16-10-2000-Informe exclusivo –La realización de este Informe a las fuentes siendo ex agentes de la side les Trajo colocación de Bombas y amenazas.

De los ex Agentes de la SIDE Informe Publicado en Julio del 2000 foro de SEPRIN. Pagina 12 del 15-10 toca el Mismo informe

24-07-00

INFORME

Este informe es de los agentes y agentes ex agentes de la SIDE , el Publicar este informe ha movilizado a la CIA , a la DINA, Mossad y otras organizaciones. Así como amenazas, seguimientos e intentos de Infiltración. Por lo cual se sugiere secreto y cuidado.

DE LA COLUMNA DE PATRIO MAGUIRE – FORO DE SEPRIN

Damos desde hoy, el inicio de una serie de informes altamente secretos; donde al final, los lectores del FORO, podrán sacar sus propias conclusiones pudiendo tener mas claro porqué un Estado (el cuál es sin lugar a dudas democrático) se convierte en TERRORISTA.


Debajo del Estado se mueve otro estado paralelo que asegura la fidelidad de las provincias respecto a la metrópoli norteamericana. Otro estado que realiza trabajos especiales con los que se reconducen las democracias que toman rumbos independientes.

En noviembre de 1990 un juez italiano que investigaba el terrorismo hizo pública la existencia de la Red Gladio: un ejército secreto vinculado a la OTAN y creado por la CIA durante los años 50 para impedir con cualquier medio (terrorismo incluido) la llegada al poder de partidos o personas sin la adecuada sintonía con Washington.

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Stanislas Levchenko, desertor pasado a Occidente, declaraba en 1991, muy poco antes del colapso del aparato estatal comunista en Rusia, que el KGB al que acababa de traicionar se encontraba en el momento de más alta actividad de las últimas dos décadas. Incluso en el país con una transición tan agitada que el diario Pravda no pudo en una ocasión entrar en máquinas debido al letargo en que el vodka había sumido a sus redactores, algo, nos decimos, habrá debido hacerse con el medio millón de agentes y los casi cinco millones de informadores que componían esta multinacional del soplo y el terror. Reventada la piñata, mucha información que para alguien tendrá interés circula por el mundo subastada al mejor postor en el mismo o distinto paquete que los maletines nucleares. Por algo el FSB, departamento que ha sucedido en Rusia al KGB, lanzaba dos veranos atrás su oferta pública, teléfono de contacto incluido, dirigida a todos los rusos que en ese momento trabajasen en nómina para alguna red de inteligencia extranjera: se comprometía a igualar el sueldo que tales servicios foráneos les pagasen, siempre que se avinieran a cambiar honestamente de bando. Más civilizado, imposible. Los métodos, es obvio, no siempre lo son tanto: recuérdese el reciente episodio de los enviados de Netanyahu que trataron de asesinar descaradamente en suelo jordano a un dirigente de Hamás.

Eran las fechas previas a la Guerra del Golfo. Alemania e Italia se negaban a participar con tropas en la acción militar estadounidense, y en Gran Bretaña, las vacilaciones de la primera ministra se resolvieron con su dimisión ese mismo mes. Ante la relevancia de la noticia publicada en los principales diarios europeos los intentos de silenciarla eran inútiles. El entonces secretario general de la OTAN, Manfred Wöerner, reconoció la existencia de la “Red Gladio”; el ministro belga de Defensa Guy Coeme declaró que la red funcionaba aún y que el grupo que coordinaba sus secciones nacionales había efectuado su última reunión a finales de octubre de ese año.


Del mismo modo en que resulta poco convincente sostener que Coco Chanel costeó el entierro en Roma de Walter Schellenberg -responsable del Servicio Secreto Exterior de la SS- sólo por amor, o que la bala de Ali Agca la pagó la URSS (cuando el Dr. Frankenstein de Lobos Grises, es decir, de lo que se ha llamado la versión turca de la Red Gladio, fue el Pentágono), nadie puede pensar que Bienvenida Pérez actuase por cuenta propia cuando dio a Sir Peter Harding, Jefe de Estado Mayor de Defensa de Gran Bretaña, el beso de su defenestración.La del espionaje, como es lógico, es epopeya plagada de misterios sin resolver que, en su mayoría, sólo comienzan a salir a la luz cuando sus principales protagonistas han sido ya puestos a resguardo del escándalo, el penal o algo peor por el piadoso Ángel de la Muerte. ¿Quién sabe, por ejemplo, qué fue de Martin Bormann, lugarteniente de Hitler esfumado entre las ruinas del Berlín convertido en pulpa de hierro y fuego amasada con sangre? Por descontado que Wolf, pese a poder, no despeja la incógnita (como tampoco la de Estermann: aún no le había volado los sesos su subordinado en la Guardia Suiza). Prominentes conspirólogos como Dugin o Parvulesco aseveran que cruzó la frontera teóricamente menos indicada, buscando y hallando refugio en el campo soviético, donde le amparaba un pacto de silencio previamente acordado entre altos cargos del SD y la Gestapo alemanes y, del otro lado, Viktor Abakumov, adjunto de Beria y jerifalte del KGB. Así lo corroboró uno de esos pintorescos personajes, típicos del mundo del espionaje: Michel Goleniewski, que facilitó abundante información a la CIA desde su privilegiada posición de coronel de los servicios secretos polacos y cruzó a Occidente en 1960, afirmando ser... ¡el zarevich Alexei, hijo del zar Nicolás II! Pretensión menos lunática y más pragmática de lo que parece, además de muy oportuna para algunos, ya que la irrupción de este "heredero" contribuía, casualmente, a enrarecer y caricaturizar el ambiente del exilio ruso precisamente cuando los abogados de Anna Anderson (Anastasia) iniciaban en los tribunales una nueva ofensiva.

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El caso es que, en febrero de 1946, parte -precisamente desde las páginas de Nacht Express, un diario de Berlín Oriental- la presunta sospecha soviética (¿mareo de la perdiz?) de que Bormann viva oculto en Patagonia, cuyas costas habría ganado a bordo de un submarino U-534 hundido tras cumplir su misión. Documentos de la Secretaría de Estado para la Inteligencia de Argentina desclasificados en 1992 se refieren a este hecho, remitiendo a otros documentos aún protegidos por el top-secret. En junio de1996, alguien no identificado entregó en Bariloche un pasaporte uruguayo a nombre de Ricardo Bauer, cobertura, según él, de Martin Bormann hasta su muerte en 1975.

El escritor e investigador Ernest Milá ha averiguado, por su parte, y desvelado en un libro que algún día esperamos ver publicado, cuál fue el destino de Otto Rahn, oficial de la SS que legase a la posteridad dos obras clásicas sobre el catarismo y cuya prematura y discreta muerte ha dado lugar a las más extravagantes teorías: desde la que le presenta como un anti-nazi enmascarado descubierto y ejecutado por sus compañeros hasta la de su suicidio ritual, a la cátara, en las montañas de Languedoc. Simplemente, Rahn, que pertenecía al Estado Mayor de Himmler, era de ascendencia judía, por lo que hubo de pedir su baja en la SS en el año en que los certificados de pureza racial comenzaron a exigirse en esta organización. El mismo general SS Wolff firmó su esquela en la prensa, honor que de ningún modo se hubiera concedido a un traidor. Significativamente, nadie le dio de baja en el Registro Civil. A las órdenes de Wolff, bajo el nombre falso de Rudolf Rahn -un Rudolf Rahn al que asistía la secretaria de toda la vida de Otto Rahn- sirvió al III Reich como agente secreto en Oriente Medio, actuando como agitador en el levantamiento pro-alemán de Iraq de 1941.






Durante el juicio uno de los "gladiadores" detenidos, Edgar Sogno, explicó su papel: "se trataba de la organización que actuaría en el caso de que el partido Comunista Italiano (PCI) [entonces muy vinculado a la URSS] pudiera llegar al poder". El propio ministro Andreotti confirmó que conocía el funcionamiento de Gladio. El portavoz del gobierno francés reconoció su existencia aunque añadió que fue disuelta en ese país en 1989 por orden del presidente Mitterrand. El ministro belga de Defensa explicó que la red existía en toda Europa Occidental y que "jugó la estrategia de la tensión terrorista para justificar regímenes duros en Europa". Otros jefes de gobierno negaron que supiesen de su existencia y funcionamiento. Es posible. Gladio no estaba bajo el control de parlamentos y gobiernos. Sólo conocían la Red un grupo de hombres de estado fieles y comprometidos con Washington. ("sólo llegué a conocer su existencia después de que fui nombrado para este cargo" declaró entonces el Jefe del Estado Mayor del ejército italiano





Poco, en cualquier caso, quedará ya de Bormann, fuese cual fuese su destino final. Hoy, la estrella en candelero es Abdallah Ocalan, quien por extrañas razones fue a buscar refugio... en Kenya, presunta nación independiente donde sólo hace unos meses, tras el atentado contra la embajada americana, el FBI interrogaba y detenía por las calles a los nacionales con el desparpajo de quien se hallara en un Estado más de la Unión. Buen sitio, compañero. Ahora, ¿nos dirá el caudillo del PKK -si quiere, en verdad puede y los turcos le dan opción- quién ordenó la muerte de Olof Palme o "costeó los gastos" a Ali Agca?

El ex-presidente italiano ALBERTO COSSIGA , siendo subsecretario deDefensa en 1966, crea un reglamento por lo que la "RED GLADIO" debía regirse y autorizó la captación de militares para dicha organización.
El ex-primer Ministro GIULIO ANDREOTTI dijo ante el Senado hace tiempo que 621 patriotas habían sido reclutados, teniendo bien presente sus absolutas convicciones democráticas y su fidelidad a la Constitución
Republicana antifascista.
Luego más tarde sería el propio GIULIO ANDREOTTI en el 1972 declarase que varios dispersos y secretos depósitos de explosivos y de armas de los GLADIO habían desaparecido.




LOS "GLADIADORES-OPERACIONES LLEVADAS A CABO



"CLAVE-DAKOTA-47-ITALIA" : El avión que explotó hace años bajo la
operación secreta y encubierta bajo el cielo italiano,denominada "CLAVE DAKOTA-47-ITALIA" y CÓDIGO :ARGO-16 ",descubriéndose este atentado después de una larga investigación de CONEXIONES y otros atentados por los Jueces italianos CARLO MASTELLONI y FELICE CARSON descubriendo que en el vuelo del "ARGO-16" habían sido asesinados cuatro
militares pertenecientes a la RED GLADIO .
GIULIO ANDREOTTI ,llegó a declarar en el Parlamento Italiano que llegaron a tener más de 2000 ( dos mil gladiadores ) asegurando que ninguno poseía o tenia una biografía con antecedentes sospechosos.
En FRANCIA por otro lado,ante el escándalo levantado por la practicas encubiertas de la OTAN en Europa, llegó a declarar el entonces Presidente Fracoise Mitterrand, que hace años el personalmente había dado
ordenes de disolver la "RED GLADIO " en Francia.






