Temas relacionados de Argentina  con el FMI

Traducción electrónica

El artículo siguiente es un Memorándum de Políticas Económicas del gobierno de Argentina que describe las políticas que Argentina piensa llevar a cabo en el contexto de su demanda para el apoyo financiero del FMI. El documento que es la propiedad de Argentina está siendo hecho disponible en el website de FMI por el acuerdo con el miembro como un servicio a los usuarios del website de FMI.  

El memorándum de Políticas Económicas 

Yo. el Fondo 

1. la actuación de la economía Argentina registró una marcada mejora durante los 1990. Esto reflejó la disciplina macroeconómica requerida por el régimen de convertibilidad, la modernización de la estructura productiva engendrada por el crecimiento rápido de inversión, las reformas estructurales, y, para la mayoría del periodo, un ambiente internacional favorable. La última década también vio la consolidación de las instituciones y del proceso democrático en Argentina, estableciendo las condiciones para el crecimiento sustentable.  

2. sin embargo, los disequilibria significantes permanecían, qué en el segundo la mitad de la década se reflejó en la volatilidad significante en la actuación de la economía y contribuyó a un retraso en el crecimiento. El desempleo abierto permanecía alto, sobre todo en algunas regiones y sectores de la fuerza obrera. Las finanzases públicas registraron los déficites a lo largo de la última década, mientras reflejando la entrada en vigor del impuesto ineficaz y corrosión del impuesto los aumentos bajos, significantes y las ineficacias extendidas gastando, así como el costo fiscal inicial de la reforma del seguro social. Como resultado, el sector público consolidado la deuda neta subió a un estimó 45.7 por ciento de PIB por 1999. Aunque este nivel no es especialmente alto comparado con otras economías surgiendo, su crecimiento rápido en los recientes años da la causa para la preocupación. La cuenta actual del equilibrio de pagos también grabó los déficites crecientes en el segundo la mitad de la última década. Los disequilibria subyacentes en estas áreas fueron exacerbados por el ambiente internacional difícil que prevaleció en los más recientes años, incluso el asiático, Rusia, y crisis de Brasil, el grande (aproximadamente 13 porcentaje apunta) el deterioración de las condiciones de Argentina de comercio entre 1997 y 1999, y el levantamiento generalizado en el premia de riesgo por surgir mercados que no ahorraron Argentina. 

3. como resultado de estos sustos externos, y de un debilitar de políticas, sobre todo durante el segundo la mitad del año, la actuación de la economía Argentina deterioró significativamente en 1999. El declive en actividad que ya había empezado en el segundo la mitad de 1998 en la consecuencia de la crisis de Rusia, ahondó más allá en el primero la mitad de año pasado, mientras reflejando el declive en particular en la demanda de Brasil y otros países en la región y los constreñimiento de financiación más firmes en el sector privado. Aunque el año acabó con las indicaciones de una recuperación, PIB real se estima para haber rechazado por aproximadamente 3 por ciento en 1999. Como resultado, la proporción de desempleo aumentó a 14.5 por ciento en el 1999 de agosto, antes de rechazar a 13.8 por ciento en el último cuarto del año. Se reflejó el retroceso en la economía y declives en los costos obreros en un 1.8 otoño por ciento en el consumidor precia en 1999.  

4. el declive significante en la demanda doméstica más del desplazamiento el impacto adverso en el déficit de comercio externo de la demanda externa floja, la depreciación del brasileño real, y las condiciones de pérdida de comercio. El retroceso redujo el déficit de comercio a US$2.2 mil millones de casi US$5 mil millones en 1998, con un sobrante, aunque pequeño, todavía manteniéndose el vis-à-vis Brasil. Semejantemente, el déficit de cuenta actual en el equilibrio de pagos estrechado a sobre US$12 mil millones (4.3 por ciento de PIB) en 1999 de US$14.5 mil millones (4.9 por ciento de PIB) en 1998. Más de la la mitad de este déficit se financió por el precio neto la inversión directa extranjera (FDI) que la rosa a una cresta histórica, y una parte significante de sector privado que financia los préstamos interempresariales reflejados. No obstante, la deuda externa total (excluyendo preborrowed de las cantidades y la garantía subsidiaria en Brady une) continuó aumentando, al equivalente de aproximadamente 51 por ciento de PIB, con sólo 15 por ciento de esta deuda en las madureces originales debajo de un año. Por otro lado, el sector privado Argentino se estima para sostener los recursos financieros en el extranjero equivalente a unos 30 por ciento de PIB. Las reservas internacionales gruesas de la cantidad del Banco Central a alrededor de US$26 mil millones, cubriendo casi 100 por ciento de las obligaciones monetarias del Banco Central, y adicionalmente, los bancos tienen una posición grande en los recursos extranjeros líquidos. 

5. las finanzases públicas deterioraron significativamente en 1999, mientras reflejando el downturn económico, un debilitando más allá de complacencia del impuesto, los pagos de interés aumentados, e invade en los gastos primarios. Como resultado, y a pesar de más alto que esperó los réditos de las concesiones (sumando a 0.6 por ciento de PIB), el déficit gubernamental federal ensanchó a 2.5 por ciento de PIB en 1999 (2.7 por ciento, incluso el déficit del servicio de salud para el retirees, PAMI), de 1.3 por ciento de PIB en 1998, mientras el déficit consolidado de los gobiernos provincianos subió a un estimó 1.3 por ciento de PIB, de 0.8 por ciento de PIB en 1998. La deuda total de las provincias ha subido significativamente en los recientes años, mientras excediendo por 1999 el equivalente de 7 por ciento de PIB, y su carga de servicio se proyecta para absorber casi 13 por ciento de sus réditos combinados. En algunos las provincias muy endeudadas, la carga de servicio de deuda excede 30 por ciento de sus réditos. 

6. el sistema banca mantuvo las condiciones legítimas logradas durante la última parte de los años noventa y fue posicionado bien para resistir el apretándose de condiciones de financiación externas en 1999. A pesar del retroceso doméstico y el ambiente externo difícil, los depósitos en el sistema banca continuaron creciendo en 1999, aunque a un paso más lento que en los años anteriores. Los bancos Argentinos mantuvieron una política prestando cauta, y levantó bien más de sus tenencias de recursos líquidos a los niveles los requisitos de liquidez obligatorios. No obstante, el ambiente de financiación más difícil y los downturn en la actividad económica ejercieron un poco de presión en la calidad de los recursos de bancos. Nonperforming presta la rosa de 10.3 por ciento de recursos de riesgo totales en el 1998 a 11.5 por ciento de diciembre de recursos de riesgo totales en el 1999 de noviembre (de 4.0 a 4.7 precio neto por ciento de comestibleses). El sistema banca permanece, no obstante, bien capitalizó, con la proporción de suficiencia importante (el criterio de Basilea) excediendo 20 por ciento ligeramente a extremo-1999. 

