Sr. PRESIDENTE (Pierri).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. SORIA (C.E.).- Señor presidente: vengo a presentar ante esta Honorable Cámara el segundo informe producido por la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA.

Lamentablemente hay dos fechas que han marcado la historia de nuestro país con el ingreso del terrorismo internacional a nuestro territorio. La primera de ellas fue el 17 de marzo de 1992, cuando se produjo la voladura de la embajada de Israel ubicada en la calle Arroyo, en la ciudad de Buenos Aires, atentado que dejó un saldo de veintinueve víctimas. Dos años después, el 18 de julio de 1994, nuestro país -elegido nuevamente como escenario de atentados terroristas- tuvo que sufrir otro gravísimo hecho. En esa oportunidad se trató de la voladura del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina ubicado en la calle Pasteur, también en la ciudad de Buenos Aires. A las 9 y 53 horas se desplomaron los siete pisos del edificio dejando un saldo, peor que el anterior, de ochenta y seis víctimas.

Muchos argentinos todavía hoy nos preguntamos por qué tenemos que sufrir las consecuencias de un conflicto tan lejano y tan extraño a nuestros intereses. Y la única respuesta que encontramos es que la injusticia que estamos padeciendo es por culpa de la barbarie de otros pueblos que en razón de sus intereses mezquinos propagan el terror al resto del mundo. Esta vez le tocó a la Argentina, como antes a los Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y al mismo Estado de Israel.

Habiendo hecho esta brevísima referencia con el fin de mantener a esas víctimas vivas en nuestra memoria, a pesar del dolor que nos sigue causando el recuerdo, trataré de realizar sintéticamente un repaso de la tarea que hemos desarrollado en la comisión desde el 16 de julio de 1997 -fecha del primer informe que brindó la comisión- hasta el 25 de agosto de 1998, cuando se elaboró el segundo informe.

Quiero aclarar que la demora en producir este segundo informe no se debe precisamente al accionar de la comisión, que actuó siempre con responsabilidad y celeridad, sino al logro de un consenso en la metodología de trabajo a adoptar para imprimirlo. Luego, desgraciadamente, sobrevino el corte de energía eléctrica y la impresión del mensaje presidencial. Cuando se distribuya el segundo informe podrán observar que fue impreso en la Imprenta del Congreso en julio de 1999.

En esta segunda etapa confirmamos que, si bien los poderes del Estado son soberanos, ello no asegura una independencia total de los otros poderes. Cada poder actúa conforme a lo prescripto por la Constitución Nacional y con sujeción a los controles que emanan de los otros poderes del Estado.

La comisión ha actuado con suma prudencia, pero a su vez con una firme determinación cuando las circunstancias así lo aconsejaron. Hemos colaborado con las investigaciones que llevan adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Juzgado Federal a cargo del doctor Galeano. Lo hemos hecho con una actitud enérgica y responsable, y hoy venimos a presentar este informe con el convencimiento de que la difusión de la tarea que realiza la comisión contribuirá a que la opinión pública conozca con fundamento los hechos y situaciones acontecidos en torno de estas causas.

La tarea desarrollada por la comisión ha podido confirmar elementos de juicio que nosotros discutimos durante mucho tiempo: que la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su primera etapa no fue la que esperaba ningún argentino, lo que recién se pudo corregir en la tercera etapa, cuando por presión del Congreso de la Nación se logró la creación de la secretaría especial a cargo del doctor Canevari. Tampoco hubo por parte de los servicios de seguridad e inteligencia la coordinación necesaria para llevar adelante este tipo de investigación.

La tarea de control parlamentario sobre los otros poderes del Estado no solamente aportó elementos de juicio sino que también permitió que desde el Congreso se apuntalara la tarea investigativa desarrollada por la Justicia argentina.

La comisión ha desarrollado una intensa actividad. Desde que la Cámara creó por unanimidad la comisión bicameral que presido, ésta se ha reunido en ciento treinta y dos oportunidades, habiéndose utilizado cuarenta reuniones para elaborar este segundo informe, incluyendo las realizadas fuera del horario y días habituales que utiliza la comisión a tales efectos. Me refiero a los fines de semana, cuando razones de urgencia ameritaban la convocatoria a una reunión de esta comisión.

El informe que los señores diputados están recibiendo en sus bancas comienza el desarrollo del tema de la investigación del atentado a la AMIA refiriéndose a la situación del periodista Juan José Salinas.

Salinas, un periodista investigador que fuera contratado por la AMIA, escribió un libro sobre ese atentado en el que sostuvo con abundante fundamento -que luego ratificó en la causa judicial- la existencia de una activa participación del fundamentalismo extranjero. En ese sentido, la investigación apuntó a Irán.

Siguiendo un orden cronológico, debo decir que posteriormente tuvimos oportunidad de interrogar a un ex agente del servicio de inteligencia, el señor Mario Aguilar Rizzi, seguramente conocido por muchos de nosotros.

Mario Aguilar Rizzi nos sigue sorprendiendo, porque en los últimos tiempos está realizando una investigación vinculada con el atentado a la Embajada de Israel para tratar de que el brasileño Wilson Dos Santos pueda venir a la Argentina a brindar su declaración testimonial, y de ese modo efectúe un importante aporte tendiente al esclarecimiento del atentado.

Si tuviera que referirme a un hecho verdaderamente significativo que tuvo al Congreso como protagonista, éste se produjo el día 13 de noviembre de 1997.

Como había ocurrido en una oportunidad anterior, con motivo del allanamiento ordenado por un juez a la Secretaría de Inteligencia de Estado -SIDE-, o como sucedió con el robo de un vídeo del despacho del juez Juan José Galeano, el 13 de noviembre nuestra comisión se reunió en forma urgente para analizar una documentación que anónimamente había llegado a mi despacho.

Se trataba de una escritura de donación anticipada de herencia efectuada por el padre de Juan José Ribelli por la suma de 2,5 millones de dólares, circunstancia que sorprendió a muchos funcionarios e investigadores dado que el padre de Ribelli era un jubilado ferroviario de 87 años, quien además había efectuado ese anticipo de herencia a sus cinco hijos precisamente el 11 de julio de 1994, cuando se halla suficientemente acreditado en la causa que el 10 de julio -siete días antes de la voladura de la AMIA- la camioneta Traffic con la cual se produjo la explosión había pasado por las manos de Juan José Ribelli. Lo lógico y natural era pensar que se trataba de un atentado llave en mano.

En esa reunión de emergencia analizamos esa prueba de fundamental importancia que implicaba a varios policías de la provincia de Buenos Aires. Debo destacar que estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro del Interior, quienes con su sola presencia estaban avalando la tarea que llevaba a cabo la comisión bicameral.

Sin duda que después de estudiar esa prueba documental correspondía citar a la escribana interviniente y realizar una prolija investigación, lo que así se hizo. Hoy estamos en condiciones de afirmar que nos encontramos tras una pista económica que puede resultar a la postre muy importante, luego de un viaje relámpago que hicimos a Uruguay, donde contamos con la colaboración de importantes funcionarios políticos y de la Justicia.

Paralelamente a este acontecimiento tan trascendente, recibimos una notificación del detenido Juan José Ribelli, quien solicitó una audiencia a nuestra comisión. Sin lugar a dudas, el objetivo noera el que imaginábamos porque, ante nuestra inmediata respuesta afirmativa en el sentido de que estábamos dispuestos a tomarle declaración en la cárcel, pero siempre y cuando tratase de colaborar con hechos nuevos que profundizaran la investigación, Ribelli ya no tuvo más interés en declarar ante nuestra comisión.

Seguimos con esta investigación y, en el marco de lo que ya en su momento se llamaba el "legajo de las armas", se citó a declarar al comisario Angel Salguero, quien tuvo a su cargo la etapa de la investigación cuando se descubrió el robo de armas y explosivos en Campo de Mayo, en el que estuvieron involucradas personas ligadas al movimiento carapintada y, fundamentalmente, al sargento Jorge Orlando Pacífico, quien no sólo traficaba las armas robadas en ese lugar sino que también fue localizado a dos cuadras del atentado de la calle Pasteur, junto con otros militantes carapintadas a los que el juez Galeano también investigó.

La investigación que realizó el comisario Salguero, quien colaboró activamente con nuestra comisión, permitió abrir la pista carapintada, que luego el juez Galeano continuó investigando.

Una materia que interesó de manera muy especial a la investigación estuvo constituida por las conexiones y la participación de miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Por ello, y a raíz de las declaraciones, implicancia, participación y protagonismo que tuvo Juan José Ribelli, citamos a los comisarios Calabró, Verón y Padilla, quienes brindaron diferentes versiones sobre la participación que tuvo Juan José Ribelli, así como sobre los contactos, bienes y negocios en los que se encontraba involucrado.