" ATENTADO :EPT-990 ~EGYPT-AIR -1999-EE.UU." Acaso el derribo del vuelo de la compañía egipcia de EGYPT-AIR (EPT-990 ) y del vuelo de la compañía de los Estado Unidos ( TWA-800 ), derribados ambos por misiles ,fue por los intereses secretos militares en los dos vuelos, el origen de estos atentados terroristas???...
Los acontecimientos también ocurridos del otro atentado terrorista el vuelo de la (PAN-AM~103) en la ciudad escocesa de Lockerbie y las historias no oficiales de los GLADIO EN ITALIA, deja muchas preguntas sin
contestar a los intereses armamentistas que hay en juego hoy en día (Ejemplo EL TRAFICO DE ARMAS POR PARTE DE LA ARGENTINA; antes vedado),y en la otra historia no contada y silenciada premeditadamente por muchos gobiernos implicados de la región y derivaciones internacionales.
(1)Son los G.A.L. de Felipe González,una copia clónica de la RED GLADIO que hay en Italia???...que es protegida por los Servicios Secretos, entre ellos el italiano???...(Los camaradas de la CRIM saben que no mentimos en esto que estamos diciendo)


(2)Cual es la protección y responsabilidad del C.E.S.I.D. ESPAÑOL en todo esto???...

Mientras tanto nos llama la atención como la SOCIEDAD INTERNACIONAL protestó enérgicamente con la violación de los DERECHOS HUMANOS en CHINA y en YUGOSLAVIA, mientras ahora tienen una reacción
insensible ante los llamativos abusos rusos. El nuevo teatro de operaciones militares de CHECHENIA, es donde el poder de los misiles es el único diálogo, junto con la matanza indiscriminada de población civil inocente.




(1)>Los G.A.L. de Felipe González usados en la GUERRA SUCIA CONTRA E.T.A.
y como cortina de humo para el mercadeo de armas con importantes mercaderes y traficantes internacionales que se encuentran en el SANTUARIO de Marbella-Málaga(Andalucía)-España.


(2)>EL C.E.S.I.D. dirigido por el Tte .Gral. Alonso Manglano sirvio de
cobertura para operaciones encubiertas donde la corrupción del gobierno de Felipe González utilizo FONDOS RESERVADOS DEL ESTADO para financiar el terrorismode estado.En la actual Felipe González esta acusado del "SECUESTRO POLITICO, DESAPARICION FORZOSA E INCOMUNICACIÓN DE PERSONAS ( INCLUIDO UN MENOR ) "con derivaciones en URUGUAY, ESPAÑA e ITALIA.
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LA RED GLADIO, EL MODELO AMERICANO-CUIDANDO LOS INTERESES DE ESTADOS UNIDOS


Paraguay gozó de un gran prestigio entre los criminales anticomunistas
de diversas regiones del mundo durante el período dictatorial del
general Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Además de su ubicación
estratégica en América del Sur, Paraguay les ofrecía una "estabilidad
política envidiable", garantías de impunidad de los delitos cometidos "y
por cometerse", así como todo tipo de facilidades jurídico-administrativas, financieras, y logísticas.
Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos,
anticomunistas argentinos, brasileños y españoles, sicarios bolivianos,
genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles involucrados en
violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y
operaciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y
fueron acogidos por las más altas autoridades del país como
"combatientes por la libertad" y "héroes internacionales".
El régimen dictatorial conducido por el general Stroessner, con la
colaboración de militares y empresarios conservadores, ofreció el
contexto de "paz" e impunidad que buscaban criminales como el médico
nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia Masónica P-2 Licio Gelli, el
franquista español Juan León Cordón, entre otros personajes
anticomunistas que se establecieron en Paraguay. Muchos de los agentes
secretos chilenos, responsables de graves violaciones a los derechos
humanos, detenciones y desapariciones, como Miguel Estay Reyno, "El
Fanta" continuaron hasta 1992 residiendo con nombres falsos en
Paraguay.
Ya desde fines del siglo pasado Paraguay había ejercido una fuerte
atracción para racistas alemanes como el doctor Bernard Forster, quien
fundó allí la colonia Nueva Germania, con el objetivo de aplicar su
programa de pureza racial.

El "modelo paraguayo" de totalitarismo que aseguraba la "paz social a
cualquier costo" fue elogiado entre otros por el entonces Presidente
norteamericano Richard Nixon, quien reconoció que Paraguay constituía un
eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo. El 4 de mayo de
1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a Stroessner: " En el campo de
los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se haya
levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo".

La dictadura paraguaya despertaba envidias entre los militares del cono
sur de América, que igualmente aspiraban a dirigir el destino de sus
países por períodos prolongados que les permitieran concretar sus
proyectos a largo plazo. Por esta razón, muchos de los principales
agentes secretos de las tiranías latinoamericanas confluyeron en
Paraguay en diversas oportunidades a fin de aprender de su experiencia
represiva y coordinar estrategias para "limpiar a la región de la
potencial amenaza del comunismo y la subversión.
Desde fines de los años 60 existían relaciones fluidas entre oficiales
de las fuerzas armadas de Sudamérica, quienes habían recibido juntos
especialización contrainsurgente en las academias militares
norteamericanas, donde se forjaron lazos de amistad y familiaridad. En
otras etapas al interior de la región, militares latinoamericanos habían
convivido por períodos de seis meses a dos años en centros de formación
de Argentina o Panamá. Estas relaciones de militares argentinos con sus
similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y
peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras, algunos de
los cuales veremos a continuación.



EL CASO PRATS
El 30 de setiembre de 1974, en Buenos Aires, a las 00.40 horas, cuando
retornaban a su domicilio luego de una reunión social, el ex Vice
Presidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador
Allende, general Carlos Prats Gonzáles y su esposa Sofía Cuthbert
sufrieron un atentado con una bomba a control remoto que les quitó la
vida.
Así culminó uno de los primeros operativos en el exterior de la
Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, comandada por el
general Manuel Contreras, quien consideraba a Prats como uno de los
rivales de más fuerza del general Augusto Pinochet.
Entre los responsables del atentado contra los Prats se identificó a
Michael Townley, norteamericano experto en electrónica y agente especial
de la DINA, Juan Luis Bulnes Ossa, chileno ultraderechista, y el mayor
del ejército chileno Armando Fernández Larios, quien en octubre de 1973
integró la "caravana de la muerte", del general Sergio Arellano Stark,
que masacró a 72 prisioneros en cinco ciudades chilenas.
Para el seguimiento de Carlos Prats, en la fase preparatoria del crimen,
los agentes chilenos utilizaron placas de la Dirección Federal de la
Policía de Buenos Aires, credenciales de la Dirección de Migraciones,
automóviles asignados al ejército argentino, etc. Así como este, hubo
muchos otros casos en los que policías o militares chilenos actuaron con
total libertad en territorio argentino contra ciudadanos que huían del
régimen de Pinochet.



EL CASO LEIGHTON
Otro Ex Vice Presidente de la República de Chile, y abierto opositor al
régimen de Pinochet estuvo en la mira de los servicios de inteligencia.
Ahora se trataba de Bernardo Leighton, alto dirigente del Partido
Demócrata Cristiano, a quien cuando se hallaba de visita en Roma se le
prohibió regresar a su país, bajo la acusación de desarrollar
"actividades antichilenas". Leighton promovió el acercamiento de la
Democracia Cristiana con los grupos políticos de izquierda, a fin de
trabajar juntos por el retorno al sistema democrático en Chile.
El 6 de octubre de 1975, Pier Luigi Concutelli y Salvatore Falabella,
neofascistas italianos, aliados de Stefano delle Chiaie, temporalmente
al servicio de la DINA, atentaron contra Bernardo Leighton y su esposa,
cuando estaban por ingresar a su domicilio en Roma. Leighton recibió un
disparo en la frente y la bala salió por su oído izquierdo. Ana Fresno,
su esposa, fue baleada en el pecho. Ambos sobrevivieron luego de varias
intervenciones quirúrgicas y pudieron identificar a sus agresores.(4)
Michael Townley, el norteamericano integrado a la DINA, que actuaba
también con el nombre de Kenneth Enyart, y su esposa Mariana Inés
Callejas, chilena ocultada bajo el nombre Ana Pizarro, habían coordinado
en Europa (igual que en el caso Prats) los detalles para el crimen de
Bernardo Leighton, encargado a los grupos Avanguardia Nazionale y Ordine
Nuovo, de Stefano delle Chiaie. Incluso se contó con el apoyo de agentes
de la policía secreta del régimen franquista español, según reveló el
fascista italiano Aldo Tisei a la Corte de Bologna.