II.  El Programa Económico, 2000-02, 

7. el nuevo gobierno que tardó la oficina en el 1999 de diciembre, mientras siguiendo una transición democrática y responsable, del principio su conocimiento de las dificultades y desafíos que lo enfrentan demostró, y su determinación firme para dirigirselos rápidamente y decididamente, buscando un apoyo social y político ancho-basado por este esfuerzo. El gobierno también está buscando el apoyo de la comunidad financiera internacional, y en particular del FMI, a través de un tres-año posición-por el arreglo. 

8. el gobierno ve como su prioridad delantera crear las condiciones para la recuperación sustentable de actividad económica que se necesita reducir desempleo y pobreza de una manera duradera, con la estabilidad del precio continuada. Estas condiciones incluyen un aumento sostenido en las economías nacionales, financiar el crecimiento necesitado de inversión sin más allá subida la carga de la deuda externa en la economía,; y una mejora progresiva de la competitividad internacional de producción local, dentro del armazón del régimen de convertibilidad a que el gobierno se compromete totalmente. La competitividad será fortalecida por la moderación continuada de costos y precios, la productividad gana, las reformas estructurales de gran alcance--sobre todo en el mercado obrero, la educación y sistemas de salud, y el sistema financiero--y por la competición aumentada, como resultado de las mejoras en el armazón regulador. 

III.  El armazón macroeconómico  

9. el gobierno cree que una aplicación firme de las políticas perfiló en los párrafos debajo empujará la confianza ambos en casa y en el extranjero, contribuyendo a la disponibilidad aumentada y el más bajo coste de financiar para los prestatarios Argentinos. Esto le permitirá a Argentina que beneficie totalmente en 2000 y más allá de de la recuperación en la demanda extranjera y la perspectiva mejorada para sus precios de la exportación. Por consiguiente, el gobierno está seguro que el registro del testamento económico Argentino una recuperación sostenida en 2000, y la previsión oficial es para el crecimiento de PIB real de 4 por ciento. No obstante, fortalecer la confianza en la viabilidad de los blancos especificaron en el programa para que el gobierno está buscando el apoyo del Fondo, este programa es basado en una asunción más conservadora de crecimiento de PIB real de alrededor de 3½ por ciento en 2000. En la ausencia de sustos externos adversos, el crecimiento de PIB real podría promediar 4 por ciento por lo menos en los años subsecuentes. Se esperan estas proporciones de crecimiento de PIB, junto con la eliminación de rigideces duraderas en el mercado obrero que está buscándose a través de la reforma de la legislación obrera perfilado debajo, llevar delante por los años a un levantamiento sostenido de empleo, y un declive significante de desempleo. 

10. El impacto adverso en las cuentas externas del rebote en importaciones que se preven para acompañar la recuperación económica en 2000 y más allá de, debe compensarse grandemente por la contestación de exportaciones al ambiente externo más favorable proyectado--incluyendo crecimiento renovado y alguna apreciación del tipo de cambio real en Brasil y una recogida en el comercio del mundo--y la mejora en la competitividad de productos Argentinos. También se esperan las condiciones de comercio beneficiar de la fuerza de precios de aceite y la recuperación incipiente de otros precios del artículo. Por consiguiente, se espera que el déficit de comercio rechace gradualmente durante el periodo del programa, mientras compensando en el extranjero en parte el aumento continuado previsible en los pagos de interés de precio neto. De acuerdo con, se proyecta el déficit de cuenta actual en el equilibrio de pagos para sólo subir modestamente respecto a PIB, a alrededor de 4½ por ciento de PIB. FDI se proyecta para continuar cubriendo 40 por ciento a 50 por ciento de este déficit. Se espera que la deuda externa total estabilice PIB respecto a durante el periodo del programa, y para rechazar gradualmente después de esto. 

IV.  Las políticas económicas 

11. El gobierno se compromete totalmente a un esfuerzo sostenido de consolidación fiscal y la mejora estructural en el sector público financia que ve como el requisito para reducir la carga creciente de la deuda pública en la economía Argentina y en su potencial de crecimiento. Enfrentado con el deterioración sustancial del sector público financia en 1999, y el riesgo de un empeoramiento extenso en 2000 en la ausencia de acción correctivo temprana y firme, el gobierno federal ha movido para fortalecer la propuesta del presupuesto inicial para 2000 a través de las reducciones selectivas gastando rápidamente, y ha afianzado el pasaje rápido por el Congreso de un paquete de medidas del impuesto, diseñó para rendir Arg$2 mil millones (0.7 por ciento de PIB) este año. El paquete del impuesto incluye aumentos de la proporción que afectan el ingreso, sisas, los combustibles, y la riqueza personal impone contribuciones, y un ensanchando de la base de los valor-agregamos e impuestos del ingreso. Adicionalmente, el gobierno detuvo el concediendo de nuevos beneficios bajo los régimenes de incentivos de impuesto duraderos y costosos para la industria y agricultura, y adoptó las nuevas medidas para acelerar las colecciones del impuesto. Diseñando el paquete del impuesto, el gobierno tiene el endeavored para minimizar su impacto en el más bajo ingreso se agrupa y para eliminar las distorsiones. El gobierno también ha decidido limitar la reducción planeada de contribuciones del patrón al sistema del seguro social tejer una malla las sumas al empleo. El gobierno y las provincias también han aceptado un "compromiso federal" (el compromiso federal) eso pone los traslados federales a las provincias en 2000 y 2001 a los niveles debajo de aquéllos que habrían sido implícito por las reglas actuales del rédito que comparte el sistema, y especifica otros compromisos respecto a la reducción en los gastos de las provincias. 

12. Como resultado de estos pasos, el gobierno está seguro que podrá contener el déficit federal (incluso el déficit de PAMI) en 2000 a Arg$4.7 mil millones (1.6 por ciento de PIB), en la línea con los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal promulgados en 1999. El gobierno también se compromete a reducir el déficit más allá en 2001 y 2002, mientras alcanzando el equilibrio por 2003, a más tardar, como requerido por la misma ley. En particular, en 2001 buscará limitar el déficit federal a bajo 1 por ciento de PIB. Dado la desaparición esperada en 2001 de algunos factores temporales que están empujando los réditos este año, logro de próximo año designado requerirá muy bien y esfuerzos exitosos por mejorar la complacencia del impuesto, ensanche la base del impuesto, haga aerodinámico la administración federal, y reduzca la ineficacia y gaste en el gasto público, como perfilado debajo. 