Como sostuve en el primer informe, reitero que no es el único propósito de la comisión el hacer el seguimiento de las causas, ya que entre otras metas nos fijamos ejercer un control de la actividad de aquellos otros organismos del Estado que participaron de las investigaciones.

En ese marco se invitó al ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Guido Di Tella, a fin de solicitarle información con respecto a la política de esa cartera y, fundamentalmente, para saber qué conocía la Cancillería en materia de seguridad e inteligencia sobre la zona de la triple frontera y con respecto a la relación comercial, política y cultural que nuestro país mantenía con los países del Medio Oriente.

Nos interesó especialmente conocer por palabras del canciller cuál era el tipo de relación que manteníamos con Siria e Irán a la fecha del atentado. Así nos enteramos que en esa época no teníamos relaciones comerciales importantes con Siria, pero que sí manteníamos relaciones tecnológicas y de aportes en materia nuclear con Irán. Como se recordará, en alguna oportunidad el Parlamento tuvo que intervenir a raíz de la rescisión del contrato que había celebrado el INVAP con Irán para la producción de un reactor nuclear. Esta es una pista que también el juez Galeano investigó profusamente.

En abril de 1998, con el fin de intercambiar información, el Congreso de la Nación recibió a una comisión de representantes legislativos del Parlamento de los Estados Unidos, encabezada por los legisladores Benjamín Gilman y Gary Ackerman. Todos tuvimos la satisfacción de recibir importantísimos elogios, que nos alentaron a seguir con la tarea que el plenario del cuerpo nos había encomendado.

Si bien es cierto que no pudimos avanzar con la celeridad, presteza y profundidad que muchos hubiésemos deseado para descubrir la causa de tantas muertes como consecuencia de estos atentados, lo cierto es que la comisión creada por el Congreso de la Nación fue elogiada en su funcionamiento y en la actividad de coadyuvar a la investigación judicial que realizaron el juez Galeano y la Corte Suprema de Justicia. Se nos solicitó encarecidamente que esta tarea la siguiéramos realizando con el mismocelo con el que veníamos actuando.

A lo largo de cuarenta reuniones hemos recibido en innumerables oportunidades las visitas de los fiscales que llevaron adelante la investigación: Eamon Mullen y José Barbaccia, y de los abogados querellantes de la AMIA y de la DAIA, doctores Luis Dobniewsky y Rogelio Cichowolsky.

Los señores diputados que tienen el informe sobre sus bancas pueden hojear esa agenda importante vinculada con la materialidad del hecho, cómo se produjo el atentado, qué explosivos se utilizaron y dónde estuvo estacionada la Traffic. Además, todo esto lo demostró el Ejército en Azul con la explosión que realizó: que la Traffic que pasó por las manos de Telleldín produjo la voladura de la AMIA. Esto sirvió para demostrar por qué fue desechada la teoría del volquete. También figuran con lujo de detalles las pericias de la Policía Federal y de Bomberos en cuanto a la explosión.

Todo lo que tuvo que ver con la materialidad del hecho y la detención de Telleldín, de Ribelli, de Solari, la conexión carapintada, la pista internacional, se vio reflejado en las largas reuniones que realizamos, y que están condensadas entre las páginas 121 y 138 del informe que los señores diputados tienen sobre sus bancas.

En función de lo expuesto, voy a obviar otros comentarios para no ser demasiado detallista y evitar utilizar el tiempo en forma inadecuada.

Con respecto a las recomendaciones no debemos olvidar que, cuando aprobamos por unanimidad el primer informe, existían diferentes recomendaciones a organismos de inteligencia, de seguridad, a la Policía, al gobierno y a los funcionarios. Esas recomendaciones consistieron en medidas de acción para ser desarrolladas por esas dependencias del Estado. Sin embargo, lamentablemente tengo que decir que no hemos tenido conocimiento de la puesta en práctica de estas recomendaciones realizadas por el Congreso de la Nación.

A pesar de lo expuesto, quiero resaltar aquellas medidas de las que sí tuvimos conocimiento: la puesta en vigencia del Centro de Planeamiento y Control por parte de la Secretaría de Seguridad Interior; la realización de la II Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, que se realizó en Mar del Plata en 1998; el nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un secretario especial -el doctor Canevari- para llevar adelante la instrucción de esta causa, que fue una de las recomendaciones realizadas en el primer informe que aprobó este Congreso.

También solicitamos mayor dedicación de los organismos de inteligencia y seguridad. Lo hemos conseguido porque hoy existe una mayor coordinación de esos organismos en la tarea vinculada con la investigación del atentado a la Embajada de Israel, que lleva adelante el doctor Canevari.

En la causa de la Embajada de Israel, las distintas dependencias del Estado han coordinado una tarea que la propia Corte Suprema de Justicia y el mismo doctor Canevari -que lleva adelante la instrucción- han hecho resaltar. La SIDE, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Dirección de Migraciones están coordinando sus tareas para que esta investigación avance.

Dentro de las recomendaciones aconsejamos al Ministerio del Interior la creación de un organismo para fiscalizar y controlar la triple frontera, de donde suponemos pudieron haber ingresado los terroristas responsables que provocaron la voladura. Fue así como se creó el Comando Tripartito de la Triple Frontera, con participación de las fuerzas de seguridad argentinas, brasileñas y paraguayas.

En la causa de la Embajada de Israel la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó hace pocos días una resolución -aclaro que no figura en este informe- que nosotros veníamos solicitando con mucha antelación. Esta medida va a ir poniendo claridad donde había mucha oscuridad, va a ir poniendo claridad en aquellos puntos en los que no había coincidencia, y además va a aclarar muchas cuestiones en las que hubo confusión, la que sospechamos fue fabricada.

Mucho se dijo en cuanto a si se trató de una explosión o de una implosión lo ocurrido en la Embajada de Israel.

Finalmente, luego de mucha insistencia de parte de la comisión, tuvimos oportunidad de participar en el cotejo de las pericias. Nosotros afirmamos con mucha antelación que se trataba de una explosión producida por un coche bomba. El 10 de mayo de este año, en una extensa resolución, la Corte acreditó ese acontecimiento en la forma en que la Policía Federal, los bomberos y la Gendarmería lo habían explicado y como nosotros lo habíamos pedido.

Hoy no cabe duda alguna de que la voladura de la embajada fue provocada por la explosión de un coche bomba. Tampoco existen dudas -así lo ha acreditado la Corte- de que elementos extranjeros de alta capacitación, con inteligencia, logística y poder económico, vinieron a la Argentina para provocar la voladura de la embajada de Israel. Esto se halla suficientemente acreditado en el expediente.

A continuación daré lectura de diferentes cables de la embajada argentina en el Líbano, que dan cuenta de cómo se desarrollaron los acontecimientos a la fecha de la voladura de la embajada de Israel.

Exactamente un mes antes de la voladura de la embajada, el cable número 010036, del 18 de febrero de 1992, emitido por la embajada argentina en el Líbano, reproduce comentarios de la prensa libanesa referidos a los temores de ciertos países occidentales sobre posibles secuestros de sus ciudadanos, como consecuencia de la efervescencia registrada luego de la muerte de Abbas Musawi, secretario del Hezbollah.

En el cable número 010037, del 19 de febrero del mismo año, se reproducen las afirmaciones efectuadas por el guía espiritual del Hezbollah, sheik Fadlallah, durante el entierro de Abbas Musawi, de su mujer y de su hijo -que fueron matados en el desierto del Líbano por un comando israelita-, en el sentido de que "Israel no escapará a la venganza".

En el cable número 010041, del 24 de febrero de 1992 -nos vamos acercando a la fecha de la voladura de la embajada de Israel- se transcriben otras afirmaciones del nombrado Fadlallah en el sentido de que la invasión de la semana anterior a raíz de la cual murió Musawi había iniciado la guerra que sólo finalizaría en el mes de junio, en ocasión de las elecciones en el Estado de Israel; y agregó que no pensaba que se volviera a la metodología de tomas de rehenes occidentales aunque "entre nosotros e Israel habrá mucha más violencia y correrá mucha más sangre".

Mediante el cable número 010056, del 19 de marzo de 1992 -es decir, el día siguiente a la voladura de la embajada de Israel-, la embajada argentina en Beirut comunicó a nuestras autoridades la existencia de una solicitada publicada en el diario local An Nahar, en la que la Jihad Islámica se responsabilizó del atentado.

Fotocopia certificada por las autoridades consulares argentinas del periódico antes mencionado, que es de gran importancia en el Líbano, obraba en poder de la Argentina a los pocos días de producida la voladura de la embajada de Israel.

Mediante el cable número 010057, del 19 de marzo de 1992, la embajada argentina en el Líbano hizo saber que la prensa local confirmó que la solicitada antes mencionada utilizó la retórica típica de la organización Jihad Islámica, grupo que también se atribuyó el atentado realizado mediante un coche bomba contra la embajada de los Estados Unidos de América en el Líbano en abril de 1983, que produjo la muerte de setenta y tres personas.