EL CASO LETELIER
El 21 de setiembre de 1976 la DINA ejecutó otro de sus operativos en el
exterior. Esta vez actuó en el corazón mismo del gigante norteamericano,
asesinando en Washington D.C. a Orlando Letelier, ex ministro de Estado
en el gobierno de Salvador Allende, y personaje clave de la oposición
chilena, a quien pocos días antes Pinochet le había quitado la
nacionalidad, por "haber llevado a cabo en países extranjeros una
campaña publicitaria tendiente al aislamiento político, económico y
cultural de Chile", y "por influir en la política exterior
norteamericana demandando la suspensión total de su ayuda militar a
Chile". En el atentado, cometido con bomba a control remoto, también
murió Ronnie Moffit, quien trabajaba con Letelier en el Instituto de
Estudios Políticos.
Igual que en los casos antes mencionados, el responsable de coordinar el
operativo fue el norteamericano Michael Townley, un agente incondicional
a Manuel Contreras, jefe de la DINA. "Desde que lo liberamos, Letelier
ha estado dando problemas al gobierno en el exterior", le dijo Pedro
Espinoza, asistente principal de Contreras, a Townley, cuando le precisó
las instrucciones para la misión de asesinar a Letelier en Estados
Unidos.
Para este asesinato el Mayor del Ejército chileno Armando Fernández
Larios realizó previamente un minucioso trabajo de seguimiento de
Orlando Letelier en Washington D.C. Townley confesó a la justicia
norteamericana que él mismo, con la ayuda del cubano anticastrista
Virgilio Paz, fabricó el artefacto explosivo a control remoto y lo
colocó en el automóvil de Letelier. En el crimen también participó
Dionisio Suárez, del Movimiento Nacionalista Cubano.
Unas semanas antes, agentes secretos chilenos habían obtenido en
Asunción pasaportes paraguayos y visas para ingresar a los Estados
Unidos. También la cancillería chilena entregó a agentes de la DINA
pasaportes con nombres falsos. Ahora, con el descubrimiento de los
archivos del terror, en Paraguay, se confirma que el asesinato de
Letelier fue gestado por Manuel Contreras, dentro de la "Operación
Cóndor".
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LA OPERACION CONDOR
De acuerdo a las investigaciones realizadas en relación al asesinato de
Orlando Letelier, se ha logrado establecer que el general chileno Manuel
Contreras, jefe de la DINA, concibió y organizó la Operación Cóndor, que
tuvo como tarea "La recolección, el intercambio y el almacenamiento de
datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los
comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas
marxistas y sus acciones en la zona". Esta acusación ha sido
ratificada con algunos documentos hallados en los archivos secretos de
la policía paraguaya.
Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados
Unidos, para exponer su proyecto represivo supranacional y convencer a
los jefes de los servicios secretos de estos países sobre la importancia
de la coordinación y cooperación "para eliminar al comunismo" y defender
la sociedad "occidental y cristiana".
El general Contreras sostuvo desde 1974 varias entrevistas con el
general Ramón Camps, Jefe de la Policía de Buenos Aires, quien años
después diría que "en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo
toda la responsabilidad y me siento orgulloso". Otro colaborador de
Contreras, el general Iberico Saint Jeant, Interventor de la Provincia
de Buenos Aires igualmente dijo en la época del Proceso:
"Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus
colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan
indiferentes, y por último, a los indecisos."
En agosto de 1975 en su esfuerzo para concretar la "Red Cóndor", Manuel
Contreras se entrevistó en Washington D.C. con Vernon Walters, director
adjunto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los EE.UU. En
Venezuela se reunió con Rafael Rivas Velásquez, director del Servicio de
Inteligencia venezolano. En Paraguay habló con los generales Benito
Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Estado Mayor y Francisco
Brites, Jefe de la Policía de la República.
Entonces, en el marco de la "Operación Cóndor" se logró concretar
acuerdos amplios entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó a la participación de Brasil y
Perú. El campo de acción fue fijado entre los límites de todos los
países miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el
desplazamiento clandestino de agentes de estos países, y la ejecución de
operaciones represivas conjuntas.
También se aprobó la formación de equipos especiales de los países
miembros, para viajar a cualquier parte del mundo, con el objetivo de
eliminar a políticos opositores, subversivos o colaboradores de los
grupos terroristas de cualquiera los países de la Operación. En el marco
de este acuerdo se realizaron los operativos antes mencionados.
Aún antes del golpe de estado en Argentina (marzo de 1976), ya se habían
logrado acuerdos entre los servicios secretos de ese país y de Chile,
para el intercambio de información "clave" y para facilitar la captura
de militantes izquierdistas chilenos. Esta cooperación se logra
perfeccionar con la "Operación Cóndor".
Numerosos militantes y simpatizantes de izquierda, chilenos, uruguayos,
paraguayos, brasileños, y bolivianos, establecidos temporalmente en
Argentina fueron capturados en ese territorio así como en Paraguay, por
agentes policiales de sus respectivos países, en el contexto de esta
coordinación represiva llamada "Operación Cóndor".
Tal como se ha demostrado en diversos procesos judiciales, los servicios
secretos de Chile y Paraguay tuvieron a su disposición las líneas aéreas
estatales, (LAN CHILE, Líneas Aéreas Paraguayas) así como "carta blanca"
en las cancillerías, el servicio de correos, los tribunales de justicia,
etc.
Igualmente encubrieron sus actividades con empresas comerciales e
industriales "fantasmas". En Chile se crearon 30 empresas ficticias al
servicio de la DINA y un centro de operaciones formal: La Empresa
Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo empresarial y
financiero sentaría las bases para crear mecanismos de protección de los
agentes secretos, una especie de ODESSA chilena, dirigida por el general
(R) de la Fuerza Aerea Chilena, Vicente Rodríguez.
Desde mayo de 1975 numerosos activistas políticos chilenos son detenidos
por la policía argentina y paraguaya y luego son entregados a la DINA.
Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Ejército Revolucionario del
Pueblo, fue arrestado por la policía paraguaya cuando cruzaba en ómnibus
la frontera desde Argentina. Después fue entregado a los agentes de la
DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente a Santiago, a Villa Grimaldi,
donde se perdieron sus rastros. En la captura e interrogatorios de
Fuentes Alarcón participaron, según estableció la Comisión Rettig, "los
servicios de inteligencia argentinos, personeros de la Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires, que mantenía informada a la Policía de
Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios, y la
policía paraguaya, que capturó y permitió el traslado clandestino del
militante chileno".
Jean Yves Claudet Fernández, de nacionalidad franco-chileno, militante
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, fue detenido
el 1.11.1975 en el Hotel Liberty de Buenos Aires y después fue ejecutado
por agentes de la DINA en esa ciudad. Aquí también hubo una colaboración
muy cercana de policías argentinos con los agentes chilenos de la DINA,
a fin de neutralizar la resistencia política de los activistas del MIR.
La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final
documenta los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser
capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileros y entregados
a la DINA, solo entre 1975 y 1976.
El 22 de diciembre de 1992 el Juez José Agustín Fernández, descubrió
casualmente el archivo secreto de la inteligencia represiva paraguaya,
en una oficina de la "Sección Política y Afines" de la Policía de
Investigaciones de Asunción, mientras investigaba el caso de Martín
Almada, un profesor que había sido detenido y torturado en Asunción.
"Yo llevaba el proceso de una persona que había sido detenida y
torturada entre 1974 y 1977. En ese caso él (Martín Almada) había
solicitado sus antecedentes policiales por lo que procedimos a
investigar en qué cuartel policial se encontraban" declaró el Juez
Fernández. "El jefe de la policía de investigaciones nos dijo que estos
archivos y antecedentes habían desaparecido durante el golpe de estado
de febrero de 1989. No quedamos contentos con esa respuesta", agregó.
Fernández explicó que Martín Almada, investigó dentro de los círculos
policiales y consiguió una información confidencial que le confirmó la
existencia de los archivos. Entonces, de manera reservada se dirigieron
a un lugar indicado donde descubrieron lo que el periodismo paraguayo
bautizó como "Los archivos del terror".
"Cuando lo descubrimos era tanta la cantidad de documentos que era
imposible dejarlos a disposición de la policía porque podrían
destruirlos, quemarlos. Así que con la ayuda de un camión del Diario
Noticias de Asunción los llevamos a mi despacho, y luego a un depósito
del Palacio de Justicia", declaró el Juez.
En los archivos abundan documentos relacionados a casos de detenidos y
desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre había negado tenerlos
bajo su poder, por lo cual el Juez Fernández sostuvo :" Hay testimonios
de que en Paraguay hubo tortura, encarcelamiento de activistas
políticos, un estilo de vida, un sistema de control sistemático de mucha
gente". Estos documentos van a dar muchas luces en los 18 procesos sobre
violaciones a los derechos humanos que actualmente se ventilan en los
tribunales de ese país.
El ex dictador Alfredo Stroessner, ha sido implicado recientemente en el
asesinato de Benjamín y Rodolfo Ramírez, dos hermanos acusados de
pertenecer al grupo armado opositor, Organización Política Militar, que
supuestamente intentaba derrocarlo. Según los documentos hallados en los
archivos secretos, Stroessner conocía todos los detalles de este y de
otros crímenes, y había intercambiado comunicaciones con el jefe de
investigaciones de la policía, Pastor Coronel, unos de los más
sanguinarios torturadores de Paraguay.
Lo sorprendente del caso es que este archivo de los servicios de
seguridad de Paraguay, incluye también numerosos documentos relacionados
a la "Operación Cóndor" gestada por Manuel Contreras, el conocido
violador de los derechos humanos, jefe de la DINA. La documentación
hallada ha confirmado que en el marco de este "Acuerdo de Cooperación"
se cometieron los asesinatos del ex ministro chileno Orlando Letelier,
del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en
Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del
Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas
políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.
Aún más, recientemente el general paraguayo Benito Guanes Serrano, ex
jefe de inteligencia del ejército, declaró ante el juez Arnulfo Arias,
que en 1977, por su función de enlace entre la policía de Asunción y los
agentes extranjeros, estuvo presente en la entrega de cinco personas
arrestadas en Paraguay, a funcionarios de inteligencia de Argentina y
Uruguay. Los "expulsados" de Paraguay fueron los uruguayos Gustavo
Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los argentinos
Alejandro Logoluso Dio Martino, José Boll y Dora Landi Gill, quienes
luego desaparecieron. Ahora el general Benito Guanes se halla con
detención preventiva ordenada por el juez Nélson Mora, por el asesinato
de los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba. El atentado contra
el Dr. Bernardo Leighton también fue parte de la "Operación Cóndor".
Se ha encontrado correspondencia de la policía de la región, registros y
hojas de entrega de detenidos, fichas, fotografías y pasaportes de
activistas de izquierda argentinos, chilenos, paraguayos y brasileños;
planes de eliminación de sospechosos, reportes de desplazamientos de
subversivos por el cono sur, análisis de las actividades de las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, ONGs de Paraguay, así
como informes detallados dirigidos a Stroessner sobre asesinatos de sus
opositores políticos.
También hay allí documentación que facilitó la estadía en Paraguay de
mercenarios croatas, italianos, cubanos, chilenos, entre otros, y sobre
la presencia de los criminales nazis en el cono sur de América, así como
sobre el asesinato de agentes israelíes que los perseguían, las
conexiones de los servicios secretos con la CIA norteamericana y el
narcotráfico. Hay suficientes e irrebatibles pruebas de que se practicó
el terrorismo de estado a escala internacional. La documentación hallada
y los testimonios de varios de los agentes implicados, demuestra la
complicidad de la policía y el gobierno de Paraguay con la brutal
represión ejercida por las dictaduras de Argentina y Chile, así como con
la de Brasil y Bolivia. También demuestra como el general Augusto
Pinochet amparó la práctica del terrorismo de estado dentro y fuera de
su país. Hay evidencia de que tanto Pinochet como Stroessner dedicaron
especial atención al fortalecimiento y la coordinación de sus servicios
de seguridad, objetivo para el cual se reunieron en diversas
oportunidades.
Se alcanzó tanta eficiencia en la represión a los disidentes políticos,
que incluso funcionarios del Departamento de Estado norteamericano
reconocieron que "Los servicios de inteligencia del cono sur se han
reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. La policía secreta
anda por el mundo con gran libertad. En América Latina el sistema
funciona casi a la perfección", tal como lo afirmó Patricia Derian,
subsecretaria para asuntos de derechos humanos en A.L. del Departamento
de Estado.
PORQUE NO SE DESTRUYERON LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION?
Es probable que los altos jefes militares y policiales implicados en las
violaciones de los derechos humanos y que participaron de la "Operación
Cóndor" tenían la esperanza de la restauración de la dictadura de
Stroessner.
Cayeron en un exceso de confianza que los inmovilizó ante cualquier
necesidad de destruir documentación que aunque era acusatoria contra
ellos, al mismo tiempo les iba a seguir siendo útil en el futuro. Los
registros de inteligencia están actualizados con respecto a Paraguay
hasta el año 1991, dos años después del golpe que quitó el poder a
Stroessner y terminó con su dictadura.
En realidad el descubrimiento de los "Archivos del Terror" se logró
gracias a que policías descontentos con sus jefes colaboraron con las
autoridades judiciales. Estos mismos policías han denunciado cómo reina
la corrupción al interior de los organismos castrenses y policiales.
Para nadie en Paraguay era un misterio saber que los más altos jefes
policiales y militares, intendentes, funcionarios públicos vinculados al
general Stroessner formaban parte de la inmensa cadena de corrupción
moral y política tejida en los largos años de dictadura de Stroessner.
El contrabando de autos robados en Brasil y Uruguay, y su posterior
venta en Bolivia y Perú, el tráfico de cocaína, los casinos de juego, el
lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las cadenas de
prostitución entre innumerables actividades ilícitas, eran ejercidas
abiertamente por algunas de las más altas autoridades policiales y
militares de Paraguay, tal como se ha comprobado en los últimos meses.