13. El gobierno está dando la prioridad alta a afianzar una mejora sustancial en la complacencia del impuesto reduciendo atrasos del impuesto, anulación, y evasión. Para estos propósitos, el gobierno: (un) está continuando los esfuerzos para fortalecer las capacidades operacionales del impuesto y administración de la costumbre, incluyendo aumentando la flexibilidad en su utilización de la mano de obra,; (b) ya ha enviado a las facturas del Congreso para acelerar el tratamiento judicial de casos del impuesto, incluso el establecimiento de una rama especializada de la magistratura tratar con cosas así embala, y de nacional especial y las secretarías regionales dentro del sistema judicial para ocuparse de la colección de atrasos del impuesto; (c) ha introducido un programa para facilitar el pago de atrasos en los impuestos y contribuciones del seguro social aumentó hasta el 1999 de octubre encima de un periodo de a a 60 meses sin la multa y a una media proporción de interés de 10 por ciento, mientras al mismo tiempo, para reducir el riesgo moral, ha anunciado la eliminación de otras formas existentes de paciencia del impuesto; y (d) ha enviado recientemente al Congreso una factura que requiere los pagos más grande que Arg$10,000 ser hecho a través de los instrumentos del banco, en lugar de en el dinero en efectivo. 

14. El esfuerzo por contener el gasto federal en 2000 y el más allá centrará en hacer aerodinámico el servicio civil, mientras incluyendo en las entidades descentralizadas, y en mejorar la efectividad del costo en la entrega de servicios públicos. Para este propósito, el gobierno ha eliminado ya un número regular de secretarías nacionales; ha llevado a cabo los cortes significantes sobre todo en el personal con contratos temporales que habían crecido rápidamente en 1999; y está planeando un programa de la separación voluntario y una eliminación de gran alcance de vacantes existentes. Como la parte de los recientemente sometimos "emergencia fiscal" la ley, está buscando los poderes legales para facilitar el redeployment de funcionarios. Un esfuerzo completo se ha comenzado dentro de cada ministerio, bajo la dirección de la oficina del Vicepresidente, identificar solapando el gasto programa, con una vista a la duplicación eliminadora de esfuerzos y reduciendo los costos. El gobierno piensa proporcionar a los gerentes públicos la responsabilidad mayor en la asignación de sus recursos del budgeted, junto con la responsabilidad fortalecida para los resultados, y para este propósito piensa mejorar los indicadores disponibles de eficacia y efectividad de gastar los programas, mientras construyendo en las prácticas internacionales más buenas en este área. El gobierno también se compromete totalmente a erradicar la corrupción, transparencia creciente y responsabilidad de prácticas de la procuración. Para este propósito, está buscando una renegociación de gran alcance de contratos con sus proveedores, y piensa presentar una nueva ley de la procuración federal moderna. 

15. El gobierno piensa introducir en los próximos meses una nueva reforma del sistema del seguro social apuntada a mejorar la solvencia del intertemporal del sistema. Esta reforma centrará en las medidas a, en la una mano, reduzca el déficit probable del público (los definir-beneficios) el componente del sistema, y, por otro lado, competición de aumento y promueve la eficacia en el privado (los definir-contribución) el componente de él. Los pasos que el gobierno piensa tomar a este efecto incluyen: (un) aumentando gradualmente durante los próximos diez años la edad jubilatoria por las mujeres (actualmente 60 años); (b) buscando encuadrar la base contribuyente más estrechamente para el por cuenta propia a sus ingresos reales; (c) reformando la pensión especial restante los régimenes para las categorías seleccionadas de empleados públicos, con una vista a mejorar la equidad y reducir su costo al presupuesto, y (d) fortaleciendo el armazón regulador y vigilancia para los planes jubilatorios privados (AFJPs), para promover una reducción en los costos operando del último y asegura su término solvencia larga. 

16. En el área de salud, el gobierno piensa promover la consolidación de organizaciones de salud unión-corridas existentes muchos de los cuales están experimentando las dificultades financieras y estimular la eficacia criando la competición más eficaz entre el restante, y entre ellos y los Sistemas de atención médica controlado privados, siguiendo un fortaleciendo del armazón regulador y de supervisión para el último. Como las preocupaciones el PAMI--la situación financiera y calidad de servicio de que ha deteriorado grandemente en los recientes años, mientras requiriendo la intervención federal a la emergencia--el gobierno se compromete a promulgar reformas rápidamente comprensivas apuntadas a asegurar su viabilidad financiera y mejorar la calidad y efectividad del costo de sus servicios. Como primero pasos en esa dirección, el gobierno ha requerido la renegociación inmediata de todos los contratos con los proveedores, mientras reduciendo la intermediación innecesaria, y ha reducido el personal del non-tenured significativamente en la entidad. También está analizando qué el mejor para integrar el PAMI con el resto del sistema de salud como del próximo año. Para promover la transparencia, el gobierno piensa re-incorporar los funcionamientos de PAMI en el presupuesto federal para 2001. 

17. El gobierno está tremendamente interesado sobre el deterioración sustancial de las finanzases provincianas, sobre todo en 1999, y se compromete a buscar una mejora sostenida en estas finanzases, con el respeto lleno de la autonomía constitucional de las provincias. Para este propósito, en el contexto del "el compromiso federal" mencionó en párrafo 11 sobre, ha afianzado el acuerdo de las provincias para promulgar las leyes de responsabilidad fiscales rápidamente provincianas, ha planeado en el federal que aseguraría una eliminación progresiva de sus déficites presupuestarios a través de la contención de gastos, las mejoras en la entrada en vigor del impuesto, y ha aumentado la transparencia en sus cuentas presupuestarias. Varios provincias muy endeudadas ya han movido para promulgar las leyes de la emergencia fiscales, mientras permitiéndoles que redujeran nómina excesiva y otro gasto. Otras provincias han introducido las varias medidas del rédito-subida. El gobierno piensa condicionar su apoyo de la restructuración de la deuda de provincias muy endeudadas en el último acuerdo para específico y el monitorable programa de ajuste fiscal. También utilizará su autoridad para aprobar el recurso por las provincias a financiar en la divisa (incluso la financiación por las organizaciones multilaterales), asegurar esa nueva financiación es consistente con un declive sostenido de déficites provincianos en 2000 y más allá de. El programa establece los techos indicativos en el déficit consolidado de las provincias equivalente a 0.8 por ciento de PIB para este propósito, en 2000, 0.5 por ciento de PIB en 2001 y aproximadamente 0.3 por ciento de PIB en 2002. Además, el programa pone un criterio de la actuación durante el 2000 de diciembre para el cambio neto durante el año en la deuda del sector público consolidado, incluso la deuda de las provincias con los bancos comerciales y eso denominó en la divisa. El sistema existente de supervisar de varias formas de recurso por las provincias a la financiación extranjera y doméstica se mejorará rápidamente, para permitir un supervisar oportuno de complacencia con los blancos del programa. 