Señor presidente: sería demasiado extenso leer los quince cables restantes que obran en mi poder. Deseo resaltar el accionar del terrorismo internacional en el Medio Oriente en el informe de los servicios de inteligencia de Interpol-Bruselas, según el cual la organización política, social y militar conocida como Hezbollah reivindicó algunas de sus acciones terroristas bajo el nombre de la Jihad Islámica.

Vale también señalar el informe de la CIA que obra en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicho informe dice que la organización islámica brazo del Hezbollah libanés reivindicó el bombardeo -en referencia al atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires-, declarando que fue una represalia por un ataque israelí en el que murió un mes antes el líder del Hezbollah, sheik Musawi.

El jefe del FBI presentó una declaración jurada acompañado por dos diplomáticos de su país -es decir, Estados Unidos- acreditados en la República Argentina. Concluyó afirmando que la Jihad Islámica es uno de los nombres que utiliza el grupo Hezbollah con el objeto de mantener el anonimato, principalmente en aquellos ataques terroristas cometidos mediante la utilización de explosivos, y que aquella organización no se adjudica la responsabilidad de un ataque que no haya cometido.

A contrario sensu, el video que sí tienen los servicios de inteligencia y que obra en poder de la Secretaría de Estado y de la comisión bicameral, donde se acredita la voladura de la embajada, merece crédito y nos da fe, por la serie de pruebas que tenemos, de que el atentado se produjo de esa manera.

Como si esto fuera poco...

Sr. BULACIO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. SORIA (C.E.).- Señor presidente: preferiría concluir el informe, salvo que el señor diputado Bulacio deseara una aclaración sobre esta cuestión.

Sr. BULACIO.- Solicito la interrupción al sólo efecto de pedir una aclaración.

Sr. SORIA (C.E.).- La concedo, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. BULACIO.- Señor presidente: deseo preguntar al señor presidente de la comisión especial si se tomó en cuenta el informe de la Academia Nacional de Ingeniería. La Suprema Corte solicitó a dicha academia una pericia sobre el atentado a la Embajada de Israel, y sé que un equipo técnico conformado por personal del Instituto de Estructura de la Universidad Nacional de Tucumán efectuó un peritaje según el que la voladura de la embajada se habría producido como consecuencia de una explosión interna, mal llamada implosión.

Simplemente quiero preguntar si la comisión bicameral tuvo en cuenta esta cuestión y si había sido citada la Academia Nacional de Ingeniería ante la comisión que preside el señor diputado Soria.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. SORIA (C.E).- Señor presidente: no sólo se tomó en cuenta lo que señala el señor diputado Bulacio sino que tuvimos oportunidad de participar en el cotejo de pericias efectuado por la Corte Suprema; y el suscripto, el mismo día en que presenció dicho cotejo pericial, advirtió la gran cantidad de contradicciones que arrojaba esa pericia, que se realizó sobre un edificio que no existía, en base a principios de computación y matemáticos que no tenían nada que ver con la lógica ni con la producción del elemento dañino, que fue a través de un coche bomba como se pudo certificar más tarde.

Ninguna de las voladuras de ninguno de los edificios a los que voy a hacer referencia a continuación se ha producido a través de una implosión, y mucho menos la investigación se hizo mediante un sistema de computación o matemático.

Nosotros hemos dado fe a la pericia de Bomberos, al igual que a la pericia de Gendarmería, y la Corte Suprema, que había solicitado esa pericia a la Academia Nacional de Ingeniería, desechó la importancia y la seriedad de la misma, habiendo dictado resolución el 10 de mayo en el sentido al que me referí hace unos minutos.

Continúo con el informe, aclarando que voy llegando al final de mi exposición.

El terrorismo internacional, fundamentalmente por el conflicto que se desarrolla a muchos kilómetros de la Argentina, ha producido demasiadas muertes. Simplemente relato que en el mes de noviembre de 1982 esta herramienta política, militar y social llamada Hezbollah y su brazo militar armado, que es la Jihad Islámica -que cuenta con todo el apoyo económico y la logística de Irán-, produjo atentados terroristas de mucha envergadura, a punto tal que los Estados Unidos y Francia tuvieron que retirar sus tropas del suelo libanés.

En noviembre de 1982 provocaron una primera voladura en los cuarteles militares israelíes en Tiro, Líbano. En abril de 1983 hicieron volar la embajada de los Estados Unidos en Beirut, Líbano. En octubre del mismo año mataron a doscientos cincuenta marines con una voladura en Beirut, y también colocaron explosivos en las barracas de un contigente francés en la misma ciudad, lo que ocasionó la pérdida de ochenta y dos vidas.

En noviembre de 1993 volaron dos escuelas usadas como guarniciones policiales israelíes en Tiro, Líbano.

Estados Unidos volvió a abrir su embajada en el Líbano y al año apenas hicieron volar nuevamente su anexo.

Todos estos datos que estoy mencionando han sido acreditados por nuestros servicios de inteligencia, el FBI, la CIA e Interpol.

Corresponde mencionar que en ninguno de estos brutales atentados a los que acabo de hacer referencia hubo un solo detenido. Nunca hubo un detenido.

Sr. SORIA (C.E.).- En la República Argentina no se han producido detenciones vinculadas con el atentado a la embajada de Israel, pero sí existen detenidos que están siendo procesados en la causa de la AMIA, que está a punto de ser elevada a juicio oral. De este modo pretendo evidenciar que, a pesar de que la labor que está desarrollando la Justicia argentina es lenta, tortuosa, con maniobras y encubrimientos, ello posibilita que la causa aún esté viva.

No es mi intención extenderme en consideraciones que los señores diputados podrán leer en el informe que obra sobre sus bancas. En relación con la tarea que desempeñó la comisión que presido -reitero, sin dejar de ser prudente, que es muy enérgica y responsable-, quienes la integramos tenemos la firme convicción de que nuestra labor no alcanza. Frente a las víctimas de estos dos atentados tenemos una deuda que no prescribe. La única manera de que el día de mañana podamos tener una sociedad más justa y segura es seguir adelante con la investigación, encarcelar a los culpables, descubrir algún día la conexión internacional y dictar la condena que corresponda a ese nivel.

Aún hoy, créame, a cuatro años del inicio de la tarea de esta comisión, cada vez que debo recorrer las fojas del expediente judicial me detengo en las páginas donde se menciona a las víctimas, su edad, ocupación y motivo por el cual estaban en los edificios de la embajada de Israel, de la AMIA o simplemente circulaban por la calle. Cuando releo esos datos contenidos en los doscientos treinta y cinco cuerpos de la investigación vinculada con el atentado al edificio de la AMIA imagino el hueco de dolor que quedó entre los seres queridos de esas víctimas. Me ubico del lado de los familiares y puedo sentir la impotencia que los habita. Por eso comprendo su dolor. Lo que no puedo comprender es que en nombre de ese sentimiento algunos, como dijo el periodista Pepe Eliaschev, se calcen el traje sumamente odioso y perjudicial de la siembra del odio y la sospecha definitiva y generalizante. Eso no lo comparto; comparto el dolor y cada una de las angustias e inquietudes que nos siguen produciendo estos dos mortificantes atentados. Los miembros de esta comisión y el Poder Legislativo tenemos un compromiso con la vida y la justicia, cuya obtención seguiremos persiguiendo. Encontré una frase de Maquiavelo muy apropiada para este caso: "No hay nada que dé tanta estabilidad y firmeza a una república como disponerla de suerte que los humores alterados tengan una vía de descargo establecida por las leyes."

Dentro del marco de la ley, con el Congreso apoyando y controlando la tarea de la Justicia, vamos a seguir en nuestro objetivo de que se haga justicia. Vamos a continuar actuando y coadyuvando con la investigación, desde este Parlamento y desde la calle; y lo haremos con la energía, responsabilidad y contundencia con las que ha llevado a cabo su tarea esta comisión a lo largo de cuarenta reuniones.

Esa labor es la que ha permitido la elaboración del informe que hoy tienen sobre sus bancas y cuya aprobación solicito. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: hoy está a consideración del Congreso de la Nación el segundo informe de la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA.

Tengo entendido que este informe está siendo presentado en forma simultánea en una reunión de estas características en el Senado de la Nación.

El informe queda a disposición de los señores diputados para que lo examinen. Les pido por favor que lo lean y nos hagan llegar sus críticas y sugerencias, más allá de que la aprobación formal se lleve a cabo en este día. Si bien estamos convencidos de haber cumplido con el mandato que ustedes nos dieron, han pasado siete años desde el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires y cinco años desde el atentado al edificio de la AMIA, también en Buenos Aires, y no sabemos todavía quiénes fueron los autores de esos aberrantes atentados cuyo esclarecimiento pide toda la sociedad argentina.

