una causa penal contra cada una de las sociedades el

8 de marzo de 1995 por violación a los articulos 1 y 2 de la ley Penal Tributaria y Previsional. La

causa contra Zapram S.A. quedo radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N 7, Secretaría N

13, donde el Estado reclama un perjuicio fiscal de $ 4.484.547, 01; el Juzgado N 5, Secretaría N 10

instruye la causa contra Zapram S.R.L. con un perjuicio fiscal estimado en $ 9.686.685,26; y el

Juzgado N 4, Secretaría N 8, sigue la causa contra Zapram Technical S.A. donde el prejuicio

demandado es de $ 3.651.001,08.

Uno de los puntos que más certezas genera es el destino del personal de las tres Zapram, los cuales

pasaron a engrosar las filas de otras empresas del Grupo: Orgamer SA, Tecnipol SA, Servicios

Quality Control SA y Bridees SRL. Como botón de muestra se describen a continuación tres casos

testigo: el primero es el de Juan Castillo, quien aportó como empleado de las tres Zapram, para

pasar en 1993 a las filas de Orgamer y, en 1995, " consiguió " trabajo en Villalonga Furlong. Pero

lo más llamativo de todo es que en 1996 recibe la cédula de notificación dirigida a Alfredo Yabrán

en el domicilio particular de este último. Se trataba de una cédula de notificación de testigo

dirigida a Yabrán librada en los autos " Neustadt, Bernardo c/ Cavallo, Domingo Felipe s/

sumario " que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N 28, Secretaría

N 55. Otro de los casos es el de Rodolfo Teodoro Rastatter, quien fue contador certificante de los

balances de las tres Zapram (consecuentemente co-imputado en las causas promovidas por la

DGI) y luego fue síndico de Intercargo SA (de la cual Zapram SA era proveedora). Fue también

apoderado de Skycab para la compra de un campo en Gualeguaychú y síndico suplente de Iceberg

SA, en la que Yabrán era director.

Otro caso interesante es el de Juan Carlos Cociña, quien luego de integrar los grupos de tareas de

la ESMA fue accionista y vicepresidente de Zapram SA. También fue suboficial del Servicio

Penitenciario Federal y sospechoso en el crimen de José Luis Cabezas. Alfredo Yabrán lo

reconoció como integrante de Bridees SRL y de su custodia. Las coincidencias entre Marcelo

Claudio Carmona y Cociña son notables; también es suboficial del Servicio Penitenciario Federal,

también estuvo en la ESMA, también integraba la custodia de Yabrán a través de Bridees SRL,

también integra la lista de sospechosos del caso Cabezas y también integro las Zapram, como

presidente del Directorio y accionista de Zapram Technical S.A. y socio gerente de Zapram SRL.

Extraño resulta a su vez que pasó con los bienes de las Zapram los que quedaron todos en poder y

dominio de lo que se designaba como el "grupo Yabrán".

En " Zapram S.A. s/ quiebra " frente al requirimiento del síndico ( fs. 193/vta ) para que la fallida

precise el lugar exacto de úbicación de los bienes el Sr Generoso a fs. 197 manifiesta que los bienes

inventariados se ubican físicamente en poder de las empresas radicadas en Ezeiza (bienes muebles)

y los rodados en la playa de estacionamiento.

En " Zapram Technical s/ quiebra ", la empresa quebrada expesa que los bienes de la misma se

encuentran en las sociedades Interbaires S.A., Intercargo S.A. y EDCADASSA, no pudiendo

retirarlos por no tener dinero para afrontar gastos de depósito.

Destacable es el caso de los bienes de Zapram SRL, pues en el pedido de propia quiebra Generoso

y Carmona no indican que la sociedad poseyera bienes. Sin embargo es el propio Generoso quien

a fs. 18 de la causa "Zapram S.A. s/ quiebra" detalla que las empresas que contrataban los

servicios de la fallida eran casualmente EDCADASSA, Intercargo S.A. e Interbaires S.A. Estas

eran también las únicas clientes de Zapram Technical S.A. y de Zapram SRL. Esta es otra de las

"desapariciones" en la que son expertos los integrantes de este grupo. Por último, y como para no

creer que Carlos Generoso se quedo sin empleo; no bien disueltas las Zapram pasó a integrar el

plantel de Bridees SRL.

En conclusión, no caben dudas de que las tres sociedades Zapram fueron vaciadas y sus bienes y

personal pasaron, sin solución de continuidad, a pertenecer a otras empresas del Grupo como

Orgamer S.A., Tecnipol S.A., Servicios Quality Control S.A. o Bridees SRL.

Como dato de revelador agregamos el testimonio de Adolfo Donda Tigel, en entrevista con la

revista Noticias el día 21/12/96:

- “¿Usted es socio de (Victor Hugo) Dinamarca?”

- “Eramos socios en Tecnipol pero me vendió la parte. Y a Quality la tuvimos que armar por el

desastre que se armó con Zapram, por los ataques de la DGI y de Cavallo. Quality se armó con

gente que se quedó sin laburo.”

- “¿Zapram no tenía relación directa con el grupo Yabrán?”

- “Zapram no existe más. Yo estoy orgullosos de haber trabajado ahí. Nosotros en EDCADASSA

limpiamos los depósitos fiscales de contrabandistas. Ahora Quality no tiene nada que ver.”

- “¿Sigue prestando servicios en Ezeiza?”

- “Efectivamente. Pero no el damos ningún servicio a Yabrán. Es más, hay empresas de Yabrán

que compitieron con nosotros. Orgamer por ejemplo...”

Como puede verse las Zapram fueron vaciadas. Su personal pasó a desempeñarse en las otras

empresas de seguridad del grupo. Sus bienes siguieron el mismo camino. Sus créditos fiscales por

IVA fueron transferidos a EDCADASSA.

Para finalizar, lo único que le quedó al Estado Nacional Argentino es un perjuicio fiscal que, de

acuerdo a las oportunas denuncias de la DGI, supera los 18 millones de dólares.

 

 

LA CUADRATURA DEL CIRCULO

 

Según un documento de inteligencia de la SIDE (no reconocido como propio por el organismo), el

aparato de inteligencia y operacional de Alfredo Nallib Yabrán, estaba conformado en base a tres

circulos concéntricos.

El Primer Círculo era el más proximo a Yabrán y estaba integrado por Claudio Pitana, ex - Cabo

1 de la Policía Federal, institución de la cual fue exonerado, pasando luego a integrar durante el

gobierno radical el llamado " Grupo Alem 218 "; y miembros de la empresa BRIDEES, entre los

que se destacaban Dinamarca, Generoso, Cociña, Naya y Caridad.

Pitana se desempeñaba permanentemente como jefe de la seguridad personal de Yabrán y de su

familia, es decir, su esposa María Cristina Perez y los hijos de la pareja. En forma eventual o en

casos de emergencia, hacía lo propio con su sobrino Fernando Bernabé Fiorotto, su cuñada

Blanca Rosa Pérez y su concuñado Raúl Oscar Alonso. La extensión del servicio de protección no

obedecía sólo a la condición de ser sus parientes, sino también a que en su condición de virtuales

"testaferros", conocían perfectamente los entrecruzamientos empresa-riales del " Grupo ".

Pitana tenía bajo su supervisión y directo control, el servicio de custodia interior de la residencia

de Yabrán, en la localidad de Acasusso, que ocupa casi 16.000 metros cuadrados y se encuentra

perimetrada por un muro de manpostería de varios metros de altura, con garitas para permitir el

control visual. Las garitas, en caso de ser necesario son ocupadas por guardias armados con

escopeta del tipo "High Standard" calibre 12/70.

Además del servicio propio, la seguridad se complementaba exteriormente con patrulleros de la

policía bonaerense (Unidad Regional de Vicente López), que mensualmente erán estimulados de

manera no oficial.

Este círculo se completaba con el servicio de custodia en tránsito, como era el caso de brindar

protección entre Acasusso y las oficinas de Viamonte 352 o 636, piso 7 de la Capital Federal, desde

donde Yabrán gerenciaba muchos de sus negocios.

Como responsable del primer circulo, Claudio Pitana, no solo estaba en contacto permanente con

Yabrán, sino también con BRIDEES, que era el que demandaba las "necesidades informativas"

que satisfacían el segundo y tercer círculo. Conjuntamente con los integrantes mencionados,

también eran miembros de BRIDEES el Capitán de Fragata (R) Adolfo Miguel Donda Tigel y

Francisco Schembri. Ambos erán responsables del segundo circulo y de la coordinación entre

ambos dispositivos.

El segundo círculo constituía el núcleo del aparato de inteligencia y operacional de Yabrán. La

conducción estaba integrada por Donda Tigel, que manejaba ésta estructura desde las oficinas

ubicadas en Santiago del Estero 454, Piso 7, Oficina 27 de la Capital Federal, que figuraba como

las oficinas de Servicios Quality Control S.A. El segundo en la cadena de mandos era Claudio

Pitana, que a su vez tenía bajo su responsabilidad el primer círculo. Dependiendo directamente de

ellos figura como responsable operativo Francisco Schembri, quien acompañaba a Donda Tigel

para entrevistarse semanalmente en las oficinas de la calle Paraná con Dinamarca.

Los " Grupos Operativos " estaban conformados exclusivamente por ex integrantes de Fuerzas de

Seguridad y se subdividian en dos estructuras que recibían el nombre de ALA Nº 1 y ALA Nº 2,

que respondían verticalmente a Donda Tigel y Schembri (excepcionalmente a Pitana). La primera

de ellas estaba comandada por el ex-oficial Inspector de la Policia Federal, Roberto Oscar

González que estaba secundado en sus actividades por un ex-Suboficial, también de la Policia

Federal. Hombres de acción y de extrema peligrosidad, que fueron exonerados de la institucion

policial y estuvieron presos por delítos comúnes. El ALA Nº 2 carecía de un responsable definido

como en el caso anterior y estaba integrado por Roberto "Gallego" Fernández, ex integrante de la

Policia Federal, al igual que Guillermo Andie, y los ex-cabos de la misma fuerza Cabral y Pedro

Salvia. Este grupo se especializaba en actividades como reunión de información, seguimientos y

vigilancias. También conseguía pasaportes argentinos para asegurar el ingreso y/o egreso de

personas.

El tercer círculo no tenía una dedicación full time y se recurria a los mismos según las necesidades

y/o intereses de Yabrán. Su conformación era heterogénea, integrando el mismo desde ex -

delincuentes comunes convertidos en "informantes" y casi dos decenas de Oficiales Superiores y

Oficiales Jefes de la Policía Federal y Bonaerense. Algunos de ellos eran convocados para tener

una participación operativa, entre los que se encontraban los ex-cabos de la Policía Federal Pedro

Salvia y Juan Fotea, a los que se sumaba Mario Hugo Cardenas. Se los consultaba respecto de

antecedentes de personas o de empresas, que resultaran de interes al segundo círculo. Otros eran

convocados a "nivel de amigos" para evacuar consultas de tipo informativo, como por ejemplo en

el caso que el Alfredo Yabrán fuera investigado, judicial o extrajudicialmente, a lo que tenían

rápidamente acceso, porque muchos de ellos ocupaban cargos claves en sus respectivas fuerzas.

Según el "paper" de inteligencia estatal la tarea de coordinación y contacto estaba a cargo de

Donda Tigel y Schembri, que "recompensaban generosamente" los favores que les prestaran.

Entre la nómina de "amigos" de la Policía Federal figuraban: los Comisarios Generales Jorge

Ramos y Oscar Fernández, los Comisarios Mayores Rodolfo Viera, Ramón Amaya y Vicente Palo,

los Comisarios Inspectores Carlos Buscaglia, Néstor Blanco y Carlos Castañeda, y los Comisarios

Jorge Palacios, Eduardo Curleto y Carlos Navedo. Entre la Policía Bonaerense se encuentraban el

Comisario General Oscar Rossi (a) "Coco", el Comisario Mayor Mario Rebollo, los Comisarios

Inspectores Mario Naldi y Enrique Forggione, y el Comisario Emilio Azzaro.

En sintesís, si tenemos en cuenta el material humano y los recursos económicos del que disponía el

sistema de circulos concentricos, podemos afirmar que su capacidad operacional resultaba tanto

defensiva, como ofensiva, según la situación que debían enfrentar.

 

 

MAS ALLA DE LA FRONTERA

 

En una denuncia secreta que se presentó ante el Juez Baltasar Garzón, que tiene a su cargo una

causa en la que se investiga la desaparición de más de 600 ciudadanos españoles durante el pasado

proceso militar en la Argentina, figura una detallada relación entre militares represores de la

última dictadura que habrían estado vinculados a empresas del denominado grupo Yabrán.

Muchos de los principales nombres, habrían integrado las actividades del Centro Clandestino de

Detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Además, la denuncia

destaca como partícipe de la represión al ex - suboficial sargento ayudante Gregorio Ríos, el

mismo que está detenido y acusado por el asesinato del periodista José Luis Cabezas.

La denuncia hace referencia a "un grupo de sociedades y personas presuntamente vinculadas con

la denominada trama económico- financiera de los militares argentinos". Se mencionan los

negocios de Alfredo Yabrán, en relación con sociedades de seguridad argentinas, algunas con

destacada presencia en España. Afirman también que los vínculos de Yabrán con los aparatos

represivos de la dictadura eran más que elocuentes.

Expresa que a través de Enrique Schlegel, miembro del Servicio Penitenciario Federal, Yabrán

entro en relación "con varios represores que revistaban en el centro clandestino El Vesubio", entre

los que se destacaban los oficiales Alberto Neudorf y Víctor Hugo Dante Dinamarca.