18. El gobierno reconoce la necesidad de alcanzar el acuerdo temprano con las provincias en una reforma duradera del rédito que comparte el sistema para ponerse eficaz después de la expiración del "el compromiso federal" al final de 2001. Esta reforma del sistema apuntará, entre otras cosas, a simplificar las reglas existentes determinando el impuesto comparte respecto al rédito del impuesto total que excluye la importación impone contribuciones--en lugar de respecto a categorías del impuesto individuales, como en el sistema actual--y a aplanar el impacto de fluctuaciones cíclicas en la base del impuesto en los réditos provincianos (por ejemplo, utilizando un promedio mudanza de réditos federales como la base para el cálculo de los traslados federales anuales a las provincias). La reforma de relaciones fiscales intergubernamentales también enfocará en la necesidad por ensanchar la base, y aumentando la efectividad de sistemas del impuesto provincianos. 

19. La aplicación exitosa de la consolidación fiscal programa para el gobierno federal y las provincias perfilaron sobre debe permitir una reducción gradual de la proporción de la deuda pública a PIB durante el periodo del programa, incluso después de que el pago o securitization de obligaciones gubernamentales relacionaron para cortejar las decisiones o a los desafíos de la corte pendientes. Para evaluar la magnitud de estas obligaciones correctamente, y facilita a una defensa apropiada del interés público en los casos de la corte pendientes, la factura de la emergencia fiscal recientemente sometida a las llamadas del Congreso para una suspensión temporal de cosas así embala. 

20. Los objetivos principales de la política de dirección de deuda del gobierno durante el periodo del programa son aplanar y alargar el perfil de madurez de la deuda, minimizan su costo a través de la dirección de obligación activa, y promueven el desarrollo del mercado importante doméstico. Un diálogo activo y transparente continuará siendo llevado a cabo con los participantes del mercado, ambos en casa y en el extranjero, guardarlos informado del gobierno está financiando los planes cuando ellos evolucionan durante el año. Es la intención de las autoridades para aumentar, como el permiso de condiciones de mercado, el medio tamaño de atadura gubernamental emite para aumentar su liquidez, y también para mantener un cojín de pre-financiación adecuado. El recurso a la financiación a corto plazo continuará siendo limitado, en la línea con los techos establecidos en el programa. El gobierno piensa continuar la venta de sus recursos, mientras incluyendo las porciones restantes en las instituciones financieras privatizadas y empresas en el sector de energía, así como seleccionó el bienes raíces en su patrimonio. Se espera que estos funcionamientos rindan Arg$700 millón en 2000, (0.2 por ciento de PIB). 

21. Las políticas financieras continuarán apuntando a estribar la confianza en el sistema banca doméstico, y creando las condiciones para la amonedación extensa de la economía y un flujo adecuado de crédito al sector privado. El Banco Central (BCRA) piensa guardar el fondos de banco del sector privado deposita con los recursos extranjeros líquidos a alrededor de 35 por ciento. La posición de liquidez fuerte de bancos y la recompra continuada de crédito del Fondo excelente le permitirá al BCRA continuar reduciendo sus recursos domésticos netos que son los targeted para rechazar por Arg$1,080 millón en 2000. 

22. En el área de reforma financiera, el gobierno piensa buscar aprobación temprana de cambios propuestos al BCRA Charter, para fortalecer la habilidad del último tratar con el potencial preocuparon las instituciones financieras. El BCRA está repasando la banca el armazón regulador y prudencial para evaluar su consistencia con las normas internacionales y las prácticas más buenas en este área. También está continuando sus esfuerzos para fortalecer la vigilancia del banco más allá a través de los acuerdos de cooperación con supervisores en los países industriales principales y otros mercados financieros pertinentes, y a través del entrenamiento apropiado de su personal. Un sistema para proporcionar advertencia de cambios temprano en las condiciones y condiciones de acceso por los bancos comerciales a las líneas del crédito externas ha estado subsecuentemente tarde en el lugar 1999, y está mejorándose más allá. El gobierno presentará la legislación para permitir la transformación del Banco Nación en una corporación estado-poseída, aumentar la transparencia de sus funcionamientos, y para limitar su exposición a deudores individuales que no han recibido las valuaciones del crédito adecuadas. También están tomándose los pasos para asegurar que la carpeta del préstamo del Banco Nación se aprovisiona adecuadamente, y el banco se capitaliza suficientemente. Para promover el desarrollo del mercado importante doméstico, el gobierno ha preparado un comité del interagency para repasar el armazón regulador para los bancos y nonbank los intermediarios financieros, con una vista bien coordinar y modernizarlos. También está buscando reducir el riesgo sistémico y mejorar el microstructure del sistema financiero, en particular el comercio y sistemas de los pagos para las seguridades.  

23. En el área del mercado obrera, el gobierno lo considera necesario modificar el armazón legal y regulador, para para promover una adaptación lisa de este mercado a los modelos cambiantes de demanda y producción, y para crear los incentivos para reducir ausencia de ceremonia y precariedad en el empleo. Para este propósito el gobierno ha enviado recientemente al Congreso un nuevo legislación reforma factura proponiendo obrero: (un) la eliminación gradual encima de un periodo del dos-año del "ultractividad" cláusula que se extiende indefinidamente expiró contratos obreros, en la ausencia del acuerdo de las fiestas en un nuevo contrato,; (b) una descentralización de negociaciones obreras, concediendo los contratos a la empresa nivelan el predominio legal encima de los acuerdos nivelados sectoriales; (c) la creación de arbitraje y servicios de la mediación; (d) permitiendo la modificación negociada de acuerdos obreros en casos dónde la estabilidad económica de la empresa se amenaza; (e) una extensión del periodo de la probación para los obreros recientemente reclutados a seis meses; y (f) los pasos para hacer aerodinámico los procedimientos del registro obreros y modificar el sistema de la imposición de contribuciones presunto existente para el microenterprises, para extenderlo a los sectores (como los obreros por cuenta propia, y domésticos de bajo ingreso), qué se caracteriza actualmente por los grados altos de ausencia de ceremonia. 

24. El gobierno considera la promoción de competición en los mercados domésticos, sobre todo en el sector de servicios, como crucial mejorar la eficacia, el bienestar del consumidor, y finalmente la competitividad de la economía. Para este propósito, ha tomado ya los pasos siguientes: (un) la creación de una secretaría nacional para la defensa de competición y de consumidores; (b) la emisión de llevar a cabo las regulaciones para la ley antitrust y antimonopólica existiendo; (c) la propuesta al Congreso de una ley del armazón para las agencias regulador federales; y (d) las negociaciones con los proveedores de servicios, por ejemplo, en las telecomunicacioneses y sectores de energía que actualmente disfrutan el mercado las posiciones dominantes para afianzar una reducción de aranceles. 