Por un lado están nuestra responsabilidad y el análisis que pueda hacerse de estos documentos, y por otro lado está la realidad, lo que nos dicen en primer lugar los familiares de las víctimas, las trescientas personas que han quedado afectadas físicamente por los atentados, las familias destrozadas y las organizaciones que representan a la comunidad que reclama persistentemente memoria y justicia.

En esta Cámara de Diputados de la Nación no podemos hacer oídos sordos al reclamo que formula una amplia franja de nuestra sociedad y que expresa insatisfacción, desamparo, impotencia y hasta soledad.

El acto realizado el último 18 de julio quizá sea una de las tantas expresiones públicas de este estado de ánimo que existe en toda la sociedad argentina, no sólo en la comunidad judía.

Después del referido acto y en una de las habituales reuniones de la comisión bicameral -aclaro que mantuvimos decenas de encuentros, donde hemos puesto nuestra mayor capacidad política en pos de que no decaigan las investigaciones-, en un ámbito más tranquilo que aquél, cuando los representantes de las organizaciones afectadas recibieron el segundo informe nos expresaron humildemente -sin la exaltación propia que expusieron el 18 de julio y a la que tienen derecho- que se sentían en soledad; y hay testigos de lo que estoy diciendo.

Los atentados son una cuestión político-institucional que la Nación Argentina debe encarar porque los culpables no pueden quedar sin castigo.

También debo expresar que en la comisión hemos asumido el compromiso -y lo estamos cumpliendo a pesar de algunos avatares- de no utilizar para fines subalternos la información que poseemos.

¿Por qué no se presta atención a estos sectores que reclaman justicia de parte del Estado? ¿Por qué no nos detenemos un minuto a analizar entre todos, sin excluir a ningún sector, el motivo por el que estos grupos se sienten en soledad?

Considero que debe continuar el compromiso político asumido en su momento de perseguir a los responsables de este hecho y evitar que las investigaciones caigan en el vacío.

Recuerdo que al día siguiente del acto del 18 de julio algunos funcionarios manifestaron sentirse afectados por las protestas expresadas por quienes alzaron su voz en nombre de los que murieron. Estas manifestaciones acerbas que hicieron algunos funcionarios del gobierno se adecuan con la que realizaron organizaciones y familiares de las víctimas.

Por las razones expuestas solicito al señor diputado Carlos Soria -con quien he compartido situaciones de todo tipo- que no continuemos con esta conducta de formular recriminaciones a quienes sólo nos están pidiendo que aportemos todo lo que sea necesario para obtener justicia. Nuestra energía debe estar enderezada al objetivo principal. Dejemos que digan lo que sienten en su corazón y, entre todos -incluso quienes tenemos menor responsabilidad que los destinatarios de esas críticas-, aboquémonos a hacer todo lo requerido para que los responsables de los atentados no se solacen con estas diferencias que surgen entre las organizaciones y familiares de las víctimas, y los representantes del gobierno.

Me voy a referir a algunas cuestiones generales, ya que otros miembros de la comisión van a brindar sus respectivos informes. Particularmente voy a hablar sobre la investigación del atentado a la embajada de Israel.

En diciembre de 1997, según consta en las versiones taquigráficas, decíamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no había actuado con la debida diligencia y eficacia que la investigación requería. Esto lo sostuvimos como oposición, reconociendo que después -coincido con el señor diputado Soria- nuestro reclamo fue atendido.

En aquel entonces resultaba inadmisible, como recordarán algunos colegas, que un tribunal colegiado de nueve miembros haya pasado cinco años tratando el expediente de la investigación del atentado a la embajada de Israel como un caso de daños y perjuicios. A partir del reclamo efectuado desde la comisión bicameral, a mediados de 1997 se creó en la Corte Suprema una secretaría especial, que está a cargo del doctor Esteban Canevari. Es forzoso reconocer que desde la creación de esta secretaría la investigación adquirió un ritmo especial y se trató de recuperar el tiempo perdido. Estuvimos muy atentos y prestamos la atención y el apoyo necesarios dentro de nuestra competencia y jurisdicción.

Este informe tiene el objeto de tratar con la mayor honestidad este gravísimo atentado a fin de que los señores diputados conozcan el desarrollo de las investigaciones. Para ello voy a referirme a algunas anécdotas que me cuesta calificar.

La comisión bicameral ha puesto especial énfasis en colaborar con la Justicia y tratar de descubrir algunos indicios que el tiempo había borrado. Fue así como de común acuerdo comenzamos a rastrillar determinadas circunstancias que nos llamaban poderosamente la atención y sobre las cuales el tribunal superior estuvo cinco años sin hacer absolutamente nada. La secretaría especial comenzó una investigación, por lo menos ordenada, destinada a determinar, aunque tardíamente, quiénes eran los responsables penales, materiales e intelectuales, del atentado. Por ejemplo, se pidió, después de cinco años, un simple informe para saber quiénes habían sido los hombres de la Policía Federal que habían tenido a su cargo la misión de custodiar la sede de la embajada. Dichos registros habían desaparecido o se habían archivado, borrado o quemado, porque había transcurrido el plazo procesal de tres años. Por lo tanto no pudimos contar con la información elemental para conocer cuál había sido el personal de policía adicional o de servicio habitual de ese día.

Llegó un momento en que el desconcierto reinó en la comisión bicameral cuando seguimos insistiendo sobre esta cuestión. Era realmente desastroso el modo en que la Policía Federal realizaba la custodia de la embajada. No hubo forma de determinar qué diablos había pasado el día del atentado.

Estos son aspectos gravísimos de la cuestión. Invito a los señores diputados a que algún día concurran a la comisión bicameral y lean las versiones taquigráficas. Así podrán tomar conocimiento del personal policial que fue interrogado. Todavía nos encontramos ante una circunstancia que nos llena de dolor y a su vez de asombro, ya que después de buscar durante años el registro de las órdenes emanadas ese día desde el comando radioeléctrico a las unidades policiales: finalmente resultó que dicho registro aparece en la Escuela de Policía Ramón L. Falcón, sirviendo de ejemplo en clasepara los alumnos de la Policía Federal. Y en el Tribunal se ignoraba o desconocía el registro famoso. Luego de escarbar en algo tan elemental como era esto, llegamos a la conclusión de que algo extraño sucedía en la investigación a cargo de la Corte. Según la última información que tenemos, parece que era imposible reconstruir esa cinta, lo cual había sido ya solicitado por alguna de las partes querellantes. Los especialistas deben verificar ahora si esa famosa cinta, que se encontró en un establecimiento oficial de educación de la Policía Federal, es auténtica o está falsificada. Mientras tanto, ¡cuánto tiempo pasó!

Omitiré referirme a otros hechos, pero sí me ocuparé del caso mencionado por el señor diputado Bulacio. Es el famoso tema de si la explosión fue dentro o fuera de la embajada. Felizmente ahora, después de siete años, ha quedado claro algo que era visible hasta para el más inexperto: la explosión fue externa. Toda esa maniobra inexplicable de citar durante dos años a expertos que no vieron absolutamente nada -y que en eso basaron sus pericias- fue una pérdida de tiempo. Recién hace pocos meses, y en una resolución incidental vinculada a otro tema, quedó en principio establecido en la voluntad de la Corte la creencia de que la materialidad del hecho fue como todo el mundo sabe y como lo dijeron las primeras pericias, es decir, por un coche bomba en la vereda de la embajada. ¿Tantos años, tanta impericia para determinar lo crucial en una investigación, o sea, dónde fue la explosión?

Por último, aunque tendría mucho para decir de la causa de la embajada, quiero hacer una recomendación para que se haga una comparación, porque algún diputado podría hacer alguna referencia a esto.

La Procuración General de la Nación es el organismo que legalmente tiene que promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales, es decir, de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, conforme lo establece la Constitución Nacional. Pero la verdad es que toda la actuación de ese organismo en la Corte fue prácticamente nula y burocrática, asistiendo rutinariamente a las audiencias de testigos. Si -como dijo el señor diputado Soria- esto lo comparamos con la actuación de los fiscales en el caso de la AMIA, hay una diferencia como entre el día a la noche.

Por lo tanto, así como más adelante decimos que falta voluntad política, ¿qué pasa en ese Ministerio, la máxima representación en la Corte, que no le da cuerda al funcionario a cargo para que active el procedimiento, haga propuestas y no se quede como un sujeto pasivo esperando ver qué sucede? La Constitución otorga a ese funcionario la tarea de colaborar con la Justicia y resulta que está cumpliendo un rol pasivo. Así lo dice el informe.

En conclusión: la demora de más de cinco años en la creación de la secretaría especial ha generado daños que probablemente impidan dilucidar algunas cuestiones.

