El secreto negociado con las armas,
o las armas de la hipocresía
Tal fue el resultado
de la campaña de tergiversaciones, de falsedades absolutas --y ocultamiento
deliberado de las características particulares del comercio de armas en el
mundo— que rodeó la investigación judicial, que aún continúa, por el supuesto
desvío ilegal de material bélico a Ecuador y Croacia.
Esta conducta
antinacional reconoce su raíz en inconciliables diferencias internas que les
impedía, y aún les impide, presentar ante la sociedad un proyecto de país
creíble y previsible. La acción política para llegar al gobierno se redujo así
a una simple y peligrosa labor conspirativa, donde el obstruccionismo
parlamentario se compadeció con la reacción parasitaria, refleja y sin
principios, a toda iniciativa –cierta o presunta—de la administración
justicialista.
Para quienes la
política es Patria y la felicidad de nuestro pueblo un objetivo inclaudicable,
más allá de los errores indeseados, el oportunismo inescrupuloso de ciertos
dirigentes que no reparan en acudir a la mentira y la difamación para lograr
sus fines meramente electoralistas, no puede más que sobrecogernos de dolor e
indignación.
Es precisamente el
caso de la delicada situación, nacional e internacional, que se planteó con el
lamentable desvío de armamentos, la que como nunca en nuestra historia ha sido
ventilada públicamente y está siendo investigada por la Justicia como
corresponde.
Un poco de historia
Aún a riesgo de crear
la "conmoción pública" que se decía querer evitar y sin el menor
respeto por el prestigio de la Nación, no sólo se magnificaron deliberadamente
circunstancias de por sí condenables, sino que se las deformó. Se atacaron ligeramente
instituciones e investiduras y se apeló sibilinamente a salirse del marco
jurídico para reemplazarlo por una justicia mediática, a la vez receptora de
una opinión pública a la que se quiere manipular.
La gravedad de esta
conducta irresponsable salta a la vista, más aún si reparamos en los salvajes
desatinos producidos en la materia por la administración alfonsinista. La
Nación, como entidad jurídica y política del Pueblo de la República, sus
Instituciones y Gobierno, son la esencia misma del sistema republicano,
garantía de su integridad territorial y expresión de su soberanía. De ahí la
necesidad de la permanencia de las políticas de Estado. Y vale la pena explicar
a qué nos referimos.
Durante la campaña
electoral de 1989, para asegurar el crecimiento del país y poner en marcha el
Plan de Gobierno, Carlos Menem debió estudiar con especial cuidado la
preservación de aquello que pudiera ser consolidado. Por eso hizo clara
referencia aquí y en el exterior a la promoción de exportaciones y a la
producción de armamentos, dado que la Administración que lo precedió tenía en
marcha algunos planes que consideró interesantes.
La Argentina, Brasil
y Chile, entendían entonces que la producción para la defensa podría hacer una
gran contribución al desarrollo económico exportando sus excedentes. El
ejército tenía en marcha el Tanque Argentino Mediano (TAM), nuestra Marina
estaba desarrollando la construcción de submarinos y la Fuerza Aérea en Córdoba
mantenía en plena producción el Pucará e iniciaba el diseño del Pampa.
El proyecto Cóndor
fue el más ambicioso. Lo puso en marcha el Dr. Raúl Alfonsín por un decreto
secreto. Sí, secreto. Se trataba de un gran emprendimiento localizado en Falda
del Carmen, provincia de Córdoba, destinado a construir un inyector para
satélites livianos en órbita baja.
Luego de asumir,
Carlos Menem pudo constatar que lo dicho no se correspondía con la información
pública que se había brindado. Durante el lustro que llevaba su desarrollo
habían entrado secretamente al país expertos alemanes y técnicos y militares de
Irak, país este último adonde también, sin control alguno, habían viajado
técnicos y militares argentinos. De igual modo, habían entrado al nuestro, sin
pasar por la aduana, maquinaria sofisticada y material sensible. Esto también es
parte de la historia.
Sin embargo, no había
tal inyector satelital. Lo que intentaba dicho gobierno era producir un misil
de mediano alcance. Por ello Carlos Menem no vaciló en anunciar durante su
viaje a Estados Unidos para entrevistarse con el entonces presidente George
Bush, en septiembre de 1989, que había dado instrucciones concretas al
ministerio de Defensa y al Estado Mayor de la Fuerza Aérea para cancelarlo
definitivamente, garantizando que el Gobierno justicialista no contribuiría a
la proliferación de armas nucleares.
La decisión política
de firmar un decreto reservado para desarrollar un inyector satelital no es
judiciable. Pero hay razones para afirmar que enmascarar el emprendimiento de
construir un misil que puede portar cabezas nucleares, bajo la pantalla de
dicho inyector, podría ser juzgado como una inmoralidad.
Y hacer todo ello sin
dejar rastros, salvo la impresionante instalación de Falda del Carmen, entrando
y sacando materiales críticos, técnicos de especialidades internacionalmente
prohibidas y personal militar, es de una enorme responsabilidad política, ya
que podría haber posibilitado actos de corrupción, además de exponer al país a
un accidente nuclear.
Ante la grave crisis
hiperinflacionaria que vivía el país, Carlos Menem prefirió a su regreso de
EE.UU. disponer la creación de la Comisión de Ciencias Aeroespaciales
dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Presidencia de la
Nación, la que se hizo cargo de Falda del Carmen y abrió la posibilidad de
intercambio a todos los países del mundo, garantizando que en adelante dichas
investigaciones tendrían sólo fines pacíficos.
Canceló así un
capítulo oscuro de nuestra historia con serena ponderación de sus actos, sin
estridencias, y decidió poner por delante la salud de la República y sus
Instituciones.
Todo ello sin contar
que, por decreto 1738 del 11/09/85, se había autorizado la exportación al Perú
de 500 granadas iluminantes y por el 516 (secreto) del 02/04/87 a una firma
privada, Ingeniería Minex S.A., con idéntico destino, 6,16 millones más 470 mil
dólares en material bélico diverso y asistencia técnica.
Y esto vino a saberse
13 años después, por las investigaciones judiciales realizadas y que ex
funcionarios del Dr. Alfonsín tuvieron la osadía de magnificar, cuando la realidad
nos dice que las primeras y claras violaciones a nuestra condición de garantes
de la paz entre Perú y Ecuador la produjeron esas dos operaciones.
¿Debíamos colegir que
estábamos y estamos en presencia de una verdadera mafia de la difamación,
integrada por delincuentes con fueros, lo que los torna impunes?
La cancelación de
aquellos proyectos antieconómicos e imprudentes y la continuidad de otros muy
importantes como el Mercosur, junto a las medidas específicas y racionales
adoptadas, permitieron subir, en el primer bienio del gobierno justicialista,
las exportaciones al orden de los 12 mil millones de dólares, las que estaban
estancadas desde 1980 en un volumen errático que oscilaba entre los siete mil y
los nueve mil millones de la misma moneda.
En orden a las
investigaciones que está llevando a cabo la Justicia, cabe puntualizar que las
Fuerzas Armadas son una institución fundamental de la Constitución. El Ejército
Argentino es el del General José de San Martín, libertador de Chile y Perú.
También el del General Juan Domingo Perón, quien brindó al pueblo la justicia
social. Es el del General Manuel Belgrano que creó la Bandera Argentina y el
mismo que hoy, con valor y abnegación, integra en el exterior las misiones de
Paz de Naciones Unidas.
Por eso duele e
indigna que se haya utilizado la absoluta libertad que respetaba y aseguraba el
gobierno de Carlos Menem, para atacar a las Instituciones de la República por
hechos que, como nunca, fueron puestos como corresponde en manos de la
Justicia. Si los legisladores aliancistas hubieran querido cooperar para
afianzarla y terminar con la impunidad, antes que propiciar a repetición
comisiones especiales investigadoras con propósitos mediáticos de reemplazo del
Poder Judicial, hubiera convenido que cumplieran con su obligación y mejoraran
las leyes.
También a los medios
de difusión les toca dar ejemplo de prudencia y mesura. Ante la posibilidad de
dañar o comprometer a las Instituciones deberían haber constatado con sobria
responsabilidad el valor y veracidad de la información, la que debería
separarse de las columnas de opinión que corren por cuenta de sus firmantes o
editores.
Es lo que haremos a
continuación, sobre la base de la lectura y análisis de los decretos secretos
sobre venta de material bélico durante la gestión del ex presidente Raúl
Alfonsín.
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