25. El gobierno también piensa continuar una política de comercio abierta ambos en una base multilateral y dentro de Mercosur. Con respecto al último, dónde comercia las relaciones han sido afectado por la depreciación afilada del real en 1999, el gobierno está poniendo el énfasis aumentado en institucionalizar los mecanismos para la resolución de conflicto laborales, y en afianzar la convergencia macroeconómica mayor, a través de un diálogo de la política mejorado. En este contexto, los gobiernos Argentinos y brasileños han aceptado una revisión independiente comprensiva de subsidios de la inversión, particularmente en el sector automotor sensible, recientemente, con una vista a nivelar tanto como posible el campo de deportes y las distorsiones eliminadoras.  

El Memorándum técnico de Entender 

Este memorándum presenta una definición detallada de las variables incluida en la mesa de criterio de actuación cuantitativa anexada al Memorándum de la Política. 

Yo. el equilibrio Cumulativo del Gobierno Federal. Este equilibrio comprende el resultado del Gobierno Federal (incluso PAMI, y excluyendo traslados de ganancias del Banco Central e ingresos de la privatización) y el resultado del Banco Central (BCRA). El resultado Gubernamental Federal se medirá de debajo de la línea en base a: (un) información de la deuda proporcionada por deuda del sector público que informa el sistema (SIGADE), incluyendo deuda todo a corto plazo del Gobierno Federal; (b) las transacciones del recurso netas del Gobierno Federal como informado por el Secretaria de la Hacienda, el Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI), y el Gerencia de Manejo de Reservas Internacionales del BCRA; y (c) la información sobre banco que pide prestado y amontona depósitos proporcionados por el BCRA. El resultado del BCRA se define como las gananciases de interés en las reservas internacionales gruesas (como definido debajo) más el interés en las tenencias de atadura de gobierno del BCRA menos interés neto pagado en el repos inverso. 

II.  El techo cumulativo en los gastos primarios del Gobierno Federal. Este techo aplica al gasto del noninterest del Gobierno Federal. 

III.  El equilibrio cumulativo de las provincias. Este equilibrio comprende el resultado consolidado de las provincias, incluso la ciudad de Buenos Aires. El resultado de estas jurisdicciones se medirá de sobre la línea, con gasto definido en una base de incremento, según la información proporcionada por el Subalterno-Secretaria de Programación Regional (SSPR). Este límite será indicativo.  

IV.  El cambio cumulativo en la deuda del Gobierno Federal. Esta deuda incluye toda la divisa denominada y el peso Argentino denominó las obligaciones de la deuda y garantías del gobierno federal (incluso las empresas públicas, PAMI, Inder, y los fondos trust). Éstos se definen las obligaciones de la deuda para incluir aquéllos con las instituciones financieras locales y extranjeras, organizaciones internacionales, ataduras, y préstamos del puente. Este límite se ajustará: (un) descendente (ascendente) para los excesos (los déficites) en el pariente de ingresos de privatización al programa; (b) ascendente para cantidades relacionadas a la restructuración de deuda provinciana por a a Arg$1.2 mil millones; (c) ascendente para deuda emitida en 2000 para la consolidación de obligaciones del pasado por a a Arg$1.7 mil millones, más deuda consolidada por Inder,; (d) descendente por el efecto neto de cancelaciones de la deuda o cambalaches, y (e) ascendente para la deuda financiar el Fondo de la Estabilización Fiscal por a a US$385 millón en 2000 emitieron, (f) ascendente por pedir prestado a a US$1.3 mil millones de las agencias multilaterales en nombre de las provincias y bancos del oficial (la indirecta de la deuda) en 2000, y (g) con respecto a la posición en el 2000 de diciembre, ascendente por pedir prestado a al billón de US$4 relacionó a 2001 requisitos de financiación y depositó al BCRA. Los datos supervisaban se tomarán los desarrollos de la deuda de SIGADE, incluso toda la deuda de término de calzón del Gobierno Federal. La acción de deuda se valorará a extremo-1999 los tipos de cambio y moderado al extremo-periodo. 

V. el cambio Cumulativo en la deuda a corto plazo del Gobierno Federal. Incluye todo doméstico y extranjero federal y federalmente garantizó la deuda con una madurez original de un año o menos.  

VI.  El cambio cumulativo en la deuda del sector público Consolidado. Esta deuda incluye la suma de los cambios en la deuda del Gobierno Federal como definido en IV. anteriormente (incluso los ajustes correspondientes) y que de los gobiernos provincianos y la ciudad de Buenos Aires, precio neto de cambios en la deuda intergubernamental. La deuda de los gobiernos provincianos y ciudad de Buenos Aires, se definirá incluir las obligaciones a las instituciones financieras locales y extranjeras, a las organizaciones internacionales, y ataduras (excluyendo peso denominado ataduras puestas fuera del sistema financiero). El límite en esta deuda provinciana se ajustará: (un) descendente (ascendente) para los excesos (los déficites) en el pariente de ingresos de privatización al programa, y (b) ascendente (descendente) para cualquier aumento (la disminución) en los depósitos del precio neto de las provincias en el sistema banca durante el año. El ajuste ascendente a causa de un aumento en los depósitos del precio neto de las provincias que permiten encima de-pedir prestado se limitará a Arg$1 mil millones. Los datos supervisaban que la deuda provinciana se proporcionará por el SSPR, el SIGADE y el Banco Central. La acción de deuda se valorará a extremo-1999 los tipos de cambio y moderado al extremo-periodo. Este límite será indicativo para el tercer cuarto de 2000 y ligando después de esto. 

VII.  Los recursos domésticos netos (NDA) del BCRA se define como la diferencia entre las obligaciones monetarias y precio neto las reservas internacionales (NIR) del BCRA, los dos midieron en base a los datos del extremo-de-periodo. Las obligaciones monetarias incluyen dinero emitido, las reservas del banco legales, los requisitos de liquidez (el repos inverso) y el sector público deposita (el gobierno y Anses) al BCRA. NIR se define como la totalidad las reservas internacionales líquidas del BCRA las obligaciones menos extranjeras, y se valorará a los tipos de cambio del 31 de diciembre de 1999. La totalidad las reservas internacionales líquidas incluyen tenencias de BCRA de oro, DEG, la divisa en la forma de dinero en efectivo, deposita en el extranjero, y los efectos gubernamentales de calidad de la inversión de países de OCDE y el dinero en efectivo neto de Argentina equilibran dentro del América Latina Comercio Aclaramiento Sistema (ALADI), excluyendo los efectos de contabilidad en las tenencias de funcionamientos del repo inversos. Esta definición de reservas excluye tenencias del banco centrales de ataduras gubernamentales. Se valorarán obligaciones al FMI a US$1.37 por DEG. El límite en los recursos domésticos netos se ajustará hacia arriba por el equivalente de compras del FMI bajo el arreglo. También, el límite durante el 2000 de diciembre se ajustará hacia arriba para a a Arg$200 millón a causa de necesidades de liquidez temporales reflejadas en un aumento equivalente en el repos (el activos del pases).  