La Acordada 26/97 -mencionada por el señor diputado Soria- es acertada pero tardía. Los resultados que logró hasta ahora la secretaría especial en la causa de la embajada fueron en general logrados sobre la base de nuestro primer informe. Esto demuestra que ha sido útil aquella deliberación que ustedes nos permitieron efectuar, en una prueba de confianza -porque en ese momento se renovaba la Cámara-, a los integrantes de la comisión bicameral. Pero les quiero comentar que existe un temor además de la dificultad propia de una investigación como ésta.

Hace pocas semanas asistí a una ceremonia que se celebró en el Senado, y mientras los senadores Vaquir y Branda intercambiaban documentación con representantes del Parlamento israelí el señor embajador de ese país pronunció las mismas palabras que ya expresara en el acto recordatorio de las víctimas del atentado a la embajada llevado a cabo en marzo de este año. Voy a citar los conceptos vertidos porque no es un secreto ni nada que se le parezca.

El temor es que se paralice la investigación, el temor es que a Canevari o a alguno de los funcionarios les otorguen actividades de rango superior y los sustraigan de la investigación o le quiten a la secretaría actuante el personal o los elementos necesarios como para que la investigación continúe, o que por alguna cuestión procesal den vuelta la causa y se produzca un resultado adverso a las pretensiones unánimes de la comisión bicameral y el expediente caiga en vía muerta.

La comisión bicameral no va a permitir que eso suceda. En este sentido no sólo estamos expresando el pedido expuesto por el embajador de Israel, quien legítimamente formuló esa prevención, sino que como argentinos estamos decididos a que las investigaciones vinculadas a la embajada o a la AMIA no sean remitidas al archivo.

Teniendo en cuenta que otros señores diputados harán referencia al tema del atentado a la AMIA, voy a resumir mi exposición expresando nuestras diferencias con el informe que se ha elaborado.

El cuerpo general es compartido por nosotros, pero desde nuestro punto de vista advertimos falta de voluntad política real por parte de los gobiernos nacional y provincial para lograr el esclarecimiento de los atentados y particularmente para colaborar con la Justicia, encargada de la investigación de los hechos.

Asimismo, entendemos que el gobierno nacional no tomó los recaudos acerca de los funcionarios y componentes del Sistema Nacional de Seguridad Interior que obstruyeron la investigación.

La falta de voluntad señalada, la impericia gubernamental nacional y alguna provincial para esclarecer los referidos atentados o para colaborar con la justicia facilitan la posibilidad de que se produzcan en nuestro país otros hechos terroristas de la misma índole.

Concluyo este informe señalando una actuación reciente de la comisión bicameral que no fue registrada. En el primer informe dijimos que, si la investigación del atentado a la embajada de Israel hubiera sido prolija, utilizándose todos los elementos disponibles con real voluntad política, es probable que el atentado a la AMIA no se hubiese producido.

Hace pocos días visitó Buenos Aires un especialista que concurrió al seno de la comisión bicameral, reunión a la que asistieron el embajador de Israel, funcionarios de la Corte, el juez Galeano y sectores vinculados con los servicios de inteligencia. En esa oportunidad Emanuel Sivan dijo que si se hubieran esclarecido los atentados, los terroristas lo pensarían dos veces antes de volver a hacer algo en nuestro país. Cuando le preguntamos cómo fue posible esto en Argentina -si la memoria no me falla hay versión taquigráfica de la declaración-, nos contestó que nuestro país es comparable con los países de Africa en donde ocurrieron los dos últimos atentados terroristas.

La reacción es similar para los terroristas, que comparan lo que ocurre en la Argentina con lo que sucede en los países más débiles del Africa. En definitiva, nos indicó que es más fácil aquí que en otros lugares, porque no hay reacción sino impunidad.

Por eso es necesario tener en cuenta estos datos. Hay que eliminar incertidumbres y continuar haciendo fuerza para determinar quiénes son los responsables. Se debe llegar a una definición desde el punto de vista procesal, pero también política, ya que estos grupos están asentados y todavía continúan vivos y activos en la Argentina.

Ellos han generado los atentados y se los conoce como la conexión local. Son poderosos y, cuando ustedes lean este informe, se van a asombrar al comprobar que en una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, estando detenida una persona por un hecho distinto al que estamos analizando, se la instruyó durante tres meses para desviar la atención y la investigación del atentado a la AMIA.

Cuando fuimos con los representantes de la Comisión Bicameral a indagar a esta persona sobre cómo había sido esta operación, brindó detalles que son verdaderamente escalofriantes y que se pueden constatar en las actuaciones de la Comisión Bicameral. Se trataba de una dependencia policial bonaerense con oficiales en actividad, donde se mostró una valija con cien mil dólares y se le ofreció ese dinero y la libertad a cambio de entretener la investigación del juez Galeano.

Durante meses se desarrolló este operativo de preparación y durante ocho meses el juez Galeano tuvo que investigar si lo que decía Ramón Solari era cierto o no, hasta que se llegó a la conclusión de que era un testigo preparado para desviar la investigación.

Esto también figura en las actuaciones de la comisión bicameral, que trabajó sin exclusiones en el esclarecimiento de esta investigación. Concurrimos dos veces al penal de Sierra Chica para conocer exactamente cómo ocurrieron estos hechos. Incluso nos entregaron documentos inéditos que pusimos a disposición de la Justicia.

En suma, tendríamos mucho para decir, pero más allá de las formalidades de que nos juzguen y nos analicen, es necesario que nos den una mano, porque aquí hay representantes del pueblo que expresarán seguramente lo mismo que decimos desde uno u otro bloque: estamos ante operaciones de terrorismo internacional que son muy complejas.

Sr. SORIA (C.E.).- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. CRUCHAGA.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. SORIA (C.E.).- Señor presidente: simplemente quiero hacer una acotación, que abona lo que está explicando el señor diputado Cruchaga.

El policía que hizo la maniobra de distracción y que embarró la cancha, tal como lo señalaba el señor diputado preopinante, por suerte está preso. También por suerte el día que descubrimos ese hecho, el gobernador Duhalde estaba a mi lado, junto con el ministro del Interior. El policía es uno de los detenidos y se llama Juan José Ribelli. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: voy a mantener el compromiso político de no utilizar la información ni la actuación de la Comisión Bicameral para finalidades electorales o bastardas, a pesar de las insinuaciones. (Aplausos.)

Sr. STUBRIN.- ¡Están todos ascendidos! ¡Esta mañana Lorenzo ascendió a todos los hombres de Ribelli!

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Ruego a los señores diputados que mantengan el orden.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CRUCHAGA.- Señor presidente: la bancada de la Alianza, y la gran mayoría del oficialismo, saben que existe un compromiso con la República: ¡hay que descubrir a los culpables! ¡La sociedad argentina no tolerará actuaciones secundarias o de carácter electoral partidario! ¡Sigamos con el compromiso político que hemos asumido, a pesar de las tentaciones y de algunas insinuaciones!

Los sectores afectados merecen ser escuchados. Los debemos atender, porque reclaman justicia. En ese sentido, mantenemos nuestro compromiso irrevocable de presencia y capacidad política para que las investigaciones no decaigan y se llegue a descubrir a los culpables. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAFIERO (J.P.).- Señor presidente: voy a continuar con este informe, aclarando que quien integra la Comisión Investigadora por el Frepaso es el señor diputado Carlos Alvarez.

Voy a seguir con la misma línea de pensamiento expuesta, coincidiendo en parte con lo manifestado por el señor diputado Soria, y estando totalmente de acuerdo con lo sustentado por el señor diputado Cruchaga.

Trataré de dejar de lado la tentación que puede llegar a despertar el análisis de hechos que están vinculados con actos terroristas que impactaron sin duda en la historia y en la vida política e institucional de la Argentina. Tratar de escindirlos del contexto político va a ser una tarea inútil, porque correríamos el riesgo de desnaturalizar la verdad, sin entender qué es lo que pasó con los argentinos y por qué vivimos estas horas.

Voy a referirme a la situación planteada con la AMIA, ya que de la Embajada de Israel se ocupó con exactitud el señor diputado Cruchaga.

El asesinato de ochenta y seis personas indefensas, víctimas de un atentado terrorista contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, puso en evidencia la incapacidad del sistema de seguridad interior y de inteligencia del Estado para descubrir el funcionamiento y los planes de una red delictiva que llevó adelante este ataque terrorista.

Una vez más ha quedado en evidencia la absoluta ineficacia e impericia de varios organismos estatales -particularmente los policiales-, para investigar hechos de esta naturaleza y capturar rápidamente a sus autores.

La principal razón por la cual el núcleo del grupo terrorista no ha sido detenido todavía ni juzgado no ha sido por la sagacidad de este grupo criminalsino más bien por la permisividad estructural de los servicios de seguridad oficiales. La estructura de estos ha funcionado como anillo al dedo para que los homicidas directos, es decir, aquellos que activaron la bomba, pudieran obtener hasta ahora el privilegio de la impunidad.