Más que dedicarse a su función de seguridad muchos de los jefes
policiales y militares estaban atareados en la administración de sus
negocios corruptos y llevaban una vida disipada, confiados en la
impunidad con la que la dictadura los había premiado por su lealtad para
mantener el orden establecido y "la paz nacional".
El coronel de Infantería paraguayo Luis Catalino Gonzáles Rojas,
denunció en octubre de 1992 a varios de estos jefes militares y
policiales implicados directamente en el contrabando de autos robados
como el general de división Humberto Garcete, Comandante en Jefe del
Ejército, y los generales Emilio Balbuena, Aladino Enciso, y Lorenzo
Carrillo, quienes han sido procesados y sancionados por ese delito.(14)
El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Francisco
Sánchez, ha sido destituído y procesado por extorsiones, estafa y por
haberse apropiado ilícitamente de una empresa de juegos de azar.
Francisco Brites, el tristemente recordado Jefe de la policía de
Paraguay, amigo de Manuel Contreras, de la DINA, es propietario, junto
con su esposa, de 130,000 hectáreas de terreno y de casi un centenar de
fincas por todo el país.
Hoy estos jefes del ejército y de la policía de Paraguay enfrentan
diversos procesos judiciales por sus delitos vinculados al contrabando
de autos robados, la falsificación de documentos, la malversación de
fondos públicos, etc. Sus actividades "empresariales" desplazaron a las
ocupaciones policiales.
De esta forma se explicaría que los principales jefes de la policía y el
ejército de Paraguay, vinculados al sistema Cóndor de represión hayan
descuidado la seguridad de su archivo central, que está abriendo nuevos
conocimientos sobre las actividades encubiertas de los servicios
secretos del cono sur de América, y están ayudando a interpretar y
comprender más cabalmente el destino de cientos de luchadores sociales y
activistas políticos latinoamericanos.
Los documentos hallados se están procesando con la ayuda de personal de
los organismos defensores de los derechos humanos de Paraguay, luego de
rechazarse un ofrecimiento de la Agencia Interamericana de Desarrollo,
AID, de los EE.UU., organismo que se ofreció para microfilmar los
archivos.
Diputados paraguayos acusaron a la AID de pretender borrar las huellas
de la colaboración de los servicios secretos de los EE.UU. con la
dictadura paraguaya y los sistemas represivos del cono sur.
Convencidos de la importancia de la documentación descubierta, abogados
y representantes de organismos de derechos humanos de Brasil, Argentina
y Chile, viajaron a Asunción, a revisar "los archivos del terror", en
los cuales han encontrado evidencias inculpatorias contra los jefes de
los servicios secretos de la región.
Con el descubrimiento de "Los Archivos del Terror" en Paraguay se han
abierto nuevas posibilidades para aplicar la justicia a los principales
agentes represivos del cono sur de América, de tal modo que sus delitos
no queden en la impunidad. La esperanza ha renacido en los familiares de
las víctimas de la represión en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile
mientras que el general Manuel Contreras, así como sus protectores y
cómplices (Léase Pinochet) "tiemblan" ante las nuevas evidencias de su
terrorífico trabajo.

________________________________--

“ PINOCHET en Montevideo en 1993 con el teniente coronel Thomas Cassella
que mantenía secuestrado a Berríos. En ese mismo período el químico de
la DINA fue acallado para siempre.”


EL CASO BERRIOS


INVESTIGACION FORENSE

El macabro hallazgo mereció unas pocas líneas en los periódicos y pronto quedó
en el olvido. En el Instituto Técnico Forense, sin embargo, el antropólogo
Horacio Solla siguió durante meses una pista apoyada simplemente en una
corazonada.
Solla inició una paciente labor con una técnica relativamente novedosa en
Uruguay: la reconstrucción en computadora, de los rasgos de una cara y de la
forma de una cabeza, a partir de un cráneo. Una vez fotografiado desde
distintos ángulos, y escaneadas las fotografías, la pantalla de la computadora
comenzó a reproducir una imagen ósea tridimensional. Aplicando fórmulas
antropológicas, la imagen se fue recubriendo lentamente de cartílagos,
tendones, músculos y finalmente piel; los restos de los vellos encontrados en
las dunas permitieron incluso reproducir el tipo de barba y cabello levemente
canoso. En julio de 1995 las autoridades del Instituto Técnico Forense que
habían supervisado el proceso de reconstrucción virtual quedaron anonadadas:
la imagen que reproducía la computadora era casi un calco de la fotografía
publicada en los diarios que los ministros del Interior, Juan Andrés Ramírez,
de Defensa, Mariano Brito, y de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu, habían
presentado al Parlamento, en agosto de 1993, como prueba de que Eugenio
Berríos, secuestrado de la comisaría de Parque del Plata en noviembre de 1992,
estaba vivo. Berríos aparecía, barbudo y sonriente, sentado en un sofá junto a
un ejemplar de Il Mesaggero, de Milán, desplegado en el asiento contiguo, con
la fecha de edición bien visible. Esa foto, dos años después, resultaba un
testimonio de lo contrario: Berríos estaba muerto.
La justicia se tomó varios meses para confirmar la identidad. Puesto que se
desconfiaba del procedimiento técnico de los antropólogos forenses, aunque se
admitía la base científica de la suposición, el magistrado González reclamó
vía Interpol, ante la policía chilena, algún tipo de registro dental de
Eugenio Berríos. La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana chilena
salió a la búsqueda de placas y radiografías y, previsoramente, adjuntó
también registros médicos de antiguas fracturas sufridas por el joven Berríos
en riñas callejeras durante la presidencia de Salvador Allende. Las placas
dentales de Berríos coincidieron con la dentadura del cadáver de El Pinar,
pero aun así el magistrado resistió una confirmación de la identidad y propuso
un examen de ADN, que obligó a los padres del bioquímico a realizar análisis
de sangre. Finalmente, en enero de 1996, la justicia rebautizó la carátula del
viejo expediente de 1993 con el rótulo de homicidio, pero en la investigación
no avanzó un ápice, como no había avanzado antes bajo el rótulo de secuestro.
Los estudios de los forenses Guido Berro, Beatriz Balbela y Guillermo Meza
fueron coincidentes en ajustar con precisión la fecha probable de la muerte,
que situaron en los primeros días de marzo de 1993, exactamente en el mismo
período en que el entonces comandante en jefe del ejército chileno, general
Augusto Pinochet, realizaba una visita de carácter privado a Uruguay, y
solicitaba al comando uruguayo la deferencia de nombrar como su edecán al
teniente coronel Thomas Cassella, el hombre que guarda el secreto del "caso
Berríos".

DETECTIVES CHILENOS EN LA PISTA

En vísperas del pase a retiro del general Pinochet y su automática
incorporación al Parlamento como senador vitalicio, era necesario archivar el
"caso Berríos", cuya investigación policial había avanzado mucho más allá de
lo que podían prever los policías y magistrados uruguayos. El voluminoso
expediente de 570 páginas del 6º Juzgado del Crimen de Santiago se detiene
exactamente en el momento en que la División Metropolitana de Homicidios
inicia el interrogatorio del coronel Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez,
finalmente identificado como el "Carlos Ramírez" que a fines de octubre de
1991 trasladó a Berríos hasta Montevideo y lo depositó en manos del teniente
coronel Thomas Cassella. La prolija investigación de los detectives de
Homicidios introduce nuevas luces sobre la vida del bioquímico y llena algunos
huecos vitales de la historia que se pretendió enterrar en un médano.
Luis Fuentes Sotomayor, inspector; Nelson Jofré Cabello, inspector; y Rafael
Castillo Bustamante, subcomisario, son policías empecinados. En sus fojas de
servicio aparece como defecto un sentido del deber que a veces sobrepasa los
límites de las órdenes recibidas. Son parte de un equipo que exhibió un celo
profesional inconveniente al investigar algunos episodios, como los
antecedentes chilenos del asesinato de Orlando Letelier en Washington o el
atentado contra Bernardo Leighton en Roma. De hecho, el Grupo Operacional
Táctico (GOT) de la Policía de Investigaciones de Chile fue amonestado por
seguir pistas que no habían sido expresamente autorizadas. Un interrogatorio
al agente Michael Townley, en Washington, todavía bajo el sistema de
protección a testigos, a propósito del caso Letelier, derivó casi naturalmente
hacia las conexiones chilenas con los grupos fascistas Avanguardia Nazionale y
Ordine Nuovo. Las elípticas respuestas de Townley a las preguntas sobre la
identidad de quienes le ordenaron "contratar" el asesinato de Leighton (Mamo
Contreras no resolvía estas cuestiones por su propia iniciativa, sugirió
Townley) ponían directamente en el centro de la escena a Augusto Pinochet. El
informe escrito que brindaron los policías a la justicia ya no podía ser
ignorado, pero las autoridades del Ministerio del Interior tomaron medidas
disciplinarias por el "exceso de celo".

EUGENIO Berríos, el químico de la DINA asesinado en Montevideo. Se
vinculaba con narcotraficantes.
Algo similar era posible prever cuando el ministro del Interior, Enrique
Krauss, formuló una denuncia ante la justicia por "presunta desgracia del
ciudadano chileno Eugenio Berríos". El pedido de investigación recayó en la
jueza María Isabel Reyes, quien resolvió iniciar un sumario el 15 de junio de
1993, es decir, una semana después que se conociera en Montevideo el escándalo
del secuestro en la comisaría de Parque del Plata(*). Los tres policías se
tomaron en serio la investigación, de modo que al cabo de dos años llegaron a
descubrir algunos extremos molestos.
Los detectives comenzaron su tarea por la esposa de Berríos, la ex modelo
Gladys Erika Schmeisser, y acotaron tiempos: la última vez que Erika vio a su
marido en Santiago fue a comienzos de octubre de 1991. El matrimonio vivía
separado, ella en su piso de Viña del Mar y él en casa de sus padres, en la
calle Bellet 59, del barrio Providencia, en Santiago. Eugenio estaba acosado
por la justicia por libramiento de cheques sin fondos, de modo que Erika no se
extrañó cuando a comienzos de noviembre supo que su marido había partido
sorpresivamente, sin revelar su destino. Los suegros de Erika suponían que su
hijo había viajado a Libia, a Iraq o a Irán, pues en sus apremios económicos
el bioquímico fantaseaba con la posibilidad de vender sus conocimientos
científicos, a los que se refería con vaguedad, pero vinculados con secretos
armamentísticos.
Pero el 8 de noviembre Erika recibió una llamada de larga distancia:
"Chanchita, no comentes con nadie, no hables. Estoy en Uruguay, te me vas a
las oficinas de PLUNA y retiras un pasaje que compré a tu nombre", dijo
Berríos. Erika viajó a Montevideo el 11 de noviembre y regresó dos semanas
después. Dice no haber intentado averiguar por qué su marido se escondía en
Montevideo. A lo largo de 1992 mantuvo conversaciones telefónicas en varias
oportunidades con Eugenio y en octubre de ese año volvió a viajar a
Montevideo, esta vez cruzando primero por tierra la cordillera de los Andes
hasta Mendoza. La última vez que habló con Eugenio fue dos días antes de la
Navidad de 1992. Para la investigación resultó relevante determinar que
Eugenio Berríos estaba vivo un mes después de los acontecimientos de Parque
del Plata. Setenta y dos horas después de iniciadas las investigaciones, el 17
de junio de 1993, los policías chilenos accedieron a pistas que cambiaron el
curso de las pesquisas. Ese día, el ministro de RR.EE. uruguayo se presentaba
ante el Parlamento para informar sobre dos cartas y una foto entregadas en el
consulado uruguayo en Milán por un joven que hablaba perfecto inglés. La foto,
ya se sabe, pretendía documentar su actualidad con el ejemplar de Il
Mesaggero. Una de las cartas, manuscrita, era enviada supuestamente por
Berríos a sus padres. Estaba firmada y fechada 9 de junio; la otra,
mecanografiada, estaba dirigida a las autoridades uruguayas. Un perito
calígrafo documentó la autenticidad de la firma, contrastándola con la que
Berríos estampó al pie de su denuncia, en Parque del Plata, y con la que lucía
en una fotocopia de su documento de identidad. El perito se equivocó: Berríos
no podía haber escrito la carta, había sido asesinado tres meses antes.

LA DINA Y EL NARCOTRAFICO

Uno por uno todos los personajes mencionados en la supuesta carta de Berríos
fueron interrogados (por los policías chilenos); algunos en Madrid, donde
cumplían condena por tráfico de drogas. Los testimonios de Manuel Novoa,
Hernán Prieto, Enrique Palavicino, Carlos Board, Rodríguez Núñez, "el
Aragonés", Hernán Monje, Hernán López y el peruano Máximo "Bocanegra" Guevara,
confirmaron la vinculación de Eugenio Berríos con el narcotráfico y aportaron
nuevos elementos de la personalidad del bioquímico; pero, quizás
inadvertidamente para el redactor de la carta, permitieron también establecer
ciertos vínculos entre el negocio del narcotráfico y los antiguos agentes de
la DINA, hasta que la pista aportada completó un círculo y regresó al
comienzo, enriqueciendo las razones por las que el aparato de inteligencia
militar chileno se involucró en una operación encubierta de coordinación. Fue
en ese momento que la investigación se estancó.
La lista inicial de nombres aportados en la carta de Milán se incrementó
rápidamente. Todos los personajes giraban en torno a un puñado de locales
nocturnos (en Santiago): Oliver, Les Assassins, Crazy Horse, frecuentados por
narcotraficantes, consumidores de cocaína y muchos ex agentes de la DINA.
Los indagados, casi sin excepción, reclamaban inocencia (sobre el
narcotráfico). Eran explícitos, en cambio, sobre las confidencias que, drogado
o bebido, Eugenio Berríos destilaba sobre su pasado de agente secreto. Así,
Viviana Patricia Egaña, una actriz que frecuentaba Les Assassins, que se
enamoró perdidamente de Berríos y que vivió con él entre 1983 y 1986, cuenta
cómo el bioquímico hacía experimentos en el laboratorio instalado en la
cochera de la calle Bellet, con gatos que él asfixiaba con sus propias manos.
Berríos solía recibir tarjetas de saludo de Michael Townley y la visita del
capitán Armando Fernández Larios. Viviana recuerda haber conversado brevemente
con el hijo del general Contreras en una ocasión en que Berríos la llevó al
bar Oliver, donde se reunían "puros militares, pero de civil".
Berríos solía montar en cólera, descontrolarse y amenazar de muerte a Viviana:
"En una ocasión peleamos, se dirigió a un mueble y sacó un frasco muy pequeño
de perfume. Me dijo: 'Sabe, pellito, si usted se me porta mal, yo la mato con
esto', pero nunca supe qué me quiso decir". Viviana nunca relacionó el frasco
de perfume con el gas Sarín.
Viviana creía que podía manejar el malhumor de Berríos; en cambio, sentía un
temor profundo cada vez que un tal "Arroyo" llegaba de visita a la casa. De
hecho, Arroyo, "un tipo parco, serio, muy duro", seguía a Berríos a todos
lados, era como su sombra. "En otra oportunidad escuché, tanto de Eugenio como
de Arroyo, que éste había matado a un tal Carmelo Soria", declaró Viviana a la
justicia. Cada vez que Berríos se enojaba con Viviana, reclamándole dinero o
cheques, "me amenazaba diciéndome que Arroyo ya había matado personas y que a
mí me podía suceder lo mismo".
No fue el temor, sino la indignación, lo que provocó la ruptura de Viviana con
el bioquímico: en 1986, durante un fin de semana en una casa de campo de un
amigo de Berríos, Viviana salió de compras, "y al regresar los encontré a
ambos acostados en la cama, comprobando que Eugenio y el otro eran
homosexuales". No obstante, Viviana mantuvo relación con Berríos y más tarde
con su esposa Erika, pero decidió esconderse cuando se difundió el secuestro y
la desaparición, por temor a las represalias de Arroyo.
Otros indagados dejaron constancia de las indiscreciones de Berríos. Juan
Carlos Cheyre, dueño de Les Assassins, confirmó que Berríos solía distribuir
entre sus amigos anfetaminas que decía fabricar; y contaba su participación en
el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otras historias de
la época del cuartel de Townley en Lo Curro.
El gas Sarín ronda siempre en las declaraciones. David Manuel Morales, ex
integrante del movimiento fascista Patria y Libertad, confirmó que en 1979
Berríos había entregado la fórmula del Sarín al Alto Mando, Complejo Químico
Lo Aguirre. Morales tenía razones para saberlo, porque él conectó a Berríos
con su conocido, el coronel Víctor Barría, para restablecer un contacto con el
general Contreras. De esa época data la presencia constante de Arroyo en torno
a Berríos.
_________________________________________

TRAFICANTES Y AGENTES

Fue Manuel Andrés Novoa quien confirmó a los policías la misión del hombre que
provocaba un temor incontrolable en Viviana Egaña. En su celda de la cárcel de
Alcalá, Madrid 2, donde permanecía recluido desde octubre de 1991 por tráfico
ilícito de cocaína, Novoa identificó a Arroyo como un ex agente de la DINA,
encargado de custodiar a Berríos por orden del general Contreras.
Los policías no tardaron en establecer la verdadera identidad de Arroyo: José
Remigio Ríos San Martín, un suboficial del ejército que integraba la
estructura "informal" de la ex DINA, desde su disolución a fines de los años
70. Lo que se cuidó de mencionar Novoa era que él, antiguo estudiante de
derecho, comerciante, empresario, y finalmente traficante de cocaína, al igual
que Berríos había sido agente civil de la DINA. La pista inicial surgió al
investigar las cuentas bancarias de Berríos. Una caja de seguridad en la
sucursal Providencia del Banco de Crédito e Inversiones deparó una momentánea
frustración, al ser abierta mediante orden judicial: entre los papeles de
Berríos no había ningún testimonio, a modo de salvoconducto, que revelara la
historia secreta de la DINA; pero se incautaron los documentos de algunas
sociedades anónimas y empresas de las que el bioquímico había sido socio
fundador. Una de ellas, Ibercom Chile, resultó ser una pantalla para las
actividades de la DINA en Europa. El socio de Berríos en Ibercom era Alberto
Comunián Pivari, miembro de Avanguardia Nazionale, citado como testigo por la
justicia italiana en relación con el atentado contra Bernardo Leighton. En
Fitoquímica Nacional, una empresa de productos agroindustriales que, después
se comprobó, fue parte de un complejo para la fabricación y exportación de
cocaína, el socio de Berríos era Manuel Andrés Novoa. En la mayoría de los
casos, el abogado de las firmas era Enrique Palavicino, también ex agente
civil de la DINA.
El testimonio de Juan Enrique Momberg Villarroel, de profesión estafador,
deportado desde España (a Chile) después de cumplir condena, confirma la
vinculación de los traficantes de droga con elementos de la policía secreta de
la dictadura. Su contribución al conocimiento de la estructura delictiva
provocó un alud de detenciones. Novoa y Palavicino operaban como mano derecha
de Rodolfo Robinson Carril, el "segundo" en la organización que dirigía un
peruano con documentos falsos a nombre de Jorge Acosta y que en realidad se
llama Justo Cornejo Hualpa. El negocio de Cornejo Hualpa -involucrado en una
operación de 285 kilos de cocaína decomisados a bordo del Eten, barco de la
Armada peruana- consistía en comprar cocaína en Perú e introducirla en Chile,
desde donde la exportaba a Australia, Alemania o España. Su principal
proveedor en Perú era el ex comandante de la Guardia Nacional, Percy Lazo,
detenido en España por tráfico ilícito de estupefacientes. Fue de Lazo la idea
de transportar cargamentos de 25 ó 30 kilos en los tanques de gasolina de
autos, en los baúles y hasta en los faros que cruzaban la frontera con Chile.
Novoa y Palavicino, que colaboraban con Robinson en operaciones de lavado de
dinero manipulando cheques, introdujeron en la organización de Cornejo Hualpa
a Eugenio Berríos y al periodista Emilio Rojas, un habitual parroquiano de los
bares y restaurantes que frecuentaba el bioquímico y donde se codeaba con ex
agentes de la policía secreta, a pesar de que él, Rojas, había sido torturado
durante la dictadura en la unidad militar de Tejas Verdes (y estuvo luego en
el campo de prisioneros de Chacabuco).
Encandilado por Berríos con sus cuentos sobre el gas Sarín, Novoa entusiasmó a
sus socios narcotraficantes con una idea en principio descabellada: una
fórmula para eliminar el olor que delata los cargamentos de cocaína.
Berríos y Emilio Rojas formaban parte de los invitados que solían
emborracharse los fines de semana en la residencia rural de Cornejo Hualpa,
una verdadera fortaleza que gozaba de la protección de la policía local. Este
narcotraficante -el único de los indagados que no pudo ser detenido- mostró un
marcado interés cuando el periodista Rojas anunció su nombramiento como
agregado de prensa en la embajada de Chile en Uruguay. Acaso fue una
coincidencia, pero ya para entonces el nombre de Eugenio Berríos se
multiplicaba en el expediente del juez Adolfo Bañados sobre el caso Letelier,
y su citación ante el tribunal se tornaba inminente; era perentorio evacuarlo.
Novoa recuerda que muy poco antes de su desaparición, en un encuentro al que
asistió el "ángel guardián" Arroyo, Berríos dijo enigmáticamente: "No me dejan
tranquilo, voy a tener que irme". Novoa supuso que se refería a sus
acreedores, que eran legión, pero Berríos aclaró que esta vez iba a escapar
"con chapa", es decir con documento falso proporcionado por los ex jefes de la
DINA.