Versión en Ingles

  For more information, see Argentina and the IMF

Memorandum of Economic Policies

I.  Background

1. The performance of the Argentine economy registered a marked improvement during the 1990's. This reflected the macroeconomic discipline required by the convertibility regime, the modernization of the productive structure engendered by the rapid growth of investment, structural reforms, and, for most of the period, a favorable international environment. The last decade also saw the consolidation of the institutions and of the democratic process in Argentina, establishing the conditions for sustainable growth.

2. However, significant disequilibria remained, which in the second half of the decade were reflected in significant volatility in the performance of the economy and contributed to a slowdown in growth. Open unemployment remained high, especially in some regions and sectors of the labor force. The public finances registered deficits throughout the last decade, reflecting ineffective tax enforcement and erosion of the tax base, significant increases and widespread inefficiencies in spending, as well as the initial fiscal cost of the social security reform. As a result, the consolidated public sector net debt rose to an estimated 45.7  percent of GDP by 1999. Although this level is not especially high in comparison with other emerging economies, its rapid growth in recent years gives cause for concern. The current account of the balance of payments also recorded rising deficits in the second half of the last decade. The underlying disequilibria in these areas were exacerbated by the difficult international environment that prevailed in the more recent years, including the Asian, Russia, and Brazil crises, the large (about 13 percentage points) deterioration of Argentina's terms of trade between 1997 and 1999, and the generalized rise in risk premia for emerging markets, which did not spare Argentina.

3. As a result of these external shocks, and of a weakening of policies, especially during the second half of the year, the performance of the Argentine economy deteriorated significantly in 1999. The decline in activity, which had already begun in the second half of 1998, in the aftermath of Russia's crisis, deepened further in the first half of last year, reflecting in particular the decline in demand from Brazil and other countries in the region and tighter financing constraints on the private sector. Although the year ended with indications of a recovery, real GDP is estimated to have declined by about 3 percent in 1999. As a result, the rate of unemployment increased to 14.5 percent by August 1999, before declining to 13.8 percent in the last quarter of the year. The recession in the economy and declines in labor costs were reflected in a 1.8 percent fall in consumer prices in 1999.

4. The significant decline in domestic demand more than offset the adverse impact on the external trade deficit of the sluggish external demand, the depreciation of the Brazilian real, and the terms of trade loss. The recession reduced the trade deficit to US$2.2 billion from nearly US$5 billion in 1998, with a surplus, albeit small, still being maintained vis-à-vis Brazil. Similarly, the current account deficit in the balance of payments narrowed to about US$12 billion (4.3 percent of GDP) in 1999 from US$14.5 billion (4.9 percent of GDP) in 1998. More than half of this deficit was financed by net foreign direct investment (FDI), which rose to a historical peak, and a significant part of private sector financing reflected intercompany loans. Nevertheless, the total external debt (excluding amounts preborrowed and the collateral on Brady bonds) continued to increase, to the equivalent of about 51 percent of GDP, with only 15 percent of this debt in original maturities below one year. On the other hand, the Argentine private sector is estimated to hold financial assets abroad equivalent to some 30 percent of GDP. The gross international reserves of the Central Bank amount to around US$26 billion, covering nearly 100 percent of the monetary liabilities of the Central Bank, and additionally, the banks have a large position in liquid foreign assets.

5. The public finances deteriorated significantly in 1999, reflecting the economic downturn, a further weakening of tax compliance, increased interest payments, and overruns in primary expenditures. As a result, and despite higher than expected revenues from concessions (amounting to 0.6 percent of GDP), the federal government deficit widened to 2.5 percent of GDP in 1999 (2.7 percent, including the deficit of the health service for retirees, PAMI), from 1.3 percent of GDP in 1998, while the consolidated deficit of the provincial governments rose to an estimated 1.3 percent of GDP, from 0.8 percent of GDP in 1998. The total debt of the provinces has risen significantly in recent years, exceeding by 1999 the equivalent of 7 percent of GDP, and its service burden is projected to absorb nearly 13 percent of their combined revenues. In some highly indebted provinces, the debt service burden exceeds 30 percent of their revenues.

6. The banking system maintained the sound conditions achieved during the latter part of the 1990s and was well positioned to withstand the tightening of external financing conditions in 1999. Notwithstanding the domestic recession and the difficult external environment, deposits in the banking system continued to grow in 1999, albeit at a slower pace than in previous years. Argentine banks maintained a cautious lending policy, and raised their holdings of liquid assets to levels well in excess of mandatory liquidity requirements. Nevertheless, the more difficult financing environment and the downturn in economic activity exerted some pressure on the quality of banks' assets. Nonperforming loans rose from 10.3 percent of total risk assets in December 1998 to 11.5 percent of total risk assets in November 1999 (from 4.0 to 4.7 percent net of provisions). The banking system remains, nevertheless, well capitalized, with the capital adequacy ratio (Basle criteria) slightly exceeding 20 percent at end-1999.

II.  The Economic Program, 2000-02

7. The new government which took office in December 1999, following a democratic and responsible transition, from the beginning demonstrated its awareness of the difficulties and challenges facing it, and its firm determination to address them quickly and decisively, seeking a broad-based social and political support for this effort. The government is also seeking the support of the international financial community, and in particular of the IMF, through a three-year stand-by arrangement.

8. The government sees as its foremost priority to create the conditions for the sustainable recovery of economic activity that is needed to reduce unemployment and poverty in a lasting manner, with continued price stability. These conditions include a sustained increase in national savings, to finance the needed growth of investment without further raising the external debt burden on the economy; and a progressive improvement of the international competitiveness of local production, within the framework of the convertibility regime to which the government is fully committed. Competitiveness will be strengthened by continued moderation of costs and prices, productivity gains, wide-ranging structural reforms--especially in the labor market, the education and health systems, and the financial system--and by increased competition, as a result of improvements in the regulatory framework.

III.  The macroeconomic framework

9. The government believes that a firm implementation of the policies outlined in the paragraphs below will boost confidence both at home and abroad, contributing to increased availability and lower costs of financing for Argentine borrowers. This will enable Argentina to benefit fully in 2000 and beyond from the recovery in foreign demand and improved outlook for its export prices. The government is confident, therefore, that the Argentine economy will record a sustained recovery in 2000, and the official forecast is for real GDP growth of 4 percent. Nevertheless, to strengthen confidence in the feasibility of the targets specified in the program for which the government is seeking the Fund's support, this program is based on a more conservative assumption of real GDP growth of around 3½ percent in 2000. In the absence of adverse external shocks, real GDP growth could average at least 4 percent in the subsequent years. These rates of GDP growth, in conjunction with the elimination of long-standing rigidities in the labor market that is being sought through the reform of the labor legislation outlined below, are expected to lead in the years ahead to a sustained rise of employment, and a significant decline of unemployment.

10. The adverse impact on the external accounts of the rebound in imports that is foreseen to accompany the economic recovery in 2000 and beyond, should be largely offset by the response of exports to the projected more favorable external environment--including renewed growth and some real exchange rate appreciation in Brazil and a pickup in world trade--and the improvement in the competitiveness of Argentine products. The terms of trade are also expected to benefit from the strength of oil prices and the incipient recovery of other commodity prices. The trade deficit is, therefore, expected to decline gradually during the program period, partly offsetting the foreseeable continued increase in net interest payments abroad. Accordingly, the current account deficit in the balance of payments is projected to rise only modestly in relation to GDP, to around 4½ percent of GDP. FDI is projected to continue to cover 40 percent to 50 percent of this deficit. The total external debt is expected to stabilize in relation to GDP during the program period, and to decline gradually thereafter.

IV.  Economic policies

11. The government is fully committed to a sustained effort of fiscal consolidation and structural improvement in the public sector finances, which it views as necessary to reduce the growing burden of the public debt on the Argentine economy and on its growth potential. Faced with the substantial deterioration of the public sector finances in 1999, and the risk of a further worsening in 2000 in the absence of early and decisive corrective action, the federal government has moved quickly to strengthen the initial budget proposal for 2000 through selective cutbacks in spending, and has secured the rapid passage by Congress of a package of tax measures, designed to yield Arg$2 billion (0.7 percent of GDP) this year. The tax package includes rate increases affecting the income, excises, fuels, and personal wealth taxes, and a broadening of the base of the value-added and income taxes. Additionally, the government halted the granting of new benefits under long-standing and costly tax incentives regimes for industry and agriculture, and adopted new measures to speed up tax collections. In designing the tax package, the government has endeavored to minimize its impact on the lower income groups and to eliminate distortions. The government has also decided to limit the planned reduction of employer contributions to the social security system to net additions to employment. The government and the provinces have also agreed to a "federal commitment" (compromiso federal) that sets federal transfers to the provinces in 2000 and 2001 at levels below those that would have been implied by the current rules of the revenue sharing system, and specifies other commitments in regards to the reduction in the provinces' expenditures.

12. As a result of these steps, the government is confident that it will be able to contain the federal deficit (including the deficit of PAMI) in 2000 to Arg$4.7 billion (1.6 percent of GDP), in line with the requirements of the fiscal responsibility law enacted in 1999. The government is also committed to reducing the deficit further in 2001 and 2002, reaching equilibrium by 2003, at the latest, as required by the same law. In particular, in 2001 it will seek to limit the federal deficit to under 1 percent of GDP. Given the expected disappearance in 2001 of some temporary factors which are boosting revenues this year, achievement of next year's target will require strong and successful efforts to improve tax compliance, broaden the tax base, streamline the federal administration, and reduce inefficiency and waste in public spending, as outlined below.

13. The government is giving high priority to securing a substantial improvement in tax compliance by reducing tax arrears, avoidance, and evasion. For these purposes, the government: (a) is continuing efforts to strengthen the operational capabilities of the tax and customs administration, including by increasing flexibility in its manpower utilization; (b) has already sent to Congress bills to speed up the judicial treatment of tax cases, including the establishment of a specialized branch of the judiciary to deal with such cases, and of special national and regional secretariats within the court system to handle the collection of tax arrears; (c) has introduced a program to facilitate the payment of arrears on taxes and social security contributions accrued until October 1999 over a period of up to 60 months with no penalty and at an average interest rate of 10 percent, while at the same time, to reduce moral hazard, it has announced the elimination of other existing forms of tax forbearance; and (d) has sent recently to Congress a bill requiring payments larger than Arg$10,000 to be made through bank instruments, rather than in cash.

14. The effort to contain federal spending in 2000 and beyond will center on streamlining the civil service, including in decentralized entities, and on improving cost effectiveness in the delivery of public services. For this purpose, the government has already eliminated a sizeable number of national secretariats; has implemented significant cuts in personnel with temporary contracts, which had grown rapidly, especially in 1999; and is planning a voluntary separation program and a wide-ranging elimination of existing vacancies. As part of the recently submitted "fiscal emergency" law, it is seeking legal powers to facilitate the redeployment of civil servants. A thorough effort has been initiated within each ministry, under the direction of the Vice-President's office, to identify overlapping spending programs, with a view to eliminating duplication of efforts and reducing costs. The government intends to provide public managers greater responsibility in the allocation of their budgeted resources, together with strengthened accountability for results, and for this purpose intends to improve the available indicators of efficiency and effectiveness of spending programs, building on best international practices in this area. The government is also fully committed to eradicating corruption, increasing transparency and accountability of procurement practices. For this purpose, it is seeking a wide-ranging renegotiation of contracts with its suppliers, and intends to present a new modern federal procurement law.

15. The government intends to introduce in the next few months a new reform of the social security system aimed at improving the intertemporal solvency of the system. This reform will center on measures to, on the one hand, reduce the prospective deficit of the public (defined-benefits) component of the system, and, on the other hand, increase competition and promote efficiency in the private (defined-contributions) component of it. The steps that the government intends to take to this effect include: (a) increasing gradually over the next ten years the retirement age for women (currently 60 years); (b) seeking to align more closely the contributive base for the self-employed to their actual incomes; (c) reforming the remaining special pension regimes for selected categories of public employees, with a view to improving equity and reducing their cost to the budget, and (d) strengthening the regulatory framework and oversight for the private pension plans (AFJPs), to promote a reduction in the operating costs of the latter and ensure their long term solvency.

16. In the health area, the government intends to promote the consolidation of existing union-run health organizations, many of which are experiencing financial difficulties, and to stimulate efficiency by fostering more effective competition among the remaining ones, and between them and the private HMOs, following a strengthening of the regulatory and supervisory framework for the latter. As concerns the PAMI--the financial situation and quality of service of which has deteriorated sharply in recent years, requiring emergency federal intervention--the government is committed to enacting quickly comprehensive reforms aimed at ensuring its financial viability and improving the quality and cost effectiveness of its services. As first steps in that direction, the government has required the immediate renegotiation of all contracts with suppliers, reducing unnecessary intermediation, and has cut back significantly non-tenured personnel in the entity. It is also analyzing how best to integrate the PAMI with the rest of the health system as from next year. To promote transparency, the government intends to re-incorporate the operations of PAMI into the federal budget for 2001.

17. The government is seriously concerned about the substantial deterioration of the provincial finances, especially in 1999, and is committed to seeking a sustained improvement in these finances, with full respect of the constitutional autonomy of the provinces. For this purpose, in the context of the "compromiso federal" mentioned in paragraph 11 above, it has secured the agreement of the provinces to enact quickly provincial fiscal responsibility laws, modeled on the federal one, that would ensure a progressive elimination of their budgetary deficits, through the containment of expenditures, improvements in tax enforcement, and increased transparency in their budgetary accounts. A number of highly indebted provinces have already moved to enact fiscal emergency laws, enabling them to cut back excessive payroll and other spending. Other provinces have introduced various revenue-raising measures. The government intends to condition its support of the restructuring of the debt of highly indebted provinces on the latter's agreement for specific and monitorable programs of fiscal adjustment. It will also utilize its authority to approve the resort by provinces to financing in foreign currency (including financing by multilateral organizations), to ensure that new financing is consistent with a sustained decline of provincial deficits in 2000 and beyond. For this purpose, the program establishes indicative ceilings on the consolidated deficit of the provinces equivalent to 0.8 percent of GDP in 2000, 0.5 percent of GDP in 2001 and about 0.3 percent of GDP in 2002. In addition, the program sets a performance criterion for December 2000 for the net change during the year in the debt of the consolidated public sector, including the provinces' debt with commercial banks and that denominated in foreign currency. The existing system of monitoring of various forms of recourse by the provinces to foreign and domestic financing will be rapidly improved, to permit a timely monitoring of compliance with the program targets.

18. The government recognizes the need to reach early agreement with the provinces on a lasting reform of the revenue sharing system to become effective after the expiration of the "compromiso federal" at the end of 2001. This reform of the system will aim, among other things, at simplifying the existing rules by determining tax shares in relation to the total tax revenue excluding import taxes--instead of in relation to individual tax categories, as in the current system--and at smoothing the impact of cyclical fluctuations in the tax base on provincial revenues (e.g., by utilizing a moving average of federal revenues as the base for the calculation of the annual federal transfers to the provinces). The reform of intergovernmental fiscal relations will also focus on the need for broadening the base, and increasing the effectiveness of provincial tax systems.

19. The successful implementation of the fiscal consolidation programs for the federal government and the provinces outlined above should allow a gradual reduction of the ratio of the public debt to GDP during the program period, even after the payment or securitization of government liabilities related to court rulings or to pending court challenges. In order to correctly assess the extent of these liabilities, and facilitate an appropriate defense of the public interest in pending court cases, the fiscal emergency bill recently submitted to Congress calls for a temporary suspension of such cases.

20. The main objectives of the government's debt management policy during the program period are to smooth and lengthen the maturity profile of the debt, minimize its cost through active liability management, and promote the development of the domestic capital market. An active and transparent dialogue will continue to be carried out with market participants, both at home and abroad, to keep them informed of the government's financing plans as they evolve during the year. It is the authorities' intention to increase, as market conditions permit, the average size of government bond issues, in order to increase their liquidity, and also to maintain an adequate pre-financing cushion. Recourse to short-term financing will continue to be limited, in line with the ceilings established in the program. The government intends to continue the sale of its assets, including remaining shares in privatized financial institutions and enterprises in the energy sector, as well as selected real estate in its patrimony. In 2000, these operations are expected to yield Arg$700 million (0.2 percent of GDP).

21. Financial policies will continue to aim at buttressing confidence in the domestic banking system, and creating the conditions for further monetization of the economy and an adequate flow of credit to private sector. The Central Bank (BCRA) intends to keep the coverage of private sector bank deposits with liquid foreign assets at around 35 percent. The strong liquidity position of banks and the continued repurchase of outstanding Fund credit will allow the BCRA to continue reducing its net domestic assets, which are targeted to decline by Arg$1,080 million in 2000.

22. In the area of financial reform, the government intends to seek early approval of proposed changes to the BCRA Charter, to strengthen the ability of the latter to deal with potential troubled financial institutions. The BCRA is reviewing the banking regulatory and prudential framework in order to assess its consistency with international standards and best practices in this area. It is also continuing its efforts to strengthen bank supervision further through cooperation agreements with supervisors in main industrial countries and other relevant financial markets, and through appropriate training of its personnel. A system to provide early warning of changes in terms and conditions of access by commercial banks to external credit lines has been in place since late 1999, and is being further improved. The government will present legislation to allow the transformation of the Banco Nación into a state-owned corporation, to increase the transparency of its operations, and to limit its exposure to individual debtors who have not received adequate credit ratings. Steps also are being taken to ensure that the loan portfolio of the Banco Nación is adequately provisioned, and the bank is sufficiently capitalized. To promote the development of the domestic capital market, the government has set up an interagency committee to review the regulatory framework for banks and nonbank financial intermediaries, with a view better to coordinate and modernize them. It is also seeking to reduce systemic risk and improve the microstructure of the financial system, in particular the trading and settlements systems for securities.

23. In the labor market area, the government considers it necessary to modify the legal and regulatory framework, so as to promote a smooth adaptation of this market to changing patterns of demand and production, and to create the incentives to reduce informality and precariousness in employment. For this purpose the government has recently sent to Congress a new labor legislation reform bill proposing: (a) the gradual elimination over a two-year period of the "ultractividad" clause which extends indefinitely expired labor contracts, in the absence of the parties' agreement on a new contract; (b) a decentralization of labor negotiations, granting contracts at the enterprise level legal predominance over sectoral level agreements; (c) the creation of arbitration and mediation services; (d) allowing for the negotiated modification of labor agreements in cases where the economic stability of the firm is threatened; (e) an extension of the probation period for newly recruited workers to six months; and (f) steps to streamline labor registration procedures and modify the existing presumptive taxation system for microenterprises, to extend it to sectors (such as low-income self-employed, and domestic workers), which are currently characterized by high degrees of informality.

24. The government regards the promotion of competition in domestic markets, especially in the services sector, as crucial to improve efficiency, consumer welfare, and ultimately the competitiveness of the economy. For this purpose, it has already taken the following steps: (a) the creation of a national secretariat for the defense of competition and of consumers; (b) the issuance of implementing regulations for the existing antitrust and antimonopoly law; (c) the proposal to Congress of a framework law for the federal regulatory agencies; and (d) negotiations with providers of services, e.g., in the telecommunications and energy sectors, which currently enjoy market dominant positions, to secure a reduction of tariffs.

25. The government also intends to continue an open trade policy both on a multilateral basis and within Mercosur. With respect to the latter, where trade relations have been affected by the sharp depreciation of the real in 1999, the government is placing increased emphasis on institutionalizing mechanisms for the resolution of trade disputes, and on securing greater macroeconomic convergence, through an improved policy dialogue. In this context, the Argentine and Brazilian governments have recently agreed to a comprehensive independent review of investment subsidies, particularly in the sensitive automotive sector, with a view to leveling as much as possible the playing field and eliminating distortions.