Si la Argentina contara con un sistema de seguridad comprometido con los fines de la sociedad, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones, que garantice la vida y la libertad de las personas -como lo señaló anteriormente el señor diputado Cruchaga al citar a un especialista en la materia-, por lo menos habría existido una barrera disuasiva para frenar o desalentar este tipo de operaciones por parte de los grupos terroristas. Pero reconozcamos que ni siquiera dos años antes el brutal atentado contra la embajada de Israel movió a las autoridades responsables a emprender reformas, que ya en ese entonces se consideraban impostergables; por ejemplo, la depuración total de las fuerzas de seguridad y de inteligencia y de todas las estructuras de seguridad de los grupos procesistas, antisemitas y autoritarios enquistados en esas estructuras.

Debemos reconocer -esto lo analizamos en el informe anterior- que quienes escucharon de boca del brasileño Wilson Dos Santos, dos días antes del atentado, que se estaba por producir este hecho, con su silencio no hicieron otra cosa que ser cómplices del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires. Así lo manifiestan la AMIA y la DAIA en julio de 1997 en un escrito muy extenso ante el juez Juan José Galeano, que dice así: "De haberse investigado seriamente en los veintiocho meses que precedieron al segundo ataque terrorista, la investigación referida a este último podría haber avanzado desde una base de datos enriquecidos que seguramente hubiera permitido logros mayores." Hoy no podemos dar marcha atrás a este reloj.

El presidente de la comisión ha formulado algunas preguntas y ha hecho una serie de comparaciones. Yo quisiera hacer esas preguntas desde un punto de vista distinto y con otro matiz.

Es cierto que existieron represalias y atentados -como él señaló- como consecuencia del conflicto de Medio Oriente. Pregunto por qué se eligió a la Argentina. El conflicto árabe-israelí data de muchas décadas y ha provocado muchos atentados y mucha sangre, pero nunca había llegado a la Argentina. Si queremos seguir con esa línea de razonamiento, deberíamos preguntarnos por qué se eligió a nuestro país.

Por otro lado, recuerdo que en el año 1982 se hablaba de "libanización", de ausencia del Estado, el no Estado. ¿Cómo podemos comparar a la Argentina con la situación de ausencia de justicia en un no Estado? Considero que esa comparación no nos conduce a una reflexión positiva.

Por otra parte, deseo señalar que cuando existe un fuerte reclamo de los familiares de las víctimas, que nos golpea muy duro, es decir, allí donde tenemos déficit, donde no hemos podido cumplir o donde sabemos que no hemos sido lo suficientemente estrictos o pudimos haber sido complacientes, aquéllos no hablan por el dolor ni justifican sus críticas por el solo hecho de la muerte del familiar. Hablan por la realidad, por la objetiva inexistencia de justicia concreta y material en los casos que ellos presentan ante los tribunales.

Entonces, no digamos que es el dolor el que los empuja, porque eso puede llevarnos a una autocomplacencia frente al reclamo. Repito que no habla el dolor sino la realidad: todavía la justicia no ha llegado.

Siguiendo en esa línea existen varias preguntas que aquí se han manejado durante mucho tiempo, ya sea por los investigadores o por los legisladores que hemos trabajado en la comisión y muchos otros que han tratado de aportar una explicación al fenómeno.

Muchas fueron las posibilidades que se consideraron: unos dijeron que el atentado se produjo por una cuestión local; otros hablaron de un ajuste de cuentas, algo doméstico. Otros dijeron que se trataba de promesas incumplidas, ya que alguien estuvo prometiendo cosas a personas que después reaccionaron de esa forma contra la Argentina.

Algunos sostuvieron que esto nos pasaba por meternos donde no corresponde, es decir, en conflictos ajenos. En un análisis más profundo de la política internacional, otros han dicho que alguien quiso provocar al proceso de paz y fogoneó un conflicto en la Argentina para detenerlo en el lugar donde se necesitaba.

No sabemos, señor presidente, cuál de todas las hipótesis es la correcta, porque la comisión no ha develado este misterio ni los dilemas que en esta situación se presentan, pero sí podemos reflexionar sobre algunos de los aspectos o consecuencias que más allá de estas hipótesis se pueden plantear.

El pasado 18 de julio Memoria Activa hizo una afirmación contundente que nos paralizó a muchos, en el sentido de que la conexión local es el Estado Argentino. Muchos nos quedamos estupefactos preguntándonos hacia dónde rumbeaba esa afirmación, y lejos de sentirnos ajenos a la misma empezamos a hacernos preguntas. Y no hemos encontrado respuestas, por lo menos en lo que corresponde a quienes tienen responsabilidades.

¿Por qué cuando a varios funcionarios del gobierno, de la más alta jerarquía, les llegó el momento de dar explicaciones, la evidente negligencia del aparato del Estado para prevenir el hecho se convirtió lisa y llanamente en encubrimiento y nunca tuvieron que dar esas explicaciones? ¿Podemos decir entonces que el Estado no estuvo presente o no formó parte de ese identikit de la conexión local?

¿Por qué la investigación no llega al nivel de los más altos funcionarios, en especial aquellos que tenían la responsabilidad de proteger a la comunidad? El Estado forma parte, es el responsable.

¿Por qué el presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, a pocos meses de finalizar su mandato, todavía no brindó una explicación satisfactoria de los dos atentados, y no nos dice qué sucedió y cuál es su visión de los hechos? Faltan pocos meses y no recibimos ese informe.

¿Por qué el actual vicepresidente de la Nación, doctor Carlos Ruckauf, que en el momento del atentado a la AMIA era el ministro del Interior, asegura primero conocer a los autores e inmediatamente después, cuando se le piden los nombres y las pruebas, guarda silencio o no nos dice nada nuevo? Guarda un silencio cómplice, un silencio que encubre. ¿Cómo no pensar entonces que el Estado, activa o pasivamente, no ha sido parte en estos atentados, cuando la impunidad se ha convertido en moneda corriente en nuestro país? Basta pensar en las leyes de la impunidad, en los indultos, en todos los elementos y actos políticos que vaciaron de ética a la justicia, y en la colocación de magistrados y amigos en el poder para bloquear investigaciones.

Nuestra historia reciente indica que en la Argentina los grandes crímenes no reciben castigo, y esto es una invitación a cualquier terrorista y a cualquier delincuente a actuar contra las personas, contra la vida y contra los bienes de los argentinos. Las víctimas sólo reciben una ficción de justicia: les ofrecen una compensación material que a menudo ofende a las víctimas y a sus familiares, que la pagan los contribuyentes y no los funcionarios responsables. La falta de esclarecimiento de los hechos y el escamoteo de la verdad impiden llegar a la condena justa y adormecen a la sociedad, que recibe una señal errónea de parte de sus gobernantes: el cuidado de la vida y las libertades de las personas está entre paréntesis en la Argentina.

Juristas de la talla de Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian y Andrés D'Alessio afirmaron, al leer la causa vinculada con el atentado a la AMIA, lo siguiente: "algunos sucesos evidencian la absoluta ineficacia de los órganos de investigación y control del Estado; otros ponen en duda la voluntad política de llevar adelante las investigaciones; hay también las que ponen de relieve negligencias y desidias inexcusables; pero también existen aquellos que sugieren inequívocamente la intención de entorpecer, desviar o evitar el avance de la pesquisa."

Estas irregularidades que marcan los mencionados juristas y que figuran en ambos informes de la comisión, no son más que actos preparatorios del encubrimiento exitosamente conseguido por los delincuentes que se amparan en las deformaciones o complicidades de la estructura del Estado, y dibujan el identikit de la conexión local.

El impenetrable silencio de los pocos acusados que están actualmente detenidos oculta las verdaderas razones del atentado y el mensaje terrorista cifrado en muertes echa su sombra sobre la sociedad. Sin embargo, hasta ahora el destinatario directo de esos mensajes se viene haciendo el distraído y no nos dice que mensajes recibió, en qué dirección, cómo los descifró y que quisieron decirle los terroristas.

El Congreso de la Nación no se refiere sólo al Poder Judicial cuando habla de justicia pues de algún modo se involucró en esa tarea por medio de la creación de esta comisión investigadora. En ese sentido creo que esta comisión, el Poder Legislativo y la democracia van a ganarle al crimen. No buscamos condenas sino justicia. Queremos que las verdades se transformen en pruebas irrefutables y que con la garantía del debido proceso y la ley en la mano las sentencias de nuestros tribunales constituyan la más contundente señal de que la violencia no tiene lugar entre nosotros.