La denuncia detalla las sociedades que mencionamos, como pertenecientes al "grupo Yabrán" y

consigna el nombre de varias personas que pertenecieron al Servicio Penitenciario Federal, la

policía y la Armada. Estas personas se habrían reunido con Yabrán, en un despacho del Servicio

Penitenciario ubicado en la calle Varela al 400, donde acudían entre otros: Carlos Orlando

Generoso, Adolfo Miguel Donda Tigel, Alberto González Menotti, Roberto Naya, Víctor Hugo

Dinamarca y Gregorio Ríos, quien se habría desempeñado como enlace con el jefe de inteligencia

del Servicio Penitenciario (Dinamarca), para acciones relaconadas con el traslado de los

secuestrados hacia Campo de Mayo, de donde desaparecieron.

 

 

CONEXIONES PELIGROSAS

 

Otra de las características del "grupo" era su capacidad para infiltrarse, influenciar y controlar,

colocando hombres de su confianza en áreas claves del mapa institucional, e incluso bloquear y

cooptar agentes administrativos, sectores del poder político y judicial funcionales a sus intereses.

Esta actitud era sistemática en espacios estratégicos que hacían a la seguridad del Estado, como la

Administración Nacional de Aduanas, correo, control de fronteras y sectores de la administración

pública nacional y provincial, principalmente en las áreas de seguridad.

Esta es la razón por la cual se llego a hablar de un "estado paralelo" o "anillo de seguridad" del

grupo, del cual hemos dado cuenta a lo largo del trabajo. En el marco de éste "modus operandi"

señalaremos un ejemplo testigo que graficará suficientemente lo expresado.

Mientras el brigadier Rodolfo Echegoyen estuvo al frente de la Administración Nacional de

Aduanas, "llegaron" como asesores recomendados por Yabrán, los Dres. Jorge Alberto Mazzaglia

y Jorge Enrique Lecumberry. Simultaneamente es ascendido y trasladado a la División de

Sumarios y Procedimientos el Dr. Jorge Enrique Kolon, que si bien aparenta ser un cargo de poca

relevancia, era fundamental para conocer todo el plantel del personal de la administración, y de

esa forma "premiar" con ascensos y más espacios de control a los "amigos" y "castigar" a

quienes entorpecieran los negocios de "grupo".

Con posterioridad al reemplazo de Elías (1991), Mazzaglia y Lecumberry obtuvieron sendos

puestos en las empresas de Yabrán. El primero ocupó cargos en los directorios de Interbaires S.A.

e Intercargo S.A., mientras que el segundo recaló en EDCADASSA.

Hasta aquí solo podría tratarse de un "amigo" que devuelve "favores" a dos "amigos", pero

acontecimientos posteriores ponen de manifiesto como se "movía" el grupo.

Asi como las circunstancias mencionadas ponen en evidencia como controlaban la Administración

Nacional de Aduanas, hechos posteriores vinculan claramente al fallecido Alfredo Yabrán con

personas que condujeron el destino de la Policía Bonaerense en épocas del comisario general

Pedro Klodczyk.

Durante la gestión del Dr. Alberto Piotti a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de

Buenos Aires y del mencionado comisario general como jefe de la Policía Bonaerense,

llamativamente Mazzaglia es designado Subsecretario de Seguridad, es decir segundo de Piotti.

Sugestivamente y para aventar toda sospecha de casualidad, Kolon es nombrado Director de

Servicios Técnico-Administrativos de la Dirección General de Administración, cuyas funciones

eran la de hacer sumarios a policías sospechados de haber cometido irregularidades, aplicando la

misma matríz que ya había utilizado en la A.N.A.

Observamos como Yabrán pudo colocar a hombres de su grupo en lugares decisivos de la policía

provincial, siendo un instrumento fundamental para ésta estrategia el Dr. Mazzaglia quien,

cuando Piotti dejó la Secretaría de Seguridad y fue a la Secretaría General de la Gobernación,

pasó a detentar el puesto de Subsecretario de la Función Pública de la secretaría a cargo de Piotti.

Kolon fue un instrumento secundario pero ilustrativo de la estructura de pago de "favores" y

"lealtades" de estos grupos.

Frente a la existencia de una fuerte sospecha -que se confirma con el paso del tiempo como

consecuencia de las pruebas acumuladas- de que la muerte de José Luis Cabezas estuvo vinculada

a la nefasta conjunción de bandas organizadas por un poderoso empresario con miembros

corruptos del área de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, los Dres. Domingo Cavallo y

Franco Caviglia (este último en su carácter de abogado), pusieron en conocimiento del

gobernador Eduardo Duhalde tal circunstancia. Consecuentemente, a los pocos días Piotti,

Mazzaglia y Kolon, fueron "renunciados" de sus cargos.

 

 

ATENTADOS: LA AVENTURA DEL HOMBRE

 

A las 7 de la mañana del jueves 6 de agosto de 1.992, Abel Cuchietti, 51 años y entónces

interventor de Encotel, salía de su casa ubicada en Marcelo T. de Alvear 1.185 (y Libertad). Un

coche con dos de sus secretarios (Altimari y De Filippo), lo esperaba como todas los días para

llevarlo a su lugar de trabajo. De pronto, se le acercó un hombre de cabello corto, vestido con

campera marrón y jean azul, portando como arma un palo. Acto seguido, atacó a Cuchetti, le

produjo una doble fractura del peroné derecho con el arma improvisada y se dió a la fuga.

Miguel A. Altimari, el chofer de Cuchietti, corrió al agresor y le dió alcance a la salida del

estacionamiento ubicado en Paraguay y Cerrito. El perseguido logró subir a un taxi, pero fue

prácticamente sacado del coche por el chofer del interventor, con quien forcejeó y por quien fue

finalmente dominado. En ese momento apareció otro auto - en aparente apoyo del agresor-, y del

mismo salió un hombre que apuntó a Altimari con un revolver obligandolo a abandonar dicha

situación. Instantáneamente, agresor y apoyo subieron al coche y se dieron a la fuga, mientras el

chofer de Cuchietti, en un acto de excelentes reflejos tomó los datos del automovil. Luego de

hacer la denuncia pertinente, nunca fueron encontrados los personajes implicados en el atentado.

El presente hecho no está sacado de ninguna novela policial ni de película alguna; esta anécdota es

real, consta en una denuncia ante un juez y la descripción de las heridas está registrada en la

historia clínica de Abel Cuchietti en la obra social del correo. El ex interventor debió afrontar una

convalescencia de seis meses, tres de ellos en silla de ruedas.

 

Según el identikit realizado bajo la descripción de Cuchietti, el agresor tendría un increíble

parecido (o sería concretamente) con el oficial de policía Gustavo Prellezzo, quien ha sido

procesado por ser el autor material del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas (ver

Cap.10).

 

Abel Cuchietti había sido años atrás secretario del gremio de telecomunicaciones y presidente del

Instituto de Obras Sociales. Durante la gestión de Domingo Cavallo, el presidente de la Nación lo

hizo designar al frente de Encotel. Cuchietti es un gracioso personaje que sufre de Afasia:

enfermedad que hace cometer "furcios verbales" producida por posibles lesiones en los centros

nerviosos del lenguaje. Por ejemplo: lapidiario, telón de Aquiles, entre la espalda y la pared, chivo

respiratorio, entre otros.

De ahí que tras ser golpeado en el antedicho atentado y estar obligado a estar en una silla de

ruedas, le dijera a un amigo: "Yo soy Perry Mason", en colación a su lucha contra la injusticia, a

lo que el amigo respondió: " No seas bruto, el personaje Raymond Burr hace en silla de ruedas es

Ironside".

El comienzo de los problemas de Cuchietti se dió cuando el ex interventor abrió el registro de

permisionarios, permitiendo a nuevas empresas su incorporación en el mercado postal. Luego de

hacer eso sufrió el primero de sus atentados, arriba descripto, y acusó a Yabrán de ser el

responsable de lo sucedido.

Un mes después del atentado a Cuchietti, el 5 de setiembre, estalla una bomba en el portón del

domicilio particular de Guillermo Seita, Secretario de Relaciones Institucionales del ministerio de

Economía y Obras y Servicios Públicos y estrecho colaborador de Cavallo, sito en el barrio

Caisamar de la ciudad de Mar del Plata, siendo denunciado el hecho ante el Juez Federal de la

ciudad citada, Dr. Cangiani. El atentado, en un acto sin precedentes, fue repudiado energicamente

por la embajada norteamericana, mientras que la SIDE y los investigadores de la policía no

pudieron encontrar siquiera una pista que los llevara hacia los autores del repudiable hecho.

El sábado 9 de enero de 1.993, aproximadamente cuatro meses después del atentado y en pleno

aniversario de casamiento de Seita, una camioneta de OCA entregó un paquete a su mujer, Teresa

Soalleiro de Seita, quien lo abrió y encontró en su interior el libro Más allá de la vida, de Victor

Sueyro, que contenía un hueco -como el utilizado para llenar con bombas- y un papel que decía:

"Esta vez fue de juguete. Si hubiera sido de verdad no alcanzabas a leer el libro". Esta denuncia

también fue puesta en manos del Dr. Cangiani.

 

El Subsecretario de Desregulación de la cartera de Economía, Pablo Rojo, estudiaba el "caso

Ezeiza" haciendo honor a su cargo y en miras a desregular el servicio, manejado

monopolicamente por Edcadassa. Eran los primeros días de marzo de 1.992 y este seguimiento del

aeropuerto le costaría una amenaza de muerte hacia él y hacia toda su familia por medio de una

llamada telefónica anónima.

 

 

SORPRESA Y MEDIA!

 

2 de la mañana del miércoles 16 de diciembre de 1.992. En "Cerro de las Rosas" de la ciudad de

Córdoba todos dormían sin preveer que, en ese preciso instante, acontecería el "segundo"

atentado contra la vida de Abel Cuchietti.

Una bomba estalló en la vivienda de un vecino del ex interventor, sita en la calle Canarias 60,

despertando a todos los vecinos y no llegando a herir a Cuchietti.

Ocho minutos después, a las 2:08 de la madrugada explotó una segunda bomba en un local de la

empresa permisionaria Cargo S.A., después de haber ganado una licitación llamada por el Banco

Israelita y luego de que Cuchetti la autorizara a participar. La coincidencia se completa con el

veredicto de los servicios de inteligencia, que determinan que las dos bombas poseen las mismas

condiciones técnicas. Unas semanas antes, el jueves 19 de noviembre, había sido asaltado un

vehículo de la empresa Seprit S.A., siéndole sustraída la carga que llevaba.

Esta última empresa volvería a sufrir, el viernes 26 de mayo de 1.995, otro hecho de intimidación

directa cuando, en una sucursal de Cargo en Rosario, se produce un atentado explosivo, dejando

con heridas graves a un empleado de la firma.

Luego de este hecho se sucederían otros dos: uno fue un asalto e intimidación a un chofer de una

unidad movil, producido el viernes 9 de junio de 1.995, sin sustracción de elementos de Seprit por

parte de los agresores; y el otro fue un asalto a mano armada en una sucursal de Seprit en Buenos

Aires con destrucción de puerta inferior de oficinas, sustrayendo, los asaltantes, efectos personales

de los dependientes y un cheque destinado a pago de proveedores. Los atentados a Seprit llegaron

al extremo de la muerte cuando un empleado fue alcanzado por la detonación de una bomba.

Todos estos hechos todavía están impunes, lo que tal vez demuestre el poder de los intereses en

juego.

 

 

NO HAY DOS SIN TRES

 

En marzo del año 1.993, Abel Cuchietti volvía de vacaciones con su familia y recibe un envío

postal conteniendo un libro hueco con un objeto de plastilina y una nota diciendo: "si esto fuera

de verdad, no estarías para leerlo". Por si eso fuera poco, en esos días también había sido objeto

de denuncia por parte del diputado Raúl Baglini por haber dejado sin efecto (Cuchietti), un canon

a los envíos de llegada de fuera del país por ser muy elevado (medida que perjudicaba a Yabrán).

La tercera sería la vencida.

"Yabrán es un mal empresario y quiere ejercer un monopolio del correo local, de tal manera que

todo quede para él", declaró Cuchietti el jueves 24 de agosto de 1.995, un día después de la

interpelación a Cavallo por parte de la Cámara de Diputados. El ex interventor indicó que durante

su gestión al frente de la empresa de correo estatal estuvo en contacto con el empresario Yabrán, a

quien conoció, según sus propios dichos, en la década del '80, cuando el monopolio lo tenía el

Estado.

"Cuando se reunió conmigo ya era dueño de muchas empresas y quería que no dé nuevos

permisos en el correo. No sé si con eso me vino a apretar, pero yo no le hice caso", agregó

Cuchietti denunciando el afán de crecimiento de Yabrán.

Unos meses antes del tercer atentado Cavallo había vuelto a batallar contra el Yabrán por varios

flancos al mismo tiempo. Por un lado, desreguló los servicios de correo y telegrafía que antes

monopolizaba Encotel, con el fín de crear competencia a las empresas del grupo Yabrán, que

poseían permisos que el Estado les había otorgado para explotar los servicios más lucrativos. Por

otro lado, el ministro hizo que la DGI denunciara ante la justicia a Edcadassa por evadir

impuestos por un total de 1.6 millones de pesos entre 1.990 y 1.992; y a OCASA por otros 1.02

millones.