DROGA CON INMUNIDAD DIPLOMATICA

Para entonces Novoa había viajado en tres oportunidades a Montevideo y se
había alojado en la casa de Rojas; incluso había visitado la embajada. Las
negociaciones de Novoa con el encargado de prensa culminaron en una reunión
"cumbre" en Buenos Aires. Rojas y Novoa se trasladaron desde Montevideo;
Cornejo Hualpa y Robinson lo hicieron desde Santiago, por tierra. En los baños
turcos del hotel Libertad, Cornejo Hualpa propuso a Rojas utilizar su
pasaporte especial y la valija diplomática para introducir cocaína en
Montevideo, en tránsito hacia Europa y Australia. El narcotraficante estimaba
que esa vía podía ser muy lucrativa y segura, porque, además, su organización
contaba con otro aliado en la misión diplomática (chilena) en Montevideo, el
hijo del cónsul (Federico Marull). Según Novoa, Rojas postergó una decisión;
pero Juan Enrique Momberg confesó que un cargamento de nueve kilos de cocaína,
parte de uno más grande de 54 kilos, fue acondicionado en el local de la firma
exportadora Susset, propiedad de Cornejo Hualpa, en una maleta que retiraría
Emilio Rojas.
Para finales de 1991, de acuerdo a los testimonios, Rojas manipulaba con
cierta frecuencia cargamentos de droga en Montevideo. Cerca de las fiestas de
fin de año, de vacaciones en Chile, Rojas fue visto una vez más en las
instalaciones de la firma Susset. Pero poco antes de retornar a Montevideo
recibió la visita del señor Rodrigo Arteagabeitía, encargado de relaciones
públicas de la Policía de Investigaciones. Fue una conversación informal:
acaso Rojas estaría dispuesto, propuso Arteagabeitía, a mantener una
entrevista con un señor Aránguiz, detective de la total confianza del juez
Bañados, porque el magistrado sospechaba que Berríos, el testigo que se le
acababa de escapar de las manos, podía estar en Uruguay. Rojas accedió y se
entrevistó con el detective al día siguiente en las oficinas de una emisora de
radio. La reunión fue turbulenta: el detective insinuaba que Berríos podía
tomar contacto con el agregado de prensa y que acaso ya lo había hecho. Rojas
se ofendió: si él tuviera noticias del paradero de Berríos lo habría
comunicado inmediatamente; por otro lado, dijo, no mantenía ninguna relación
con Berríos, salvo algún saludo protocolar cuando coincidían en lugares
públicos.
Por una vez, Rojas decía la verdad. Fue a su regreso a Montevideo, en enero de
1992, que recibió en su domicilio una llamada telefónica de Eugenio Berríos.
Era una llamada local. Berríos se había comunicado con la embajada y allí le
habían proporcionado el número telefónico particular del agregado de prensa.
Rojas se puso nervioso. Comentó el incidente con el agregado militar, el
general Emilio Timmerman. "Berríos nos está saliendo muy caro", admitió el
militar, aunque no se entiende por qué confesaba el conocimiento oficial del
operativo ante un diplomático a quien la dictadura juzgó oportuno torturar.
(Más adelante Blixen relata la investigación en Montevideo de los detectives
chilenos Rafael Castillo Bustamante y Nelson Jofré Cabello, en octubre de
1993. Lograron identificar al oficial chileno Carlos Herrera Jiménez como la
persona que alquiló un departamento de la capital uruguaya, donde vivió
Berríos. El aval para el alquiler lo prestó el coronel Thomas Cassella de la
inteligencia uruguaya. Herrera -actualmente preso en Punta Peuco por la
tortura y muerte de un transportista en La Serena-, estaba encargado de
vigilar a Berríos en Montevideo, hasta donde lo acompañó, y probablemente tuvo
participación en su muerte).
La última actuación policial relevante en el expediente del Juzgado del Crimen
de Santiago es el interrogatorio al que fue sometido el 16 de septiembre de
1996 el oficial en retiro Carlos Herrera Jiménez, tras su extradición desde
Argentina. Dijo haber viajado en octubre de 1991 a Montevideo por cuestiones
de negocios, y haber conectado allí a Thomas Cassella, viejo amigo al que
conoció en Chile cuando el militar uruguayo viajaba frecuentemente, en épocas
de las dictaduras, para realizar "cursos de paracaidismo". Negó rotundamente
haber introducido clandestinamente al bioquímico en Uruguay y sólo admitió
haberlo conocido ocasionalmente, una noche, en la tanguería La Cumparsita.
Herrera estaba con otros chilenos, a los que no identificó, y Berríos se
acercó a su mesa. La charla continuó en su apartamento de Pocitos, donde
Berríos permaneció "un par de días, porque estaba en mala situación económica
y no tenía dónde dormir". Las flagrantes contradicciones entre su versión y el
resultado de las investigaciones policiales quedaron en el tintero. Cuando
finalmente, y después de recorrer un largo trecho salpicado de cocaína, la
investigación prometía avanzar en línea recta, el caso fue enterrado. El
expediente fue finalmente archivado en Chile por decisión de las instancias
superiores de la justicia. A modo de compensación, y quizás como documento
histórico, fue incorporado al expediente judicial el sumario administrativo
del Ministerio de RR.EE. chileno para determinar la conducta de los
diplomáticos y funcionarios de la embajada en Uruguay. Casi cien fojas que
revelan detalles desconocidos y aportan una convicción: casi todos los
funcionarios de la representación diplomática tenían elementos de juicio para
presumir la presencia de Eugenio Berríos en Uruguay, mucho antes del episodio
de la comisaría de Parque del Plata; algunos tuvieron noticias incluso al mes
del arribo del ex agente de la DINA. La conclusión es inevitable: Berríos
podría estar vivo, todavía, si cada uno de los funcionarios, por distintas
razones, no hubiera optado por el silencio. De la lista se exceptúa el general
Emilio Timmerman, cuya función era, precisamente, coordinar el ocultamiento de
Berríos y que, por razones que no se explican en el sumario administrativo, no
fue interrogado como el resto de los funcionarios, desde los administrativos
hasta los embajadores. Timmerman está considerado como un hombre de confianza
de Augusto Pinochet

OPERACIONES DE LA “RED GLADIO”

¿Quién mató a Juan José Torres?

Desde Buenos Aires, Martín Sivak
A las ocho de la noche del 2 de junio de 1976, el principal Rubén Tesore, recibió un llamado anónimo: "Hay un hombre muerto debajo del puente Giles".
Recorrió 16 quilómetros y en media hora llegó al lugar, junto al comisario Euclides Barcia. El puente, de barras de hierro y 20 metros de longitud, estaba dentro de la zona del cuartel séptimo en el quilómetro 193 de la ruta provincial
que une las localidades de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires. El hombre, de cutis trigueño, cabello negro entrecano y bigotes, tenía tres balazos: uno en la cabeza y dos en el cuello. Los ojos estaban vendados, las muñecas erosionadas y en el dedo anular izquierdo le faltaba. Entre el 6 y el 7 de octubre de 1970, Bolivia tuvo cuatro gobiernos en 24 horas. El último de ellos estuvo conducido por Torres, quien prolongó su mandato durante diez meses. Fue la revolución militar número 185 en 145 años de vida republicana. Cuando asumió la presidencia se había definido "nacionalista y revolucionario". El periodista (montonero) argentino Rodolfo Walsh, quien responsabilizó en 1977 a los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor por su asesinato, lo llamó "el general proletario".
Durante su gobierno Torres avaló la Asamblea Popular -considerada el primer sóviet de América Latina-, nacionalizó minas que eran propiedad de empresas estadounidenses, expulsó a los cuerpos de paz de Estados Unidos, liberó a Régis Debray y articuló una alianza férrea con los mineros. El 21 de agosto de 1971 llegó el golpe de Estado del coronel Hugo Banzer Suárez, apoyado por la embajada estadounidense, el ejército brasileño, el gobierno argentino de Alejandro Lanusse y la colonia alemana, donde estaba el criminal de guerra nazi Klaus Barbie.
Torres inició su exilio en Perú, luego fue a Chile, donde una bomba estalló en su casa, y terminó en Argentina. En 1974 formó la Alianza de la Izquierda Nacional (Alin) y se constituyó en la amenaza más seria para la dictadura de Banzer.
Para junio de 1976 Torres proyectaba entrar clandestino a Bolivia para cuestionar el acuerdo de Banzer y Pinochet sobre la salida al mar y según su representante en Bolivia, el mayor Rubén Sánchez, esperaban realizar una insurrección popular para setiembre u octubre de ese año. Antes debía salir de Argentina e ir a Venezuela para asistir a una cumbre de ex presidentes. Pero la embajada de ese país, de manera misteriosa, le denegó la visa.
El martes 1 de junio de 1976 a las ocho y media de la mañana, Torres caminaba por Barrio Norte de Buenos Aires con el obrero boliviano Benjamín Centeno.
Cuando llegaron a la esquina de Pueyrredón y Mansilla se despidieron. Torres tenía una cita con el general Juan Guglialmelli, a la que no llegó nunca.
A 30 horas de la desaparición de Torres, el ministro del Interior argentino Albano Harguindeguy, en conferencia de prensa, denunció: "Nadie puede atestiguar que haya sido secuestrado como pretenden hacer aparecer informaciones familiares y periodísticas que califico de tendenciosas. Porque si yo, por el solo hecho de faltar 30 horas de mi casa -lo puedo hacer en un acto voluntario o involuntario-, si no tengo datos, no puedo decir que he sido secuestrado". Pese
a sostener que no tenía indicios, aseguró que "el gobierno de Bolivia no tuvo ninguna intervención". Dos horas después de que concluyera la conferencia, la policía encontró el cuerpo de Torres.
En el primer comunicado, tras conocerse la noticia, el gobierno de Banzer expresó su gratitud por "el ejemplar comportamiento del gobierno argentino". A las pocas horas tomó la decisión de no permitir la repatriación de los restos
del ex presidente a Bolivia y por ello se produjeron levantamientos en las minas y varias manifestaciones donde murieron dos estudiantes. Banzer tuvo que decretar el estado de sitio.
Harguindeguy y Banzer se reencontraron en 1980 en el departamento del mayor del ejército argentino Hugo Raúl Miori Pereira, quien fue miembro de la red de militares argentinos que actuó en Centroamérica, dirigidos por un presunto
cóndor: el coronel Osvaldo Ribeiro. El periodista estadounidense Martín Andersen en su libro Dossier Secreto señaló: "Un informe sugiere que el crimen (de Torres) fue llevado a cabo por rangers bolivianos que contaban con el apoyo de la Policía Federal, y que había sido aprobado por el mismo Harguindeguy". La versión de los rangers es poco probable, porque el funcionamiento del sistema cóndor boliviano no admitía operativos fuera del país con agentes propios, según el testimonio de varios ex cóndores bolivianos.
La banda de Aníbal Gordon"Lo de Torres fue la gente del viejo (por Aníbal Gordon), pero yo no estuve en ésa; ni siquiera sé bien cómo fue", dijo un ex miembro de la banda de
Aníbal Gordon.

Cuando venía a Buenos Aires, Zilvetti García (secretario privado de Torres) se alojaba en el departamento de Oroza -el testigo clave de la causa Torres y presuntamente asesinado-, que está ubicado en la calle Sánchez de Bustamante 2144, a tres cuadras del centro O/01 (Operaciones Tácticas), que era utilizado por la banda.
El coronel Carlos Antonio Mateos, alias "Gaucho", jefe de Aníbal Gordon en el batallón 601, poseía un campo en General Villegas, donde permaneció secuestrado, entre otros, el dirigente justicialista Julio Bárbaro.

A 365 días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Rodolfo Walsh, quien durante ese año puso en marcha la Agencia Clandestina de Noticias (Ancla), se refirió en su "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar" al secuestro y muerte de Torres, Michelini, Gutiérrez Ruiz y de otros exiliados latinoamericanos, Walsh denunció "la segunda participación en esos crímenes del departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por los oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mister Gardner Hathaway. Station Chief de la CIA en Argentina es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional.

En 1974 Juan Gattei era jefe de la División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal y estaba encargado de la seguridad del exiliado chileno, general Carlos Prats. A las 0.40 del lunes 30 de setiembre de ese año, Prats murió, junto a su esposa, al explotar una bomba colocada en su automóvil. De manera curiosa, minutos después del estallido en la calle Malabia, llegó Gattei. Según Walsh, Gattei era uno de los nexos entre la CIA y la Triple A. También dirigió en 1975 un comando de la Triple A encargado de la persecución y ejecución de exiliados latinoamericanos, que fue parte de un acuerdo firmado por Alberto Villar con jefes policiales de Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. "A partir del
momento en que Villar fue designado director general de Orden Urbano, y posteriormente, subjefe de la Policía Federal mantuvo un permanente contacto con personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de seguridad.El otro acusado por Walsh, comisario general Antonio Gettor integró la sección o grupo Superintendencia de Seguridad Federal. A partir de diciembre de 1977 fue director de la sección Delitos y Vigilancia, dependiente de la jefatura de Superintendencia de Investigaciones Criminales.
De cara regordeta y ojerosa, Gettor dejó su puesto de superintendente de investigaciones, y el 15 de diciembre de 1982 llegó a la cumbre de su carrera: asumió como subjefe de la Policía Federal. El 2 de julio de 1983, Gettor fue el
único orador de un acto en homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber y en "la lucha contra la subversión". "Enfrentemos a los mensajeros internacionales del delito, el ocaso y la violencia", exigió Gettor, acompañado
por el entonces jefe de la Policía Federal, Juan Bautista Sasiaiñ y el General Jorge Rafael Videla.

La conexión boliviana
"Ahora me las van a pagar, Torres. Ya no voy a conformarme con hacerlo poner en la frontera, si no van a ver lo que les pasa", fue una de las tantas amenazas
que disparó el agregado militar de Hugo Banzer en Buenos Aires, coronel Raúl Tejerina Barrientos. En 1973, Tejerina fue jefe de policía nombrado por Banzer y después del asesinato de Torres fue ascendido a general y jefe de la Casa
Militar. "Siempre he sido fiel a Banzer, con quien somos compañeros de curso en la carrera militar", dijo Tejerina en Bolivia. Dueño de una inmensa casa en el barrio residencial de Sopocachi, en La Paz, y tres autos.
En 1976, cuando Tejerina era agregado militar, el cónsul boliviano en La Plata, Eduardo Banzer Ojopi -primo del general Hugo Banzer- "visitaba periódicamente la embajada", según declaró en los tribunales argentinos una amiga de Hugo Banzer.
Diversos testimonios y fuentes reservadas aseguraron que Tejerina organizaba grupos de vigilancia y control contra Torres y otros exiliados, con el respaldo del propio Eduardo Banzer. El auto del consulado fue visto varias veces cerca
del departamento de Torres.
José Oroza, un empleado de la embajada, era el testigo más importante de las amenazas de Tejerina a Torres. Al día siguiente del crimen del ex presidente, Tejerina fustigó a Oroza por haber ventilado "secretos de embajada". El 14 de
noviembre de 1976, Oroza falleció y no se le practicó autopsia. Para la justicia argentina fue una "muerte sospechosa de criminalidad". Su familia sostiene la
hipótesis del envenenamiento.
No es la única muerte que rodea al caso Torres. El 11 de mayo de 1976 fue asesinado el embajador boliviano en Francia, general Joaquín Centeno Anaya, en el puente Bir-Hakeim de París. No tan lejos de allí, en la avenida Pincaré,
había sido asesinado el coronel uruguayo Ramón Trabal el 19 de diciembre de 1974. Centeno Anaya, quien participó en la captura y asesinato de Ernesto "Che" Guevara, estaba enfrentado a Banzer y pese a que la inexistente "Brigada Che Guevara" se adjudicó el homicidio, hay varios indicios de que habría participado el terrorista italiano Stefano Dellechiae, agente cóndor y miembro de la internacional negra. En el instante del asesinato de Centeno Anaya, el dictador
uruguayo Juan María Bordaberry estaba reunido con Banzer en Santa Cruz de la Sierra, donde acordaron declarar "una lucha abierta al comunismo".

Tres juntas, tres cuerpos, 471 fojas con los números de la causa Torres, cerrada en 1987 por la justicia argentina. El segundo magistrado del caso fue Orlando Juan Gallo, ex diputado del partido MODIN e impulsor de la frustrada
candidatura presidencial del General argentino Juan Carlos Onganía. Bajo un retrato suyo con el General español Francisco Franco, Gallo reconoció que siempre vio "el nexo entre el asesinato y la embajada boliviana". Pero tuvo serias dificultades para explicar por qué no llamó a declarar a Tejerina, Banzer y a Harguindeguy. "¿Qué es la Operación Cóndor y quién es Michael Townley?", preguntó.
El abogado de la familia Torres, Jorge Manuel Baños (quien luego muriera durante el copamiento a La Tablada en 1989), no pudo viajar a Bolivia por presiones diplomáticas. Los Torres insisten en la responsabilidad de Banzer en el
asesinato del ex presidente, el más misterioso de la historia de Bolivia, y esperan reabrir la causa en poco tiempo.

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DROGAS LA HISTORIA SECRETA DEL CRACK
Narcotráfico de Estado
Nuevas evidencias confirman la participación de la CIA y de las dictaduras latinoamericanas en el tráfico de drogas para financiar operaciones encubiertas.

La militarización de la "guerra contra las drogas" está bajo sospecha.
Casi sin saberlo, un joven pandillero del "área de la bahía", un suburbio pobre del norte de Los Angeles, inauguró a fines de 1979 el boom del crack -la mortífera alteración de la cocaína que está arrasando literalmente a la población negra de las principales ciudades estadounidenses- cuando comenzó a
recibir, de un exiliado nicaragüense, ingentes cantidades de cocaína pura.
Rick Ross revolucionó el mercado de las drogas: por más que su abastecedor, Danilo Blandón, le entregaba la mercadería a precios tentadores, la cocaína era
por entonces muy cara, y por tanto reservada a los consumidores de clase media y los intelectuales. Ross experimentó con el método del blow up, cocinando la
cocaína mezclada con un anestésico llamado procaína, y logró transformar el polvo en rocas, que podían ser fumadas en pipas. Creyó haber reproducido la "base", un estado primario de la cocaína que se suele fumar en los países
productores de América Latina. Por cada quilo de cocaína, Ross lograba tres quilos de rocas. El furor inicial del crack mató a los atletas Len Blas y Don Rogers y casi liquidó al actor Richard Pryor; después se convirtió en "la
cocaína de los pobres", y hoy provoca una virtual devastación de la comunidad negra de Estados El 18 de agosto pasado, después de un año de una meticulosa
investigación, un diario de Los Angeles, el San José Mercury News, comprobó que el boom del crack en California -y su irradiación al resto del país- es directa responsabilidad de la central de inteligencia (CIA) y de una organización
antisandinista, que organizaron el tráfico de cocaína a Los Angeles para financiar a los contras nicaragüenses a comienzos de 1980.
La explosiva revelación provocó indignación entre las organizaciones de la minoría negra estadounidense, que llegaron a denunciar la participación de organismos estatales en la "fundación" del comercio del crack como una agresión
planificada contra los negros. En el Congreso de Estados Unidos, en cambio, la sólida información del San José Mercury reactualizó el costado más oscuro del escándalo Irán-Contras, ventilado en noviembre de 1986: a pesar de los numerosos testimonios, el gobierno de Ronald Reagan logró en aquel entonces enterrar la investigación sobre la forma en que se financió la asistencia secreta de Estados Unidos a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Ahora, las evidencias confirman que el Consejo Nacional de Seguridad y la CIA traficaron cocaína a fin de obtener los recursos para la compra de armas, que el Congreso había embargado.
Las consecuencias de la revelación son impredecibles: no sólo cientos de miles de ciudadanos estadounidenses resultaron víctimas de esas operaciones encubiertas; también surge con claridad que durante diez años diversos
organismos gubernamentales (el Pentágono, la CIA, la DEA, el Departamento de Justicia) ocultaron pruebas, destruyeron archivos y manipularon la información para impedir que pudiera conocerse la participación estatal en el tráfico de
drogas. No es menor el hecho de que muchos de los traficantes involucrados en esas operaciones encubiertas son hoy agentes secretos estadounidenses afectados
a la lucha contra la droga.
Pero la responsabilidad en la financiación mediante droga de las operaciones encubiertas no es exclusiva de los organismos estadounidenses. La información del San José Mercury permite ensamblar los trozos de una historia fragmentada donde los polifacéticos miembros de esa trasnacional terrorista conocida como Operación Cóndor (agentes de inteligencia, torturadores, extorsionadores,
traficantes) aparecen con papeles muy destacados. Del esquema surge una conclusión: el narcotráfico, ahora identificado como el enemigo principal de la seguridad hemisférica, fue el recurso preferido de la Doctrina de la Seguridad Nacional para desplegar el terrorismo de Estado por todo el continente.
Reunión cumbre en Buenos Aires.
A comienzos de 1980, el general Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo del Ejército argentino, presidió el cuarto congreso de la Confederación Anticomunista atinoamericana (CAL), filial de la World Anti-Comunist League (WACL), que se realizó en Buenos Aires. Estuvieron presentes el residente de la WACL, Woo Jae Sung, miembro relevante de la Secta Moon; representantes de la logia fascista Propaganda Due, delegados del dictador nicaragüense Anastasio Somoza y de la organización terrorista anticastrista Alpha 66; el mayor Roberto D'Aubisson, creador de los escuadrones de la muerte salvadoreños, el general
uruguayo Luis Vicente Queirolo, el neofascista guatemalteco Mario Sandoval Alarcón y el terrorista italiano Stepano delle Chiaie, entre otros; John Carbaugh, asistente del senador Jesse Helms, y Margo Carlisle, ayudante del senador James McClure, participaron como observadores.
Suárez Mason, directamente implicado en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y protector de Aníbal Gordon (jefe de las bandas paramilitares que operaron en los centros clandestinos de detención subordinados al primer cuerpo de Ejército, y especialmente en Automotores Orletti, de donde desapareció más de un centenar de uruguayos), fundamentó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central, a partir del triunfo sandinista. El general miembro de la P-Due comprometió la creación, en el seno del Batallón 601 (la estructura de inteligencia del Ejército) de un Grupo de Tareas Exterior, GTE, para desplazar hacia América Central un contingente de "asesores", que trasmitiría a los ejércitos y a los comandos paramilitares de la región la experiencia argentina en la "guerra sucia".
Los 8 millones de dólares que la WACL aportó para los gastos iniciales del GTE son el primer y temprano indicio de la asistencia encubierta estadounidense que después instrumentó el coronel Oliver North, por encargo de Reagan y George Bush. Pero la aventura centroamericana (y el enriquecimiento personal de sus protagonistas) requeriría fondos mucho más cuantiosos. Al momento del congreso
de la CAL Suárez Mason ya tenía prevista una fuente significativa de financiamiento: un suministro ilimitado de cocaína boliviana.
Ese punto fue el centro de los contactos informales que Suárez Mason mantuvo en Buenos Aires con el salvadoreño D'Aubisson -yerno del general Amaury Prandt, exjefe de la inteligencia militar uruguaya- y el italiano Delle Chiaie -líder de la organización fascista Avanguardia Nazionale, responsable del atentado contra el dirigente democristiano chileno Bernardo Leighton, perpetrado en Roma por encargo del jefe de la policía secreta de Pinochet, el general Manuel Contreras.
Ambos habían acordado con el coronel boliviano Luis Arce Gómez el suministro de droga para financiar acciones paramilitares, como parte de un plan más vasto y
complejo. En realidad, a comienzos de 1980, los militares golpistas y los narcotraficantes bolivianos coincidieron en sus intereses. De ahí surgió la "narcodictadura" del general Luis García Meza que, con el pretexto de combatir a la "izquierda comunista", controló el poder en Bolivia durante dos años. El propósito del golpe fue eliminar el monopolio de los cárteles colombianos que asignaban a los barones de la droga bolivianos un papel secundario, limitado a la producción de pasta base, con una interdicción para la instalación de fábricas de cocaína.
En marzo de 1980, el agente secreto de la DEA Michael Levine, estacionado en Buenos Aires, descubrió que un trust de narcotraficantes bolivianos impulsaba el golpe militar, financiando la operación. La CIA y la DEA ocultaron la
información al gobierno de Jimmy Carter y permitieron que prosperara el plan.
En el esquema, el coronel Arce y su primo Roberto Suárez, principal narcotraficante, se comprometieron con D'Aubisson y Delle Chiaie a aportar dinero para América Central si, a la vez, ellos facilitaban el tráfico para financiar el golpe.
Como consecuencia, la dictadura argentina apoyó el golpe de García Meza, desplazando en julio de 1980 a unos 400 "asesores", aportando apoyo logístico (en armas y en vehículos) y destinando casi 800 millones de dólares en
asistencia económica al nuevo régimen. Hoy se sabe que buena parte de esa "ayuda" fue en realidad un pasamanos de narcodólares, aportados por los traficantes y "lavados" por los agentes argentinos en Centroamérica.
La red se despliegaEl teniente coronel Hugo Miori Pereyra, integrante del contingente argentino en Bolivia, fue un enlace clave. Miori auxilió a Delle Chiaie a montar, en Bolivia, un escuadrón terrorista denominado "Novios de la Muerte". Ese escuadrón, con el que estuvo vinculado el criminal nazi Klaus Barbie y que coordinaba con el Servicio Especial de Seguridad, organizado por el ministro del Interior Luis Arce Gómez, indistintamente instruía a soldados bolivianos en las técnicas de tortura de detenidos y brindaba protección al comercio de la cocaína.
Miori se desplazó después a Centroamérica, oficiando de "correo". Se le atribuye un papel fundamental en la organización del tráfico de drogas que fluyó hacia El Salvador. La cocaína era trasbordada en las bases de la Fuerza Aérea salvadoreña y derivada hacia Estados Unidos. Parte de la droga financió los escuadrones de la muerte montados por el mayor D'Aubisson y los grupos paramilitares guatemaltecos asesorados por el teniente coronel Santiago Hoya, alias "Santiago Villegas", otro miembro clave del grupo de asesores argentinos en Centroamérica.
Miori murió en un confuso incidente en 1982, después de que se comprobó que había desviado en su propio provecho dinero destinado a la paga de los asesores argentinos.
El teniente coronel Hoya y el coronel José Osvaldo Ribeiro, alias "Balita", responsable máximo del GTE, tuvieron una decisiva participación en los orígenes de lo que después fue el escándalo Irán-Contras. Ribeiro, a quien se le atribuye una intervención protagónica en la desaparición de exiliados en el marco de la Operación Cóndor, así como en la modernización de los servicios de inteligencia en Paraguay, trasladó las experiencias de coordinación realizadas en Argentina con militares uruguayos, chilenos y paraguayos.
Desde su cuartel general en el hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, Ribeiro comenzó la coordinación con los exiliados de la Guardia Nacional Somocista, mientras Hoya, como "jefe de operaciones", dirigía la instalación del campo de entrenamiento llamado Sagitario, en las afueras de Tegucigalpa, y del campo de concentración clandestino conocido como "La Quinta". Hoya y Ribeiro estrecharon
contactos con el general Gustavo Alvarez Martínez, jefe del G2 del ejército hondureño, con el ex capitán de la Guardia Nacional somocista Emilio Echaverry y con los lderes "contras" Arístides Sánchez, Enrique Bermúdez y Frank Arana. De hecho, la CIA había delegado en los asesores argentinos la organización de la "contra" nicaragüense; Ribeiro y Hoya tuvieron una actuación destacada en las negociaciones que culminaron con la creación de la segunda dirección colectiva de los "contras", tras la trans Cuando comenzaba a organizarse la
"narcofinanciación" de esas operaciones encubiertas, los asesores argentinos instruyeron a los paramilitares centroamericanos en las prácticas de los secuestros extorsivos, que tantos dividendos habían dado en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. El flujo de dinero en grandes cantidades para la compra de armamento y pago de los mercenarios se materializó recién cuando la CIA se
embarcó decididamente en el ingreso de droga al territorio estadounidense. La investigación del San José Mercury confirma ahora el papel decisivo de uno de los "ahijados" preferidos de los asesores argentinos: el coronel nicaragüense Enrique Bermúdez provocó el salto cualitativo cuando autorizó a dos conciudadanos, Danilo Blandón y José Norwin Menenes, a montar el tráfico de drogas, utilizando la incipiente estructura de la FDN en Los Angeles.
100 quilos por semana Coordinado el tráfico por los argentinos, la droga boliviana era depositada en las bases aéreas salvadoreñas y desde allí trasladada en avionetas hasta aeropuertos de Texas, con la protección de la CIA. A fines de 1981, la estructura había logrado contrabandear una tonelada de droga. Blandón, quien actualmente cobra un sueldo del gobierno estadounidense como agente especial de la DEA, admitió que entre 1981 y 1988 se llegó a introducir hasta 100 quilos semanales de cocaína.
Los argentinos fueron también los pioneros de la estructura que después utilizó el gobierno de Reagan para canalizar la ayuda encubierta a los contras. Los agentes del Batallón 601 Raúl Guglielminetti (alias "Mayor Guastavino"), Leandro Sánchez Reisse (alias "Lenny") y Jorge Franco (alias "Fiorito") se especializaron en el lavado de dinero de los fondos provenientes del narcotráfico. Franco viajó en dos oportunidades a Centroamérica, en una de ellas con su
identidad real. Calificado como experto en finanzas, Franco figura como "desaparecido" en las listas del Instituto de Obras Sociales del Ejército, pero se sospecha que por lo menos hasta 1987 permanecía en Centroamérica.
Leandro Sánchez Reisse es el único de los miembros del GTE que ha confesado la vinculación de los asesores argentinos con el narcotráfico para la financiación
de las operaciones encubiertas. Sánchez Reisse, de profesión contador, fue detenido en Ginebra, Suiza, en 1982, cuando intentaba cobrar el rescate del banquero uruguayo Carlos Koldobsky, secuestrado en Buenos Aires. En 1985 logró fugar del presidio de Champ Dollon. Se refugió en Estados Unidos, bajo la protección de la CIA. Para evitar la extradición, Sánchez Reisse se ofreció para testimoniar ante la subcomisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones
Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Sánchez Reisse reveló, en fechas tan tempranas como 1987, que el general Suárez Mason y el sector del ejército bajo su mando recibieron dinero del narcotráfico para financiar la lucha contrainsurgente en América Central. Explicó que dos empresas montadas en Miami -una llamada Argen-show, dedicada a la contratación de cantantes para giras latinoamericanas, y otra llamada Silver Dollar, en
realidad una casa de empeño dirigida por Raúl Guglielminetti- fueron las pantallas para la manipulación del dinero.
Admitió que Silver Dollar y Argenshow habían canalizado 30 millones de dólares del narcotráfico que fueron girados, vía Panamá, hacia Suiza, Lichtenstein, Bahamas e Islas Cayman. El dinero, dijo, terminó en manos de los contras nicaragüenses. Reveló también que la CIA estaba al tanto de las actividades de las dos empresas de Florida desde mediados de 1980, y que dio su visto bueno para las operaciones de lavado.

La nueva doctrina en entredicho El escándalo Irán-Contras reveló, en su momento, el involucramiento de la CIA en el tráfico de drogas. La participación argentina y boliviana, y acaso la chilena y la uruguaya, han quedado sumergidas al amparo de las soluciones "políticas" que extendieron la impunidad para los violadores de los derechos humanos. Las nuevas evidencias demuestran que el narcotráfico fue -y quizás siga siéndolo- un soporte para el despliegue de operaciones encubiertas. Todos esos elementos descalifican ahora el objetivo impulsado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que presiona en América Latina por la militarización de la guerra contra el narcotráfico. Los antecedentes, que en su momento llevaron a las dictaduras a instalar una estrategia que combinó el despliegue del terrorismo de Estado y el enriquecimiento personal, cuestionan los propósitos de crear una fuerza militar multinacional para combatir lo que se presenta, como un negocio particular de los Estados Unidos de Norteamérica.