Deseo traer el recuerdo de un gran escritor argentino, Rodolfo Walsh quien investigó los fusilamientos acaecidos en junio de 1956 y promovió la difusión pública de esos injustificables hechos con el objetivo de "...que inspiren espanto, para que jamás vuelvan a repetirse". En su libro Operación Masacre, Rodolfo Walsh decía lo siguiente: "...quienes ayuden a esclareserlos sin importar su origen político son aliados (...) porque mientras algunos sueñan, gente más práctica tortura y mata. Y eso es concreto, eso es urgente, eso es aquí y de ahora".

No es casualidad que el brazo de esa misma policía que Walsh denunciaba cuarenta años atrás llegue hasta el presente. Esa misma policía que mencionaba Walsh en su libro es la que hoy aparece absolutamente asociada a estos hechos y forma parte de la malla de la impunidad.

Analicemos algunos de los nudos de esa malla de impunidad. La participación policial en el atentado al edificio de la AMIA está acreditada. Como muy bien lo señaló el señor diputado Soria, el ex comisario de la policía bonaerense, Juan José Ribelli y su grupo operativo tomaron contacto con el coche bomba, la Trafic, antes del hecho. El vehículo fue provisto por un nexo policial que se dedicaba a "doblar coches robados" en connivencia con quienes debían perseguirlos por sus delitos. En definitiva, Carlos Telleldín manejaba los talleres y Ribelli era el jefe de la División Sustracción de Automotores. todos ellos, socios al fin, guardan el mismo silencio.

Posteriormente al atentado, el entonces Ministro del Interior Carlos Ruckauf afirmó en Nueva York que las instituciones judías estaban bien protegidas en la República Argentina y que los hechos violentos eran provocados por agentes suicidas. Luego de tanto tiempo estas afirmaciones tendieron a bajar la importancia yel perfil del hecho y a licuar responsabilidades porque quizá los encargados de la seguridad del país no estaban en condiciones de brindarla al conjunto de la comunidad. Era un hecho irrefutable el que había sucedido en la AMIA después de veintiocho meses del atentado a la Embajada.

Esta actitud la podemos certificar al analizar la actitud del Departamento de Protección del Orden Constitucional -el DPOC-, que sólo destinó ocho policías para la investigación, dos de ellos actualmente procesados por el juez Galeano por ocultamiento y destrucción de pruebas.

Una actitud diferente pudo apreciarse cuando, después del informe de la Comisión, el comisario Palacios inicia una tarea realmente distinta al frente de la labor investigativa.

¿Qué pruebas se perdieron? Se perdieron sesenta y siete cintas magnetofónicas; las primeras eran las grabaciones hechas desde el domicilio del primer imputado -Telleldín- mientras estaba prófugo.

Todos sabemos e imaginamos la situación de una persona comprometida, a la que están buscando. Sus primeros contactos telefónicos hubieran brindado a la Justicia y a la investigación el conocimiento de la amplia red de vínculos y conexiones que tenía Telleldín.

Todo eso se perdió, y suponemos que con ello también la posibilidad de probar en el futuro las conexiones entre las policías bonaerense y federal, sus combinaciones, sus amistades, sus complicidades y cómo se amalgamaba un sistema de impunidad y de injusticia.

También se perdieron disquetes, rollos de fotos, cinco videocasetes y transitoriamente la agenda de Telleldín.

Todo lo que pasó previamente por una mano policial y que podía haber sido después una prueba comprometedora para los responsables de la seguridad, de la investigación o de la inteligencia, se perdió.

Además, hubo deficiencias en los allanamientos policiales y llamó la atención la situación de Alejandro Monjo, que tuvo relación con la causa y luego pudo desembarazarse de su vinculación con ella. Al ser detenido este señor portaba un llavero de oro obsequiado por la Policía Federal.

El propio ex jefe de la Policía Federal nos dijo en la comisión que el hecho era inaudito y que no entendía cómo un vendedor de coches usados podía haber llegado a hacerse acreedor de este tipo de obsequios por parte de la Policía Federal.

También llama la atención la sugestiva ausencia de los agentes de custodia en los dos hechos. La custodia policial no estaba presente ni en el atentado a la embajada de Israel ni en el llevado a cabo contra la sede de la AMIA. Se trata de dos acontecimientos similares protagonizados por las fuerzas de seguridad.

Estas y otras graves omisiones constituyen una inmensa laguna repleta de dudas, conjeturas no probadas, pistas distractivas -como la que recién señalaba el señor diputado Cruchaga- y errores de procedimiento. Es por eso que el escepticismo crece.

Cuando el tiempo pasa nada se nos puede devolver: ni las vidas que se perdieron en los atentados, ni las lágrimas, ni la verdad, ni el deseo de justicia.

Hoy las víctimas de estos hechos y sus familiares pueden tener un tribunal delante de ellos, pero sienten que no tienen justicia. Se les ha cargado en la mochila la historia de impunidad, complicidad y encubrimiento que hay en la Argentina. Este Congreso tiene la tarea de aliviar esa carga, esa mochila.

Nadie está obligado a arrastrarse para obtener lo que le corresponde por derecho: el respeto, la verdad y la justicia.

Si fracasamos no podemos garantizar que el ejercicio de ese derecho tenga lugar en nuestro país. No nos tiene que perturbar que familiares afectados recurran a tribunales internacionales para solicitar afuera lo que aquí no consiguen.

Esta comisión trabaja por la Justicia en ese sentido, pero nos falta mucho por hacer. Debemos determinar qué papel desempeñó la SIDE. Al momento del atentado contaba con un presupuesto de 600.000 dólares diarios para brindar información vinculada a la defensa y seguridad.

Es moneda común y sabemos -porque en este ámbito se ha discutido muchas veces- que se ha descubierto que la SIDE se abocaba a espiar la vida política o gremial.

En esas condiciones ¿quién quiere esta SIDE, con leyes y decretos secretos y con multimillonarios fondos reservados de los que no rinde cuenta a nadie?

La comisión debe meterse dentro de la SIDE e investigar a fondo cuál fue su rol en estos hechos. Debemos analizar declaraciones que, si bien algunas pudieron haber sido ligeras, cobran relevancia al momento del análisis.

En primer término, el ex subsecretario del Interior, Hugo Franco, afirmó que el atentado a la AMIA era el resultado de una disputa interna de la colectividad judía; luego, manifestó: "se trata de personas que vienen, montan una operación y se van".

En segundo lugar, el titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, afirmó desde el comienzo de la investigación lo siguiente: "Siria no hace estas cosas", sugiriendo que las miradas se depositaran en la organización pro iraní Hezbollah.

Por último, el 28 de agosto de 1996 el jefe de Gabinete de Ministros, ingeniero Jorge Rodríguez, afirmó que "se pueden sostener como hipótesis de mayor validez que estos hechos responden a acciones del terrorismo internacional"; sin embargo, antes había afirmado que no podía precisar los motivos de tales actos.

En consecuencia, todavía hay mucho trabajo para la comisión. Por ello, es importante que la Honorable Cámara se pronuncie en favor del informe presentado y de la continuidad de su trabajo. Debemos seguir investigando porque somos conscientes de que, cuanto más nos adelantamos en estos temas, más nos damos cuenta del grado de exposición e inseguridad de la sociedad argentina, algo de lo que ni la propia población tiene conciencia.

El Congreso no puede distraerse con la labor de la Justicia, porque esto no es sólo tarea de un tribunal. Debemos avanzar en el análisis fino y detallado de cada uno de los hechos ocurridos.

Cabe insistir en la premisa fundamental de si el Estado es la conexión local y si las obstrucciones a las investigaciones o el encubrimiento de los autores refleja una voluntad política para que no sean reveladas las múltiples facetas del mensaje terrorista. Queremos saber el contenido de ese mensaje y cuál es su exclusivo destinatario, ya que para muchos de los presentes la impericia, la negligencia y las omisiones significan complicidad, y es ésta la que pretende poner un techo a la investigación a fin de que la verdad no aflore y la Justicia deba incorporar estos dos terribles hechos a la estadística de la impunidad.

A pesar de todas las cuestiones referidas la comisión debe continuar trabajando y sus integrantes comprometernos a que con las herramientas que tenemos a nuestro alcance impidamos que las investigaciones concluyan en los Ribelli o Telleldín; sólo de esa manera los familiares, la comunidad y la sociedad argentina en general podrán sentir que no están solos y que cuentan con este Congreso, quien con las herramientas que posee avanzará en las investigaciones para consolidar una sociedad justa, con dignidad, respeto y verdad. A esto aspiramos y es por ello que, pese a la disidencia planteada por el señor diputado Cruchaga, solicitamos la aprobación del informe en consideración. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Señor presidente: durante el desarrollo del primer informe brindado al cuerpo por la comisión bicameral -hace más de un año- sostuvimos que ambos atentados, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, se habían producido en el escenario de una Argentina donde los organismos de seguridad y de inteligencia, máximos responsables en las tareas de investigación de este tipo de hechos, estaban estructurados no ya para cuidar la seguridad de los ciudadanos sino la de los gobiernos, en lo que comúnmente se denominó como doctrina de seguridad nacional. Sosteníamos que en este marco, el pasado y las medidas recientes habían creado en la sociedad argentina una lógica de la impunidad.