Al mismo tiempo, y en forma reservada, Cavallo ordenó al Banco de la Nación apretar las clavijas

de los contratos que OCA y OCASA mantienen con esa entidad. Entonces se descubrió que los

mismos se habían adjudicado por concurso privado de precios en lugar de hacerlos por licitación

pública, con el detalle de que las adjudicaciones estaban hechas pero no firmadas, lo que permitió

negociar con OCA y OCASA. Ambas empresas aceptaron reducir sus pretensiones en casi el 50%,

lo que hizo especular la manera y los términos en que se habría justificado la adjudicación

original.

A raíz de los descuentos conseguidos y considerando solo algunas cifras, el Banco de la Nación

pasó a ahorrarse 666.000 dólares mensuales.

 

 

EL CARTERO DISPARA DOS VECES

 

En la noche del lunes 18 de julio de 1.994, el Dr. Luis Cerolini, Vicepresidente del Banco

Hipotecario Nacional, sufrió una violación a su domicilio, de donde se le sustrajo una gran

cantidad de bienes y fue víctima de destrozos.

Este atentado sucedió en el marco de la contratación de los servicios de correo del Banco

Hipotecario Nacional, en los que se pretendió descalificar a Encotesa de la licitación y por lo que

el Dr. Cerolini dejó sentada posición en el acta de directorio nº 1885 del 15 de junio de 1.994,

oponiéndose a dejar afuera de la misma a Encotesa, ya que, el anterior preveedor del servicio de

correo del Banco que era OCASA, cobraba $1.40 por envío (bastante más caro que Encotesa), y

los envíos a zonas no rentables los hacía a través de Encotesa.

Casi tres meses más tarde, el viernes 21 de octubre de 1.994, estalló una bomba en el edificio

Bruno Ramírez de Encotesa; fue después de que quedó demostrado que la empresa era viable.

 

El lunes 12 de junio de 1.995, el periodista Guillermo Cherasny sale de su casa cuando un

desconocido le dispara dos tiros a quemarropa y huye en un Fiat Duna, utilizando un modus

operandi idéntico al del atentado sufrido por Abel Cuchietti en el año '92.

"El 8 de junio escribí un artículo donde critiqué duramente a Esteban Caselli y a Alfredo Yabrán.

No estoy acusando a nadie, pero en esa nota yo digo que Caselli es el contacto en el Gobierno del

lobby del Correo. Algunos funcionarios me advirtieron que era una nota dura, que no convenía, y

no llegó a publicarse", confesó Cherasny, agregando (con tono pesimista) que " ya me cansé de

hablar con funcionarios (...) Prefieren hablar de las internas del Gobierno".

 

Estas son solo unas pocas de las tantas personas que sufrieron en carne propia todo tipo de

amedrentamientos, con el evidente fin de que se retiraran del negocio del correo. Tal vez con el

objeto de monopolizar un rubro que deja miles de millones de pesos por año.

"Un tipo fue muerto, otro perdió un brazo y a otro le pusieron un revólver en la cabeza y lo

obligaron a vender su empresa", diría un ex permisionario de un correo privado en los días en que

se discutía la ley de privatización, y que no quiso dar su nombre por temor a cualquier tipo de

represalias.

El comienzo de -casi-todos los problemas de la mencionada índole se remonta al año 1.979,

cuando se crea dentro de la antigua ley de correos (20.216, de Pedro Gordillo), la figura del

permisionario, decretada por medio del artículo 4, firmado por el ex Ministro de Economía, José

Alfredo Martínez de Hoz, y en donde se daba a terceros la "permisión" para insertarse en el

mercado de los "courriers". Inclusive, al tiempo, se crearía la Asociación de Permisionarios (A.P.).

 

 

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

 

En la historia de la actividad postal argentina se han detectado interminables hechos de violencia

que han sido atribuidos (algunos en estricto off the record) al Grupo Yabrán. Algunos de ellos se

describen a continuación.

 

Mailcorp S.A.

 

El Sr. Alejandro Morales (jefe de personal de la empresa) fue privado de su libertad, sufrió

lesiones y recibió amenazas entre el 30 y 31 de diciembre de 1.991. Intervino la comisaría 2º de la

Capital Federal y la causa tramita ante el Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Criminal de

Instrucción Nº 6, a cargo del Dr. Roberto Enrique Hornos.

Posteriormente, Nestor Elías, perteneciente a Encotel denuncia ante la Comisaría 15º de la Capital

Federal, que Mailcorp había sustraído de Encotel los bolsos de correo que utilizaban sus

carteros.La falsa denuncia acarrea la detención de carteros de la empresa y clausura judicial del

local de Mailcorp sito en Bolivar 879 de esta Capital, un día viernes de un fín de semana largo, lo

que provoca gran perturbación a las actividades de la empresa que había obtenido un cliente

importante y tenía gran cantidad de correspondencia para clasificar. La justicia levantó la

clausura en el primer día hábil siguiente cuando se acreditó mediante las facturas correspondientes

la propiedad genuina de las bolsas de correo como pertenecientes a Mailcorp. El perjuicio a la

empresa ya estaba logrado.

 

Transclear SRL:

 

Trasclear SRL era un correo privado que, luego de la desregulación, se presentó en el concurso

privado de precios que realizó Telefónica de Argentina para la distribución de cartas facturas. El

22 de octubre de 1993, Telefónica abrió el concurso, resultando las ofertas más bajas las de

Encotesa y Trasclear.

En la madrugada del 20 de noviembre de 1.992 a la 1:30 hs. desde un automovil se realizaron tres

tiros de armas de fuego de grueso calibre contra el frente del local de Trasclear sito en Av. Cobo

1232. Ese hecho fue denunciado en la Comisaría 12 e intervino el Juzgado de Instrucción del Dr.

Julio Marcelo Lucini.

En el mes de abril de 1.994 Telefónica decidió otorgarle una parte del contrato a Trasclear y otra a

Encotesa.

El día 18 de abril, en el mismo local de Trasclear, explotó una bomba que dañó no solo el local,

sino también a vehículos estacionadosy locales vecinos. Intervino la Comisaría 12 y el Juzgado de

Instrucción del Dr. Adolfo Calvete.

En la comisaría un gerente de la empresa, Antonio Luis Gómez Dolzer denunció textualmente:

“haber sufrido tres meses antes otro atentado, mediante disparos de armas de fuego. Que para la

época existían problemas con una empresa de plaza denominada OCASA pero no puede asegurar

que el atentado tenga que ver con esta situación”.

 

Rhodas Courrier:

 

Raúl Alberto Sei era dueño de Rhodas Courrier, una empresa permisionaria de Encotel que había

comenzado a funcionar en el año 1.985. Como no estaba dentro del Grupo Regulador de la

Actividad Postal, la empresa de Sei, y otras, comenzaron a ser perseguidas. Al principio a nivel

administrativo, mediante inspecciones generadas, muchas veces, por falsas denuncias; más tarde

fueron acosadas violentamente por medio de atentados. Y otras yerbas.

El Ente Regulador de la Actividad Postal, en ese momento era Encotel y estaba manejado por un

grupo de empresas. Según Sei, las personas que estaban al frente del organismo eran

"funcionarios corruptos".

Al no trascender el tema de las denuncias, las acciones subieron de tenor y, en una oportunidad en

que el empresario postal manejaba su automóvil, dos personas subieron a la fuerza, lo hacieron

conducir unas cuadras y lo obligaron a parar a un costado del camino, haciendolo escuchar un

casette con una conversación telefónica que Sei había efectuado el día anterior con su abogado (la

conversación era sobre temas comerciales). " No te va a pasar nada, lo único que tenés que hacer

es irte del negocio. No hay lugar para vos", le dijeron los maleantes al empresario antes de dejarlo

ir.

Raúl Sei no tenía intenciones de dejar el negocio y eso le valió el segundo atentado, en el mes de

noviembre de 1.989 y más violento que el primero.

El empresario, en analogía del anterior amedrentamiento, viajaba nuevamente en su coche,

cuando otro auto se le cruza rapidamente, obligandolo a detenerse. Un hombre se baja de este

último y se presenta ante Sei como policía, mientras le comunica que había cometido una

infracción y le pide el registro.

"Este es el que estamos buscando", le dijo sin vueltas el falso agente al acompañante que esperaba

en el coche, mietras leía, sin disimulo, el apellido que figuraba en el documento del empresario.

Acto seguido lo sacan a los pelos del coche y lo tiran en el asiento de atrás del "improvisado"

patrullero, paseándolo desde Caballito hasta Panamericana y Pelliza y abandonándolo en ese

mismo lugar.

"Estos hechos, aunque no son conocidos, son habituales, a la vez que muchas pequeñas empresas

de correo son víctimas de juicios y querellas constantes", denunció Raúl Sei en el programa "Hora

Clave" (24/08/95), a colación de los atentados que había sufrido, citando como ejemplo a la

empresa "Autocompensación Bancaria", que, en 30 días, había perdido el permiso para funcionar

y dejó a 600 personas en la calle.

 

El día viernes 8 de noviembre de 1.996, el Interventor en la Administración Nacional de Aduanas,

Lic. Carlos Silvani recibió una extraña visita que le habría dicho que “debía tener cuidado porque

podían matarlo, como hicieron con Echegoyen”, agregando que “le dijera a su chofer que no se

alejara en ningún momento, porque podría producirse un sabotaje. Sobre todo el sábado 9 en

Ezeiza”. Tal afirmación, dejó a Silvani muy sorprendido por el profundo conocimiento que tenía

su visitante de su agenda personal, ya que el día 9, Silvani viajaba al exterior desde Ezeiza.

 

 

LA PROCESION TAMBIEN VA POR DENTRO

 

Pedro Ibarra trabajaba demasiado. Casi quince horas por día, de lunes a lunes. No era suficiente.

Había que cumplir con un trabajo que era imposible de realizar sin violar algunas reglas externas

e internas. De hecho, Ibarra había violado algunos códigos internos. Le salió caro. Muy caro.

Hasta el punto de hacerle perder el 80% de su capacidad física y mental para trabajar.

El 29 de julio de 1981, Pedro Ibarra ingresó a trabajar a la empresa OCASA. Era un hombre

normal, casado, con dos hijos y 70 kilos de peso. Un hombre común, cuyo cargo era el de chofer

de Primera, categoría 5.

Como conductor de una de las camionetas de OCASA debía cumplir con horarios de más de 12

horas diarias, violando límites de velocidad para poder llegar a finalizar su trabajo, sin pago de

horas extras, sin francos, sin descansos, sin solución de continuidad.

A principios de 1.984, Ibarra comienza a somatizar cefaleas, convulsiones y relajación de

esfínteres. Todo debidamente documentado en el pertinente parte médico. La historia termina con

la aparición de un coágulo en la cabeza de Ibarra, el cual es exitosamente operado. Es puesto

ahora a realizar tareas administrativas, no menos agotadoras que las anteriores, con la misma

cantidad de horas. A veces más.

Desde OCASA le piden que acepte voluntariamente bajar de categoría y así negociar una

reducción de su salario. Ibarra se niega. Por ese motivo es enviado a un lugar conocido como “la

jaula de los choferes”. Una sala aparentemente normal, con un televisor y una pequeña cocina,

donde los trabajadores que se niegan a presentar su renuncia son enviados todos los días a

cumplir su horario laboral sin hacer nada y sin poder salir más que para ir al baño.

Para el perito medico legal no queda lugar a dudas: Ibarra ingresó a trabajar en buena salud a

OCASA y actualmente “está con las secuelas propias de su patología. Además incluye ligera

fotofobia, impotencia sexual, insomnio, etc.”. Por su parte la pericia psiaquiátrica constata una

actitud “paranoide y querulante, con ideas deliroides de persecución (...). Esta situación de Stress,

al actuar sobre un cerebro lábil y una personalidad predispuesta, puede llevar al desarrollo de un

síndrome de las características reseñadas y que el stress padecido interfirió en la recuperación de la

patología orgánica”.

Con estos testimonios, el 12 de agosto de 1.992, el Juzgado Nº 10 condenó a OCASA a pagar la

indemnización reclamada por Pedro Ibarra. La empresa apeló la resolución en primera instancia y

un año más tarde ésta fue ratificada por la Cámara, teniendo OCASA que cubrir la indemnización

más costas del litigio.

A pesar de todo, Ibarra ya no era la misma persona que cuando había comenzado a trabajar para

la empresa que perteneció a Yabrán. Quizá ni siquiera volvería a ser una persona otra vez.

 

 

DAÑOS CORPORALES

 

Luego de haber analizado el caso del Sr. Pedro Ibarra podríamos llegar a pensar que se trató de

un hecho aislado. Pero lamentablemente no es así. En ese mismo sentido, vamos ahora a ser

testigos del mismo modus operandi en otra de las empresas vinculadas a Yabrán.

Roberto Jara había ingresado en el año 1986 a la empresa Intercar como auditor. Trabajaba 8

horas por día con mucha dedicación, pensando que podía llegar a hacer carrera dentro de la

empresa. De hecho, nunca había tenido un solo llamado de atención por su conducta.

En el año 1989 comienza a percatarse de que había muchos movimientos extraños de personal.

Sospecha que algo raro estaba sucediendo. Hecho confirmado por la decisión tomada por Intercar

de trasladarlo a trabajar a otro lugar.

Sus dudas comienzan a disiparse cuando es informado –confidencialmente- por el Jefe de Personal

(Sr. Ruiz Díaz) de que Intercar había sido absorbida por la firma Skycab el día 1/7/89 (ver Cap.1).

En ese instante comenzaba a entender todo. Jara sabía que ya nada volvería a ser igual. Ni

siquiera frente a la promesa del Sr. Ruiz Díaz de que se respetarían las condiciones laborales

vigentes en ese momento.

No había retorno. Jara había sufrido un injusto agregado de horas de trabajo sin el consiguiente

pago de horas extras y le habían cambiado las tareas que debía desempeñar, ahora se encontraba

trabajando en el sector distribución. No se imaginaba que todavía le esperaba lo peor:

suspensiones en serie, congelamiento de sueldo, no reconocimiento de años de antigüedad y otro

tanto de cosas.

Creyó en ese momento que era lógico hablar con el jefe de distribución, un tal Carlos Giménez

Ascar. En principio reclamó lo pertinente a horas extras y se quejó por tener que trabajar los días

sábados. Asimismo renegó de tener que cumplir tareas de distribución cuando el había sido

contratado como auditor. Lo que sucedería a partir de esa charla, iba a confirmarle a Jara que

Giménez Ascar tenía mucho que ver con el sistema de represión utilizado por el “Grupo”.

En respuesta a sus reclamos recibió suspenciones varias y fue enviado a un lugar de encierro. “Una

cárcel” según el propio damnificado. Desde octubre de 1990 hasta mayo de 1991, tuvo que

soportar estar encerrado en esa “celda” sin poder comunicarse con nadie. Jornadas completas de

trabajo mirando al techo. Durante esos siete meses fue vapuleado continuamente por el jefe de

personal y por el jefe de distribución. Fue presionado para que renunciara a su puesto de trabajo

una y otra vez. Aguantó lo más que pudo. El día 10 de mayo de 1991 dijo basta. Se había

quebrado emocionalmente y su salud estaba grave. Pensó que era tiempo de hacer justicia.

Luego de juntar fuerzas de donde no tenía, buscó un abogado y comenzó una querella contra

Skycab. Tenía todos los elementos para ganar. Lo último que había averiguado era que no le

habían hecho aportes para su jubilación. Solo era cuestión de tiempo. Ser paciente y esperar.

Lo próximo que supo, luego de siete años de litigio, fue que tenía una sentencia desfavorable de su

lado. Cuando comenzó a averiguar vió con estupor que su abogado nunca había aportado

elementos probatorios a la causa. No lo podía creer. Menos todavía cuando observó que durante

el juicio se había alterado un peritaje. No podía ser peor. Su salud se derrumbaba

proporcionalmente a la causa. Su credibilidad en la justicia declinaba totalmente, mientras su

esposa lo abandonaba debido a la situación económica que no los ayudaba.

En un intento desesperado, escribió una carta “al periodismo”. No podía estar todo perdido.

“...Uds. los periodistas (...) los considero abanderados de nuestros reclamos con fuerza popular.

(...) Sabemos que nos roban muchos señores de guantes blancos (...) Queremos un poder justo,

sentirnos respaldados y bien cuidados. Lamentablemente no es lo que ocurre. Nos reprimen por

nuestros reclamos y nos desprotejen por nuestros derechos.(...) Los cara de cemento se han

olvidado de nuestra existencia...”. Estas son algunas de las líneas de tan tremenda carta redactada

por Roberto Jara, quien a esa altura estaba viviendo con sus padres por problemas económicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5: drogas.

 

"El narcotráfico no puede desarrollarse si no está apoyado desde el poder político.(...)El

narcotráfico internacional está mirando a la Argentina y es un problema serio".

 

Monseñor Jorge Casaretto.

Obispo de San Isidro.

 

 

 

 

 

 

 

BLANCAS ENCOMIENDAS

 

"La ventaja del correo para los traficantes no está en la cantidad de droga que pueden mover,

sino en la facilidad que tienen para hacerla llegar a los destinatarios", declaraba Michael Levine,

hombre de 55 años y jefe de la DEA en Buenos Aires durante cinco años, en un extenso reportaje

donde agregó que "la CIA no solo protege a algunos narcotraficantes, sino que muchas veces

entra en las operaciones ilícitas. La CIA determina qué y como hacer las cosas, en tanto que la

DEA debe aparentar que lucha contra la droga".

Este hombre que trabajó para la DEA durante 23 años, conoce muchos usos y costumbres que la

agencia maneja internamente, y eso lo demuestra en cada una de sus afirmaciones. "Si un

gobernante tiene buenas conecciones con la CIA, puede hacer lo que quiera. Si él mismo saliera a

vender cocaína en la calle, la DEA no podría hacer nada al respecto", denunció en una de sus

aseveraciones más polémicas, agregando que "en la Argentina me dí cuenta de que la CIA

protegía a ciertos narcotraficantes".

Por otro lado, se sabe que la DEA utiliza la información recogida acerca de narcotráfico que

involucra a funcionarios, como arma de presión de su política exterior. Es más, la DEA sospechó

en algún momento de hombres del entorno de Carlos Menem, y también investigó al mismísimo

presidente. Los motivos de especulación del organismo norteamericano eran muy fuertes: si la

cocaína ingresaba por las provincias del noroeste del país y la mariuana por las del noreste, era

muy dificil creer que los caudillos locales no tuvieran alguna relación con el "negocio". El

resultado de la investigación sobre Menem esta archivado en computadoras de El Paso y del

Departamento de Estado.

Desde el año 1.983, la cantidad de decomisos de cargamentos de drogas no lícitas iba en ascenso

ininterrumpidamente; no solo eran secuestradas drogas como cocaína y marihuana, sino también

LSD, psicotrópicos, etc. A partir del año 1.989, según cifras proporcionadas por la Secretaría de

Programación para la prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, este ascenso

en cuestión de procedimientos se corta sospechosamente, reduciéndose todos los operativos -de la

Policía, Gendarmería y Prefectura- a la captura de personajes de poca monta y dejando a los

grandes traficantes moverse a sus anchas en el marco de la Argentina del '89, inclusive a sabiendas

de la DEA y la CIA.

El tema del combate al narcotráfico por parte de ambas agencias (DEA y CIA), es bastante

sospechoso y deja algunas dudas al respecto. Entre algunas de las ambivalentes conductas que

presentan sendos organismos se destaca, por ejemplo, la actuación de la propia CIA a fín de evitar

la captura de los jefes del "cártel de Medellín" en julio de 1.984, y el respaldo prestado para

lograr la llegada de embarques con droga a su país de origen.

 

"En los archivos de la Oficina de Relaciones Internacionales del FBI no existe información alguna

sobre Alfredo Yabrán", dijo Wenceslao Bunge, vocero del empresario postal, cuando se le

preguntó acerca de los supuestos antecedentes del mismo a nivel internacional, mientras mostraba

-como aval de sus dichos-, un certificado emitido por la DEA el 16 de agosto de 1991 y un facsímil

mandado por el FBI el 17 de enero de 1.995 (que había sido solicitado por la embajada argentina

el 15 de diciembre de 1.994).

Para las personas que conocen la ambivalencia de la DEA y la credibilidad que se le puede dar, no

era de extrañar que no hubiera antecedentes de Yabrán en los archivos de la misma. Por otro lado

es lógico pensar que si estában investigando las actividades de Yabrán nunca lo hubiesen dicho

abiertamente, ya que habría colocado a la defensiva al sospechado empresario.

No obstante lo antedicho, esta particular situación fue aprovechada por voceros de Alfredo

Yabrán para desdibujar toda posibilidad de especulación sobre temas ilícitos que salpicarán el

"buen nombre" del mismo. Igualmente, otras fuentes señalan que Yabrán habría sido investigado

por la DEA, por enriquecerse tan rapidamente (y por otras cosas).

 

“La DEA sólo maneja información, no realiza operativos ni escuchas telefónicas”, esgrime la gente

de la Embajada de Estados Unidos en Argentina para tratar de evitar todas las miradas curiosas y

paranoias varias. Lo cierto es que en sus archivos ellos registran todo dato que les parece que

tenga que ver con narcotráfico o lavado de dinero del mismo. Todo está volcado en el archivo

central de la DEA con sede en El Paso, Texas. En ese preciso lugar, en medio del desierto se

levanta El Paso Intelligence Center (EPIC), una fortaleza infomática dónde convergen todos los

archivos de las 72 oficinas del citado organismo esparcidas por todo el mundo.

Lamentablemente y como decíamos al principio toda esta información sólo es utilizada en

contados casos y, en su gran mayoría, es negociada políticamente a cambio de su no difusión, la

que podrían producir verdaderos escándalos.

 

 

EL CONDOR PASA

 

Se puede decir que proyecto "Condor II" fue uno de los problemas de mayor controversia entre

los gobiernos de Argentina y Estados Unidos en el año 1.990. La creación por parte de los

militares argentinos de un misil con un alcance de 1.000/1.200 km, con una cabeza de hasta 500 kg

y posibilidades de cargar una ojiva nuclear, química y convencional no era algo que ayudara a

afianzar las "relaciones carnales" que estaban comenzando a evidenciarse entre el gobierno

norteamericano y "nosotros". El entonces embajador de E.E.U.U., Terence Todman hizo notar

con demasía la posición que obedecía su país en lo que a cuestion de "misiles" respecta,

comenzando a presionar (en el sentido más literal de la palabra) sobre distintos estamentos de

poder apoyándose en la potencial peligrosidad que tendría el Condor sobre la seguridad del

Estado hebreo; hablando con el Presidente Menem, pasando por los ministros Cavallo y Erman

González y llegando hasta distintos brigadieres y legisladores. No hace falta ser adivino para

conocer el resultado que tuvo el lobby efectuado por Todman: en 1.991 el Condor II había sido

desactivado; a pesar de la resistencia mostrada por parte de la Fuerza Aérea. Por lo menos, esa era

la imagen que había que dar ante los norteamericanos, ya que el proyecto Condor no había

concluído, sino que continuaba de manera secreta. Es más, la DEA y el Mossad (servicio de

inteligencia israelí), sostienen que el 10 % del dinero que ingresó vía bultos misteriosos por la

Aduana (ver Cap.3), fue destinado a la continuación del proyecto Condor II en Falda de El

Carmen (Córdoba).

El mismísimo Cavallo especuló en algún momento con la relación entre Yabrán y el Condor, a

través de aportes derivados de sacas de narcodólares ingresados por la Aduana de Ezeiza con el

objetivo de financiar el proyecto, sumando también algunos millones de dólares provenientes de

Egipto e Irak. (para ampliar el tema ver última parte del Cap. 10).

 

 

CONSERVANDO LA "LINEA"

 

"Esto no es nuevo. En la historia del correo existen varios casos de envíos postales con droga.

Desde Mar del Plata se mandaban postales con droga hacia España en los años '91 y '92",

denunció Abel Cuchietti el miércoles 23 de agosto de 1.995, agregando más polémica a un tema

que había sido destapado al público en esos días de manera poca sutil.

Por otro lado, Carlos Suárez, secretario del gremio telepostal A.A.T.R.A., confesó: "Pensamos

nosotros que se maneja el interés de la distribución de la droga a través de una ley que permitiría

a los sectores que manejan el vicio, tener una distribución medio oficial en todo el país. Tememos,

en un tema de esta naturaleza por la vida de todos los que nos oponemos". Respaldando esos

dichos, Jorge Soria (también de A.A.T.R.A), señaló que "de un tiempo a esta parte, ha habido

muchos atentados en el tema de correos".

De igual manera, pero conservando el anonimato, por miedo a represalias, un pequeño

empresario postal apareció en las pantallas de T.V. con la voz distorsionada y mostrando solo el

contorno de su cara, denunciando haber recibido llamadas telefónicas intimidándolo con un:

"abrite que sos boleta". También comentó que conocía casos de vuelcos de camionetas por "haber

quitado clientes"(sic), y de robo de bolsines. (Desgraciadamente el modus operandi siempre

coincide entre todos los hechos).

Según sus propios dichos y empujado por las amenazas recibidas, el anónimo empresario se

dirigió a la embajada de Estados Unidos a hacer la denuncia pertinente. Ahí mismo fue derivado

hacia el sector de la DEA en donde trató de asentar la denuncia de lo que sería un hecho político y

que, para la gente de la agencia, tenía una connotación bastante mayor. Los funcionarios de dicho

organismo le confesaron textualmente al empresario que "el Sr. Yabrán está siendo investigado

profundamente porque no hay una persona que se haya enriquecido en forma tan rápida. Tiene

todos los accesos al aeropuerto, tiene acceso a todos los medios de comunicación a través de su

red de correo privado".

En la última parte de su declaración, el intimado empresario confesó que esta actitud por parte de

la embajada "nos asustó mucho (a él y acompañante), porque nos pidieron llenar una serie de

datos muy comprometedores para nosotros, como cicatrices, caries; ya que muchos de sus

informantes han terminado muertos o han sido desaparecidos".

 

 

EL PRIMERO TE LO REGALAN...

 

El día 3 de mayo de 1997, la revista Noticias publicó una entrevista realizada a un ex gendarme,

Victor Pintos, especialzado en contrabando y narcotráfico. En la nota Pintos denunció, entre otras

cosas, una operación de narcotráfico vinculada con la gente de la firma Andreani. Textualmente

confesó: “Yo estaba detrás de un ex comisario de la Policía Bonaerense, Roberto “Piti” Catinari,

que tiene acceso a armas pesadas y contactos con la SIDE (...).Catinari tiene relación con personal

de la empresa Andreani involucrado en operaciones de narcotráfico desde Salta hacia la costa

bonaerense. El juzgado Federal Nº 2 de Morón me solicita en agosto de 1996 que investigue al

administrador general de transporte de Andreani en la ciudad de Salta y al encargado en la ciudad

de Tartagal, donde se armaban encomiendas con droga que venía desde Bolivia. Los cargamentos

bajaban a Santiago del Estero donde el nexo era Daniel Leguizamon, alias “ Tribilín”, un policía

de la línea del ex comisario Mario Rodríguez. “Tribilín” a su vez informaba de los cargamentos a

un comprador en Bs.Aires, que según las escuchas telefónicas que conseguimos era Catinari. A su

vez “Tribilín”, quería conseguir protección policial para pasar droga en las camionetas de

Andreani”.

Luego de estas y otras denuncias, Pintos fue víctima de un atentado. Tiempo antes había sido

exonerado de la fuerza a la que pertenecía.

 

 

LA MADRE PATRIA: CONEXIÓN EN ESPAÑA

 

Yabrán, junto a otros socios, parece haber logrado el control de Transportes Juncadella en 1982.

Hace ahora dos años que Juncadella está asociada con Prosegur Internacional, grupo cuya cabeza

es la española Prosegur SA, constituída en abril de 1976, pero en su origen Prosegur fue una

creación de Juncadella.

Desde un principio, el presidente de Prosegur fue un antiguo compañero suyo de trabajo en

Juncadella, tres años menor que él: Herberto Juan Gut Beltramo. Juntos comenzaron a hacer

fortuna con el gobierno de Isabel Perón y López Rega. La diferencia es que mientras Yabrán se

quedó en Argentina (hay versiones de que ese mismo año había debido salir apurado de Italia,

bajo una intensa presión de la DEA), Gut se marchó a España..

Herberto Gut había llegado a Juncadella después de haber sido empleado de Ciba-Geigy y de

trabajar luego tres años en Pittsburgh & Cardiff Coal, una proveedora de armamentos de la

Armada y el Ejército en la que también se desempeñaba el ingeniero Mauricio Schoklender.

A mediados de 1975, Gut le propuso a Amadeo Juncadella abrir una sucursal de la empresa en

España. No había en ese país ni por asomo una empresa que se dedicara al transporte de caudales,

ni a dar seguridad a las instituciones, bienes y personas o al transporte de caudales.

Y así fue como Gut aterrizó en Barcelona en noviembre de 1975, cuando tenía 28 años. Su patrón,

Amadeo Juncadella, le había dado algunos contactos, sobre todo con su primo catalán, el

poderoso industrial José María Juncadella Sallisachs. Y también con Juan Abelló, titular del

floreciente laboratorio Antibióticos, quien a su vez le presentó a Mario Conde, el presidente del

poderoso Banesto.

"Gut siempre contó que había llegado a España enviado por Amadeo Juncadella, un industrial

rioplatense muy bien relacionado con la familia catalana del mismo apellido", recuerdan en su

libro “Los cómplices de Mario Conde” los periodistas españoles Encarnación Pérez García y

Miguel Angel Nieto Solís (Temas de hoy, Madrid, 1993). Amadeo Juncadella le habría encargado

"a su joven ejecutivo que creara una filial española de la empresa", agregaron.

Pocos días antes, y como consecuencia de la protesta obrera que obligó a renunciar al ministro de

Economía del gobierno de Isabel Perón, su protegido Celestino Rodrigo, el ex ministro de

Bienestar Social José López Rega, había aterrizado en Barajas, convertido en embajador

itinerante sin destino y rodeado de un tumultuoso séquito de miembros de la Triple A.

Gut trabajó con eficacia, y así, el 14 de mayo de 1976, tres semanas después del golpe militar

encabezado por el entónces general Jorge Rafael Videla, nació Prosegur. La sociedad fue

bautizada por Rogelio Minobis, vicepresidente del Banco del Progreso, perteneciente al Grupo

March, que también participó de la fundación.

El presidente era el propio Gut, e integraban el directorio conspicuos representantes del

franquismo y la banca como Rogelio Guillaumez (testaferro de la Banca March) y Leopoldo

Rodes Castañes (en representación de la agencia de publicidad norteamericana BBDO). En cuanto

a las acciones, estaban repartidas entre la sociedad Gutbel (en obvia referencia a gut Beltramo),

José María Juncadella Sallisach, la Banca March, el Banco de Madrid y el mismo Gut, que se

había reservado el 16 por ciento.

Casi al mismo tiempo, en Madrid, López Rega y el ex ministro del franquismo, José María López

de Letona, fundaban una agencia de seguridad y vigilancia llamada Sass, donde encontró trabajo

la crema y nata de la Triple A argentina, entre ella, el subcomisario Eduardo Almirón, quien más

tarde (luego de hacer sus pinitos en la organización terrorista anti-ETA "Batallón Vasco-español")

conseguiría ser contratado como jefe de la custodia de Manuel Fraga Iribarne entónces líder de la

Alianza Popular (antecesora del hoy gobernante Partido Popular) y actual presidente de la

comunidad autónoma de Galicia.

Prosegur se convirtió en tiempo récord en la principal transportadora de caudales y servicios de

seguridad de España. Su primer contrato importante en la Madre Patria fue para custodiar la

quinta "Puerta de Hierro" en Madrid, donde había vivido sus años más felices el ex presidente

Juan Domingo Perón. La histórica casa, hoy demolida, había sido heredada por Isabel Perón, que

había sido detenida por los militares y pasaba sus días en una jaula de oro, recibiendo espaciadas

visitas del almirante Massera.

La filial barcelonesa de Juncadella pasó a ser también madrileña. Había sido elegida para ese

honor, por el juez federal Rafael Sarmiento, el mismo que tenía a su cargo la causa abierta contra

Isabel Martínez, y el mismo que interrogó a los ejecutivos de las Industrias Grassi y del Banco de

Hurlingham secuestrados en la guarnición de Campo de Mayo mientras Raúl Guglialminetti,

Sánchez Reisse y compañía los torturaban.

Por si aun cupiera alguna duda sobre los vínculos existentes entre Juncadella-Prosegur y los

servicios de inteligencia de la dictadura militar, baste recordar que la seguridad del Mundial de

Fútbol de 1978 corrió a cargo del Batallón 601 de Inteligencia de esa fuerza y que la copa del

mundo conquistada por el representativo local ante el holandés fue guardada, no en las bóvedas

del Banco Central, sino en el bunker de Juncadella.

La Copa del Mundo permaneció allí hasta 1982, cuando volvió a ponerse en juego en España,

donde los servicios de seguridad del mundial, ante las protestas de los desairados empresarios

locales, fueron confiados a... Prosegur, esta vez, se dijo, gracias a las recomendaciones de la

embajada argentina.

Curiosamente, durante la realización de los más importantes partidos del mundial ibérico, una

experta banda de delincuentes argentinos con inocultable aspecto porteño (de Barrio Norte), se

dedicó a saquear las mansiones vacías de los más exclusivos barrios de Barcelona y madrid.

Cuatro años antes, apenas terminado el mundial argentino, en España había sido conformada

otra subsidiaria del Grupo Juncadella, la empresa Afha, de actividades tan vastas e imprecisas que

se inscribió como "sociedad agraria, inmobiliaria, constructora y agencia de publicidad". Entre

los accionistas de Afha figuraban los hermanos Juncadella y el almirante Jorge Montes, por

entónces canciller de la dictadura.

El representante de Afha en España era el capitán de fragata Eduardo Aldao, amigo y compañero

de promoción del también capitán de fragata Carlos Carpintero, secretario de Prensa e

Información de la junta militar.

Afha firmó contratos con la fábrica estatal de explosivos Río Tinto y realizó grandes exportaciones

sin que luego se pudiera precisar cual había sido su destino final. Probablemente haya canalizado

exportaciones de armas españolas. Lo cierto es que, al llegar Felipe González al gobierno,

"afloraron las denuncias sobre blanqueo de dólares provenientes del narcotráfico y reinvertidos en

España", según escribieron los periodistas Ferrari y Ronzoni.

Algo importante había sucedido al terminar el mundial español de 1982: Gut le habia birlado a

sus patrones el control de Prosegur. Es más: había iniciado junto a su amigo Yabrán, la conquista

de Juncadella.

El periodista Juan Salinas se refirió a este proceso en “El otro Yo del Señor Yabrán”, publicado en

“El Nuevo Porteño” el 2 de octubre de 1996. Advertía que los investigadores judiciales españoles

investigaban la hipótesis de que Gut lavaba el dinero de Monzer Al Kassar y otros traficantes de

armas.

En el mismo sentido, el periodista argentino radicado en Barcelona Norberto Bermúdez, agregó

que en algunos de estos negocios Gut utilizaba un alías de raigambre masserista, “Comandante

Negro”.

Durante los primeros años, Gut mantuvo en Prosegur su posición de accionista minoritario, en

tanto que Amadeo Juncadella, en Buenos Aires seguía de lejos complacido la gestión de su joven

ejecutivo. Pero en 1982, la satisfacción de Juncadella se transformó súbitamente en preocupación.

Gut le dijo que quería comprar la parte de los Juncadella en Prosegur y hacerse con su control,

pero sólo le ofrecía pagar 100 millones de pesetas, el equivalente a su facturación anual.

Los hermanos Juncadella desestimaron la oferta de plano. No deseaban desprenderse de la

mayoría de la empresa, y menos entregársela a un joven empleado suyo. Ocurrió entónces algo

insólito: de la noche a la mañana, Gut elevó su oferta a 400 millones pagaderos al contado, y

consiguió hacerse con el 20 por ciento de las acciones en poder de March y el 20 por ciento del

Banco de Madrid. Con lo que obtuvo el control absoluto de la sociedad. Nadie sabe a ciencia

cierta de dónde provino el dinero, pero si se sabe que Gut negoció la operación en secreto con el

entónces consejero del Banco de Madrid, Enrique Moya, quién enseguida pasó a desempeñarse en

la presidencia del Instuto Nacional de la Industria (INI). Dos años más tarde, Moya ocupó la

presidencia de Prosegur por deseo expreso de Gut.

Ya con el control absoluto de la firma, Gut firmó un contrato de seguridad con Juan Abelló y

Mario Conde y su empresa pasó así a ocuparse en 1983 de la vigilancia del banquero y de todas

las filiales de Antibióticos. Para desesperación de la familia de Abelló, Gut y Conde terminarían

por quedarse con el laboratorio, el más importante de España.

Ya desde fines de 1982, Gut y Conde eran objetivo de especial vigilancia por parte del gobierno

socialista de Felipe González, que había logrado romper con más de cuatro décadas de

franquismo y postfranquismo. El gobierno había conformado para vigilarlos (no sólo a ellos, si no

a todos los grandes evasores) una sociedad anónima, Incresa, a modo de “task force”.

Prosegur estaba sospechada de evasiones multimillonarias de dinero en billetes, enviándolos

primero a las islas Canarias y desde allí al paraíso fiscal del Principado de Andorra, pero con el

correr de los años, las investigaciones fueron quedando en agua de borrajas.

Otra fue la suerte de Conde. El gobierno socialista encargó a la agencia norteamericana Kroll

Associates, conformada por ex agentes de la CIA, un seguimiento de las actividades de Conde. El

Informe Crillón resultante de estas investigaciones, está repleto de referencias a las vinculaciones

de Conde con Argentina y particularmente a los financistas Jorge Antonio y Jacques (Jacobo)

Hachuel, al Banco Shaw, al “círculo de Carlos Menem” y a Monzer Al Kassar.

Según el informe, Conde utilizaba estos vínculos para “el lavado de dinero procedente de

operaciones de droga y armamento”.

En diciembre de 1993 el Banco de España (emisor) intervino al Banesto, tras lo cual pudo

comprobar la “evaporación” de alrededor de 5.000 millones de dólares.

Conde y Hachuel -un argentino nacionalizado francés, socio y amigo de Jorge Antonio- fueron

condenados en marzo de 1996 en una causa secundaria, por apropiación indebida y falsedad de

documento mercantil.

Conde logró obtener la libertad provisional tras pagar una fianza de 14 millones de dólares a la

espera de ser juzgado por la causa principal. Sin embargo en febrero de 1998 fue nuvamente

detenido e internado por la policía en la prisión de máxima seguridad de Alcalá Mecó, tras ser

condenado a cuatro años de cárcel por la apropiación de cuatro millones de dólares, en el llamado

Caso Argentia.

El periodista argentino -radicado en Madrid- Ernesto Ekaizer escribió en El País (cuya jefatura de

redacción integra), que "durante sus años de Banesto, Conde vivió obsesionado con la idea de

poseer la información más amplia sobre personas y hechos heterogéneos" y que "montó una red

propia de empresas de seguridad" cuyos puntales fueron las firmas Protecsa y Prosegur.

Conde, explica Ekaizer, dio satisfacción a sus obesiones asesorado "por el financiero Jacques

Hachuel, quien le acercó un grupo selecto de agentes del Mossad israelí".

Ekaizer reveló que Hachuel le hacía llegar a Conde todos los días un minuta con las novedades

encontradas por sus servicios particulares de inteligencia. "La habilidad de Conde fue indiscutible:

en lugar de acudir a agentes locales indiscretos, que suelen vender y revender como por fotocopias

una misma información a diferentes clientes, contrató un equipo israelí".

Por otra parte, en su libro “Cortinas de humo”, Jorge Lanata y Joe Goldman relacionaron a

Conde con Hachuel (a quien describieron como "un argentino emigrado del barrio de Once") y a

ambos con Al Kassar y con el sirio-argentino Antonio, el principal financista de Juan Perón

durante su largo exilio madrileño.

Conde, Hachuel y Cía. se especializaron en filtrar a la prensa informes robados al CESID (Centro

de Estudios Superiores de Inteligencia para la Defensa, el espionaje español) por el coronel Juan

Alberto Perote; alentar “guerra sucias”; usar servicios de seguridad privados para todo tipo de

tareas y desparramar coimas a troche y moche en procura de comprometer al gobierno español, e

incluso al propio Rey Juan Carlos (cuyas conversaciones telefónicas no tuvieron empacho en

interceptar y grabar) en complicidades mutuas que les garantizaran impunidad y olvido.

Pero, a pesar de todo, fueron detenidos y enjuiciados.

 

Es en este contexto que entre 1982 y 1983, la misma manguera que había servido para succionar

dinero desde la Argentina comenzó a escupirlo, alimentando las arcas de empresas de transportes

de caudales y de los correos privados, que florecían como hongos luego de la lluvia.

Ferrari y Ronzoni puntualizaron que "a partir de 1983, el ciclo se invirtió y aquellos dineros que

se habían multiplicado en la península ibérica comenzaron a volver a la Argentina. Gran parte de

ellos ingresó a los paquetes accionarios de las transportadoras de caudales. Si hay una certeza,

ésta es que hubo una inyección de capital proveniente del exterior capaz de transformar a

empresitas que a veces ni siquiera podían pagar el alquiler de sus locales en firmas tan prósperas

que en pocos meses adquirieron flotillas de camiones y camionetas y se trasladaron a confortables

oficinas propias".

Los mismos periodistas agregaban un dato muy sugestivo: los voceros del Grupo Juncadella

justificaban tan fulgurante prosperidad porque, decían al unísono, habrían recibido copiosísimas

"inversiones árabes".

¿Qué otros elementos habían pesado para que el sentido del flujo de dinero se invirtiera? También

que a partir de 1982 y casi hasta comenzar 1984, en el último gobierno militar, del general

Bignone, tenía una enorme influencia Carlos Bulgheroni, un empresario afín a Yabrán. Y, por

otra parte, las relaciones entre los Estados Unidos y Siria eran pésimas, hasta el punto de que el 23

de octubre de 1983 un coche-bomba del Hezbollah atentó contra el cuartel general de las Marines

norteamericanos en Beirut, con un saldo de 239 muertos, y a comienzos de diciembre aviones

estadounidenses atacaron las posiciones del ejército sirio en el Líbano tras acusar a Damasco de

haber patrocinado aquél ataque.

No hacía una semana que el escritor y periodista Miguel Bonasso se había ocupado nuevamente

del misterioso Gut (del que en Argentina seguía sin conocerse siquiera una foto) en Página/12

cuando, el 31 de mayo de 1997, el supuesto “Comandante Negro” murió en un accidente

automovilístico en la carretera nacional 1 de España que une a Madrid con Burgos a la altura del

Km. 70, cerca del pueblo de Loyozuela.

Para entónces, Gut también era el vicepresidente de la argentina Prosegur-Protección Activa SA,

firma que, asociada a Juncadella, se había instalado entre 1995 y 1996 en los cuatro países

asociados en el Mercosur y, de yapa, obtenido un sabroso contrato para modernizar y mantener

los equipos de comunicaciones de las policías federal y bonaerense. Una sigilosa privatización de

hecho.

 

El 5 de octubre de 1996, el jefe de la PFA, comisario Pelacchi convocó a una conferencia de prensa

en el microcine del Departamento de Policía para presentar sendos sistemas pagos de alarma (para

comercios y hogares y para localización de vehículos) disponibles para quien pueda pagarlos a

razón de 40 pesos cada uno -si se trata de un particular- o de 80 pesos si se pretende el disfrute de

tal protección para comercios, industrias o flotas de camiones.

Acompañaba a Pelacchi el ingeniero Daniel Fernandez Damiani, de la ignota firma Localizer SA

de supuesto origen estadounidense. Pelacchi dijo, para justificar la asociación entre la PFA y la

empresa, que "una institución estatal no puede ni debe invertir sus escasos recursos en desarrollos

tecnológicos que pueden ser costeados con inversión de riesgo a cargo de una empresa privada".

Esta asociación "le permite a la PFA incorporar tecnología de punta, de manera que los vecinos

que menos recursos puedan beneficiarse con el sistema", aseguró.

Mientras el público presente se estrujaba los sesos tratando de entender de que manera podían

beneficiarse los vecinos pobres de que los vecinos ricos tuvieran una manera infinitamente más

rápida y eficaz de relacionarse con la policía que acudir a la comisaría, tomó la palabra Fernández

Damiani, quien dijo que el sistema estaba conectado a "dos constelaciones satelitales que

permiten localizar vehículos en movimiento y trasmitir su posición al Comando Radioléctrico",

sistema que ya funciona en varias ciudades de los Estados Unidos.

En cuanto a las alarmas domiciliarias, Fernández Damiani aseguró que una vez que el sistema se

activa, las computadoras de la empresa automáticamente identifican el código y retrasmiten el

aviso al Departamento Central, de manera que la policía pueda enviar de inmediato un patrullero

al lugar.

En resumidas cuentas: lo mismo que se lograba llamando al Comando Radioeléctrico, pero sin

tener que dar explicaciones. El policía y el ejecutivo afirmaron luego que "en un futuro

inmediato", quienes instalasen el sistema podrían beneficiarse con la detección de ladrones u otros

intrusos que ingresen a sus viviendas o comercios cuando ellos no están.

Cuando decían "un futuro inmediato" no exageraban. Apenas tres días más tarde, en un

suplemento de Clarín dedicado a conmemorar el centésimo aniversario del nacimiento de Juan

Perón, bajo el lema "vigilancia inteligente", salió un aviso de media página promocionando un

sistema similar, llamado "Protección Activa".

"Antes de que el ladrón de un paso, ya estamos llamando a la policía", decía. "En el mismo

momento en que un extraño irrumpa en su casa, una alarma empezará a sonar dentro del

domicilio y el detector enviará una señal a la computadora de la Central, donde nuestro personal

actuará de inmediato comunicándose con usted, llamando a la policía y con nuestro exclusivo

Sistema de Asistencia Inmediata, enviando un movil de Prosegur a su propio domicilio",

continuaba.

El aviso, firmado por Juncadella-Prosegur Internacional, solamente adelantaba que la dichosa

central estaba atendida por "profesionales". Daba, por fin, los números de teléfono para

comunicarse con un "centro de atención al cliente" y suscribirse al prodigio: 585-6203/9.

Por curiosidad, Juan Salinas llamó para preguntar si el servicio que ofrecía Juncadella-Prosegur

era el mismo que había anunciado el jefe de la Policía Federal. Ya era de noche, y el hombre que

lo atendió, respondió "Afirmativo, si quiere abonarse, deben llamar mañana por la mañana".

La aparición del primer número del mensuario “La Federal”, órgano de la PFA financiado por

Yabrán, Amalita Fortabat y otros empresarios, permitió completar la información. Explicaba que

el sistema promocionado fue desarrollado "en el país por Localizer SA y Sky Cop SA", cuyo

titular es otro Fernández Damiani, en este caso Néstor, quién dijo que Sky Cop es "una empresa

argentina, integrada por Localizer SA, quién provee toda la tecnología, y un grupo de inversores"

a los que no identificó.

En esta ocasión, y superando largamente lo afirmado por su jefe, el órgano de la PFA sostuvo que

el sistema utiliza no dos, sino "28 satélites que orbitan la Tierra a 18 mil kilómetros de altura,

lanzados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos", lo que le "permite brindar una

seguridad absoluta, no sólo a las patrullas policiales, sino a todos los vehículos abonados, sean de

transporte público de pasajeros, de mercancías de valor, servicios de distribución, etc." y que "el

tiempo de llegada (de la policía) ante una emergencia es de un promedio de tres minutos".

"Este emprendimiento puede considerarse único en el mundo" se enfervorizó Fernández Damiani

II. "Si bien existen empresas dedicadas a la seguridad que cuentan con sistemas de alarmas, en

nuestro caso, la aplicación masiva y la interacción con la Policía Federal y la bonaerense nos

diferencia..."

¿Hasta que punto llega la imbricación entre la PFA y estas empresas privadas? El presidente de

Sky Coop dijo que las señales de alarma ingresan "al Centro Digital de Localización de Señales

instalado por Sky Cop en el Comando Radioeléctrico" por lo que "la implementación de nuestro

servicio proporciona un doble servicio de prestación por parte de la Policía Federal" al añadírsele

"la asistencia empresaria que permite conocer a nuestros abonados".

"Nuestra intención es la de abarcar todas las rutas del país, para lo cual ya fue instalada en el

Comando Radioeléctrico una 'estación de Control Nacional'. En un futuro, pensamos extendernos

más allá de nuestras fronteras", adelantó Fernández Damiani II. Gracias a esta asociación, la PFA

"tiene equipos tan modernos que pueden seguir por satélite un camión hasta Brasil", remató

Pelacchi. Es bueno señalar la coincidencia de que Juncadella-Prosegur funciona en Argentina,

Uruguay y Chile y acaba de establecerse en Brasil. (tiene 10 filiales en Brasil según Ferrari)

El órgano de la PFA invitaba a visitar en el Departamento Central la "sala de situaciones" de la

Dirección General de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad Metrolitana y apreciar "su

moderno sistema radial y de video, ambos enlazados por microondas y móviles". A partir de fines

de 1994, añadía, "esta dependencia cuenta con rastreo satelital que le permite conocer de manera

inmediata la ubicación de todos los patrulleros en la Capital" y el auxilio de una "cámara de

video con lente infrarrojo (que puede filmar de noche) instalada en un helicóptero que se comanda

por medio de una computadora desde el interior de la aeronave".

Contar con dicha cámara, se ufanó Pelacchi en un programa de televisión, así como la adquisición

de una novísima central telefónica a la francesa Secom, fue posible gracias a sendas donaciones.

También dijo que gracias a otra donación la PFA pudo adquirir por medio millón de dólares una

computadora que hace identikits y los coteja electrónicamente, y en la contratapa del primer

número de La Federal se informa de la reciente adquisición, también en Francia y por medio

milón de dólares, de una supercomputadora que procesa un Sistema Automático de Identificación

de Impresiones Digitales (AFIS en sus siglas inglesas). Como Pelacchi decía que a la PFA no le

sobraba un peso, debía suponerse que también esa compra era posible gracias a una donación

desinteresada.

 

Curiosamente, además de Juncadella-Prosegur Internacional, hay otra empresa, subsidiaria de

aquella, que tampoco es reivindicada por la PFA aunque es obvio que trabaja en sociedad con

ella. Se trata de Protección Activa SA, de la que su gerente general, Gustavo Hemadi, informó que

tiene casa matriz en Madrid y que se instaló en Argentina en septiembre de 1995, es decir un mes

antes de que Pelacchi y Fernández Damiani I anunciaran que quién quiera contar con seguridad

para sus casas o negocios deberá oblar de aquí en más un mínimo de 400 pesos mensuales, suma

que ronda los 500 si se pretende que tras sonar la alarma, acuda un vehículo de vigiladores a ver

qué pasa.

Como en el caso de Localizer, Skycop y sus padres Juncadella-Prosegur Internacional, Protección

Activa ofrece sistemas electrónicos de seguridad conectados a una estación central de monitoreo.

Y al igual que sus progenitoras afirma contar con una flotilla de móviles prestos para partir a los

domicilios o propiedades de sus clientes si los sensores infrarrojos detectan algún cambio de

temperatura. Los tripulantes, aclara Hemadi, "van equipados con radios para informar lo que esté

pasando pero no están armados".

 

La promoción del nuevo sistema de alarmas tuvo sus costados grotescos. Para vender alarmas, es

obvio, es necesario que la intranquilidad cunda entre la población. Así, muy poco después de

aquél anuncio, el Comando Radioeléctrico sostuvo que "la Capital Federal registra un promedio

de tres asaltos por hora", lo que de ser cierto redondearía un total anual de 27 mil casos. El

problema es que casi al mismo tiempo la Dirección de Operaciones de la propia PFA ofreció una

estadística según la cuál en 1994 se denunciaron exactamente 5.029 robos a domicilios particulares

y comercios en la ciudad de Buenos Aires.

Cuando una periodista de Clarín consultó sobre esta contradicción al jefe del Comando

Radioeléctrico, comisario Julio Díaz, éste respondió impertérrito: "ratifico mis números" y su

superior, el comisario Rodolfo Segovia, jefe del Departamento de Orden Público, filosofó que "las

estadísticas son como la sensación térmica, nunca terminan de reflejar la realidad".

En síntesis: el Comando radioeléctrico y el DOP desautorizaron a la Dirección de Operaciones

Criminales de la propia PFA, que es la encargada de confeccionar las estadísticas oficiales. Donde

ésta compatibiliza un robo, aquellos cuentan 5,3.

Clarín informó que la Policía se queda con el 30 por ciento de la cuota que pagan los propietarios

de los locales que se adhieren al sistema de alarmas. También consultó a un ingeniero electrónico

que estimó que el sistema no era eficaz. "Muchas veces los sensores se activan a pesar de que

quien se pasea por el living no es un ladrón, sino un gato, un perro o una rata" y los sensores

suelen sonar "ante cualquier cambio de temperatura captado en el ambiente atravesado por los

rayos infrarrojos e incluso algunos se activan cuando se abre una ventana y entra una corriente de

aire", explicó el experto.

En estas circunstancias, resultó lógico que las mentes malintencionadas dieran por supuesto que de

lo que se trataba era de vender protección, sí, sólo que con comillas: esa “protección” que hace

que, si uno deja de pagarla, es muy probable que le roben.

 

Tras la muerte de Gut Beltramo, la jefa de prensa de Prosegur de España, Maite Alba, vino a

Buenos Aires a argumentar que su jefe fallecido era una excelente persona, y la empresa de primer

nivel. Para entónces, Prosegur se había vuelto asociar a Juncadella, y los camiones de transporte

de caudales llevan los nombres de ambas empresas, mientras que los custodios habían pasado a

ser exclusivamente de Prosegur. Y el jefe de seguridad de Juncadella-Prosegur era el comisario

Oscar Rossi, alías Coco, un viejo allegado a Yabrán.

“Durante todos estos años, Gut y Juncadella fueron cada uno por su lado, pero ahora que Gut

murió, hemos vuelto al primer amor”, explicó Alba. Y en un momento se sinceró: “Yo fue la

secretaria de Gut durante muchos años, y te aseguró que jamás me enteré que lavara dinero, pero

aún si fuera así, ha pasado mucho agua debajo de los puentes y ahora somos una empresa

transparente, que cotiza en bolsa y de la que viven 7.000 mil familias”.

Meses después, Maite Alba renunció a su trabajo.

Uno de los autores estuvo hace poco con el gerente de Prosegur Argentina, Ramiro Vall, quién

insiste que las cuentas de la empresa están claras como el agua. Pero en este tiempo, custodios de

Prosegur bajaron de los camiones de Juncadella a los tiros, hirieron a un niño de un balazo en la

cabeza y resultó que ni siquiera tenían permiso de portación de armas.

Antes, en marzo e 1997, una camioneta de Juncadella-Prosegur fue asaltada en Ciudad del Este. El

robo de dinero habría ascendido a 10 millones de dólares. El periodista paraguayo Mario Orcinoli,

que investigó el caso, asegura que la compañía no pudo demostrar el origen del dinero.

Otro periodista, Hernán López Echagüe, quién pasó una larga temporada en Ciudad del Este para

documentarse y escribir su libro La Frontera (Planeta, 1997) se interesó en el tema y obtuvo

información de primera agua.

López Echagüe se enteró de que los camiones de Prosegur pasaban de Ciudad del Este a Foz de

Iguaçú sin ser controlados. “Párese en el Puente de la Amistad un rato nomás y fíjese como

pasan”, lo desafió un poblador. Así fue como el periodista pudo ver como la tripulación de uno de

los camiones de Prosegur retiraba sacas repletas de papeles u otros objetos de negocios de poca

monta y los vió cruzar el puente internacional sin ser revisados. Una y otra vez.

Llamó entónces a Prosegur de Brasil. Lo atendió una voz femenina, a la que le preguntó por el

gerente comercial, “Walter Kufter, de parte de Wenceslao Bunge”.

 

Oper.: “-Ahh..! ¿Del señor Wen? Un minuto, por gentileza...”

Walter Kufter: “-Alooo ¿Wen?”

L.E.: “-No, soy un conocido de él. Martínez es mi apellido, señor Kufter. Lo llamo porque estoy a

punto de concretar unos negocios en Ciudad del Este... Y bueno, el señor Bunge me ha dicho que

ustedes son las personas indicadas para realizar una serie de traslados de papelería...”

W.K.: “-¿Desde Ciudad del Este hacia donde, señor?”

L.E.: “-Hacia el Brasil y también hacia la Argentina. Papeles, señor Kufter, muchos papeles,

¿comprende?”

W.K.: “-Entiendo, entiendo. Mucho papel, claro, claro. ¿Va a necesitar el servicio una sola vez o

serán varios traslados, señor?”

L.E.: “-Si todo sale bien, serán varios. Todo dependerá de los controles...”

W.K.: “-Usted olvídese de los controles, señor. Con Prosegur sale todo bien...Wen ya le habrá

hablado de nuestra responsabilidad.(...) Le pido que nos visite aquí, en Curitiba. Hay detalles que

debemos hablar personalmente.”

L.E.: “-¡Por supuesto!”

W.K.: “-Mande mis saludos a Wen y para el Sr. Yabrán.”

 

 

BUENOS MUCHACHOS

 

“Los líderes del narcotráfico eligieron otros puntos de américa para producir y se cambió el

circuito de la droga. Había que conseguir nuevos territorios.(...) La droga de Perú y de Bolivia

sale por Argentina. Para eso se necesita una gran organización, compañías de transporte, aéreas y

de navegación, compañías de transporte de caudales. Esta gran organización se fue ampliando en

la Argentina”, confesó Jacobo Timerman a la revista NOTICIAS, el 2 de junio de 1991.

Como hemos comentado en capítulos anteriores, el día 28 de junio de 1975, Alfredo Yabrán pasó

de ser empleado de OCASA a dueño de la mayoría de acciones. Coincidentemente, Mario Caserta,

otro de los empleados de dicha empresa (que trabajó como operador privado de López Rega), se

abrió también de la empresa y fundó Tab Torres, una importante empresa recaudadora de

caudales que aparecería vinculada en el Yomagate veinte años después. Otra de las coincidencias

de ambos es que, al igual que su ex compañero de trabajo, Caserta tenía muy buena llegada a

brigadieres de la Fuerza Aérea.

El mismo Caserta fue quien canalizó el aporte que hizo Yabrán para la campaña de Carlos

Menem, junto a Mario Rotundo que era el recaudador oficial de los fondos.

Al poco tiempo de llegar Menem a la Presidencia, Mario Caserta se enemistó con Yabrán,

aparentemente por sus deseos cruzados de controlar el transporte de valores. Algunos creen que

esta pelea fue el detonante para que fuera el único en purgar condena por el Narcogate. Poco

antes de ser detenido y como presidente Federal de Agua Potable, Caserta había emitido un

comunicado en el que responsabilizaba de su caída a “personajes vinculados a investigaciones que

ordené a pedido de otros funcionarios del Gobierno, cuando descubrí contratos y prebendas que

entregaron el ciento por ciento del poder de transporte nacional de sacas, encomiendas y

correspodencia a empresas que hoy son monopólicas y que han dejado nuestro correo

desmantelado, vaciado”.

Mario Caserta nunca le perdonó a Yabrán que en las vísperas del Narcogate, éste le hubiera dado

asilo a Ibrahim al Ibrahim en su estancia de Entre Ríos, de donde luego escapó hacia el exterior,

permaneciendo prófugo. Caserta estuvo entónces a punto de contar todo lo que sabía, pero lo

convencieron de que era mejor pasar unos años en la carcel y poder seguir su vida en paz.

Unos meses después de haber salido en libertad, Caserta sufrió un grave accidente automovilístico

cuando iba a La Plata a entrevistarse con el Gobernador Duhalde.

 

 

MERCASUR

 

Desde hace varios años venimos escuchando hablar en demasía de los cárteles colombianos de la

droga, sobre todo la cocaína. Nunca se trató realmente de un cártel, sino más bien de un conjunto

indeterminado de familias e individuos que trabajan, no para establecer precios, sino para

asegurar una alta tasa de entrega a los mercados de cocaína de todo el mundo. Estas familias de la

droga, que han manejado grandes ciudades como Medellín y Cali, dominan el comercio de la

marihuana y cocaína, llevando corrupción y violencia a varias ciudades que superan las fronteras

de Colombia.

A fines de los años ’80 y luego de utilizar el mismo camino durante tantísimos años para el tráfico

de drogas hacia otros países, el cártel de Cali necesitó modificar el recorrido. Para ello pensó en

Chile, país que regresaba a la democracia y abría su economía, dos hechos que ayudaban a

proyectar el negocio. Pero había otros dos problemas: la envergadura del país y la transparencia

que querían dar a sus operaciones comerciales harían notar visiblemente las sumas de dinero

injustificado. Entónces miraron hacia Argentina. Sus políticas y economías regionales anacrónicas

y poderosas y una clase política corrompible en la medida en que se financiaran sus campañas,

eran el caldo de cultivo que necesitaban.

A principios de los noventa, Argentina ya era país de tránsito (y, porque no decirlo, de consumo

también), y los cárteles de la droga buscaron aliados dentro de nuestro país. Según la periodista

Gabriela Cerrutti, Alfredo Yabrán se convertía en ese sentido en una pieza clave para el transporte

de droga a través del territorio nacional y permitir su salida a través de la Aduana de Buenos

Aires y Ezeiza.

Yabrán ofrecía todo lo necesario para lograr ese fin: empresas de transporte de correspondencia,

de transporte de caudales, de asistencia de rampa a aviones, control de los depósitos fiscales, y

más.

Al mismo tiempo ofrecía vínculos muy importantes: políticos de primera línea, gente de la cúpula

de gendarmería, brigadieres de la Fuerza Aérea, Ibrahim Al Ibrahim en Ezeiza y el brigadier

Echegoyen en la Aduana.

Pero no todo iba a ser color de rosa. Existia incompatibilidad de negocios con la policía

bonaerense: es que para que un país sirva de tránsito para la droga, no puede ser de consumo al

mismo tiempo, y la policía distribuía en toda la costa y Gran Buenos Aires.

Por otro lado existían dos escollos más imposibles de superar. Uno tenía que ver con la

triangulación de armas que involucraba a figuras del Gobierno y personajes como Monzer Al

Kassar, quienes necesitaban la infraestructura de Yabrán. El otro problema era Siria, que, a través

de Ibrahim Al Ibrahim, necesitaba lavar dinero de la venta de heroína para su envío a Estados

Unidos y también entorpecía a los otros negocios. Sobre todo teniendo en cuenta que la guerra

entre los distribuidores de cocaína y de heroína en el mundo es cada vez más dura.

Un ex ministro, que conoció muchísimo a Carlos Menem declaró sobre este tema de superposición

de intereses que: “Menem dejó que Mario Rotundo le prometiera a Muhamar Kadafi que le iban a

vender el Condor mientras Cavallo le prometía a Estados Unidos que lo iban a desarmar. Y esto

sucedía en dos habitaciones del mismo hotel. Con mentalidad árabe, pateó la cosa para adelante

todo lo que pudo y cuando Estados Unidos apretó mucho, terminó diciéndoles a los hombres de

Kadafi que él no lo conocía a Rotundo. Con los sirios y los colombianos hicieron lo mismo.

Hablaron todos en nombre de todos, revibieron plata para la campaña, se comprometieron a

millones de cosas y después los traicionaron, no cumplieron, cumplieron a medias, hasta que se

encontraron en medio de una guerra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6: la mafia. "Durante varias décadas los gobiernos han participado en el tráfico de

drogas. Eso significa que el narco-terrorismo se ha convertido en un fenómeno patrocinado por el

Estado".

 

Rachel Ehrenfeld.

Periodista

 

 

 

 

 

 

 

EL PRIMER MUNDO

 

El martes 26 de septiembre de 1.995 a las 10 de la mañana, en el aula-bunker de Ucciardone

(Sicilia), comenzaba "el proceso del siglo" contra el varias veces ex-primer ministro democristiano

Giulio Andreotti por el cargo de "mafioso", apoyado por 134 puntos contenidos en 6.000 carillas

presentadas por un grupo de fiscales de Palermo.

Giulio Andreotti, abogado, padre de cuatro hijos, fue siete veces jefe de gobierno y, en otras 21

ocasiones, ministro de múltiples carteras: Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda, Industria,

Tesoro e Interior. Amigo personal de algunos Papas: desde Pio XII a Juan Pablo II, ha recibido

once lauros Honoris Causa y ha publicado 19 libros. Los fiscales lo acusan de tener estrechos

vínculos con la mafia y estar relacionado con algunos episodios bastante graves en la historia

italiana, tales como el secuestro de Aldo Moro por las Brigadas Rojas; el asesinato del general

Carlo Dalla Chiesa por parte de la mafia en 1.982; su amistad con el banquero de la mafia Michele

Sindona; y su vínculo con Licio Gelli, delincuente y gran maestre de la logia masónica

Propaganda 2.

En el jucio más impresionante de la historia italiana se convocaron a declarar a 116 testigos a

favor de Andreotti y a 400 personas presentadas por la acusación, muchos de ellos "padrinos" de

la mafia, y se estima que el juicio durará más de dos años debido a la cantidad de gente a escuchar

y la montaña de documentos y folios judiciales a consultar.

La decisión de los magistrados milaneses creó las condiciones judiciales para que pudieran resultar

evidenciados los hechos ilegales de Tangentopoli.El mérito histórico de los magistrados de Mani

pulite ha sido no sólo y no tanto haberse llevado por delante una clase política corrupta, sino el

haber rehabilitado en su país el principio de subordinación del poder público a la Ley, sobre el

que se apoya no solo el Estado de Derecho, sino también la democracia. Una legalidad que vale

tanto para los poderes públicos como para el sector privado. Los intereses públicos no pueden ser

vendidos por quienes tienen la obligación de custodiarlos, pero tampoco pueden ser adquiridos

por particulares.

Nuestro país se caracteriza por una carencia estructural de independencia del Poder Judicial en

causas donde se investigan delitos de corrupción, el crimen organizado, abusos del poder político

y económico que se ve reflejada en una marcada impunidad de ciertos sectores del segmento

político, empresarial, eclesiástico, sindical y militar ligados al poder, que no solo debilitan la

construcción democrática, sino que además privan a los ciudadanos del derecho a la verdad y la

justicia.

Durante los últimos años ha crecido con carácteristicas alarmantes la demanda de seguridad

jurídica en nuestro país y, como lo señalara la Conferencia Episcopal Católica " la sensación de

vivir sin ley o de poder modificarla para servir intereses sectoriales facilita la corrupción pública y

privada, crea una incredulidad generalizada, de temor frente a los demás, e impotencia y angustia

que impide la formación de un espíritu solidario y fraterno....frente a un estado de ánimo que

lleva a pensar la imposibilidad de superar la impunidad, es necesario renovar la confianza en las

instituciones judiciales. Ese es nuestro compromiso, aunque sabemos que libramos esta ‘batalla’

desde una posición desventajosa, también sabemos que no todos somo iguales ante la ley, ni

tenemos las mismas posibilidades de acceso a la justicia. Pero eso poco importa cuando se tiene el

espíritu fuerte y por único objetivo la verdad y la justicia”.

En fín, tenemos la voluntad y el deseo esperanzado de que este proceso que vive Italia nos

contagie un poco y podamos comenzar a investigar en serio a todos aquellos que parecen

"intocables" y que creen que pueden hacer lo que les plazca con total impunidad amparados por

funcionarios corruptos.

 

Cuando el juez italiano Giovanni Falcone, gran investigador de las mafias (y que murió asesinado

luego de haber decabezado a la poderosísima "Cosa Nostra", en el famoso "Juicio del Siglo"),

visitó la Argentina en el año 1.992, luego de entrevistarse con Carlos Menem, declaró que "(a

Menem) solo le interesa que lleguen inversiones, sin preguntar de donde viene la plata".

"La mafia, la corrupción política...todas son parte de lo mismo. Nacen porque no existe un Estado

fuerte, y se convierten ellas mismas en un Estado. Tienen territorio, poder y leyes propias", agregó

el juez en otra parte de sus declaraciones y en obvia connotación hacia nuestro país, sin saber que

sería absurdamente asesinado pocos meses después por la mafia mientras manejaba su automovil

por una autopista del sur de Italia. Irreparable pérdida.

 

 

ARGENTINISIMA

 

Cuando los muchachos finalizaron su tarea en la privatización de Agua y Energía Eléctrica S.E.

comenzaron a diseñar unos días de descanso. No tuvieron suerte. Su Jefe quedó tan satisfecho con

el trabajo que habían realizado que en mayo de 1993 designó a Haroldo Grisanti (presidente) y

Alfredo Castañón (vice-presidente) al frente del ENCOTESA. Una experiencia que seguramente no

olvidarán facilmente. El mercado postal estaba totalmente regulado y cartelizado y el Correo

Estatal no podía prestar ningún servicio con seriedad.

Cuando se hicieron cargo del correo regía la antigua ley que creaba un monopolio postal, y

además autorizaba a ENCOTEL a otorgar permisos para servicios ocasionales o excepcionales,

con carácter muy restrictivo, regulando normas, creando zonas, en definitiva generando presiones

para que no pudieran ingresar nuevos permisionarios. Este sistema normativo con Vacalluzzo al

frente de la entidad era totalmente funcional al "grupo", al que le permitían monopolizar todo el

sector privado. A tal punto era así que en el año 1991 les fueron renovados los permisos vigentes a

partir de 1995 por 5 años más, con lo cual el derecho que tenían las empresas del Grupo Yabrán

vencía recién en el año 2000.

En junio de ese año comenzaría a cambiar la historia, cuya transformación, más allá del correo,

generó un impacto importante en otros niveles sociales, económicos e institucionales. Alfredo

Castañon y Pablo Rojo comenzaron a diseñar lo que luego sería el Decreto Nº 1187/93 firmado

por Menem y Cavallo.

Como el monopolio postal era un privilegio y la Ley de Reforma del Estado facultaba al Poder

Ejecutivo a dictar Decretos derogando cualquier tipo de ventaja; a través del 1187/93, se derogó el

privilegio postal. El mismo decreto le quita a ENCOTESA el manejo de la renta postal. Antes del

dictado del mismo, los permisionarios (pertenecientes al "grupo Yabran") por cada carta que

distribuían debían pagar el equivalente a una carta simple en concepto de renta postal. El nuevo

Decreto de desregulación eliminaba la "tasa postal" e imponía un sistema muy simple que

permitía ingresar en el mercado a las pequeñas y medianas empresas cumpliendo con requisitos

mínimos, ya que hasta el momento operaban como piratas. Por otro lado, pagando 5.000 pesos

anuales se podían inscribir en la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos como prestadoras de

servicios postales.

Asimismo el Decreto imponía a ENCOTESA la obligación de prestar el servicio postal universal en

todo el país, al maximo de $1 (1 peso) la carta simple.

Por último ordena a todos los Entes Públicos dependientes de la Administración Central y Entes

Autárquicos, y a la Municipalidad de Buenos Aires que todavía no era ciudad autónoma, a

contratar obligatoriamente al correo del Estado en forma directa.

Esta reforma no solo significó un cambio sustancial al régimen vigente, sino que afectó

directamente los intereses del "grupo", pues al legalizar las empresas piratas se licuó el monopolio

de las sociedades de Yabrán que cobraba $ 3,50 por carta contra $ 0,75 del correo estatal.

También dejaban de percibir un importante margen de ganancia al conceder al ENCOTESA un

mercado cautivo integrado por grandes reparticiones del Estado (la DGI y el Banco Hipotecario

nacional entre ellas).

Frente a una situación que perjudicaba directamente a los intereses del “Grupo”, Yabrán

reacciona rápidamente e intenta bloquear la vigencia de la nueva regulación interponiendo

numerosos recursos de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, argumentando

que la nueva normativa “no permitía la competencia”, disputa que tuvo como epílogo la

declaración de inconstitucional del Decreto 1187/93.

Ante una situación que estaba generando graves dificultades en el funcionamiento del correo y

para sortear el escenario creado por el "Grupo", en octubre del mismo año Cavallo dicta el

Decreto 2247. El sentido de este nuevo Decreto era la de generar condiciones de mercado que

consolidaran la competencia y la desregulación postal que en los hechos rindió sus frutos con una

baja abrupta de los precios.

El otro dato sobresaliente es que este decreto habilitaba a ENCOTESA a participar en todas las

licitaciones que dependían del Estado -cuando la práctica común en la administración pública era

la de excluir al correo oficial- en condiciones de igualdad sin que se pudiera limitar la posibilidad

de su presentación.

El mercado postal se iba normalizando y ENCOTESA ya estaba en condiciones de brindar un

buen servicio. El yabranismo había pérdido el control del correo oficial, carecía de mecanísmos

para debilitarlo y no podía formalizar contrataciones del servicio de distribución a su antojo. El

vicepresidente de ENCOTESA, Castañon manifestó que cuando se hicieron cargo del Correo no

habían podido participar en varias licitaciones por no tener los camiones necesarios para la

distribución, pero lo paradójico es que no los tenían porque eran subcontratados por las

sociedades de Yabrán. Uno de los casos más elocuentes fue la intervención del ministro Cavallo

para conseguir la adjudicación del servicio de distribución de las chequeras de pago del Banco

Hipotecario Nacional a favor del ENCOTESA frente a otros oferentes en la licitación (OCA,

OCASA, SKYCAB). Esto dió lugar a que Alejandro Octavio Barassi, en representación de

OCASA, acusara a Cavallo, como ministro, de maniobras que el querellante interpretaba como

persecutorias. La causa quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y

Correccional Federal, N 12, Secretaría N 23, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide. En los hechos

ENCOTESA impugna las cláusulas restrictivas colocadas por el Banco Hipotecario Nacional en el

pliego de licitación referente a la contratación del servicio de distribución de chequeras. Uno de los

puntos se relacionaba con la exigencia de la entrega de la correspondencia en un plazo de 48 horas

para Capital Federal y Gran Buenos Aires y de 72 horas para el resto del país. En la práctica

OCASA no cumplía esos plazos dado que parte de los envíos eran remitidos a traves del servicio

de carta simple de ENCOTESA. Además, la exigencia de esos plazos encarecía el servicio y

resultaba innecesaria dado que el Banco Hipotecario Nacional sabía con 6 meses de anticipación el

valor de las cuotas que debían figurar en las chequeras. Esa fue la razón por la cual el correo

oficial exigió que se aumentarán los plazos. El servicio paso de $ 1,82 a costar $ 0,40.

Elocuentemente, despues de que ENCOTESA tomara el servicio, la cobranza del banco aumentó

notablemente.

Como dato estadistico el Juez Oyarbide procesó a Cavallo, hecho absurdo que fue reparado por la

Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la cual sobresee

definitivamente al ministro. En lo sustancial, el relato de los hechos nos va graficando como el

"grupo Yabrán" va perdiendo espacio y se va debilitando frente a la política del Correo Estatal. El

sueño del “Grupo” de tener un mercado postal monopolico ya era historia. Al poco tiempo la

privatización del correo quedó en manos de un grupo de empresarios encabezados por Franco

Macri. Alfredo Yabrán comenzaba a perder sus batallas.

 

 

BASURA DE NEGOCIOS

 

Allá por fines de 1.994 el entonces Intendente de Capital Federal, Saúl Bouer, estaba por

renegociar los contratos de recolección de basura que hasta ese momento estaba en manos de las

empresas Cliba, de Aldo Roggio, y Manliba, de Francisco Macri, cuando trascendió que el grupo

Yabrán estaba decidido a ingresar al jugoso negocio de los desperdicios, totalmente dispuesto a

enfrentarse a los dos pesos pesados (Macri y Roggio). Desgraciadamente para el empresario

postal, la pelea entre colosos no pudo darse ya que el Congreso de la Nación postergó la

renegociación de los contratos y dejó en suspenso la posible contratación de alguna de las

empresas.

La desición de Yabrán de ingresar a un negocio que es ajeno al grupo, tenía que ver,

indudablemente, con la devolución a la intervención de los Roggio, hace un tiempo, al negocio

postal, gracias a una adjudicación de Haroldo Grisanti, a través de las empresas Seprit y Savia que

han competido abiertamente con OCASA y OCA.

La puja entre los tres empresarios se extiende a la demorada privatización de los aeropuertos de

Ezeiza y Capital Federal, donde el grupo Yabrán controlaba Edcadassa, Intercargo e Interbaires, y

en donde Macri y Roggio erán candidatos firmes para la ampliación de los mismos.

A su vez, el tema de los aeropuertos tenía otra connotación especial por el lado de la privatización

ya que si esto sucedía había que pagarle una indemnización al grupo Yabrán por la tres empresas

que manejaba en Ezeiza, en razón del fín abrupto de la concesión. El encargado de expedirse sobre

este tema es el subsecretario genaral de la Presidencia, Félix Borgonovo, estrechamente vinculado

a Eduardo Bauzá y Carlos Corach.

Es muy elocuente la manera en que el grupo se ha querido adueñar de todos los negocios rentables

posibles, con métodos no siempre del todo lícitos. El colmo del límite estuvo dado en la

explotación que Cáritas hace en los bares, restaurantes y playas de estacionamiento de

Aeroparque y Ezeiza y que Yabrán le quiso arrebatar.

El empresario postal sabía que Cáritas no invertía nada en la concesión y por eso se contactó con

uno de los varios amigos que tiene en el Gobierno con la intención de que convenciera a los

directivos de la citada institución de la conveniencia de formar una sociedad para la explotación

de los bares, restaurantes y playas de estacionamiento mencionadas. Los entónces concesionarios

aportarían, según la propuesta, la concesión y Yabrán una suma importante de dinero para

modernizar las instalaciones. Enterado Cavallo de esto, trabó el proyecto de asociación, cuyo

objetivo era entorpecer la privatización de los aeropuertos y, al mismo tiempo, en el Palacio de

Hacienda - que tenía como meta modernizar las instalaciones antes citadas - se comenzó a hablar

de un presunto intento de lavado de dinero.

En este tipo de pujas no es extraño ver jugadas de estas características, en donde la política se

confunde con sucios intercambios de negocios turbios.

Alguien dijo alguna vez acerca de estas zancadillas interactivas: "Es pura basura". No se equivocó.

 

 

CUANDO UN AMIGO SE VA

 

"Yabrán aporta para las campañas en general", confesó Cesar Jaroslavsky para luego renunciar a

la dirigencia de la UCR. "Le pedí una contribución para la campaña de Massaccesi. Fue algo

modesto... $ 50.000", agregó a su confesión, denunciando no ser el único radical vinculado al

empresario postal.

Del mismo tenor fueron las declaraciones hechas por un secretario de estado en estricto "off de

record", en donde acepta que "no sé si pone plata a nivel nacional, pero sí se que aporta en la

Capital".

A mediados de este 1.995, Eduardo Angeloz tuvo que entregar el mando anticipado en el gobierno

de Córdoba, por culpa de la crisis social y económica que atravesaba toda la provincia, quedando,

consecuentemente, como sucesor en la conducción de la misma Ramon Mestre, que no imaginaba,

ni por las tapas, la sorpresa que le esperaba cuando revisara las "cuentas" dejadas por su

antecesor.

Entre las tantas deudas que habían quedado en la provincia, Mestre encontraría una que le

llamaría profundamente la atención: documentos oficiales que mostraban al grupo Yabrán como

acreedor de 25 millones de dólares del Tesoro Cordobés, más los intereses correspondientes.

Por lo que muestran los documentos, el préstamo fue concretado en enero de este año y quedó