Pocas veces nos ha tocado constatar, como en este segundo informe de la comisión, lo que afirmamos en el primero sobre los organismos de seguridad e inteligencia. Quiero abordar específica y brevemente este tema de los organismos de seguridad e inteligencia. La Dirección de Protección al Orden Constitucional, dependencia de la Policía Federal creada en 1984, fue desde el inicio de la democracia la responsable de hacerse cargo de este tipo de investigaciones.

Cuando mandamos pedir los legajos de los miembros que habían pasado por este cuerpo desde 1984 a la fecha, nos informaron que se trataba de un total de noventa y nueve, de los cuales sólo seis agentes habían cumplido tareas específicas en materia de inteligencia. De los noventa y nueve, sólo uno nunca había sufrido sanciones. El DPOC, desde siempre, constituyó un reservorio de los elementos indeseables de los organismos de seguridad, que terminaban allí porque no tenían otro lugar donde colocarlos. Como dato accesorio, puedo mencionar que sólo tres miembros de este cuerpo participaron en las segundas jornadas de derechos humanos. Señalo este aspecto para caracterizar el perfil de los miembros que debían cuidar el orden institucional y bajo qué conceptualización actuaban.

Creo que ésta es una tarea pendiente que tiene la clase política argentina. Coincido con el señor diputado preopinante Cafiero en cuanto a la necesidad de que esta comisión siga profundizando la investigación, pero también debemos reconocer ante la sociedad argentina que el Parlamento tampoco ha cumplido el rol que le había fijado la propia ley de seguridad e inteligencia, a través de la comisión bicameral, de controlar a estos organismos, no sólo en el ámbito de la Policía Federal sino también en el de la SIDE.

Existe una comisión bicameral de seguimiento de los organismos de seguridad e inteligencia constituida por miembros del oficialismo y de la oposición. Abordar una reforma en serio en esta materia es una asignatura pendiente. ¿Por qué digo esto? Porque los personajes a que me he referido no tienen partido ni gobierno; en algunos casos sólo tienen ideología, y en otros hacen de este tipo de tareas una forma de vida.

Quiero comprobar empíricamente lo que estoy diciendo. Escuchaba con atención al señor diputado Cruchaga cuando describió un episodio que nos tocó vivir en el ámbito de la comisión. Me refiero al caso del detenido Solari, de la policía bonaerense. Hace pocos días nos tocó vivir otro episodio con otro triste personaje de otra época: el ex agente Mario Aguilar Rizzi -miembro de la banda de Guglielminetti, vinculado con el secuestro y muerte del empresario Sivak- aparece el año pasado en la causa, tratando de embrollar la cuestión. Y ahora surge la vinculación con otro personaje, que algunos miembros de la comisión creemos que puede pertenecer a otro servicio secreto: el brasileño Wilson Santos, quien aparece articulando una maniobra por la cual facturaba más de cien mil dólares para presentar información a la comisión bicameral o al gobierno. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? La mecánica de estos personajes que no sólo funcionan de esta manera dentro del territorio nacional sino que también actúan en contacto con agentes de otros lugares.

Siempre hay una tensión muy grande entrelo relativo a la democratización de los organismos de seguridad e inteligencia y la eficacia en las investigaciones de las que se ocupan, pero esta es una tarea pendiente y tenemos la obligación de abordarla y asumirla. Lo digo porque estos personajes vinculados a algunos episodios desgraciados en la vida argentina siguen apareciendo cualquiera sea el gobierno y los hechos se agravan a medida que continúa la lógica de la impunidad que se viene desarrollando desde hace años.

Por eso, compartiendo el dolor de los familiares al que aludieron los señores diputados preopinantes, admitiendo también la objetividad del reclamo frente a la impunidad de esos familiares, y adhiriendo a aquellos que tal vez vieron un cierto grado de sectarismo, afirmo que quizás algunas actitudes se comprenden no sólo en el marco del dolor o de la necesidad de justicia que tiene cualquier ser humano sino también porque es la comunidad judía la que ha sido agredida. La bomba no se puso en cualquier embajada: se voló la embajada de Israel. La bomba no se puso en cualquier entidad civil del país: se puso en la AMIA. Hay un contenido ideológico evidente en estos atentados. Si yo fuera judía me sentiría afectada de la misma manera. Por eso, no hay solamente un problema de violencia: es un problema profundamente político e ideológico, no partidario.

Hacer discursos compadeciéndonos o comprendiendo a los familiares de las víctimas no es suficiente; falta algo muy importante. Falta el compromiso de la totalidad de la clase política argentina en el sentido de abordar un tema pendiente, que es la depuración y organización de los organismos de seguridad e inteligencia y la reformulación de sus estructuras y políticas. Esto no se lo debemos únicamente a las víctimas y a sus familiares: se lo debemos a todos los argentinos que merecen tener organismos de seguridad e inteligencia no para espiar la vida privada de los dirigentes políticos, empresariales o sociales sino para cuidar la seguridad de todos.

No puedo dejar de mencionar la reacción de la Justicia, en este caso, del señor juez de la causa, respecto de miembros de la Dirección de Protección del Orden Institucional -concretamente, el comisario Castañeda y otros-, en materia de resolver casos como los mencionados por el señor diputado Cafiero: la desaparición del llavero de oro de Alejandro Monjo -con dedicatoria de la Policía Federal- y de la agenda electrónica, los videos y los sesenta y seis casetes de Telleldín. No se sabe si estos elementos fueron extraviados por la SIDE o por la Policía Federal. Creemos que esto, que se produjo en 1994 y fue reclamado en forma urgente dos años después por el juez para finalmente dictar auto de procesamiento dos años más tarde, en 1998, también fue un poco demorado, por caracterizarlo de alguna manera. Esto debemos decirlo, porque esconder las cosas no sirve para nada y, en todo caso, sigue contribuyendo a esto que nosotros hemos definido como la lógica de la impunidad, que no es ni más ni menos que la madre de muchas de las cosas que nos están pasando a los argentinos.

Por eso en estas etapas de discusión acerca de qué hacer con la seguridad, de presuntos debates entre duros y blandos o tolerancia cero frente al delito, me parece que la primera tolerancia cero que deberíamos ensayar como parlamentarios, como responsables institucionales, se vincula precisamente con los organismos de seguridad y de inteligencia. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. CARRIO.- Señor presidente: no pertenezco a la comisión bicameral, pero he leído cuidadosamente el informe y a pedido de muchos familiares de las víctimas he tenido oportunidad de analizar muchos cuerpos del expediente del atentado a la AMIA.

Mi larga experiencia judicial me lleva a tener una visión crítica de la actuación del juez Galeano. Algunas de esas observaciones han sido señaladas en su disertación por la señora diputada Fernández de Kirchner.

No advierto en el informe de la comisión bicameral un examen referido a la actuación del juez Galeano, idéntica a la que se efectuara en relación con la Corte Suprema de Justicia respecto del atentado a la embajada de Israel.

En los veinte primeros cuerpos del expediente de la AMIA he advertido que se han perdido y se han omitido innumerables pruebas, algunas de las cuales parece que fueron pedidas casi por la presión de Memoria Activa muchos años después.

Es preciso que la comisión bicameral siga abonando la investigación, pero también es indispensable que la verdad sea verdad y nada sea ocultado. Por ello solicito que también se investigue por qué se han producido esas omisiones, por qué se recomienda seguir la tesis del FBI cuando desde los primeros cuerpos del expediente estaba claro que no se habían receptado los testimonios como correspondía, no sólo de quienes fueron testigos sino también víctimas del atentado, declaraciones que ni siquiera fueron tomadas personalmente por quien dirigía la causa.

De manera que sin pretender entorpecer ni cuestionar la labor de la comisión bicameral, creo que se deberían investigar seriamente las omisiones en la actuación del juez Galeano, básicamente en los primeros cuerpos del expediente, sin perjuicio de que hay anexos que por la desestructuración de la causa no se pueden conocer.

Finalmente, quiero señalar que hay mucha gente en Memoria Activa que no está pidiendo desde el dolor, sino desde una ciudadanía plena la verdad que forma parte de la Justicia. No creo que debamos compadecernos del dolor de nadie. Están pidiendo lo que cualquier ciudadano de la Argentina puede requerir, sobre todo con tantos muertos: verdad y justicia.

Sé que no corresponde votarlo, pero manifiesto mi discrepancia en cuanto a las conclusiones de la comisión bicameral en relación con el atentado a la AMIA.

Sr. PRESIDENTE (López Arias).- Con el asentimiento del cuerpo se tendrá por rendido el segundo informe producido por la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA.